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Los que buscan relevar a Oviedo

Las negociaciones para elegir a la nueva oficial mayor del congreso, agarran fuera de lugar al aprendiz de cacique, Gabino Morales. Se especula que podría apoyar a la todavía directora del registro civil, Luz María Lastras, que tendrá el aval del gobernador Juan Manuel Carreras y de su mentor, el magistrado administrativo, Juan Ramiro Robledo, el delfín predilecto del extinto ex rector de la universidad autónoma, Alfonso Lastras, padre de la funcionaria. Si Lastras se cuela, es tácito el acuerdo del super delegado federal con el doctor en derecho, que ya no escarbará en expedientes incómodos y ambos buscarán impulsar a Robledo como el candidato idóneo de Morena a la gubernatura en el 2021.

Pero es una alianza improbable, ya que el dueto Lastras-Robledo tienen rencillas históricas con su verdugo, que nunca los dejó ingresar al partido, so pretexto de que buscarían saboteaerlo. En tal sentido, se complica además el arribo del psicólogo Gerardo Chávez Reyna, “El Borrego”, durante mucho tiempo fiel seguidor de Robledo. Aunque se menciona que lo empuja su hermano, el ex candidato a diputado federal por el distrito de Matehuala, Ariel Chávez Reyna. Cuenta con el aval de 5 diputados de Morena. Antes tuvo mayoría, pero no llegó. También se rumoró que a Lastras la propuso en primera instancia, el ex diputado federal, Cándido Ochoa, lo que dibuja otras complejas alianzas.

En las negociaciones secretas, se habló que Morales propuso una candidata oriunda de Guadalajara. Otro que suena es el ex regidor de Soledad, Óscar Barba, que se sumó a la lucha ciudadana para evitar el fraudulento negocio que el ex edil de la capital, Ricardo Gallardo Juárez, buscó cerrar con la empresa vendedora de lámparas lead, Panavi. El diputado local de Morena, Pedro Carrizales, propuso a su consejero, Óscar David Reyes Medrano, que antes participó de manera activa en el Frente Anticorrupción, donde hizo equipo con el vocero, Manuel Nava Calvillo, tío del alcalde Xavier Nava. Se mencionó al ex jefe de compras del ayuntamiento con Victoria Labastida, al polémico Martín Vázquez, que figuró en el comité municipal del PRD, bajo el mando de Miguel Ángel Hernández Calvillo. También pasó por Conciencia Popular, cuyo dueño es el varias veces legislador, Óscar Carlos Vera Fabregat. Vázquez ahora obedece al coordinador metropolitano de programas especiales, Leonel Serrato, que impuso a la ingeniera Marcelina Oviedo, corrida por usurpar funciones. Lo cierto es que ventiló las corruptelas internas y se peleó con las diputadas Sonia Mendoza y Beatriz Benavente.

El equipo que rodea al coordinador de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, Edson Quintanar, le remarcan que tiene la mayoría de votos para designar al relevo de Oviedo. Además, es un cargo que les pertenece, por lo que no debe estar sujeto a discusiones. Temen que por su inexperiencia, le den un revés. El dirigente de los comerciantes del Rebote, Juan Antonio Rodríguez Chessani, no se quiebra la cabeza. Adelanta que va a quedar quien garantice el saqueo del erario, los acuerdos contra el pueblo, la que cubra los desfalcos millonarios.

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No quieren de consejeros maestros a funcionarios

En sus afanes de suceder en la rectoría de la universidad autónoma a Manuel Fermín Villar Rubio, el secretario Juan Manuel Reinoso Sandoval aprovecha el vacío de poder que le genera su jefe para empezar a acomodar sus alfiles. En las elecciones de consejeros maestros de la facultad de derecho, que se llevarán en marzo próximo, empuja a la juez tercera de lo familiar, María Luisa Pérez de Portales, que ambiciosa, trata de reelegirse. Por su deficiente desempeño, los litigantes han solicitado su cambio a Valles. Ha fomentado el rezago en los juicios que maneja. Una de las razones por las que el presidente del Tribunal de Justicia, Juan Pablo Almazán Cue, desapareció la central de actuarios, un nido de corruptelas.

El defensor de oficio, Santiago Camacho, también aspira a ser consejero maestro. El ex secretario de gobierno y ahora diputado federal, Cándido Ochoa Rojas, lo hizo presidente de la Asociación de Abogados. En lugar de ayudar a los desposeídos en sus oficinas púbiocas, se dedica a chacotear en las escalinatas y cafetería de la escuela.

También aspira a ser consejero el director administrativo de la secretería particular del gobernador Juan Manuel Carreras, el catedrático Daniel Medina Castillo. No se descarta al consejero jurídico estatal, Daniel Pedroza Gaitán. Otro que busca colarse es el director del Centro Estatal de Estudios Municipales, Luis Gerardo Aldaco Ortega, operador político del ex alcalde de la capital, Mario Gracía Valdés, acusado de un desfalco millonario. Su mecenas lo hizo regidor, donde con frecuncia pasó la «charola» para juntar fondos económicos que los ayudara a ganar la gubernatura. Aldaco fue acusado de promover con recursos públicos, diversos candidatos para alcanzar la Federación Universitaria Potosina.

