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La propuesta de matrimonios entre iguales genera protestas en el congreso. También se busca que diputados ganen la mitad de salario. Exigen poner un alto a los despojos de López Medina

En la sesión de hoy en el congreso del estado, la diputada de Morena, Angélica Valdés Martínez, presentó una iniciativa para autorizar en la entidad los matrimonios entre personas del mismo sexo. La propuesta, que contempla modificaciones al código familiar, suscitó protestas a favor y en contra. Los opositores gritaron consignas como “el matrimonio es hombre y mujer” y “somos más, queremos democracia. En contraparte, los integrantes de agrupaciones y colectivos aplaudieron la propuesta. Señalaron no a la homofobia y discriminación. La iniciativa se turnó para su análisis a la comisiones de justicia, derechos humanos, igualdad y género.

            La legisladora de Morena, Marité Hernández Correa, propuso una iniciativa para contemplar en el presupuesto de egresos del 2019, disminuir el 50% los salarios de los diputados y funcionarios de primer nivel del congreso. Los recursos ahorrados se apliquen en beneficio de la sociedad.

El diputado del Verde Ecologista, Edgardo Hernández, planteó reformas a la ley de seguridad pública del estado y ley de la fiscalía general para incrementar hasta en un 40%, los salarios y prestaciones laborales de policías, custodios y ministerios públicos.

            Durante el desarrollo de la sesión, ejidatarios y comuneros se manifestaron para exigir que los diputados los ayuden en problemas agrarios que padecen en sus comunidades. Exigieron poner un alto al despojo de sus tierras en San Juan de Guadalupe donde desarrolladores encabezados por el magnate Carlos López Medina pretende construir un complejo inmobiliario. En el poblado de Guadalupe, de Mexquitic de Carmona, detener el robo de tierras ejidales por parte de constructores ligados a la familia Torres Corzo.

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Torres Corzo gana las obras del distribuidor Juárez por su cercanía con Meade

Las empresas asociadas Sánchez Valdés Construcciones, Maquinaria y Renta de Zacatecas y Constructora Santos Chisum fueron las elegidas para hacer los dos nuevos brazos del Distribuidor Juárez, con un presupuesto de 218 millones 534 mil 290 pesos. Se trata de la propuesta más cara, con cerca de 34 millones de pesos superior a las otras empresas participantes en las licitaciones.

Las firmas elegidas fueron validadas por la Junta Estatal de Caminos. Los demás participantes fueron descalificados en el proceso de evaluación técnica. La convocatoria mencionó que accederían a la etapa de viabilidad económica las sociedades que resultaran calificadas con más de 45 puntos de 50 posibles. Ninguna de las seis competidoras y sus asociados estuvieron cerca de lograrlo. Las más cercanas fueron La Paloma, LM y Alch que obtuvieron 31.75 puntos de 50. Maquirsa, en conjunto con Sánchez Valdés y Santos Chisum consiguieron 50 de 50.

La empresa Maquirsa y Renta de Zacatecas son propiedad de Luis Torres Corzo, hermano del ex gobernador y senador de la república, Teófilo Torres Corzo, ahora también operador político del candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade Kuribreña, que lo considera el hombre más influyente de la entidad.

Maquirsa es representada por Ricardo Fermín Purata Espinosa, quien fue director de la Junta Estatal de Caminos durante el sexenio del ex gobernador Fernando Toranzo Fernández. Y por cuatro meses fue director del Organismo Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, Interapas, de octubre del 2015 a enero del 2016.

Las irregularidades se le cuestionaron al actual director de la Junta Estatal de Caminos, Porfirio Flores Vargas, ya que podrían presentarse complicaciones en las obras que se harán en pleno año electoral. El funcionario trató de justificarse. “No me compete opinar sobre el tema. Lo mío es una cuestión técnica. Las bases del concurso estaban en la página de la dependencia. Todas las empresas tuvieron las mismas oportunidades, se les evaluó igual. A lo mejor por algún detalle omitieron un documento o no firmaron otro. Los documentos están foliados, notariados. Si alguien olvidó algo, es problema particular de cada participante. Nosotros fuimos muy claros desde el principio”.

