El obrero que labora en la zona industrial, Brayan Enrique Alvarado Sánchez, tiene 15 días internado en la clínica 50 del Seguro Social, donde no le pueden atender las quemaduras que recibió por manejar sustancias químicas. Carecen de gasas, sueros y agua oxinada para hacerle al menos curaciones superfluas.

Los familiares tienen que comprarlos en farmacias privadas, cuando el estado debe garantizarle el servicio, por los impuestos que cubre. Tampoco tienen dinero para comprar gasolina, que permitan transportarlo a México, donde podría aminorar los fuertes dolores físicos que padece.

Los quejosos lamentan que el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, en vez de auxiliar al hospital, seguro social y otras clínicas públicas, por el convenio que tiene con el programa del bienestar, se dedica a dilapidar el erario en negocios que le dejan ganancias millonarias, como remoderlar y ampliar el balneario Splash, ubicado en el parque Tangamanga, donde taló cientos de árboles para conseguir sus ambiciosos propósitos, de espalda a la ciudadanía.

También se gasta cifras exponenciales en la ilícita y adelantada campaña para heredarle la estafeta a su cónyuge, la senadora Ruth González Silva.

Los afectados censuran ser víctimas de la herencia maldita que encabeza Gallardo. Los ubica como si estuvieran en Cuba. La clínica 50, además de no tener los medicamentos básicos, doctores, enfermeros, ambulancias con chofer y suficiente combustóleo, ya empieza a sufrir apagones eléctricos.

Igual que Alvarado, son múltiples los enfermos que sufren las consecuencias de un nosocomio que asemeja un cascajo. Faltan camillas para las decenas de pacientes internados. A la mayoría los acomodan en sillones, bancos o el suelo.

La insensible administradora que los trata con despotismo, justifica su inoperancia al argumentar que el pésimo servicio es culpa de Ruth González, quien acapara el dinero destinado a la salud pública.

Lo usa para hacer proselitismo en los municipios, donde entrega despensas de baja calidad y afilia a sus ahijado con la amenaza de dejarlos fuera de los programas clientelares.

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