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Gallardo Cardona invertirá otros 100 millones de pesos en Fray Diego de la Magdalena, donde su padre generó un fraude por 230 millones

En los manejos arbitrarios del presupuesto, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, primero anunció que iba a invertir 250 millones para rehabilitar el parque Tangamanga dos. Luego, de manera inopinada, le sumó otros 100 millones, donde incluye arreglos integrales de la avenida Fray Diego de la Magdalena, que debía estar terminada, ya que antes, su padre, Ricardo Gallardo Juárez, en la etapa de alcalde de la capital, le destinó 230 millones de pesos, donde incluyó construir un puente deprimido, pero jamás colocó un ladrillo. El atraco lo hizo en contubernio con su directora de obras, Isabel Leticia Vargas Tinajero, que ahora se presta a hacer la misma jugarreta, pero en un cargo estatal. Se trata de otra “herencia maldita” que el mandatario ignora para blindar a su progenitor, que actúa como poder tras el trono. Además de contar con oficinas propias en el Centro de Convenciones, se le ubica como el verdadero administrador de los invernaderos de Santa Rita, donde buscará sacar pingues ganancias con las cosechas de tomates y pimientos que se exportan al extranjero y se cobran en dólares. El ex edil Xavier Nava, interpuso una denuncia penal en la fiscalía por el desfalco que ocasionó Gallardo Juárez, pero nunca fue citado. Gallardo Cardona opta por ignorar el fraude millonario y volverá a gastar dos veces en el mismo tramo, que tendría un costo global de 300 millones, que cubren sin reclamar los nobles potosinos. Se perfila el sexenio de los saqueos sin límites.      

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Los Gallardo podrían ser acusados por lavado de dinero y peculado al frente del PRD

El comité nacional del PRD intervino las cuentas  bancarias, cambió contraseñas, usuarios y aseguró el inventario de bienes de un partido secuestrado por la dupla Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona. “Fue un certero golpe que no esperaron. Y de comprobarse el lavado de dinero, peculado y desvío de recursos, se promoverán denuncias penales en su contra”, denunció uno de los nuevos dirigentes, Sergio Leyva Ramírez. Añadió que también pudieron financiar las actividades del Partido Verde ecologista, donde impusieron al frente al diputado local, Emanuel Hernández.

Adelantó que van a contratar un equipo expertos en temas de corrupción para revisar las cuentas de por lo menos dos años, que superan los 34 millones de pesos. Su antecesor, Ignacio Segura Morquecho, dejó un boquete financiero. Se gastó todas las prerrogativas, hasta junio. A medios informativos les adeuda 230 mil pesos. Faltan vehículos. Los 29 empleados, en un careo, no supieron establecer las funciones que desarrollaban. Simularon una vida orgánica, nunca sesionaron. Fue el ente de un hombre. Desmintió tener en el estado 250 mil militantes, como alardeó Gallardo Cardona.

Leyva Ramírez es originario de Chihuahua, fue secretario juvenil del comité nacional, secretario general, delegado en Guerrero, ex candidato a diputado plurinominal. Hace poco, jefe de oficina de la presidencia municipal, donde estuvo cerca del alcalde Xavier Nava Palacios. Expuso que ya había antecedentes para quitarle la franquicia a los Gallardo. Lo llamaron para conducir los cambios, por lo que presentó su renuncia al ayuntamiento.

Narró que los Gallardo se refugiaron en la corriente Alternativa  Democrática Nacional que conducen Héctor Bautista, Camerino Díaz y Adriana Díaz. Cuando se sumaron a la coalición que encabezó el candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, lo cuestionaron cada rato sobre el desprestigio de sus aliados en San Luis. Reconoció el valor de los voceros nacionales Ángel Ávila y Fernando Belaunzarán que se animaron a quitarse el lastre de los ex ediles de Soledad. No lo habían conseguido por la falta de votos, que se dieron al coincidir con el cambio de dirigencia. Después vino la entrega-recepción, que coordinó Manuel Sifuentes Vargas, asesorado por un equipo de 10 contadores. Detectaron la falta de vehículos, no empatar la contabilidad con los libros, valoran una multa del 2018, de un millón 200 mil pesos, que se pudo generar por procesos contables negativos. Anunció que el arqueo estará listo en 15 días.

Para quitarse la sombra del pasado, cambiarán la sede al centro histórico, donde buscarán reencontrarse con la militancia histórica. Iniciar pláticas con el PAN y Movimiento Ciudadano para analizar el tema de las coaliciones en el 2021. En mes y medio se habrá de renovar la dirigencia estatal. En el lapso, buscará levantar el partido del suelo, con un par de “cachetaditas”, ponerlo en  forma. Ahora existe un mando colectivo de cinco personas que van nombrar al representante ante el Consejo Estatal Electoral, un  coordinador administrativo y financiero.

Luego definir las tareas estratégicas de género y jóvenes. Comparte el mando colegiado con Mónica Cabrera, ex funcionaria del ayuntamiento de la capital, que también renunció. Está María Salazar, oriunda de Santa María del Rio. Jorge Zavala, integrante del equipo de la diputada federal, Guadalupe Almaguer. La diputada local María Isabel González Tovar, ligada a los Gallardo. La impugnaron porque no reúne las credenciales.

Leyva dijo que el PRD con los Gallardo, faltó pluralidad, no se debatía, no se juntaban los consejos participativos, no organizaron un seminario, conferencia, foro o mesa redonda con actores  nacionales. “No vino un líder como Cuauthémoc Cárdenas o un intelectual asociado a la izquierda para hablar de un tema relevante. Su estilo era capturar las prerrogativas y ponerlas al servicio de su clientela”.

Revelo que los ex dirigentes nacionales Jesús Ortega y Jesús Zambrano, “Los Chuchos” antes aliados de los Gallardo, también se sumaron para rescatar las siglas. Se motivaron cuando brincaron al Verde, que pudieron financiar con los 17 millones de pesos que manejaba el PRD.  Resaltó que Xavier Nava es un “peso completó”, que podría buscar la gubernatura con el cobijo del PAN y Movimiento Ciudadano. Lo valoró como posible candidato de su partido, para luego buscar una coalición competitiva. Negó ser un soldado del munícipe, ya que siempre ha defendido su independencia política. Se distanció de la dirigencia cuando no apoyaron la candidatura en Chihuahua del panista Xavier Corral, que manejó combatir los saqueos de su antecesor, César Duarte. También se opuso a la alianza que hicieron en Oaxaca en el 2016.

Negó que con los Gallardo el PRD haya aumentado la membresía, que oscila entre los 5 y 10 mil afiliados, mayor a la del PAN en la entidad. Lamentó hayan perdido militantes progresistas, que optaron irse a Morena. Ahora buscan recuperar la credibilidad. Destacó que Gallardo Cardona aprovechará los comicios del 2021 para buscar impunidad al ayudar a Morena por debajo del agua. Pero crea distractores al sostener que busca la gubernatura.

En el 2015 Leyva estuvo como delegado electoral en San Luis. Pero luego, el entonces dirigente, Carlos Navarrete, lo envió ayudar a la candidata a gobernadora en Guerrero, Beatriz Mújica. Desmintió que los Gallardo hayan impulsado a Nava como candidato a diputado federal por el séptimo distrito. Lo propuso el comité nacional a través de Jorge Martínez y el entonces dirigente estatal, José Guadalupe Zamora Martínez.

Recordó que Nava laboró para Cárdenas y el ex gobernador de Chiapas, Pablo Salazar. Luego se fue a realizar una maestría a Inglaterra. Volvió y trabajó en la iniciativa privada. Pero su familia tiene nexos con intelectuales de la talla de Enrique Krauze y Elena Poniatowska. Conoció al edil en su etapa de diputado federal electo, en una cena en México, donde se analizó quien sería el coordinador del grupo parlamentario. La cita la convocó el entonces dirigente, Guadalupe Acosta Naranjo.

Nava lo apoyó en sus iniciativas para regular la Cámara Nacional de la Vivienda, depurar los servicios de telefonía y escoltas en todas la secretarías del gobierno federal. Juntar una bolsa de 40 mil millones de pesos para ayudar a más de mil 300 instituciones de educación superior que rechazan a casi 400 mil alumnos. Refirió que Nava rompió con los Gallardo cuando pidió castigar a los diputados locales inmersos en chantajes a los alcaldes donde figuró José Guadalupe Torres Sánchez, cercano a los comerciantes polleros.

Añadió que las denuncias que Nava interpuso contra Gallardo Juárez por los desfalcos millonarios, deben concluir como la operación justicia de Chihuahua, donde fue enjuiciado César Duarte, que tiene 12 órdenes de arresto y otras tantas para ser extraditado. Se hizo en un periodo corto de tiempo.

 

 

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En el 2021 se habrán de confrontar Sánchez Unzueta con López Obrador

El aparente exabrupto del tribuno Leonel Serrato Sánchez, de exaltar al dueto integrado por Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona a través de la figura del alcalde títere de Soledad, Gilberto Hernández Villafuerte, podría tener como sustrato, una jugada de fondo, de largo alcance, del maximato local, Horacio Sánchez Unzueta, inscrita en el juego sucesorio por la gubernatura en el 2021. El brusco viraje del notario 32 empuja como objetivo inicial, apaciguar, regresar al carril de la obediencia a los cismáticos que rechazaron el yugo del jefe político de la entidad, para pactar con bandas criminales que han llenado de violencia y sangre las calles de San Luis. Serrato cumplirá funciones de mensajero y pedagogo con sus interlocutores, reacios a acatar órdenes, ya que se imaginan omnipotentes. Pero su altanería le costó un año en las mazmorras de Hermosillo, Sonora, a Gallardo Cardona, acusado de lavado de dinero y tener nexos con el crimen organizado.

El padre mordió el polvo en su intentona reeleccionista como alcalde de la capital, ante el panista Francisco Xavier Nava Palacios, sobrino de Sánchez Unzueta. Y si oponen resistencia, Gallardo Juárez puede caer preso, ya que pesan en su contra, denuncias por latrocinios que superan los 2 mil millones de pesos y perder el control del ayuntamiento de Soledad, que ha manejado como su hacienda personal en los últimos 12 años. Serrato tiene la encomienda de hacerles entender la clara filosofía del hombre que toma las decisiones fundamentales en la entidad: San Luis es para los potosinos. Con tal premisa, Sánchez logró evitar la mínima injerencia de los ex presidentes Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña, a los que espantó con el petate de la ingobernabilidad. Si querían un sitio pacífico, había que controlar al navismo, el único movimiento capaz de socavar o derribar gobernadores, como pasó con el cacique magisterial, Carlos Jonguitud y luego con el malogrado Florencio Salazar Martínez.

Con tal maniobra, garantizó sucesiones de terciopelo. Ya no habría los dolorosos y aciagos interinatos o mandos provisionales donde fueron sacrificados Florencio Salazar, Leopoldino Ortiz Santos, Fausto Zapata, Teófilo Torres Corzo y Gonzalo Toribio Martínez Corbalá. Después de su aciago cuatrienio, el poder tras el trono garantizó relevos apacibles con sus alfiles Fernando Silva Nieto, Marcelo de los Santos Fraga, Fernando Toranzo Fernández y Juan Manuel Carreras López. Para tener un cierre sin parangones, busca cerrar el círculo con Xavier Nava en los próximos comicios. El papel de Serrato será que los Gallardo entiendan el contundente mensaje: la única pelea trascendente es la que Sánchez Unzueta tendrá con el tabasqueño Andrés Manuel López Obrador, que también le entiende a los intríngulis de la verdadera política. Y si pierde, el futuro de la entidad será incierto. El mejor argumento para convencerlos es que son indispensables. Gracias al aporte que hicieron, superior a los 100 mil votos, el PRI mantuvo la gubernatura. Pero en su momento fueron premiados con los ayuntamientos de Soledad y la capital. La factura, en teoría, está cubierta.

