Santos del Potosí ni tan de los potosinos. La marca pertenece a un socio de Axioma Kusuri, ligado al clan Gallardo e incluido en investigaciones de la UIF

10 noviembre, 20262:08 amAutor: La Noticia San Luis/ Juan Pablo Moreno GuzmánCapital Deportes Destacada Municipios Noticias

Rods​al, empresa creada al inicio del sexenio y operadora comercial de Santos del Potosí, recibió casi 11 millones de pesos de dependencias estatales.

El gobernador José Ricardo Gallardo Cardona enumeró el proyecto “Santos del Potosí”, como el “equipo de los potosinos”, una franquicia para rescatar el básquetbol profesional, detectar los nuevos talentos en el estado y abrirles oportunidades a los jóvenes. Prometió desarrollo deportivo y económico. Pero detrás de las sospechosas ofertas, se forjaba un nuevo negocio del mandatario y su cercana pandilla.

En documentos revisados, aparece Juan Carlos Jiménez Rivera, ex colaborador del ejecutivo y su padre, el diputado federal, Ricardo Gallardo Juárez. Fue socio y ex presidente del Grupo Axioma Kusuri, empresa vinculada en investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera, por lavar dinero de los también ex alcaldes de Soledad. Ahora aparece como director del equipo de baloncesto. Además, es dueño de la marca “Santos del Potosí”.

           Al entramado se suma la empresa Corporativo Comercial e Industrial Rodsal, una firma constituida apenas 30 días después que Gallardo asumiera la gubernatura. Ya existe la entidad legal, tiene razón social, operaciones comerciales, gestiones y transacciones del sitio web del equipo. Rodsal ha logrado contratos en la fiscalía local, registra pagos por casi 11 millones de pesos que le hizo la secretaria de finanzas. El regreso del juego, Gallardo lo anunció en mayo del 2023. Expuso que San Luis Potosí volverá a tener una franquicia en la liga nacional del baloncesto profesional. El acto protocolario ocurrió el 3 de julio. Apareció junto al dirigente nacional del basquetbol, Sergio Ganem y otros representantes comerciales. El extinto industrial de Monterrey, Carlos Bremer, fue presentado como padrino de la nueva etapa deportiva.

En las presentaciones, Gallardo remarcó que los gastos corresponderían al gobierno estatal y luego, los inversionistas iban a continuar las erogaciones. Semanas después, el entonces secretario de finanzas, Jesús Salvador González Martínez, declaró que no había presupuesto para subsidiar a Santos del Potosí. La postura fue contraria a lo dicho por su jefe: estará a cargo de la iniciativa privada. El apoyo gubernamental se iba a solicitar después. Sin embargo, en la práctica, desde el inicio, usaron recursos estatales. En primera instancia, anunciaron remodelar el auditorio Miguel Barragán. La secretaría de desarrollo urbano y vialidades, nunca dio a conocer el monto total invertido. Gallardo usó el mismo pretexto para construir la vilipendiada Arena Potosí, al exponer que más adelante, la usará como sede. Lo que tampoco cumplió, ya que mantiene a la escuadra en el recinto de Miguel Barragán.

               El uso de las instalaciones se maneja con absoluto oscurantismo. El Instituto Potosino del Deporte se muestra reacio a hacer públicos los convenios correspondientes. Ante la negativa se plantea cuánto le cuesta al erario, la infraestructura y manejar la franquicia como iniciativa privada, con el uso de espacios públicos para tener ganancias particulares. Además, en el recinto, venden a destajo, cervezas y otras bebidas alcohólicas, agua, hielo, alimentos, botanas y otros productos vinculados a empresas o marcas relacionadas con Gallardo, como el Ron Potosí, Tequila Potosí y Agua Ja.

El ambicioso mandatario exhibe las contradicciones al poner al frente del equipo al médico Juan Carlos Jiménez Rivera, quien carece del mínimo conocimiento del baloncesto y manejo administrativo. Se trata de un viejo conocido y socio del Clan de los Gallardo. En el trienio de Ricardo Gallardo Juárez como alcalde de San Luis Potosí, Jiménez presidió el organismo operador de agua potable, Interapas. En tal lapso, como socio, fundador y accionista de la empresa Axioma Kusuri, se auto contrató el servicio médico para los trabajadores por el monto de 183 millones 657 mil 55.77 pesos.