El “Eje” Torres Corzo-Purata, como es conocido el grupo de empresarios, políticos y servidores públicos que obtuvo la obra del Distribuidor Juárez, logró apuntarse un triunfo más. Se interpreta como un posible pago de favores para la campaña presidencial de Meade, mediante financiamiento privado. El 6 de julio de 2017, el gobernador Juan Manuel Carreras anunció que los trabajos se harían con los recursos obtenidos por la penalización que pagó la Ford a San Luis Potosí al cancelar una planta armadora en el estado.

Aseguró que la obra estaría lista en un periodo de 18 meses. Se iba a conectar con la carretera a México, Rioverde y la avenida Salvador Nava. Lo que daría por concluido un proyecto de movilidad que se había iniciado hace 25 años. Sin embargo, la mala planeación provocó que en octubre del 2016, la iniciativa fuera suspendida por unos días, ya que el director de la policía vial del ayuntamiento de la capital, Leobardo Aguilar Orihuela, informó que el departamento especializado de ingeniería vial no emitió el dictamen de factibilidad para el proyecto. Consideró que los brazos ascendentes de la carretera a Rioverde y 57, que convergen en un solo carril, están en un tramo muy corto donde se juntan los dos carriles, lo que representa un riesgo.

Los recursos obtenidos por la penalización de Ford, no son suficientes. Aunque el estado recibió mil 169 millones de pesos, el nuevo brazo del distribuidor requiere 250 millones de pesos. Según los datos revelados por el secretario de finanzas, José Luis Ugalde Montes, los recursos de la Ford fueron utilizados para cubrir inversiones de saneamiento en el sector educativo, con un gasto de mil 29 millones, por lo que solo restan cerca de 140 millones de pesos para destinar al brazo del distribuidor vial. Ugalde mencionó que el faltante, 110 millones de pesos, se sacarán de recursos estatales del 2018 y 2019.

Las acciones debieron empezar el 2 de febrero del presente año, pero la Junta Estatal de Caminos y el departamento de ingeniería vial del ayuntamiento no tenían un plan concreto de vías alternas para resolver el problema de tránsito que ocasionarán las construcciones, que durarán casi dos años. Porfirio Vargas expuso que tenía pláticas avanzadas con el ayuntamiento, “llevamos a cabo reuniones para informar lo que se hará”.

 

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Sánchez Unzueta y Machinena pretenden vaciar el centro histórico para construir después negocios de elite

El historiador Joaquín Muñoz Mendoza acusó al ex gobernador Horacio Sánchez Unzueta y al delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Juan Carlos Machinena Morales, de realizar excavaciones en el centro histórico de la capital sin tener un programa elaborado. Expuso que las tardadas obras, donde se corta la energía eléctrica y agua a los establecimientos, semeja a lo que ya se hizo en otras partes como Zacatecas, donde quebraron decenas de negocios, para después suplirlos por otros de mayores ingresos donde la única que se beneficia es la oligarquía. Expuso que empresarios de elite le solicitaron un diseño para suplir el mercado República, que sería demolido, para abrirle paso a un centro comercial exclusivo, donde se vendan los mejores quesos y vinos del mundo. El también ex delegado del INAH puso en duda la capacidad académica e intelectual de Machinena, al que acusó de plagiar un folleto sobre monumentos históricos. Se atrevió a presentarlo en público y dedicarlo a su mecenas y cónyuge, la actual directora del Consejo Tutelar de Menores, Concepción Guadalupe Nava Calvillo. Añadió que los prolegómenos de declaratoria los hizo el coordionador de monumentos de la dependencia federal, Salvador Díaz Berrio en 1976, pero quedaron congelados. «Era una propuesta que llegaba después de la alameda Juan Sarabia. Era inviable porque había afectaciones a la propiedad privada. Estuve de funcionario de 1988 a 1993. Agarro la iniciativa que tenía 13 años detenida. Conseguí el objetivo con mi equipo de trabajo. Tardamos como 8 meses. Se consignó el perímetro a y b como zona de bajo impacto. El a era el sector Reforma, que antes fue un río, dejó de serlo entrado el siglo 20. Eran los límites de la ciudad. El sitio b incluía parte del primero. Había que determinar lugares muy específicos que tuvieran el carácter histórico con el criterio que se manejaría para solicitar los trámites a la presidencia de la república».