Pero Sánchez Unzueta ha dejado incontables heridos en el camino. Acumuló una montaña de agravios. No cumplió el acuerdo de entregarle la estafeta al otrora jefe del llamado Grupo Universidad, Juan Ramiro Robledo, con el que mantiene un soterrado pleito a muerte. Para sentar las bases de su cacicazgo que se acerca a los 30 años, optó dejar como sucesor al obediente Silva Nieto. Luego entabló una feroz batalla para correr del PRI a Robledo y su grupo que emigró al PRD para buscar la gubernatura. En el trayecto, traba amistad con el entonces candidato presidencial, López Obrador, con el que mantiene un trato cercano el presidente estatal de justicia administrativa, que en febrero del año en curso, asumió la dirigencia nacional del gremio. Uno de los más fieles seguidores de Robledo, el ex diputado local, Fabián Espinosa Díaz de León, por más de 20 años, se dedicó a cazar a Sánchez Unzueta. En cualquier asamblea o lugar público, lo agredió de manera soez. Peleador callejero, lo retó a golpes frente a su séquito. Para protegerse del inminente ataque, sentado en la silla, el ex mandatario se cubría la cabeza con los antebrazos erguidos.

Previo a que Sánchez Unzueta dejara el cargo, como diputado local, Espinosa buscó cualquier pretexto para fastidiarlo. Solicitó al comité nacional del PRI expulsarlo por incurrir en corruptelas. Encontró apoyo en el ex senador panista, Francisco Xavier Salazar Sáenz, para solicitar al presidente Zedillo y al procurador de la república, Jorge Madrazo, investigar a fondo al que responsabilizó, darle al traste a una generación de jóvenes políticos, que buscaron la alternancia del poder por la vía pacífica. El legislador guardó las pruebas lapidarias en un sobre lacrado que entregó al notario uno, Eduardo Martínez Benavente, que también mantiene una guerra sin tregua con Sánchez Unzueta, por lo que se alió con Robledo. Juntos fueron diputados locales. Cuando se abrió el documento, Salazar casi se va de bruces. Espinosa lo exhibió al solicitarle a Sánchez, 7 mil pesos para solventar un viaje del sector juvenil del PAN a Puebla a través de la línea de transporte Vencedor. Otra denuncia aludió a la secretaria particular del maximato, María Concepción Rodríguez Gómez, que solicitó al oficial mayor, Juan Carlos Machinena, entregar al doctor Jorge Carrillo Calvillo, mil dólares para continuar sus estudios en España. El becario era hijo del ex director de pensiones, Jorge Odilón Carrillo, cuñado de Concepción Calvillo Alonso, suegra del ejecutivo.

Antes seguidor de Robledo Ruiz, el jefe de la bancada del PRI, Juan José Rodríguez Medina, pragmático a ultranza, se pasó al bando de Sánchez Unzueta. Nunca pudo controlar al belicoso Fabián Espinosa, que en la toma de protesta de Silva Nieto al asumir el mando, en el acto protocolario que encabezó el dirigente nacional del PRI, Humberto Roque Villanueva, el legislador instó a sus correligionarios a rebelarse. Arremetió contra los navistas incrustados en la nómina. Lamentó ganar las elecciones pero extraviar el gabinete. Aludió al ideólogo Jesús Reyes Heroles al sostener, “revolución que transa, pierde. No es válido utilizar al PRI y la nobleza de sus militantes para alcanzar el poder y luego abandonarlos”. Previsor de los cambios nacionales, Sánchez Unzueta ubicó después a Silva Nieto como candidato del PRD al senado de la república. Espinosa no le dio tregua. Se apuntó por la misma curul. El asunto se empantanó. Concluyó en los tribunales. Ninguno tuvo tiempo de hacer campaña. Después de los comicios, el dictamen del Tribunal Federal Electoral favoreció a Espinosa. El secretario de gobierno, Alejandro Leal Tobías se propuso como intermediario para acabar con casi tres décadas de enconos radicales. Juntó a Sánchez Unzueta y Fabián Espinosa que pactaron una tregua efímera al darse la mano.

Una estrepitosa caída

Leonel Serrato Sánchez alcanzó el cenit en la última campaña por la gubernatura del matador de dragones, Salvador Nava Martínez. Cautivó y embrujó a las masas con su oratoria ácida y demoledora. Hizo equipo con el financiador y estratega Eduardo Martínez Benavente, que lo apadrinó cuando egresó de la carrera de leyes. Acostumbrado a improvisar, a veces sin medir las consecuencias, exaltó la figura de su mecenas. Le dijo que era el padre que nunca tuvo, aunque estaba presente su progenitor biológico, que esbozó algunas lágrimas, dijeron varios testigos. El fedatario le enseñó los entretelones del trabajo notarial, pero el ávido alumno rápido le dio la espalda. Cayó seducido por el encantador de serpientes, Sánchez Unzueta, que lo hizo consejero del gabinete. Al final del cuatrienio, lo convirtió en notario, como su ex patrocinador, para ubicarlos en el plano de la competencia profesional. Luego lo metió como asesor jurídico de Fernando Toranzo, que jamás toleró su conducta irónica y aires de grandeza. Se lo quitó de encima cuando lo mandó ayudar al entonces procurador de justicia, Cándido Ochoa, que jamás lo aceptó. En el corto tiempo que lo acompañó, se dio cuenta de las enormes corruptelas que cometió su efímero jefe, que jamás denunció. Toranzo lo regresó como asistente del hosco e indomable secretario de gobierno, José Guadalupe Durón Santillán, al que trató de domesticar con un halo paternalista. No midió preciso su campo de fuerza y rápido se confrontó. Cansado de ir y venir, de no recibir paga alguna, de cubrir la renta de la oficina con dinero propio, cabizbajo y humillado, se retiró de la burocracia.

Se desquitó de las afrentas como agresivo columnista del diario Pulso. Pero al poco tiempo se retiró, sugirió que sicarios, ligados a los Gallardo, lo amenazaron de muerte. En su paso como servidor público, se confrontó con la vocera del ex gobernador panista, Marcelo de los Santos, la ex reportera del Heraldo y ahora dueña del portal electrónico, Código San Luis, María Luisa Paulín. Cuando Serrato era la sombra de Cándido Ochoa en la procuraduría, tuvo acceso al expediente criminal de su detractora, a la que Toranzo encerró un año en las celdas de La Pila, acusada de un peculado que superó los 30 millones de pesos. El fedatario en receso, corroboró que el daño al erario pudo alcanzar los 100 millones, por lo que la ex convicta debería estar todavía encerrada. En la etapa en que se desempeñó como jefa de prensa, Paulín se confrontó con la clase política local. A la mayoría la atacó soez, sin fundamentos, con la mayor impunidad. Para el trabajo sucio, se apoyó en el propietario del blog El mundo de San Luis, David Rangel Tapia, que publicó las fotos y videos de cuando Serrato cayó en la barandilla de Soledad, reducto de los Gallardo.

Conocedor de sus secretos más íntimos, el fedatario le obsequió una camioneta al violento herrero, Jesús Rafael Aguilar Fuentes, alias El Chiquilín, para que no ventilara su vida privada. Además de alquilarse como ariete político, Aguilar es uno de los principales consejeros, biógrafo y confidente de los ex ediles, por lo que le pagan, junto con su familia, cerca de 100 mil pesos mensuales. En días recientes, le cubrieron una fianza de 70 mil pesos, ya que fue acusado de ataque sexual a una hija y nieto. No lo hicieron por solidarios, también temen que ventile su historial delictivo. El líder de los tianguistas del Rebote, Juan Antonio Rodríguez Chessani, antes patrocinador de Aguilar, ha comentado que al estar borracho o drogado, acusa a los Gallardo de mafiosos y matones. Por órdenes de Sánchez Unzueta y para vengarse de los agravios de Paulín, el notario convirtió en costumbre, pararse en un banquillo afuera de palacio de gobierno, para denostar a Marcelo de los Santos, que resultó incapaz de garantizar la vida, patrimonio y seguridad de los potosinos. El ex comandante de la policía judicial, Julio Alfredo Ceballos Alonso, lo acusó de vender la plaza a diversos cárteles, en varios millones de dólares.

Enemigo de los contrapesos, atento a la coyuntura política nacional, que incide para elaborar sus maniobras transexenales, en el 2012, el maximato le ordenó a Serrato, buscar la alcaldía de la capital por el PRD. Su objetivo era servir de esquirol al abanderado del PRI, Mario García Valdés, al que usó para enterrar en definitiva, al único opositor real que tenía en las filas del PAN, Alejandro Zapata Perogordo, al que antes le hizo morder el polvo cuando se confrontó en la contienda interna con Marcelo de los Santos. Pero Serrato se peleó con la militancia del PRD, que empujó como abanderado a Manuel Nava Calvillo, cuñado de Sánchez. En la misma jugada, sepultaron a la ex edil Victoria Labastadida, que hizo mancuerna para el senado con el boyante empresario, Teófilo Torres Corzo, que sorteó las tarascadas porque antes fue gobernador interino. Toranzo y Sánchez Unzueta emprendieron una feroz y despiadada campaña de desprestigio contra Labastida. Se salvó de pisar la cárcel por haber desviado fondos millonarios a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. Atrapado en el mismo engranaje de intereses cupulares, Serrato fue designado después representante de la dos veces diputada local, Beatriz Benavente, ante el Consejo Estatal Electoral. La legisladora es una recalcitrante defensora de las corruptelas sin castigo del galeno Toranzo y su ex cónyuge, María Luisa Ramos, dos nuevos multimillonarios de la localidad.

Cuando Salvador Nava emprendió la Marcha por la Dignidad y la Democracia a México, para protestar por el fraude electoral del que fue víctima por su oponente del PRI, Fausto Zapata, entre los cientos de seguidores que lo acompañaron, iba Leonel Serrato. A la caravana se le sumó el disidente tabasqueño, Andrés Manuel López Obrador, al que el fedatario conoce desde entonces. Tal circunstancia le valió para que Sánchez Unzueta doblegara al dirigente estatal de Morena, Sergio Serrano, para que apuntara al notario como candidato a la alcaldía de la capital, con un propósito muy claro y preciso: atacar a fondo al abanderado del PRD, Ricardo Gallardo Juárez, que cargaba una pesada losa de desprestigio por los incontables latrocinios cometidos. Para no restarle votos a su sobrino Xavier Nava, el maximato coló como aspirante testimonial a la directora del DIF estatal, Cecilia González Gordoa. El ex diputado local, Eduardo Martínez Benavente, censuró el flojo desempeño del ácido orador, que jamás se aplicó a fondo para buscar la victoria.

Al iniciar la campaña por la alcaldía, el implacable tribuno dijo que se trataba de un proceso para limpiar de cárteles a San Luis. “Fue para lo que nos apuntamos. Sabemos a qué vamos y contra quién. Es el inicio de un espacio de esperanza. Serán bienvenidos los que quieran ayudar a tirar la basura”. Expuso que una pandilla delincuencial se apoderó de las siglas del PRD, cuya militancia debe recuperar. “Se imaginan que la capital es su retrete o escupidero. Llegaron a los cargos públicos para enriquecerse de manera ofensiva. No será una lucha contra tales delincuentes, que en la mayoría de las veces, explotan las necesidades de la gente de la manera más vil. Existe miedo, temor, porque matan, extorsionan, levantan, atosigan, cercenan las libertades. Tengo que dar un mensaje categórico: ya llegamos. Vamos a poner el pecho, la cara, la fuerza, la entrega. Seremos un valladar, nos opondremos hasta echarlos. Los Gallardo ya se van, no les tengan miedo”. Luego aseveró que el comerciante pollero “es un delincuente que ha traído la violencia a San Luis y encabeza un grupo mafioso”.