En el 2019, el edil Xavier Nava presentó una denuncia contra la firma y otros cómplices, por presuntas irregularidades en contratos de servicios hospitalarios. Manejó un posible desfalco cercano a los 249 millones de pesos. En las pesquisas, se afirmó que Axioma Kusuri pudo manejarse como vehículo para recibir recursos del Interapas y luego dispersarlos hacia otras compañías, donde se incluyó a Creativa Motors, vinculada a la familia Gallardo. En el 2020, la UIF, entonces encabezada por Santiago Nieto, presentó denuncia penal contra 19 personas y 20 empresas, donde apareció Juan Carlos Jiménez Rivera y Grupo Axioma Kusuri, Gallardo Juárez y Gallardo Cardona. Mostró las operaciones realizadas entre 2012 y 2019, con un flujo de 724 millones 608 mil 296.43 pesos, provenientes de Soledad y San Luis Potosí. Los canalizaron también a la Clínica de Especialidades Wong, Axioma Kusuri e Investigaciones Médicas del Potosí. Después las repartieron hacia otros prestanombres, mediante transferencias, depósitos en efectivo, adquisiciones de inmuebles y otras maniobras.

Gallardo colocó al inicio del sexenio a Jiménez Rivera como director de Planeación, Evaluación y Proyectos Especiales de los Servicios de Salud. Pero en el 2023, lo cambió al Santos del Potosí. Ahora como directivo, inició el proceso de registro de la marca y nombre del equipo a título personal. La solicitud quedó registrada en el expediente 3012124, el 31 de agosto de 2023. Tiene facultades para realizar actividades deportivas, entrenamientos, partidos, actos y venta de artículos promocionales. El domicilio se ubica en Venustiano Carranza 2070, interior A, en Tequis, asociado al consultorio privado de Jiménez Rivera. No con el auditorio Miguel Barragán, espacio donde el equipo entrena y juega. Tampoco consigna Himno Nacional 955, donde está el Inpode. Mientras Gallardo presentó al Santos como un beneficio para los potosinos, el activo intangible de la franquicia quedó consignado a nombre de un ex funcionario, cercano al Clan Gallardo.

Una segunda vertiente exhibe las contradicciones en el discurso de Gllardo Cardona sobre el manejo de los recursos públicos, al hablar de un proyecto con fondos privados. La ruta conduce a Corporativo Comercial e Industrial Rodsal. En los términos, condiciones y aviso de privacidad, aparece la empresa, identificada con el Registro Federal de Causantes CCI210809EI8. Los documentos del propio sitio la vinculan como el ente legal y razón social responsable del equipo. La encargada de las gestiones y transacciones del sitio web y la plataforma comercial maneja compras, pedidos, pagos, atender a clientes, proveedores y tratamiento de datos. Rodsal fue constituida el 21 de octubre de 2021. Apenas a 30 días de la toma de protesta de Gallardo Cardona. La sociedad la integran Erick Ramsés Rodríguez Martínez y Víctor Eduardo Ponce Fernández. La empresa comenzó a aparecer en contrataciones públicas. Entre las operaciones identificadas por la Fiscalía del Estado están dos pagos. Uno por 19 mil 714 pesos en artículos como ventiladores y sillas. Otro de 6 mil 955 pesos por un dispensario de agua.

Los montos más relevantes aparecen en registros de la Secretaría de Finanzas. En diciembre del 2024, se identifican 3 pagos. El primero por 111 mil 599 pesos. El segundo es de 7 mil 994 pesos. El tercero de 31 mil 499 pesos. En 2025, aumentaron de manera exponencial las erogaciones. Hubo una por 4 millones 320 mil 2 pesos en enero. Un millón de pesos en julio y otro millón 500 mil pesos en noviembre. El año en curso, aparecen 2 millones 997 mil 822 pesos. El total entregado al Corporativo Comercial e Industrial Rodsal asciende a 10 millones 975 mil 916 pesos. Los elementos disponibles muestran que el concepto de los pagos, son por órdenes de compra, pero no especifican qué artículos o servicios fueron adquiridos. No responden qué entregó el gobierno a Rodsal, las facturas que los respaldan, dependencia que solicitó cada movimiento, operaciones, bienes o servicios entregados y quién fue el último beneficiario.

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