«El que se usó antes fue algo arbitrario, ya que eran pocos los edificios históricos, no coloniales, como iglesias y grandes casonas. Fue lo que hizo Díaz Berrio. Cambié el criterio, consideré que dominaba la arquitectura vernácula, popular, del siglo 19. Barrí con las parroquias y los grandes monumentos porque eran del siglo 17 y 18. Como el convento de San Francisco. Descubrimos que fue construido en 1592, a finales del siglo 16. Empezamos a detectar todos los elementos propios de la arquitectura popular del siglo 19 como la altura, entrada de las casas y las crujías internas para proteger el fachadismo que se dio en la época en el Estado de México. Las fachadas eran bonitas, encaladas de blanco, pero se perdía el contenido de identidad cultural de la época y de los potosinos actuales. Se detectaron más de 3 mil monumentos históricos, como una casa del siglo 19, muy conservada, con criterio de la ley federal. Nos colocamos en tercer lugar en importancia numérica en la república, solo aventajados por el Distrito Federal y Puebla de los Ángeles. Era muy importante la declaratoria para echar andar el reglamento de la zona de monumentos y el registro de una zona de monumentos históricos para San Luis dentro de lo que era el registro municipal. Se tocaron muchos intereses y avanzamos en las exigencias de la Unesco. Los diversos gobernadores nos mintieron. Primero Horacio Sánchez Unzueta que dijo se iba a conseguir rápido. Declaré lo contrario, porque había una bola de gente que no estaba preparada, como los arquitectos Juan Carlos Machinena y Marco Antonio Garfias, capaz en lo técnico pero con una ausencia absoluta de datos históricos, donde el uso erróneo de un concepto cambia todo el significado. Un monumento histórico es el que tiene la solera, trayectoria en el tiempo que define la esencia de una ciudad, región, estado, una calle. La Unesco pide monumentos históricos porque lo establece el ejecutivo federal, una zona de monumentos históricos, no edificios bonitos».

«Tenemos de sobra monumentos históricos, pero echaron a andar el proyecto con aspectos de la época colonial. La declaratoria era de monumentos de arquitectura popular y los responsables la manejaban con otros términos, como si la arquitectura de San Luis fuera de corte faraónico, egipcio. Un absurdo. Hasta la fecha se maneja igual porque hay un problema ideológico, aunque no parezca. No es lo mismo declarar una zona de arquitectura vernácula que edificios de la oligarquía, donde figura la catedral, conventos, el palacio de Iturbide. Para la alta sociedad potosina es inadmisible la caractericen en el plano popular. Es donde radica el detalle del asunto. No solo era un problema de intereses económicos, también de carácter político, ideológico. Los gobernadores en turno, ignorantes estructurales, no se daban cuenta de las circunstancias aunque se las explicaran. Contra toda lógica científica y técnica, llegaba un hijo de la familia Valladares, Torres Corzo o como te de la gana y pedían incluir el edificio que compraron para meter un hotel. Fue donde hubo un choque de trenes muy importante que casi me cuesta el puesto. Pero me hizo fuerte el entonces secretario de gobernación, Manuel Bartlet y el presidente de la Comisión Nacional de Cultura, Víctor Flores Olea. Hicimos un trabajo importante con el que le doblamos las manitas a los gobernadores y avanzó la declaratoria como debía ser. El mandatario era Leopoldino Ortiz Santos con el que se consigue el objetivo. No se metió para nada. Sánchez Unzueta intervino en el plano declarativo. ¿Entonces cómo le preocupan ahora los monumentos históricos, si cuando estuvo al frente, se los pasaba por la polla?. En los planes no se mete la Unesco, primero el INAH, que los revisa y da luz roja. Entonces la propuesta de declaratoria pasa a un listado nacional que maneja la Secretaría de Educación, que por lo regular, revisa 16 temáticas»… continúa (tomado de la versión impresa, marzo 2017)