Pero en días recientes, Serrato hizo declaraciones que contradicen su credo anti narco, al exaltar la figura del alcalde marioneta de Soledad, Gilberto Hernández Villafuerte, esclavo de los Gallardo. “Recibimos de su parte un completo y decidido apoyo, lo tengo que decir. Y conste que los he criticado mucho, pero trabaja con nosotros hombro con hombro. Se la ha rajado, de manera literal. Ha puesto las instalaciones para la Guardia Nacional de la manera más automática posible. Mientras, otros lloriquean que les dejaron malas administraciones. Fue por lo que el gobernador Juan Manuel Carreras, de inmediato autorizó se hiciera la escuela. Más aún, la Secretaría de la Defensa Nacional y el presidente López Obrador, avalaron en tiempo récord las instalaciones, que serán una obra modelo”. El desliz le provocó una andanada de críticas. El historiador y ex candidato a la alcaldía de la capital por Morena, Joaquín Muñoz, al que el notario criticó por haber sacado apenas 5 mil votos, lo calificó como “un asco. Busca una especie de tregua, cuando antes era un golpeador”.

“Es un paje de Sánchez Unzueta. Una suerte de parásito incómodo. Busca una plataforma para operar. Toda proporción guardada, es como el herrero Rafael Aguilar, El Chiquilín. Igual que el delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Juan Carlos Machinena, que anhela ser gobernador, apenas sirven para dividir el voto de la clase media. Es un tipo es demasiado vanidoso y mitómano”. El internauta Johan Garza lo llamó “simulador, chapulín político y mercenario que vende su oratoria. Es un pusilánime y mentiroso”. Fher Reyna estableció: “ahora sí quedará como la puta de la cacardía”. José Luis Pérez Lozano. “Primero hay que comer y luego hacer política, dice un refrán. El ácido notario ahora es pura miel con quienes le dan de comer. Para transitar en la política se requiere no tener vergüenza, ni para tragar”. Dana Vera. “Ahora aplaude y avienta porras. Cuánta miseria”. Paty Eugenia. “Debió ser muy grande el moche”. Laura Quintana Valladares. “Es un doble cara, desde que fue candidato a la presidencia municipal, despotricó contra todos, como si fuera el mejor. Los potosinos no le tienen confianza”.

Emanuel del Toro. “Eres un ridículo de proporciones épicas, Leonel Serrato. Lo arrastrado e incongruente no se te quita ni volviendo a nacer. ¡No mames! ¿Trabajo conjunto con los Gallardo, que son lo más ruin que San Luis padecido? ¿Y la congruencia apá?. O se rebeló al maximato o su patrón ya negocia la sucesión de 2021. ¿Irá a quedar otra vez todo en familia? Nada de lo que se dice de Serrato es gratis. Las declaraciones o actos públicos en el último año, donde se ha puesto a aplaudir a los Gallardo, sobran. Y si en realidad no habrá alianza, ¿por qué carajos alaba su hacer, después de haber sido de los pocos que los denunció en público? Algunos no lo conocen, pero su actuar y falta de congruencia son extraños”. Moni García Madrigal. “Es un asqueroso sátrapa. Igual a los caciques que dizque crítica”. Fidel Vega. “Serrato es congruente. Siempre ha sido un trepador. El zorro cambia de piel, no de mañas”. Paola Chessani. “Oye mijito, Leonel Serrato Sánchez, tú que regresaste a defender a delincuentes, ve y pide fiado a la tienda, ya que nada te da vergüenza. Lo conozco a la perfección. Fue a las vías a solicitar apoyo. Ahora dice que los pollos son unas grandes personas, que no les tengamos miedo. Llegué a creer que tenía credibilidad y acertado juicio. Le llegaron al precio”. Toño Cerda. “Serrato salió igual de basura que el super delegado Gabino Morales, pinches rastreros”.

Procoypsa. “Hay que solicitar de acuerdo a la ley del notariado, que se le quite el fiat debido a su comportamiento poco ético e inmoral, que es una de las causales para que pierda la concesión. Es un tarugo. No sabe las blasfemias que dice cuando alaba a los Gallardo y su gato Gilberto Hernández. Le dio Alzhaimer, debe retirarse”. Juan Chessani. “Lo traen con la sangre envenenada. Cuánta ingenuidad creer que los Gallardo le van a aceptar tanta adulación. A la primera lo revientan”. Agustín García. “Serrato es una foca aplaudidora. Sólo le falta decir que el ponido es el mejor diputado federal”. En las redes sociales circuló un dibujo del cartonista de Pulso, Alfredo Narváez, “Pingo”, con la figura de Serrato. El texto dice: “Don Ricardo, vengo a solicitar el ministerio de El Chiquilín”. Sobre el tema, el dirigente de los locatarios del mercado República, Arturo Pérez Alonso, festejó que el notario haya desplazado al herrero en sus funciones de “bufón y gato. Te quitó el lugar otro renegado del navismo. Aprendieron muy bien la ética, ideales y convicciones. Aprobaron el examen de simuladores”. Antonio Torres Sustaita. “Es lamentable cómo la gente se arrastra por unos centavos. Pingo, el don es un título de la nobleza y un vocablo abismal al sujeto que alude”.

El brutal vuelco de Serrato también se puede interpretar como una especie de relevo generacional. Entra de emergente a suplir al ex presidente estatal del PRI y ex diputado local, Fernando Pérez Espinosa, “El Calolo”, al que Sánchez Unzueta usó como eficaz comodín para hacerlo perder en situaciones claves para concretar sus emboscadas. Lo utilizó como señuelo en la contienda interna por la alcaldía contra el ex diputado federal del PRI, Juan Ramiro Robledo, donde fue doblegado con facilidad. El objetivo final era que su eterno oponente perdiera ante el panista Marcelo de los Santos. Luego usó al comerciante del ramo electrónico para que mordiera el polvo ante otro panista, el ex senador Octavio Pedroza Gaitán, al que durante un gran tramo, el poder tras el trono consideró como su as bajo la manga. Como lo hizo con sus hermanos, el ex presidente del Supremo Tribunal de Justicia y ex director del Infonavit, Germán Pedroza Gaitán. O como sucede con el actual secretario de finanzas, Daniel Pedroza Gaitán. La última encomienda de Sánchez para Fernando Pérez se dio cuando lo ubicó como candidato a la gubernatura por el PRD. Perdió ante el abanderado del PRI, Juan Manuel Carreras, que ganó con los votos que le cruzaron los Gallardo. La panista Sonia Mendoza se quejó de un fraude de estado.

El halo final de auxilio de Pérez Espinosa a los planes transexenales de Sánchez Unzueta se dio en el registro del candidato del PAN a la alcaldía de la capital, Xavier Nava Palacios, al que calificó como “un contendiente de lujo”. Como nuevo relevo, Serrato se apegó eficaz al libreto. Aunque pudo triunfar si se montaba en la inmensa ola que levantó López Obrador, disciplinado a su verdadero jefe, tuvo un desempeño testimonial, como su oponente del PRI, la directora del DIF estatal, Cecilia González Gordoa. Vilipendiado después de su primer lance suicida para reivindicar a los apóstatas Gallardo, tiene como plazo un año para hacerlos volver al redil. Los necesita el maximato como antes, cuando le sirvieron para derrocar los ominosos cacicazgos de Soledad fraguados en las familias Velázquez, Gaitán, Arreola y el sempiterno dirigente de la CTM, Guadalupe Vega Macías. Leonel Serrato se convirtió en la piedra angular en la que podría ser la última jugada maestra de Sánchez Unzueta: dejarle la gubernatura a su sobrino Xavier Nava Palacios. La estrategia está en su fase preliminar. Ya se empieza a configurar como candidato distractor del PRI, el delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Juan Carlos Machinena Morales, que le aprueba sin mayores trámites, los cambios unilaterales que su jefe realiza como encargado del patronato para remodelar el centro histórico.

La apuesta de Sánchez Unzueta es repetir el esquema electoral del 2018, donde los Gallardo, de nuevo, le aporten otra vez los votos que le hagan falta para imponerse. Pero la estrategia tiene fracturas. Aunque en Morena ya tiene sembrado al senador Primo Dothé, le resulta fácil corromper al delegado de programas integrales, Gabino Morales. Maneja a control remoto al ex candidato a regidor, José Antonio Lorca, sobrino político de Carreras. Se le vendría encima un cataclismo si logra filtrarse su acérrimo enemigo, Juan Ramiro Robledo, que acaricia la venganza desde hace casi 30 años. López Obrador lo aplastaría si manda como virrey al secretario de educación, Esteban Moctezuma. El columnista de Pulso, Juan José Rodríguez Medina, ideólogo de Sánchez Unzueta, estableció que el tabasqueño podría ganarse las simpatías de Carreras, al que ha favorecido con casi mil millones de pesos para infraestructura carretera. Incluso, se sabe que el doctor en derecho, empieza a externar en privado sus simpatías por Moctezuma. Rodríguez ha reclamado que el secretario de gobierno, Alejandro Leal, en lugar de inclinarse por alguien del PRI, hace todo lo posible para favorecer a Robledo, al que le guarda lealtad.

Aunque Moctezuma fuera el ungido, Sánchez Unzueta no quedaría en la orfandad. Uno de los hombres cercanos al funcionario es el antes empresario lechero, Ramón Zamanillo Pérez, quien ubica al maximato como su instructor político. Leonel Serrato en los próximos meses tendrá un amplio despliegue en dos vertientes. Convencer a los Gallardo que no dejen de lado los pesos por los centavos. Si aceptan subordinarse, el diputado federal podría reivindicar al padre y recuperar la alcaldía de la capital. Mantendrían bajo su férula la alcaldía de Soledad. En caso de poner trabas y dejarse llevar por el canto de las sirenas, Gallardo Juárez puede pisar las mazmorras por robos que superan los 2 mil millones de pesos. Si el notario cumple la encomienda, brincaría como diputado federal. Resuelto el escollo de Morena, Sánchez Unzueta moverá sus piezas dentro del PAN, donde tiene decenas de aliados influyentes, como Marcelo de los Santos. En el 2021, los potosinos asistirán a una de las luchas más espectaculares de la historia. Se juegan la gubernatura Horacio Sánchez Unzueta y Andrés Manuel López Obrador.

 

 

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Toranzo, cínico monje tibetano

Reapareció en Valles, en un festejo del hospital regional, el ex gobernador Fernando Toranzo Fernández, acompañado de su nueva pareja. El sello distintivo de su sexenio fueron las corruptelas en términos exponenciales. Usó el erario para convertirse en un nuevo rico, de los más boyantes de la entidad. La ex presidenta del DIF, María Luisa Ramos Segura, su ex cónyuge, exigía sobornos a los diversos proveedores hasta del 30%. Fue escandalosa la transacción que hizo con unos vendedores de equipo policiaco de Nuevo León, que le ofertaron insumos por 3 mil millones de pesos.

En una sola jugada se estima que ganó 90 millones de pesos, con la mano en la cintura. Con uno de sus hermanos, obtuvo pingues ganancias en las turbias compras de estufas ecológicas. Se le ubicó como socia del ex alcalde de la capital, Ricardo Gallardo Juárez, en complejos inmobiliarios que ejecutan en Pozos, donde han despojado con métodos violentos a ejidatarios que se niegan a vender a precios de regalo.

