El dirigente de los locatarios del mercado república, Arturo Pérez Alonso, señaló que existe un descontento en el gremio y otros centros de abasto por los engaños de la secretaria de comercio Dolores Elisa García Román, que modificó más del 50% del reglamento interno de manera arbitraria, sin tomarlos en cuenta, no obstante que prometió hacer talleres de consulta con los afectados.

La norma que los rige no se alteraba desde el 2012. Pero las modificaciones tienen aristas peligrosas. El documento redactado por los regidores de hacienda, gobernación y García, desconocen el derecho de heredar las concesiones de los espacios que ocupan. «Siempre hemos dicho ningún reglamento está por encima de la ley. Atentan contra el interés colectivo». El reciente código maneja que al haber tres infracciones acumuladas, será motivo para retirar en definitiva el permiso del negocio. O no cubrir la renta a tiempo.

Alonso señaló que pareciera, tratan de clausurar todo el mercado, ya que el atraso de la renta es un problema que no se ha podido resolver desde años atrás. No por la negativa a pagar. La causa es que la mayoría de los mercados enfrentan una severa crisis comercial. Las ventas bajaron un 70%. «Ya no son negocio. Los funcionarios en su ignorancia recomiendan abandonar los locales. No saben que para muchos es su única fuente de ingreso. No dejaremos de luchar para subsistir».

No obstante, Pérez Alonso encomió algunos puntos del reglamento, como el apartado donde se habla de las terrazas o los espacios fuera, en el centro histórico. Lamentó se haya reducido de 500 a 250 metros el impedimento para que no se instalen en el exterior de los mercados, comerciantes formales, semi fijos o ambulantes sin el permiso de los locatarios. En los hechos, obstruyen el acceso a los centros de acopio. Otra medida es limitar dos concesiones por individuo, lo que les impide crecer en lo económico y laboral. Estableció que desde la llegada del alcalde Ricardo Gallardo, han insistido en plantear soluciones a los problemas que enfrentan. Pero los ignoran, deja entrever que le interesa más perjudicarlos.

“Nos dijeron que al hacer cambios, nos avisarían. Las promesas quedaron en el aire. Tenemos la experiencia de generaciones, vivimos las carencias. Como funcionarios deben informar y transparentar sus actos». Los quejosos buscarán el respaldo de los regidores David Alanís Córdoba y Laura Gama Basarte, vinculados al entramado del nuevo reglamento.

No descartan recurrir al amparo o visitar al congreso local. Pérez enfatizó que el comercio local vive un lapso complejo que se agudiza por la falta de voluntad de los servidores públicos al no escucharlos. Expuso que es una fuente de empleo de donde subsisten 2 mil familias en forma directa o indirecta. Indicó que los pueden favorecer con proyectos sustentables y congruentes. Resolver los problemas de drenaje, inseguridad y falta de luminarias. Desechar el Tepeché, donde no habrá ventas, mejor dejarlo como estacionamiento.