La quiebra de pensiones en San Luis se dio por el manejo irregular de los recursos. Incidieron los pagos excesivos de jubilaciones que consintieron los dirigentes sindicales para beneficiar a las cúpulas gremiales. Hubo cuantiosas pérdidas por especular con el dinero en casas de bolsas e instituciones financieras nacionales y extranjeras. Por las deudas que desde siempre ha mantenido el gobierno con la dependencia. Las protestas resurgieron cuando la dirigente del sindicato minoritario, Francisca Reséndiz Lara, denunció que la Oficialía Mayor cancelaría prestaciones a empleados próximos a jubilarse, al aducir una crisis financiera.

La combativa líder informó que la directora de recursos humanos, Olga Lidia Contreras Martínez, mediante un escrito que giró a los sindicatos del gobierno estatal, les avisó que a partir del 1 de noviembre se les quitaría a los trabajadores que tramitaran su retiro, los tres niveles de ascenso en el tabulador o la promoción del 20% del salario, conquista que logaron desde el sexenio de Marcelo de los Santos, ya que al pasar al régimen de jubilados se les quita el servicio médico. Calificó de ilegal y unilateral la maniobra que vulnera los derechos laborales de los sindicalizados y anunció amparos para evitar que se concrete.

Un grupo de inconformes encabezados por Reséndiz, instaló un plantón frente al palacio de gobierno con pancartas y mantas donde exigieron al gobernador Juan Manuel Carreras dar marcha atrás al acuerdo administrativo y castigar a los responsables de la crisis en pensiones. Externaron que en el documento entregado por Contreras, donde avisa el retiro del beneficio para los trabajadores que deciden jubilarse al haber completado 28 ó 30 años de servicio, se estableció en base a otro oficio que giró el director de pensiones, Osiel Yudiche Lara, donde expone que la falta de capital en el sector burócrata, aunado a las restricciones presupuestales que imperan, los obliga a suspender el acuerdo.

Reséndiz dijo deplorar y desconocer la medida, avalada por la dirigente del sindicato que aglutina al mayor número de burócratas, Bernardina Lara Arguelles, que coadyuvó al quebranto financiero de pensiones, al haber permitido especular en casas de bolsa con las cuotas de los trabajadores. El escrito carece de fundamento legal y Contreras no tiene competencia. El artículo 79 de la ley respectiva refiere, para que se extingan las pensiones o prescriban las prestaciones, se necesita un resolutivo judicial promovido por la autoridad competente. No puede omitirse tal derecho por iniciativa de Yudiche y Contreras.

La caída del fondo de pensiones del sector burócrata es producto de la negligencia y descuido. La opacidad ha sido una constante. Los trabajadores que cumplen con sus aportaciones no tienen por qué padecer las consecuencias, externaron. La contraloría interna de pensiones fue omisa por no prevenir o advertir las irregularidades en los procesos administrativos y sistemas de control. Al no investigar a los servidores públicos que incurrieron en fallas o delitos, debió actuar y presentar denuncias. Pidieron a Carreras no evadir sus tareas. Sus obligaciones de aportar al fondo no prescriben. También debe evitar el quebranto en la dependencia. Los seguidores de Reséndiz quitaron el plantón que duró dos días, después de entrevistarse con el ejecutivo, que les prometió instalar mesas de trabajo. Les aseguró que la secretaría de finanzas mantendrá un flujo de recursos a pensiones para recapitalizarla.

Al no cumplirse lo acordado, los integrantes del sindicato independiente reanudaron las protestas. En un desplegado, responsabilizaron de la crisis al ex gobernador Fernando Toranzo, por actuar con negligencia. Al ex secretario de finanzas, Jesús Conde Mejía, lo acusaron de desviar recursos de las aportaciones de los trabajadores, no pagar lo que le correspondía aportar y dejar una deuda de 740 millones de pesos. Pidieron meter a la cárcel a los ex funcionarios, también al actual secretario de finanzas, José Luis Ugalde Montes, por continuar la práctica de descontar las cuotas pero no entregarlas a la dependencia. Castigar a Bernardina Lara que autorizó apostar en inversiones fallidas los recursos de los agremiados, que ahora perjudican a todos los afiliados de otros sindicatos. Exigieron sancionar a Yudiche, por violar la ley, al permitir que los ahorros de los trabajadores se inviertan en títulos o valores que fundan sus utilidades en circunstancias imprevistas o al azar.

Los inconformes señalaron que desde el 2009, advirtieron sobre el peligro y alto riesgo de invertir los recursos de pensiones, lo que podría afectar en el futuro el patrimonio de los 12 mil 292 asegurados y 901 jubilados que se tenían entonces. Refieren que para el 2013 las inversiones de los fondos en empresas como Global Style Blend, BNP Millenium Commodities, Alliance Berstein y otras firmas, eran de 3 mil 919 millones 775 mil 773.64 pesos, de los cuales el 50.29% pertenecía a recursos del sector burócrata, que corre el mayor riesgo.

Según los datos que pudieron obtener, porque los funcionarios de pensiones se han negado a darles las cifras reales, se han invertido más de 3 millones de dólares con pérdidas que superan el millón 353 mil 236 dólares. Tan solo en el 2012, la dirigente Bernardina Lara avaló que en un lapso de 4 meses se realizara una inversión especulativa de 210 millones de dólares en el Finacces, Commerzbank AG y Principal. La deuda histórica que el gobierno estatal ha mantenido con pensiones, precisaron, en el 2014 era de 862 millones 568 mil 750 pesos. Ahora no se conoce con exactitud la cantidad. El director Osiel Yudiche habla de 547 millones y el secretario de finanzas, José Luis Ugalde, reconoce más de 740 millones de los tres sectores cotizantes, maestros de la sección 26, 52 y los burócratas… continúa (tomado de la versión impresa, Noviembre 2016)