Ramos se jactaba de haber sacado de la miseria al galeno, que en la etapa de estudiante de medicina, se iba de mojado a Estados Unidos, a limpiar el estiércol de vacas y cerdos. Luego, por las tardes, ya de regreso a sus labores académicas, se desempeñó como abonero. Incluso vendió bolsas de aserrín con diésel, que se usaban para calentar los boileres de agua. Sin el mínimo pudor, Toranzo dijo que se convirtió en monje tibetano, por lo que ya no le interesa la política, que usó inmoral para acrecentar su hacienda. Se dice que ahora habita la casa paterna, en Venado, donde se gasta impune el dinero que le arrebató a los potosinos

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Títere de los Gallardo, Hernández Villafuerte entrega la obra pública al mismo grupo de contratistas privilegiados

Títere de sus jefes Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona, el edil de Soledad, Gilberto Hernández Villafuerte, reparte la obra pública sin concursar, a los constructores que sus mecenas le ordenan. Son los mismos beneficiarios del presupuesto en el municipio conurbado en los últimos 10 años y tres de la capital, cuando el también comerciante pollero brincó ambicioso. Incapaz de sublevarse y tener la mínima autonomía, Hernández es usado de comparsa por el diputado federal, Gallardo Cardona, que hace abierta campaña por la gubernatura, montado en la estructura del ayuntamiento de Soledad. Inaugura calles, reparte becas y programas sociales. Se luce a costillas del erario. Para sellar su voraz despliegue, a un lado, sonriente y sumiso, su empleado favorito, Hernández Villafuerte.

En una especie de eufemismo, el munícipe de mentiritas fue declarado uno de los mejores en todo el país por la empresa Massive Caller. La firma se destaca por alterar las estadísticas a favor de quienes la contratan, como lo hizo en las pasadas elecciones presidenciales, donde posicionó al candidato panista, Ricardo Anaya, muy cerca del abanderado de Morena, Andrés Manuel López Obrador, que se impuso por el doble de votos a sus contendientes. El edil recurre a tales maniobras para tratar de proyectarse como un benefactor, pero sobre todo, para ocultar la falta de transparencia en sus actos de gobierno.

En la búsqueda de la mínima independencia e identidad, también ha fracasado, ya que Gallardo Cardona dio el bandazo al Verde Ecologista y busca tener el control de Morena. El padre se infringió un prolongado ostracismo, después de la estrepitosa derrota ante Xavier Nava, cuando buscó reelegirse. Inspirado en el modelo depredador de sus jefes, Hernández repite las oscuras prácticas en los manejos de los programas asistenciales, purificadoras de agua y la controvertida Feria de la Enchilada, donde inflan costos y obtienen pingues ganancias.

Son áridos o nulos los datos que maneja en la página de transparencia sobre los montos, tipo de obra y contratistas a los que entrega de manera ilegal los mayores montos de dinero. En 11 escuetas páginas, expone las inversiones correspondientes al 2018. En el área de agua y saneamiento, programa de agua potable y subprograma de red de distribución, le entregó a Construcción Eléctrica Hidráulica y Civil un millón 483 mil 627 pesos en seis obras.

En los trabajos de construcción y reconstrucción de calles le dio 3 millones 439 mil 229 pesos. En alumbrado público, 3 millones 536 mil 11 pesos. Alcanzó un total de 8 millones 458 mil 867 pesos en los pocos renglones que exhibe. En su desastroso desempeño, Gallardo Juárez la favoreció con 50 millones de pesos en 25 obras. La privilegiada empresa la representan Ernestina Díaz de León Moreno y Alberto Carlos Díaz de León Moreno. Dicen tener oficinas en Fuente de la Montaña, en Balcones del Valle. Pero el domicilio no corresponde al que se muestra en un directorio web de San Luis Potosí.

A Ingeniería Integral Vepec, Hernández Villafuerte, tan solo en el 2018, le otorgó 8 millones 119 mil 361 pesos en dos obras. Con Gallardo Juárez en la capital, obtuvo 26 con un total de 52 millones 925 mil 70 pesos. Vepec está representada por Luis Alberto Chávez Martínez. Las firmas Construcción Eléctrica Hidráulica y Civil e Ingeniería Integral Vepec, junto con Obras Electro Civiles del Potosí e Instalaciones y Tecnologías para la Construcción, con Gallardo Juárez en la capital lograron 93 obras. Los administradores y representantes tienen un parentesco. Son las familias Chávez Martínez, Chávez Martínez Padrón, Chávez Díaz de León y Chávez Díaz de León Moreno.

En el rubro de asistencia social, donde Gilberto Hernández dilapida la mayor parte del presupuesto en la compra de electrodomésticos, línea blanca y pantallas, el único proveedor es Plásticos y Blancos La Feria a la que en 20 contratos registrados en el 2018, le facilitó 18 millones 394 mil 404 pesos. Con Gallardo Juárez en la capital, en un solo convenio directo, sin concurso, logró más de 15 millones de pesos por la compra de cobertores. El negocio tiene como administrador único a José Isabel Ortega Aldama, que mantiene una estrecha amistad con Gallardo Juárez.

Plásticos y Blancos La Feria apareció como ferviente patrocinador del otrora llamado Festival de la Cantera, al que también respaldaron otros empresarios con el mismo denominador común. En una solicitud de transparencia que exigió Reporte Índigo para saber de dónde salieron los fondos del Festival de la Cantera 2017, insustituible, encontró a Plásticos y Blancos La Feria.

Otro predilecto es el contratista Juan Carlos Castillo Ojeda, quien acaparó las más jugosas inversiones. Hernández Villafuerte lo premió con 11 millones 786 mil 37 pesos en solo tres obras en el 2018. Gallardo Juárez le otorgó 109 millones 159 mil 175.75 pesos en 31 obras a través de la constructora Sarqco Servicios de Arquitectura y Construcción. La misma empresa a la que le entregó en forma directa, el rehabilitado de la calzada Fray Diego de la Magdalena que tuvo un costo de 225 millones 836 mil 781 pesos. Le facilitó un anticipo del 50%, pero no hizo nada, debido a las protestas de los parroquianos, a los que nunca consultaron y por las incontables anomalías en el concurso. Castillo no regresó completo los fondos recibidos.

Gallardo Cardona, como alcalde de Soledad, en el 2013, le endosó a Castillo Ojeda 42 millones de pesos en 14 obras, de las cuales 4 fueron otorgadas de forma directa, 5 por invitación restringida y 5 en licitaciones manipuladas. En el gremio de los constructores se conoce a Castillo como testaferro de Óscar Compeán Vázquez, originario del Refugio, Ciudad Fernández, el de mayor confianza y cercano al dueto de los Gallardo en la red de boyantes negocios. A pesar de los numerosos contratos recibidos en Soledad y la capital, Sarqco, Servicios de Arquitectura y Construcción, apenas tiene una modesta oficina en el segundo piso de una escondida casa ubicada en República de Perú, en la colonia Satélite.

A la empresa Diseño y Construcciones Ryjosva, representada por José Alfredo Vázquez Serrato y Juan Ricardo Vázquez Serrato, al igual que a Proyectos Miroya, de Miguel Ángel Vázquez Serrato y Juan Ricardo Vázquez Serrato, Hernández Villafuerte les erogó 25 millones 974 mil 651 pesos para trabajos, solo en 2018. Los mismos constructores fueron beneficiados en el trienio de Gallardo Juárez con 2 obras que costaron 2 millones 414 mil 924 pesos. Óscar Compeán, el predilecto de todos, no podía quedar sin cobijo. Aunque Gallardo Juárez no lo consideró, Hernández Villafuerte lo compensó al doble. En el 2108 le facilitó 15 millones 378 mil 753 pesos en obras. En los escasos documentos que muestra la obsoleta página de transparencia del ayuntamiento, en lo que va del 2019, Compeán aparece con un gran número de contratos. Por lo borroso de las cifras, no se alcanzan a percibir los montos entregados.

 

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Xavier Nava, el candidato de López Obrador

Dicen que la política es fondo y forma. En la última visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a San Luis, además del griterío a favor y en contra del alcalde Xavier Nava y del diputado federal, Ricardo Gallardo Cardona, se dio también un plebiscito subliminal que puede marcar el futuro político de la entidad. Siempre cercanos al tabasqueño se mantuvieron Nava y el gobernador Juan Manuel Carreras. En la fría orilla, sólo para cubrirle el adeudo por el aporte de 10 votos en el congreso, que le permiten mayoría, el mandatario permitió el acceso de Gallardo Cardona.

Cuentan que después del acto protocolario, Nava se juntó con el ejecutivo federal y sellaron un pacto secreto. Hasta en días recientes, empezaron a surgir los primeros atisbos que pusieron nerviosos a varios aspirantes a la gubernatura. En los jardines que controla el ayuntamiento de la capital, casetas de policías y accesos, se desarrolla una especie de doble fenómeno. Los trabajadores quitaron inexorables el color amarillo del PRD que antes cobijó al controvertido ex edil, Ricardo Gallardo Juárez. Ahora usan los distintivos blanco y marrón de Morena. Es el primer mensaje que denota una alianza en trance.

Gente cercana al actual munícipe asegura que es un hecho sin reversa: Nava cuenta con el padrinazgo de López Obrador para buscar suceder a Juan Manuel Carreras en el 2021. Otro aviso complementario se dio con el lance a la yugular de los regidores del PAN, encabezados por el dirigente del comité municipal, Maximino Jasso, contra Nava y el secretario del ayuntamiento, Sebastián Pérez. Exigieron un castigo ejemplar contra el que hubiera girado instrucciones al director de la policía preventiva, Édgar Oswaldo Arcadia, quién ordenó a sus subalternos, sacar con fuerza excesiva, a la ex oficial del registro civil once, María Teresa Carrizales, de sus oficinas, ya que había sido relevada del cargo. Otra vertiente es que las cúpulas estatales del PAN, ya no están dispuestas a respaldar a Nava en sus próximas aspiraciones.

Se maneja que el senador Marco Antonio Gama, aceita la estructura para dar caballazo, aliado con la diputada local, Sonia Mendoza. En la jugarreta se les puede sumar el ex edil y ex senador, Octavio Pedroza. Jasso trabaja para que otro alfil de Gama, el legislador local, Rubén Guajardo, bloquee a Nava en una supuesta intentona por reelegirse.

López Obrador le hizo creer a Gallardo Cardona que le entregará el control de Morena en la entidad, pero cercanos los tiempos electorales, lo va a enterrar con un cúmulo de expedientes criminales. Tal vez le perdone los millonarios saqueos a la hacienda pública y le permita continuar con el control patrimonial de la alcaldía de Soledad, donde el PRI, PAN y la familia Arreola, volverán a morder el polvo. Los Gallardo saben que López Obrador no les permitirá ninguna rebeldía. No tendrán la chance de buscar la revancha contra Nava a través del Verde Ecologista.

Se van a subordinar al esquema presidencialista. No sería descabellado que en los próximos días, se sumen a la cargada de Nava, el senador de Morena, Primo Dothé, que obedece al maximato Horacio Sánchez Unzueta, tío de Nava. No se quedará atrás el super delegado, Gabino Morales.El empresario, Antonio Lorca, sobrino de Carreras. El encargado metropolitano de los programas integrales, Leonel Serrato, al que Sánchez Unzueta hizo notario. Cuentan que no resultó difícil para López Obrador decidir entre Nava y Gallardo. A uno lo respalda el linaje del matador de dragones, Salvador Nava, con que tendió una amistad entrañable, que rompe la berrera del tiempo y de la muerte.

El otro es un advenedizo, oportunista, violador de la norma, que antes, con su padre, Ricardo Gallardo Juárez, lo “levantaron” en el trayecto del río Santiago, para imponerle condiciones leoninas, cuando eran los caciques de horca y cuchillo. La síntesis adelantada es que en San Luis, el Peje, ya tiene candidato. Otra pista más.