Un grupo de profesores inconformes por tener representantes «chambistas», denunciaron que si quieren participar en los procesos internos, deben renunciar al cargo de asesores del procurador, Federico Arturo Garza Herrera, el maestro Francisco Enrique Portillo Reyes y Alberto Armando Ayala Flores. En la misma tesitura se ubica la directora del registro civil, Luz María Lastras Martínez. La consejera de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública, Yolanda Esperanza Camacho Zapata. El director estatal de catastro, José Manuel Fajardo González.

El secretario del ayuntamiento de la capital, Marco Antonio Aranda. El síndico de Soledad, Pedro de Jesús Olvera Vázquez. El delegado de la secretaría del trabajo, Edgar Durón Puente. El delegado del Registro Agrario Nacional, Miguel Martínez Castro. El integrante de la consejería jurídica del estado, Jorge Alejandro Vera Noyola, hijo del dueño del partido Conciencia Popular, Óscar Carlos Vera Fabregat, que ya lo hizo diputado local y candidato a la alcaldía de la capital.

Los inconformes resaltaron que si quieren inscribirse en las planillas internas, antes deben renunciar a sus cargos de magistradas, María Manuela García Cázares y Luz María Enriqueta Cabrero Romero. Impugnaron al director administrativo de la secretaría particular del gobierno estatal, Daniel Medina Castillo. Si quiere contender, debe renunciar a la nómina en Estudios Municipales, León Felipe Cantú Pérez, que obedece a pie juntillas a su protector, Gerardo Aldaco. Los quejosos reclaman que el rector Villar sea más cuidadoso al aceptar los perfiles de los consejeros maestros con los que habrá de cohabitar varios meses antes de dejar el cargo que le busca arrebatar Reinoso.

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Las dirigencias partidistas, fuera del congreso local

Por mayoría de votos el congreso del estado aprobó la iniciativa de reformas a la ley orgánica del poder legislativo y al reglamento para el gobierno interior, para que sean los diputados y no las dirigencias de los partidos las que nombren a los coordinadores de fracciones. La propuesta fue impulsada por el llamado grupo de los broncos.

Los 6 votos en contra de la iniciativa fueron de los diputados Óscar Carlos Vera Fabregat, de Conciencia Popular, Lucila Nava Piña de Movimiento Ciudadano, José Belmares Herrera del Partido del Trabajo, Jesús Cardona Mireles de Morena y del PAN Josefina Salazar Báez y Héctor Meraz Rivera. Vera argumentó que al aprobar la propuesta se violaban estatutos, la constitución y principios básicos de los partidos. Aunque en las votaciones ganaba la mayoría, no significaba que tuvieran la razón.

El panista Héctor Meraz Rivera expuso que la ley se aplica para un fin particular. No tendría efecto en la práctica para el PRI ni el PRD donde sus estatutos señalan que los diputados elegirán a sus coordinadores. A los partidos minoritarios tampoco los afecta la reforma porque solo tenían un representante en el congreso. Se legisló para un grupo del PAN, por lo que preguntó: ¿a cambio de qué los legisladores de los demás partidos apoyaron los cambios, cuando no tienen ninguna consecuencia y sólo representa los intereses de un grupo? Ya se verá con el tiempo, se contestó. Lamentó que una institución como el congreso que representa a todos los potosinos sea usado para alentar la ruptura dentro de su partido.

A la sesión del congreso acudió un grupo de panistas que con pancartas censuraron a los diputados que promovieron la reforma. Al votar les gritaron traidores. A la asamblea irrumpió un conjunto musical conformado por chavos banda que tocaron y bailaron en protesta por el acoso de que son objeto los comerciantes ambulantes por parte de la autoridad municipal y en apoyo a las demandas de los maestros de Oaxaca.

El legislador del PRI, José Luis Romero Calzada, protagónico, cuando se decretó un receso por la llegada de los jóvenes, abandonó la curul y se puso a zapatear con un bailarín que acompañó al grupo. Les pidió después que los dejaran concluir la reunión y que al terminar dialogarían. Un comerciante le gritó que su partido el PRI y el gobierno de Enrique Peña Nieto matan al pueblo en Oaxaca, por lo que apoyarían la lucha de los maestros y no se iban a rendir. Acusó al legislador de mentiroso y no cumplir otros acuerdos.

El congreso dio entrada y turnó a comisiones las dos iniciativas que les envió el gobernador Juan Manuel Carreras donde solicita le aprueben contraer deuda por 732 millones de pesos, 232 para ejecutar obras y 500 para los 58 ayuntamientos.