Con la llegada de la Cuarta Transformación al gobierno federal en el 2018, hubo un cambio radical y positivo de la política de estado hacia los pueblos, comunidades indígenas y afromexicanas. Ahora son sujetos de derecho público, se les respeta su autonomía y desarrollo. Son visibles, no integran el folclor, como pasó en los gobiernos neoliberales, sostiene Mario Godoy Ramos.

El delegado del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, añade que con el triunfo del tabasqueño Andrés Manuel López Obrador, inició un diagnóstico para reconocer a las comunidades autóctonas. Elaboraron un catálogo a nivel nacional. Hubo reformas al artículo segundo constitucional, aprobadas a finales del 2024 por el congreso de la unión, después por los estados. Fue publicada en febrero del 2025. Ahora laboran en hacer la ley indígena. “La lucha de las aldeas se gestó al conocer de forma más amplia, el levantamiento zapatista en el 2004. Hubo los acuerdos de San Andrés, que no cumplieron. A partir del 2018, inicia el verdadero reconocimiento, con el cambio a la ley�.

Indicó que las modificaciones en los sistemas normativos internos de los pueblos indígenas, son parte del humanismo mexicano que promueve la 4T y reflejan las convicciones ideológicas de López Obrador, que aprendió y se inició en el trabajo comunitario. También los reconoce la presidenta Claudia Sheinbaum, que como estudiante de licenciatura, laboró y realizó su tesis en una comunidad Purépecha.

Derivado de las políticas públicas, el primer recurso que les llegó a las comunidades indígenas y afrodescendientes, es el Fondo de Infraestructura Básica. En San Luis Potosí, 536 fueron inscritas, en total se repartieron 460 millones de pesos para diversos proyectos. La Secretaría del Bienestar es la encargada de distribuir el presupuesto y comprobarlo. El INPI da seguimiento a las obras y verifica que se cumpla lo dispuesto en el artículo segundo de la constitución. Es decir, que sean las comunidades las que decidan el uso del dinero, en base a los acuerdos y formas de trabajo, sin intromisiones de personas externas.

Godoy Ramos indicó que las primeras ministraciones son como un programa piloto. Luego vendrán otros, cuando se apruebe la ley indígena. Ya se discute una propuesta, en un comité conformado por representantes de varias dependencias del gobierno federal. Cuando se elabore, iniciarán consultas directas, las conozcan, propongan cambios o ajustes y se envíe al congreso que la debe aprobar. En San Luis hay catalogadas tres etnias, la Xi´iu o pames. Habitan municipios de la zona media, como Santa Catarina, Rayón, Alaquines y Ciudad del Maíz. Los Tének o huastecos, se localizan en Aquismón, Tanlajás, Tampacán, Ciudad Valles, Huehuetlán, Tancanhuitz, San Antonio y San Vicente Tancuayalab. La Náhuatl radica en el sur de la huasteca, como Tamazunchale, Xilitla, Tampacán, Coxcatlán, Axtla de Terrazas y Matlapa.     

         En la capital hay grupos de familias de etnias migrantes de otros estados, como los Triquis, Mazahuas, Mixtecos, Otomíes, Purépechas y un reducido número de Wixarikas. Se han quedado en la capital y Real de Catorce, donde terminan el recorrido o peregrinaciones que realizan desde Nayarit, Jalisco y Durango, lugares de asentamiento. Hace poco fue reconocido como pueblo de ascendencia indígena chichimeca a San Marcos Carmona, en Mexquitic.  

Godoy reiteró que durante el periodo neoliberal, a los pueblos y comunidades indígenas, los utilizaban de distractores, “para decir, estamos con los más pobres. Les hicieron un montón de ofertas que nunca cumplieron. No los tomaban en cuenta para construir obras, caminos, carreteras o escuelas, porque no eran redituables. O les imponían proyectos que no los beneficiaban. Ahora los reconocen y toman en cuenta. Aún falta mucho por hacer, pero avanzamos�.

Añadió que en el INPI centra sus metas en los derechos de los pueblos indígenas. Existen planes para las mujeres, productivos y culturales. Les brindan asesorías en cuestiones jurídicas. Informó que a partir de enero del próximo año, iniciarán los planes de justicia Tének y Náhuatl, como se hizo con los Yaquis en Sonora, donde lo primero que se realizó fue restituirle las tierras. A partir de entonces, se desplegaron más programas para atender cuestiones de agua, agrícolas y lo educativo, donde ahora cuentan con una universidad.

Godoy insistió en que una vez aprobada la ley indígena, harán modificaciones a varios artículos. La nueva norma contempla puntos de economía, injerencia comunitaria, territorio, lo educacional, cuestiones culturales y electorales. “Van a reglamentar cómo será la convivencia del gobierno con los pueblos, de una forma diferente. Ya no como si fueran personas sin poder decisorio. Les imponían todo, por cuestiones de racismo y clasismo, que todavía existen. Hay que trabajar diario para erradicarlos�.

En el país, precisó Godoy, existe un registro de 38 etnias, que han resistido, pues a la llegada de los españoles, había 250, que se extinguieron por la lucha armada, enfermedades o esclavitud. A diferencia de los Estados Unidos, los ingleses acabaron la gran cantidad de pueblos originarios. Los restantes fueron confinados en reservas, donde perdieron la convivencia. En México, a pesar de las explotaciones, surgió una mezcla entre conquistadores y originarios. “Los pueblos indígenas en el país, constituyen un reflejo de resistencia y de nuestra base moralâ€�.  

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