Confiado en que va en caballo de hacienda, Nava bajó la guardia en el escándalo de Carrizales y el tema de las controvertidas ciclo vías, criticadas por su mediana eficacia y elevados costos.

 

 

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Rodríguez Chessani pide castigar los atropellos del herrero Rafael Aguilar, ariete político de los Gallardo

El dirigente de los comerciantes del Rebote, Juan Antonio Rodríguez Chessani, lamentó la conducta hostil del herrero Rafael Aguilar Fuentes, alias “El Chiquilín”, que buscó afectar la estatua del líder cívico, Salvador Nava Martínez, que se ubica en la llamada Plaza de la Democracia. Lo calificó de falso seguidor del “matador de dragones” al que acompañó por intereses mezquinos. 

Rodríguez tuvo que echar en corrida al vándalo, que hace el trabajo sucio a los ex alcaldes de Soledad, Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona, de los que habla pestes a sus espaldas. Pero la misma conducta procaz asume con los que le han tendido la mano en sus recurrentes caídas económicas y existenciales.

“Qué miserable y ruin es el Chiquilín. No hemos querido publicar los videos donde sale un niño y su hija haciendo el trabajo de la nota negra. La monta en la estatua del doctor Nava. Yo sólo lo hice correr al muy miserable y ruin. Siempre le dije al muy cerdo que nunca le creí se dijera luchador social, por andar al lado de tan querido personaje. El muy cínico decía que eran puros viejillos, que ni se daban cuenta de sus bajezas. Me relata, siempre borracho y drogado, las fechorías de los Gallardo, que lo desprecian. Como le sucedió en el navismo, en Conciencia Popular, el PT, en nuestro Frente de Comerciantes Unidos, con el industrial Jacobo Payán, la familia Chalita, los Maya, los notarios Eduardo Martínez Benavente y Leonel Serrato, yo mismo. A todos los que ha conocido y timado como herrero. Sus desviaciones enfermizas, las violaciones que le hicieron y ha hecho. En fin a los que ha robado, por lo que se ganó varias demandas”.

“Me atrevo a denunciar sus abusos conocidos y probados, tanta atrocidad que comete y no lo castigan a pesar de las evidencias. Es un pobre cobarde y bruto en toda la extensión del término. Es inadmisible que el diario digital Astrolabio le haya dado derecho de réplica a sabiendas de que la denuncia en su contra era cierta. Puso en entredicho la veracidad y profesionalismo de una de sus mejores plumas que aún le quedan. Tampoco es posible después de todo lo que dijo de la familia Maya, de lo que le hicieron los Gallardo ratas a Miguel Maya, dueño del medio, que perdió seriedad por decir que Gallardo Juárez sería reelecto como alcalde de la capital. Y que ganaría 2 a 1. Criticó al actual edil, Xavier Nava, con pura basura, lo que se comprobó de manera fehaciente. Lo cual me hizo renunciar a mi columna y otras linduras impublicables. Ya basta. Merecemos y exigimos respeto”.

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Se cierra el cerco al infractor impune

En la guerra sin cuartel que mantiene el alcalde Xavier Nava con su antecesor, Ricardo Gallardo Juárez, en los últimos días, el vendedor de pollos recibió sendos descalabros que exhiben sus excesos y desviaciones millonarias, los que describen un perfil delictivo de alta escala. El cerco se cierra en torno a un personaje que a más de medio año que dejó el cargo, sigue envuelto en las reyertas y escándalos. Varias voces vaticinan y exigen que cometió suficientes y graves delitos que ameritan su encierro. Nava anunció que fueron recuperados 55.7 millones de pesos por una obra pagada y no ejecutada en la avenida Fray Diego de la Magdalena por su antecesor Ricardo Gallardo Juárez. Negoció el reintegro con cuatro empresas involucradas en las licitaciones para no ser parte del desfalco en contra de los habitantes. En rueda de prensa en el patio central de la Unidad Administrativa Municipal, detalló que faltan otras 14 firmas que deben regresar el resto de los 112 millones de pesos que el gobierno federal en su momento otorgó para un supuesto puente “plagado de irregularidades. Fue una simulación completa porque nunca se tuvo la cantidad superior a los 200 millones que costarían los trabajos. Tampoco se contaban con los estudios que exige la ley, ni se socializó con ciudadanos de la zona norte”, que corresponde al Saucito.

Reveló que identificaron las cuatro primeras empresas gracias a las investigaciones de la contraloría interna. Cuando se determinó que eran potosinas, se procedió a contactarlas. Aunque las negociaciones fueron complejas, accedieron a firmar un convenio en el que se comprometieron a devolver los más de 55.7 millones de pesos. “El mismo proceso iniciará con las 14 restantes. Confiamos en que no quieren verse involucradas en el robo que llevó a cabo la pasada administración. En caso de que no aceptan regresar los millonarios recursos, se seguirán los procedimientos correspondientes ante las autoridades respectivas. Debe quedar claro que en el actual mandato, sí hay consecuencias contra quienes afectan o desfalcan a San Luis Potosí”.

Nava estableció que los más de 55 millones de pesos equivaldrían a comprar 100 nuevas patrullas, 60 techados para escuelas, instalar y activar 10 mil luminarias en distintas calles y avenidas de la capital. Hablará con el gobierno federal para que el dinero se aplique en San Luis en obras de mejoramiento vial en el sector norte, con proyectos que cumplan todas las exigencias y tengan el aval de la gente que vive en la zona. Añadió que seguirá con las denuncias que se interpondrán ante las dependencias encargadas de determinar las sanciones a quienes resulten responsables del daño patrimonial. Precisó que el paso a desnivel en Fray Diego de la Magdalena quedó descartado porque no hay recursos y no es viable, ya que no se consultó a los interesados. Además, se podría afectar la iglesia del Saucito.

Por su parte, el secretario del ayuntamiento, Sebastián Pérez, destacó que presentaron ante la delegación de la Fiscalía General de la República, una denuncia penal para que se investigue y castigue a los funcionarios del trienio encabezado por Ricardo Gallardo Juárez, por haber pagado 112 millones 918 mil 390 pesos en la obra de la calzada de Fray Diego de la Magdalena que no existe. Junto con la síndica Alicia Nayeli Vázquez Martínez y el contralor Jesús Mejía Lira, detallaron que desde el inicio hubo problemas, por haber declarado desiertos dos concursos para después adjudicarla a la empresa Servicios de Arquitectura y Construcción, cuyo dueño es Juan Carlos Castillo Ojeda, que violó la norma al subcontratar otras empresas, en su mayoría foráneas. Vázquez explicó que la artimaña se hizo para dispersar los recursos. Aunque no existe el puente deprimido, el 27 de septiembre del 2018 se firmó un contrato de finiquito anticipado de obra.

Mejía precisó los rubros en los que se gastó el dinero en trabajos inexistentes: 55 millones 760 mil pesos en materiales de los que no se encontró evidencia. Otros 42 millones 323 pesos en subcontrataciones, 525 mil pesos en liquidaciones a personal, un pago no sustentado por un millón 675 mil pesos de impuestos sobre la renta y 2 millones 900 mil pesos en volumen de obras consideradas en demasía y gastos en señaléticas que tampoco se encontraron. Pérez destacó que era la tercera denuncia que se presenta en la Fiscalía General de la República y la Auditoria Superior de la Federación en contra de ex funcionarios municipales. Con tales acciones se da un jaque mate a las corruptelas e impunidad.

Luego vino otra denuncia del oficial mayor del ayuntamiento, Óscar Valle Portilla, quien descubrió más irregularidades que afectaron a los trabajadores. Resaltó las reducciones salariales que se hicieron en el anterior trienio. Se aplicaron de manera injustificada a quienes laboraron en el periodo 2015-2018. Se hicieron varias veces en porcentajes que superaron el 40%. El argumento que se dio a los empleados fue que realizaban recortes para generar ahorros y tener más recursos para mejorar los servicios públicos. “Fue una auténtica mentira. Con distintas prácticas fuera de la ley, robaron cantidades millonarias. Presionaron y se mantuvo un hostigamiento constante a quienes perjudicaron con el concepto de prestaciones laborales». Valle detectó que cientos de personas que prestan algún servicio en el ayuntamiento, no tenían expediente integrado. Muchos de los documentos fueron perdidos o escondidos, lo que afectó a múltiples personas que fueron corridas.

 

Después vino otro golpazo contra la figura de Gallardo Juárez al ventilarse que sus ex colaboradores tomaron fuera de la norma un bono de retiro. Nava y el tesorero Rodrigo Portilla Díaz interpondrá, otra denuncia para reparar el daño y reponer el dinero. Entre los funcionarios que se pagaron dinero que no les correspondía, figura el ex secretario del ayuntamiento, Ernesto Barajas Ábrego. “Al último se finiquitaron como príncipes. Barajas cobró más de 280 mil pesos. Si estamos por el relevo del cargo, no pueden llevarse más que lo proporcional. No tienen por qué cobrar un finiquito», cuestionó Portilla. El edil reiteró que hubo demasiados abusos. Se hacen públicos para que los potosinos se informen y sepan lo que en realidad sucedió. Lamentó que sin tener facultades, se hayan despachado con la cuchara grande del dinero de todos los ciudadanos, que debe servir para otorgar servicios y enfrentar carencias sociales. “Se dieron bonos de salida y liquidaciones como si no hubieran otras prioridades. Fue el sello de la casa: el abuso y la corrupción. Presentaremos las denuncias que correspondan”.

Estaba en ciernes otro escándalo encubado en el mandato de Gallardo Juárez. El oficial mayor, Óscar Valle Portilla y la síndica Alicia Nayeli Vázquez, presentaron una denuncia más ante la Fiscalía General del Estado por el delito de peculado y otros contra quienes resulten responsables por pagos anómalos entre el área de recursos humanos, pagaduría y tesorería. Portilla explicó que en el periodo comprendido del 1 de abril de 2013 al 30 de septiembre del 2015, el empleado con número de nómina 13503, que pudo ser Juan Carlos Conde Solís, hijo del ex secretario de finanzas, Jesús Conde Mejía, ostentó un sueldo como “director C”, ganó una cantidad inicial de 40 mil 815 pesos al mes y al final 44 mil 358 pesos.

El 6 de octubre del 2015, la directora de recursos humanos, Cinthya Armenta Meléndez, dio el “aviso de baja” de Conde, con lo que finalizó el trato laboral. Pero en el documento se aprecia una leyenda manuscrita: “cancelar baja folio 180486. Efectivo”. Es decir, se mantuvo vigente y se procedió a hacer el pago del sueldo en efectivo. Durante dos años y medio se emitieron pagos quincenales por concepto de salario con un acumulado por la cantidad de 53 millones 910 mil 948.60 pesos. La millonaria suma equivale a lo que ganan al mes en conjunto más de 5 mil empleados del ayuntamiento.

Valle explicó que a pesar de la baja del empleado, no se materializó. Al contrario, recursos humanos giró instrucciones para que el pago, desde la primera quincena de octubre de 2015, se diera con dinero en el área de pagaduría. Al no acudir el beneficiario, su sobre era devuelto a la caja general, a la dirección de ingresos. La emisión de la siguiente quincena era la nómina no cobrada, más la correspondiente al periodo, lo que implica que cada quincena había un acumulado por sueldo no cobrado.

El funcionario detalló la ruta de la nómina no cobrada. El encargado de la pagaduría la regresaba mediante oficio al entonces tesorero municipal, Jesús Emanuel Ramos Hernández y luego al director de ingresos, Reynaldo Enrique Martínez Tovar, que enviaba copia al área de recursos humanos. El mismo documento lo manejó la dirección de ingresos, que administra la caja general y expedía un contra-recibo por la cantidad recibida.

La caja general cancelaba el contra-recibo de manera inmediata y no depositaba la nómina no cobrada lo que implica, que la plata no se recibió. No ingresó a las arcas municipales. Alguien se la llevó. Logró una bolsa acumulada superior a los 53.9 millones de pesos “a través de acciones truculentas e irresponsables en las que incurrió” el trienio encabezado por Gallardo Juárez al que también el Sistema de Administración Tributaria lo acusó de usar una empresa fantasma para facturar más de 7 millones 400 mil pesos. Nava aclaró que todas las operaciones fraudulentas corresponden al ejercicio 2015-2018.

El munícipe dijo estar comprometido en el combate a las corruptelas por lo que se investigarán más operaciones. Continuará con las denuncias penales correspondientes. “Es por justicia, la ciudadanía lo exige. En la actualidad, tales prácticas no se dan. No tenemos tratos con firmas inexistentes, como se dio antes”. Según el reporte del SAT, el ayuntamiento de San Luis Potosí se ubicó en el tercer lugar de prácticas nocivas al facturar 7.4 millones de pesos con la compañía “79 Integración Empresarial”, catalogada como Empresa que Factura Operaciones Simuladas o inexistentes, Efos.

Según el dictamen del SAT emitido el 31 de octubre de 2018, indicó que el proveedor le facturó a Gallardo Juárez 7 millones 401 mil 762.37 pesos en 11 distintas facturas, de las que sólo existen en el sistema de contabilidad gubernamental, como deuda reconocida y pagada en el trienio pasado, 5 facturas por más de 4.7 millones de pesos. Las 6 restantes por más de 2.6 millones no se encuentran en los registros, pero son documentos elaborados y activos, ya que nunca se cancelaron.

El oficial mayor, Óscar Valle Portilla, destacó entre los conceptos, el mantenimiento de subestaciones encapsuladas, papelería, impresiones de notificaciones para el pago de predial, artículos de limpieza y servicio de mensajería. Pagos que se realizaron de enero a diciembre de 2017 al negocio que tiene su domicilio en una antigua casa ubicada en avenida Reforma, justo al lado de una plomería. “Se repite la historia de pagos a un proveedor fantasma cuyo domicilio era una menudería en Zapopan, Jalisco”.

Se deslindó de operaciones o cualquier trato con la Efo. Exigió a las autoridades hacer las investigaciones correspondientes. Valle Portilla inició más indagaciones de los años 2015, 2016 y lo que corresponde al 2018. Solicitó al Organismo Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, Interapas, revisar si facturó algún bien o servicio con la compañía “79 Integración Empresarial” para interponer las denuncias respectivas ante las prácticas fraudulentas recurrentes en los tiempos de Gallardo Juárez.

Las sospechas de Valle tenían sustento. El 25 de abril, el director del Interapas, Ricardo Fermín Purata Espinosa, denunció que sus antecesores simularon pagos descomunales que generaron ganancias por más de 70 millones de pesos por servicios médicos hospitalarios al Grupo Axioma Kasuri. Expuso que derivado de una auditoría a las áreas operativas y administrativas, encontraron cuatro contratos con un sobreprecio de 335%, con lo que afectaron las finanzas de la instancia. Subrayó que la firma no cuenta con la capacidad para otorgar los servicios, por lo que se presentó una denuncia ante la Fiscalía del Estado por los delitos de peculado, fraude, robo y otros que puedan resultar.

El director de administración y finanzas, Ramón Farías, expuso que no se siguieron las reglas para arrendar los servicios médicos para casi 800 trabajadores. Existían otras propuestas mejores. “Axioma no cuenta con la infraestructura requerida, como afirmó tenerla en el contrato. Sin fundamentos legales, se aumentó el pago por trabajador, que pasó de mil 238 pesos en el 2015 a más de 5 mil 388 en el 2016, lo que representa una alza de más de tres veces, en detrimento de los egresos del Interapas. También de manera sorprendente, de un gasto que oscilaba en años anteriores al 2016 entre 15 y 18 millones, en el 2016 y 2017 se elevó a más de 55 millones de pesos. En el 2018 superó los 38 millones. Nunca existió elemento objetivo o razones justificadas para que el valor por persona se incrementara de forma arbitraria”.

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Los Gallardo, enloquecidos por el canto de las sirenas

Montados en la soberbia, ignorantes de los errores que los han empujado a morder el polvo, actores centrales de escándalos por estafas millonarias, el dueto integrado por Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona, hace cuentas alegres para sumar adeptos en su inminente cruzada guajira por alcanzarla gubernatura. Se imaginan intocables, impunes, idolatrados, posedores de voluntades colectivas, dueños de carismas inexorables.

Han soltado rumores convenecieros de que son propietarios de las franquicias en San Luis del PRD, Verde Ecologista y más adelante de Morena, con el irrestricto respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero la realidad es otra. Hace poco fue removido de la dirigencia del PRD en el Estado de México, Omar Ortega Álvarez, vinculado a la cúpula entreguista que firmó con el expresidente Enrique Peña, el Pacto por México y luego dio el bandazo para respaldar la candidatura panista de Ricardo Anaya, donde los Gallardo jugaron el guión de comparsas. Si quitaron a Ortega que capitanéo una de las estados más sólidas, los comerciantes polleros, después de pisotear el arco iris de las ideologías, ya no representan ningún obstáculo. Aunque carguen garrotes en sendas manos y manipulen hordas gritonas y lanza huevos.

Para suplir a la marioneta que colocaron en el comité estatal, Ignacio Segura Morquecho, ya suenan para el relevo, los que podrían ser los integrantes de un mando colegiado. Aparece el ex presidente estatal del PRI, síndico y ex secretario del ayuntaminto de Soledad, Pedro Olvera Vázquez, otrora fiel escudero de los ex ediles. Se menciona al ex regidor de la capital con Victoria Labastida, el profesor Juan José Ruiz. El ex presidente estatal del PRD, Miguel Ángel Campillo. El líder de la Unión Campesina Democrática de Valles, Ángel Altamirano. La ex secretaria estatal del PRD, la salinense, Guadalupe López, denostada por el violento herrero, Jesús Rafael Aguilar Fuentes, alias “El Chiquilín”, consejero y biógrafo de los Gallardo. También se ubica al ex regidor de la capital, Juan José Aguilar. Enterrado el padre por el edil Xavier Nava, el hijo juega la última carta marcada. El futuro es negro y borrascoso. Muy pronto, ya no podrán depredar con las siglas del PRD, que manejaron de manera arbitraria.

López Obrador los va a tirar al bote de la basura cuando haya logrado, le aprueben las iniciativas que más le urgen. El Verde, sombra y eterno aliado del PRI, alejado de la figura protectora, cosechará resultados de carcajadas. Ebrios, enloqucidos por el cántico de las sirenas, ansiosos, los Gallardo se apresuran a redactar su epitafio político. El último.

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Ni siquiera pagó Gallardo Juárez el terreno de San José de Buena Vista, considerado reserva ecológica

 

El ex alcalde de la capital, Ricardo Gallardo Juárez, adquirió 6.8 hectáreas del predio denominado Camino a la presa de San José, que se ubica en el rancho San José de Buenavista, perteneciente a la congregación de Escalerillas. Con sobornos y usurpación de identidad, es mentira que pagó 15 millones 500 mil pesos por el lote, declaró el representante legal de un grupo de comuneros del poblado, Antonio Ramírez Alfaro. En el 2009, cuando Gallardo Juárez ganó el ayuntamiento de Soledad, puso la mira en las tierras cuando el mismo Ramírez le dijo que tenía algunos predios para venderle. Ambos tramaron el acuerdo. Gallardo se deshizo de los intermediarios. Optó actuar por su cuenta. En el 2018, nueve años después, sus aliados en el cabildo y funcionarios del gabinete, le autorizaron el cambio de uso de suelo de las 6.8 hectáreas para construir viviendas. Los incontables latrocinios que el comerciante de pollos cometió, obligaron a su relevo, Xavier Nava Palacios, promover ante la Fiscalía General de la República, una demanda penal por malversar más de mil 200 millones de pesos. El terreno es propiedad del ayuntamiento. Es una zona de reserva ecológica. Es decir, Gallardo podría enfrentar otras querellas por los supuestos delitos de despojo y daño al medio ambiente. Incluso por mentir a la autoridad, pues dijo que pagó en el 2011a los vendedores José Carmen Bravo Blanco y María Magdalena Hernández Espericueta, entonces con 80 años, 15 millones 500 mil pesos en efectivo en una sola exhibición.

El viernes 15 de febrero del 2019 a nombre del ayuntamiento, el síndico Víctor Saldaña interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República contra Gallardo Juárez, algunos ex integrantes  del cabildo y ex funcionarios, por el cambio del uso de suelo de 6.8 hectáreas decretadas como área natural protegida desde 1996. Sin embargo, fue hasta lunes 19 cuando en rueda de prensa, Nava Palacios  acompañado de la diputada federal Josefina Salazar Báez y los legisladores locales Rubén Guajardo Barrera, José Antonio Zapata y Ricardo Villareal Loo, expuso que su antecesor violentó la norma ambiental. Acusó a Gallardo de pisotear una orden judicial y se autorizó el cambio de uso suelo del predio que corresponde a una área natural protegida que es pública. “Usó el poder político para saquear el bien común. Hoy denunciamos los delitos contra quienes con dolo y ambición desmedida, atropellaron de manera sistemática la ley. No acataron una suspensión definitiva ordenada por un juez federal, violaron la constitución y la ley de amparo entre otros ordenamientos”.

Nava declaró que era la primera denuncia penal en contra de Gallardo Juárez y su equipo. En el cajón guarda un grueso expediente de las tropelías del empresario. Los casos más emblemáticos son el enriquecimiento ilícito del ex edil y su familia. La compra millonaria de medicamentos a la desconocida Sandra Sánchez que nadie logró ubicar. Giró un cheque por 20 millones de pesos que fueron a parar a su cuenta personal. El predio se ubica al poniente de la capital, sobre el camino a la presa de San José. Forma parte de las 200  hectáreas que en 1961, el entonces gobernador, Francisco Martínez de la Vega, le donó al municipio de la capital en el trienio de Salvador Nava Martínez. En 1996 la misma superficie quedó dentro  de las 344 hectáreas que el ex gobernador Horacio Sánchez Unzueta, mediante decreto, declaró reserva natural protegida. El predio colinda con una enorme barda de miles de metros lineales que protegen los fraccionamientos exclusivos Rinconada de los Andes, propiedad del urbanizador Carlos Gerardo López Medina. Si Gallardo pretendía construir un complejo, tenía que solicitar permiso al magnate para derribar el muro y acceder a la propiedad, ya que no existe otra vía.

En 1923 se constituyó la congregación de Escalerillas. El fundador fue Simón de la Cruz Leyva que se estableció en el poblado con dos caballerías menores y una mayor. La comunidad quedó integrada por los pequeños poblados o rancherías conocidos como San José de Buenavista, La Mesa de los Conejos, La Maroma y El Ahogado. Después, San Juana de la Cruz, hija de Simón de la Cruz Leyva, les regaló a los pobladores las tierras. Sin embargo, en 1929, mediante resolución presidencial, cuando se reconoció legalmente la comunidad con 5 mil 815 hectáreas, en el mismo decreto el gobierno federal creó el ejido de Escalerillas y lo dotó de 3 mil 592 hectáreas. En el 2005 se instituyó el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares. En el proyecto se sumó comunidad con ejido y se hizo un solo núcleo. Los habitantes promovieron una queja de nulidad y solicitó que la congregación se separe. La demanda aún sigue vigente.

La congregación de Escalerillas no escapó a la especulación de los voraces urbanizadores, empresarios, comerciantes, políticos, líderes sociales y pseudo abogados. Hoy el 90% de las tierras están en manos de particulares, la mayoría mediante actos ilegales como el caso de la “compra” de las 6.8 hectáreas que Gallardo hizo a José Carmen Bravo Blanco y María Magdalena Hernández, quienes adquieren la propiedad en los noventa a los señores Francisco Pérez Morales y Alejandrina Pérez Morales, originarios de San José de Buenavista. Los Pérez Morales, como otras familias de Escalerillas, se posesionaron de cientos de hectáreas que después, de manera irregular, escrituraron a su nombre para vender. En otros casos, se utilizó al dueto para legitimar una compra o venta de tierras. El 16 de febrero de 1995 Francisco Pérez Morales vendió a José Carmen Bravo Blanco y Ángel  Pérez Hernández los 68 mil metros cuadrados del predio. Cado uno adquirió el 50%. El 7  de octubre de 1996, Pérez Hernández donó a María Magdalena Hernández su parte del inmueble. Dio fe el notario 17, Alfonso Leal Varela. En el 2000, Antonio Ramírez Alfaro se convirtió en representante legal del grupo de comuneros. Su habilidad para convencer al más duro e incrédulo, le permitió obtener un poder general de José Carmen Bravo Blanco y de otros representados. En agosto del 2009 conoció a Ricardo Gallardo Juárez, un mes después de ganar la presidencia de Soledad.

El entonces edil Gallardo Juárez aprovechó la oportunidad de usar el puesto público para incursionar en el ámbito inmobiliario y competir con los grandes especuladores del suelo urbano de San Luis. El predio se ubica en la zona con mayor plusvalía donde el metro cuadrado tiene un valor de 10 mil pesos. Colinda con fraccionamientos exclusivos de López Medina. Junto con Ramírez inició los trámites para conseguirlo. Se tardó más de 9 años, cuatro contratos de compraventa que realizó con el igual número de notarios. El 5 de octubre del 2009 celebró el primer convenio ante el fedatario 17, Alfonso Leal Varela, que tenía un antecedente. Solicitó al Registro Publico de la Propiedad y el Comercio, hoy Instituto Registral y Catastral del Estado, un certificado libre de todo gravamen. En noviembre, según la boleta Q296759, pidió una segunda libertad de responsabilidad del mismo inmueble. El proceso se detuvo. Lo reinició a los 7 meses. El 27 de agosto del 2010 Leal solicitó una libertad de gravamen. El 27 de agosto pidió otra. El 30 de agosto envió el primer aviso preventivo de la compraventa del inmueble. En la operación se presentó como comprador Ricardo Gallardo Juárez, José Carmen Bravo y José Ángel Pérez Hernández, sin ser dueños. Pérez en 1995 donó a su madre María Magdalena Hernández Espericueta el 50% del lote. El 7 de septiembre Leal envió de nuevo el primer aviso preventivo de la transacción, pero no el segundo. La venta quedó incompleta. Gallardo cambió de postura y determinó adquirir el inmueble a través de una empresa  familiar.

En septiembre del 2010, Gallardo Juárez ordenó a sus hijos José Ricardo y Candy Aracely Gallardo Cardona crear la constructora Tangamanga Continental Sociedad Anónima de Capital Variable para comprar el predio. El 5 de noviembre, Leal Varela solicitó una nueva libertad de gravamen del lote, donde señala las medidas y colindancias a nombre de los propietarios José Carmen Bravo Blanco y José Ángel Pérez Hernández. En la misma fecha el fedatario emite y pide al Registro Público de la Propiedad y el Comercio el primer aviso del contrato de compraventa que celebraron Bravo Blanco y María Magdalena Hernández Espiricueta, madre de José Ángel Pérez Hernández y Tangamanga Continental, representada por Gallardo Cardona. La maniobra se quedó trunca, nunca se envió el segundo aviso preventivo de la compraventa. Tangamanga Continental es una de las múltiples empresas que crearon los Gallardo para adquirir más de cinco propiedades.

Luego Gallardo Juárez dio un giro para concluir la compraventa de las 6.8 hectáreas. Según los archivos del Registro Público de la Propiedad y el Comercio contrató al fedatario 10 Francisco Artolózaga Noriega, con quien tenía acuerdos cercanos. Como edil, la directora de catastro fue la hija del notario, Claudia Artolózoga Sthal. El certificador emitió y envió para su registro el primer aviso preventivo de la compra. Estableció que el contrato se realizó el 9 de septiembre del 2010, un día antes que se constituyera Tangamanga Continental que adquirió el 100% de la propiedad. En el documento se asentó que el dueño anterior fue Gallardo Juárez que luego terminó por poner a su nombre el terreno. Cambió de nuevo al notario, hizo un tercer contrato de compraventa, se deshizo de su intermediario de bienes y raíces y liga con los comuneros de Escalerillas. Hace el trato directo, pide a su equipo de  guardaespaldas llevar ante el fedatario a la parte vendedora, por la fuerza, con rifles y pistolas por delante. Bravo Blanco y María  Hernández Bravo, sobrina de María Magdalena Hernández Espericueta, asistieron a la notaria para firmar el contrato.

El 11 de julio del 2011 el notario 14, Miguel Ángel Martínez Navarro, solicitó al Registro Público de la Propiedad y el Comercio una nueva libertad de gravamen. En el mismo escrito pidió emitir el primer aviso preventivo de la transacción. Dijo tramitar una escritura de contrato de compraventa entre José Carmen Bravo Blanco y María Magdalena Hernández Espericueta como vendedores y Ricardo Gallardo Juárez como comprador. El 12 de julio las partes firmaron la escritura de la compraventa. Fue hasta el 1 de febrero del 2018 que se trasmitió el dominio. En el documento se estableció que Gallardo Juárez pagó por el predio 15 millones 500 mil pesos. “Valor que la parte vendedora recibió en efectivo y moneda nacional. Por  medio del presente acusa en favor de la compradora el más perfecto recibo que a su seguridad conduzca y como comprobante de la suma le ha sido pagada a su entera satisfacción”. El 18 de julio, cuando Gallardo Cardona había ganado la alcaldía de Soledad, Navarro emitió el segundo aviso preventivo de la compraventa del inmueble, con lo que la operación quedó fija.

La compra del inmueble se sumó a otros cientos que los Gallardo adquirieron. La pujante empresa inmobiliaria no se detuvo con la captura de Gallardo Cardona a principios de enero del 2015 por la entonces Procuraduría General de la Republica y enviado a las mazmorras por los supuestos delitos de fraude y nexos con la delincuencia organizada. El 22 de junio, Gallardo Juárez era candidato a la alcaldía de la capital. Entonces registró en la dirección general de catastro y desarrollo urbano del ayuntamiento, el predio a su nombre con la clave catastral 2400102801000105506800001000000. Gallardo Juárez recurrió a una sociedad anónima para trasmitir el predio y otras propiedades a su nombre. El objetivo fue simular la compraventa de inmuebles a través de prestanombres. Contrató los servicios del notario 15 Mauricio Mier Padrón para llevar a cabo las distintas operaciones. El entonces diputado local José Guadalupe Torres Sánchez, consejero del munícipe, pidió prestada a su compañero de curul en el congreso local, Óscar Bautista Villegas, hoy diputado federal, la sociedad anónima Servicios  y Suministros de la Zona Media. En el 2007 se inscribió en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio.

Tiene domicilio en Rioverde. Su objeto es la compraventa, consignación, importación, exportación, fabricación, maquila, traslado, exhibición y comercialización de toda clase de materiales, la realización de cualquier tipo de proyecto arquitectónico, construcción de caminos, puentes y drenajes, rehabilitación de presas, obras de alumbrado, traslados y flete de cualquier mercancía por tierra, cielo y mar, entre muchas otras actividades. La sociedad tiene una duración de 99 años. La integran Haidé Elena García Leyva que es la administradora única y Manuel Castillo Díaz de Vivar. Cada uno con el 50% del capital de 500 mil pesos dividido en 250 acciones. Ambos son militantes del PRI vinculados a Bautista. El 11 de marzo del 2017 celebraron una asamblea. Se aprobó ceder el valor nominal de todas las acciones a Lidia Margarita Silva Carmona y Paloma Martínez Hurtado. Renunció como administradora única García Leyva. También se le revocaron los distintos poderes. La suplió Silva Carmona. Se cambió el domicilio a San Luis Potosí. Pero el  acta apareció registrada hasta el 28 de septiembre del 2018. El 4 de agosto del 2014, cuando Gallardo Cardona era alcalde de Soledad, Silva Carmona ingresó a la nómina del Interapas en la capital como auxiliar en la contraloría del organismo que preside desde 2013 Salvador González Martínez, que fue tesorero con Gallardo Juárez. Silva Carmona pasó después a secretaria “A” de la misma área, donde se mantuvo hasta septiembre del 2018. A Paloma Martínez Hurtado se le ubicó como pareja sentimental de Gallardo Juárez. Estuvo en la nómina del ayuntamiento de la capital. Cobró un sueldo superior a los 17 mil pesos sin trabajar. También coló a su mamá Edith Hurtado González y su hermana Jaqueline Martínez Hurtado. Paloma Martínez aparece como prestanombres de Gallardo Juárez en Multiconstrucciones Centrales, Cimientos y Construcciones de San Luis y Hurtado Construcciones Hidráulicas. Las acciones de las primeras dos empresas terminaron en manos del cuñado de Gallardo Juárez, Roberto Cardona Reyna. A la tercera firma se le asignaron sin licitar contratos en Interapas por un millón 757 mil 565 pesos.

El ex alcalde no se detuvo en la embestida de hacer rentable la nueva propiedad. El 4 de diciembre del 2017 a través del subdirector de administración y desarrollo urbano, José Gabino Manzo Castrejón, elaboró la constancia de vocación de uso de suelo con folio 4411, documento que dirigió a Lidia Margarita Silva Carmona, apoderada legal de Servicios y Suministros de la Zona Media. Gallardo se mantuvo siempre al frente de las operaciones del predio como juez y parte. El 17 de diciembre del 2017 solicitó a la directora de catastro y desarrollo urbano, Lidia Velázquez, la certificación de medidas y colindancias del predio. En el 2018, el edil apostó a reelegirse para acrecentar su fortuna y la de la familia. Pero fue derrotado por el candidato del PAN, Francisco Xavier Nava Palacios. Apenas se repuso de la derrota regresó, ordenó cubrir todos los huecos y concluir el proyecto de vivienda en las  6.8 hectáreas. El 19 de julio del 2018, la dirección de administración y desarrollo urbano emitió la licencia de alineamiento y número oficial Folio 67127 a su nombre. Se clasificó como confidencial el dato. El 14 de agosto, con el igual folio apareció la misma licencia de alineamiento pero a nombre de Servicios y Suministros de la Zona Media.

Gallardo usó el gabinete para cerrar el negocio inmobiliario. El 6 de agosto del 2018, Velázquez Neri   contestó la petición a su “jefe”. Informó que de acuerdo a la visita física al predio y cotejo con la escritura, las medias y colindancias no coinciden con lo asentado en el documento que emitió Martínez Navarro. Velázquez  modificó las medidas y colindancias y emitió otro certificado. Velázquez fue antes directora de catastro en Soledad con Gallardo Cardona. El 15 de agosto del 2018, los regidores Ana Cristina Silva Velázquez, del PRD y Raymundo Roberto Ramírez Urbina, del PAN, presidenta y secretario de la comisión de alumbrado y obras públicas, luego de dar el aval, turnaron un dictamen para cambiar el uso de suelo al terreno mencionado. Un día antes, el subdirector de desarrollo urbano, José Gabino Manzo, les envió un oficio para analizar si era viable cambiar el uso de suelo del predio.

Gallardo solicitó al notario Mauricio Mier Padrón, certificar el documento. Además de protocolizar  la compraventa del predio a la sociedad Servicios y Suministros de Zona Media, para que obtuviera los permisos y concretar el plan urbanizador. El 23 de agosto, Mier emitió la modificación de medidas lineales y colindancias del predio. Según el expediente, la constancia certificada se expidió a favor de Servicios y Suministros de la Zona Media que se acreditó como propietaria del terreno con el folio real 164226 para obtener 15 días después el cambio de uso de suelo, cuando fue Gallardo Juárez quien solicitó al fedatario el documento. El 27 de agosto, Mier Padrón inscribió en el Instituto Catastral y Registral del Estado cuatro  compraventas de inmuebles que hizo Gallardo Juárez a Servicios  y Suministros  de la Zona Media además de las 6.8 hectáreas del predio Camino a la Presa. Se trata de dos predios que se ubican en la Fracción Tercera Grande. Uno, denominado La Chorrera con 15 mil metros cuadrados. Otro de 916 metros cuadrados. Uno de 6 mil 79 metros que está en el Camino a Soledad. También se realizó la compraventa de los niveles cuatro y cinco de las oficinas y cajones de estacionamiento número 7, 7-A, 6 y 6-A del edificio “Puga” que se encuentra en Carranza esquina con Benigno Arriaga. En todos los actos la empresa estuvo representada por la apoderada legal, Lidia Margarita Silva Carmona. Las seis operaciones ingresaron al Registro Público de la Propiedad y el Comercio el 28 de agosto del 2018 ya con el nombre de Servicios y Suministros de la Zona Media como adquiriente en los avisos preventivos.

La asociación civil Cambio de Ruta impugnó el cambio de uso de suelo a través de un amparo. Sin embargo, el 30 de agosto, en la décima sexta sesión ordinaria de cabildo, Gallardo y sus regidores aprobaron  la medida. Eran 68 mil metros cuadrados de una área natural protegida, con fines habitacionales de densidad media alta. El munícipe y su aplanadora votaron a favor a pesar de que el dictamen hizo notar que el predio se ubica a 100 metros del “Parque Urbano Paseo de la Presa San José”. Una parte del terreno es área de reserva ecológica. El documento no cumplió con los requisitos, según el artículo 136 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado. El apartado primero del artículo establece que las solicitudes de licencia deben señalar el uso actual del suelo y superficie construido. El uso del suelo que se propone, superficie por construir y anexar croquis. En las páginas del dictamen no se menciona el número de metros cuadrados comprendidos dentro del dictamen. Votaron a favor los regidores del PRD, PT y Gallardo.

Durante la asamblea, el regidor del PAN, César Augusto Contreras Malibrán denunció que faltaba información. Anunció que votaría en contra ya que para ingresar a Rinconada de los Andes, sólo hay una vía. Calificó como “una locura” autorizar el cambio de uso de suelo. Advirtió que “se mira complicado, ya que es la única entrada y salida”. La regidora del PRD y entonces presidenta de la cartera de alumbrado y obras públicas, Ana Cristina Silva Velázquez, respondió que era un asunto técnico, ya que se cumplían todos los dictámenes de procedimiento. Para que el cabildo autorizara el cambio de uso de suelo, Lidia Margarita Silva Carmona entregó una serie de documentos a desarrollo urbano y catastro que antes se turnaron a alumbrado y obras públicas. Como pasó con los estudios de impacto urbano, vial y el informe preventivo de impacto ambiental para el cambio de uso de suelo que elaboró Carlos Alejandro Alderete Morales. En cada uno de los documentos ubican la extensión del terreno detrás de la barda donde termina Rinconada de los Andes al poniente de la capital. En la segunda página del estudio se lee: “el predio es el resultado de una compraventa entre particulares, quienes al obtener de las autoridades el dominio pleno, fue adquirido por Servicios y Suministros de la Zona Media”.

En los documentos se asentó que lo adquirió la representante legal Lidia Margarita Silva Carmona. “Las escrituras serán mostradas en el momento de ser requeridas por la autoridad correspondiente. No se presentan por razones de seguridad del interesado”. En el estudio de impacto urbano insisten que el terreno se ubica dentro del área natural protegida, declarada desde el 5 de junio de 1996 por medio de un decreto del ejecutivo. En el artículo primero se establece que se ubica en la modalidad de parque urbano, con una superficie de 344-02-30 hectáreas, propiedad del ayuntamiento. En el Sistema de Información Geográfica Municipal, creado durante el trienio de Mario García, se puede acceder a los planos de la ciudad y delimitar las zonas naturales protegidas. Se establece que después de la línea recta donde termina Rinconada de los Andes, comienza el área natural protegida, por lo que el terreno de 6.8  hectáreas es propiedad municipal. El entonces director de ingresos, José Alberto Sánchez Gutiérrez, extendió una constancia con número de folio 1337891 para acreditar que no existía adeudo por el pago predial del inmueble.

El munícipe creyó cerrar el negocio, pero los afectados lo pusieron contra la pared. El 21 de septiembre de 2018, comuneros de Escalerillas advirtieron promover una demanda en su contra. Señalaron que con la “compra” de 6.8 hectáreas en San José de Buena Vista, buscó adueñarse de 544 hectáreas. El representante legal de los comuneros, Antonio Ramírez Alfaro, acusó al edil de mentiroso, porque no pagó los 15 millones 500 mil pesos. Afirmó que el terreno lo obtuvo por medio de “sobornos y usurpación de identidad”. Le pidieron regresar el predio. “El señor tiene que devolver lo que no le pertenece”. Ramírez lo acusó de manipular el nombre de la comunera Alejandrina Pérez Morales, quien murió en diciembre de 1990, pero “empadronó 862 hectáreas en junio de 1991. El lote no es suyo, es de Escalerillas. Tenemos las pruebas”.

El 25 de septiembre, Gallardo se puso colérico cuando los medios lo cuestionaron sobre el tema. Negó haber tomado alguna propiedad. Calificó de falsas las declaraciones. Exigió le pusieran enfrente al comunero que dijo, se ha robado una hectárea. Sostuvo que mentían sus detractores. Sin cuidar las formas, sin importarle dejar rastros de las chicanas, al obtener de manera ilegal el cambio de uso de suelo, cometer despojo y auto-venderse el predio, concretó la maniobra. El 28 de septiembre, Mier Padrón solicitó al Instituto Registral y Catastral, la libertad de toda responsabilidad y gravamen. Informar si estaba pendiente de inscripción algún testimonio o documento que modifique la situación jurídica. Si aparece como morada conyugal o forma parte del patrimonio familiar. Si está dentro de los planes de desarrollo urbano y ordenamiento ecológico que prevé la normatividad vigente. Pidió emitir el primer aviso preventivo de compraventa con reserva de dominio entre Gallardo Juárez como vendedor de la empresa Servicios y Suministros de la Zona Media a través de Lidia Margarita Silva Carmona. El segundo aviso preventivo se envió el 5 de octubre del 2018.

Los notarios que contrató Gallardo violentaron el artículo 23 de la Ley del Registro Público de la Propiedad donde señala: “cuando se firme una escritura en la que se declare, reconozca, adquiera, transmita, modifique, limite, grave o extinga la propiedad o posesión de bienes inmuebles o cualquier derecho real sobre los mismos, el notario ante quien se realice la operación, dentro los cuatro días hábiles siguientes en que se haya firmado la escritura, por escrito o por los medios electrónicos previstos por ley y demás disposiciones, deberá presentar segundo aviso preventivo en el que se señale, I, el acto jurídico de que se trate. II. El inmueble materia de la operación, describiéndolo de manera indubitable sus antecedentes registrales. III. Nombre de las partes que intervienen en la operación y IV, fecha y número de la escritura pública”. Los cuatros fedatarios emitieron los segundos avisos preventivos hasta con 15 días de diferencia.

Pero la justicia federal paró en seco al ex edil y su equipo. El 14 de diciembre del 2018 el juez octavo de distrito ordenó al ayuntamiento dejar sin efecto y revocar la autorización de cambio de uso de suelo de un predio de 6.8 hectáreas en San José de Buenavista porque se violó la suspensión del amparo 30/2018-III. El resolutivo se dio el 14 de diciembre, con la que se avaló la denuncia de Cambio de Ruta ante diversos incumplimientos por parte de las autoridades estatales para conservar el área natural protegida. Le dieron al ayuntamiento un plazo de 24 horas para dejar sin efecto el acuerdo del 30 de agosto. El edil Xavier Nava Palacios insistió en los atropellos de su antecesor. El 21 de diciembre del 2018, en sesión ordinaria del cabildo, revocaron la aprobación del cambio de uso de suelo como ordenó la juez octava de distrito, Laura Coria, ya que se violentó el amparo 30/2018-III.

El ex regidor del ayuntamiento de la capital e integrante del Frente Ciudadano Anticorrupción, Manuel Nava, dijo que el predio colinda con 190 hectáreas donde se ubica el fraccionamiento Rinconadas de los Andes, que López Medina reclama como suyas. Son las mismas que en la década de los 50, se apropió mediante operaciones simuladas, su padre Carlos López Martin Campo que también usó a su papá ya fallecido para celebrar una compraventa de la superficie a los espurios dueños. Expuso que el terreno no tiene acceso de norte a sur. Significa que si Gallardo pretendía construir un fraccionamiento, debe convenir con el magnate. “No es descabellado imaginar que el mismo urbanizador le propuso se robara el predio. Pero flaco favor le hizo, vaya que lo engañó”. Dijo que al ex edil no le cuajó el despojo. Se sumaría a su creciente y dudosa fortuna. El Frente Ciudadano Anticorrupción, en febrero del 2018, promovió una demanda penal ante la Fiscalía General del Estado, por los supuestos delitos de enriquecimiento ilícito. Explicó que en 9 años, Gallardo Juárez y su familia adquirieron inmuebles por más de 3000 millones de metros cuadrados. Si el precio se tasara en un peso, significan 300 millones de pesos. Una gran fortuna que amasó sin justificar su origen. Cada peso que cubrió por los inmuebles, lo cubrió en su mayoría en efectivo.

Gallardo Juárez confrontó a Xavier Nava a través de sus alfiles. El presidente estatal del PRD, Ernesto Barajas, declaró que el munícipe no es juez ni ministerio público. “No tiene nada que ver con la política. Se afectaron los intereses ciudadanos, violaron la normatividad”. Nava Palacios se mantuvo, dijo que no hay riesgo de que se “caiga” la denuncia penal que se interpuso ante la fiscalía contra el ex presidente por el cambio de uso de suelo de una área protegida. Aseveró que se había cometido un delito federal que afecta el patrimonio de los potosinos. En el Instituto Catastral y Registral existe una inscripción del 2007, que corresponde a la fecha que se formó Servicios y Suministros de Zona Media. Pero hay otra del 30 de septiembre del 2018. El mismo día que el cabildo y Gallardo aprobaron el cambio de uso de suelo de las 6.8 hectáreas. Pero no es posible localizar sus oficinas actuales. En los archivos, hasta la fecha, aparece como dueño del predio Ricardo Gallardo Juárez. Nava advirtió el 19 de febrero que se trataba de la primera denuncia penal en contra del ex edil. Falta contabilizar el desvío de un cheque de 20 millones de pesos que terminó en la cuenta personal del ex alcalde. La tesorería municipal lo expidió un día antes de que dejara el cargo. Lo cambió el entonces secretario del ayuntamiento, Ernesto Barajas Ábrego, hoy líder del comité municipal del PRD. Después el monto se transfirió a una de las cuentas de Gallardo. Está pendiente el fraude de 15 millones de pesos de recursos federales para el rubro de seguridad que el también vendedor de pollos usó para comprar ollas que regaló a las personas que pagaron el predial a tiempo.