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Los ayuntamientos de Cerro de San Pedro y Soledad demandarán a la minera San Xavier por invadir 200 hectáreas para buscar minerales

La alcalde de Cerro de San Pedro, Rosaura Loredo, junto con el edil de Soledad, Gilberto Hernández Villafuerte, denunciaron la invasión ilegal de casi 200 hectáreas de territorio que conserva biodiversidad por parte de la empresa Minera San Xavier, donde realizó explosiones y devastó el ambiente con el fin de ampliar la búsqueda de minerales.

Loredo señaló que existen 4 licencias de cambio de uso de suelo otorgadas por el ayuntamiento a la firma canadiense, las cuales suman un total de 200 hectáreas para explorar a nivel industrial, pero se extendió sin permiso otras 200, de las cuales 100 corresponden a San Pedro y 88 a Soledad.

Precisó que junto con su homólogo, buscan ejercer acciones legales para remediar el caso y la vida ambiental de la zona. Añadió que existe un comodato por parte de los ejidatarios de Palma de la Cruz con la empresa en base a una ayuda mutua, lo que no se compara con los beneficios que ha obtenido la trasnacional. Además debe existir un permiso municipal, no obstante que los campesinos hayan estado de acuerdo en facilitar los terrenos.

Por su parte, Hernández Villafuerte apuntó que luego de una inspección realizada a la zona donde se ubica la firma, se constató que realiza explosiones y utiliza químicos sin que se haya solicitado el cambio de uso de suelo.

Se llevó a cabo un primer acercamiento con directivos para dialogar sobre la invasión del terreno, pero no fueron recibidos ni atendidos. Al contrario, luego de la visita de la brigada municipal compuesta por las direcciones de Protección Civil, Ecología, Comercio, Desarrollo Urbano y otras, decidieron buscar un amparo que les fue negado.

Intentaron por segunda vez buscar al representante de la minera, Armando Fausto Ortega Gómez. Llegaron por la parte trasera, ya en territorio de Cerro de San Pedro, en las inmediaciones del cerro La Reposa, a un lado del sitio conocido como el Chiquihuitillo, donde se realizó la clausura del área afectada. El amparo negado no inhibe a la autoridad a condenar las devastaciones a la flora y fauna por acciones industriales. Se presentaron algunas fotografías y videos donde se constata el recorrido realizado por las áreas afectadas.

 

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Fraude ambiental

Un actuario del Poder Judicial del Juzgado Octavo de Distrito al buscar el domicilio del grupo Sierra de San Miguelito, que preside Edgardo de los Santos, ubicado en la zona poniente, entre la calle Oslo y Camino Real, se cansó de tocar e insistir dejando una notificación del amparo 1082/2018 en la que era emplazada como autoridad en una controversia promovida por comuneros de San Juan de Guadalupe. Encontró una finca abandonada con un muro pintado con vieja propaganda panista. El uso y manipulación de la academia para obtener salvoconductos y viabilidad en proyectos regresivos y de graves impactos tiene diversos ejemplos en la entidad.

Algunos ejemplos son Agenda Ambiental, creada para validar los trabajos de Minera San Xavier y por otra parte el financiamiento de la empresa canadiense a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí logró revertir el apoyo al movimiento ciudadano. Al publicarse el Plan Centro Estratégico de San Luís Potosí en el 2003, los integrantes de las empresas Desarrollo del Pedregal y Peña Blanca, se llenaron de júbilo, ya que les permitieron fraccionar y vender una área de 620 hectáreas del ejido Garita de Jalisco. Los empresarios echaron a andar un proyecto de expansión en las tierras de San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito. Al inicio fueron 5 mil hectáreas, luego se ajustaron a una primera etapa por más de 2 mil.

El estudio que presentó Desarrollo del Pedregal en 1999 y que sirvió para obtener un cambio de uso de suelo en la sesión de cabildo elaborada por Ramón Ortiz Aguirre, en relación al estudio de impacto ambiental, definía que el área superior a las 737 hectáreas, se encontraba impactada por la erosión y recomendaba urbanizar de manera escalonada y construir un campo de golf. Estableció que no existe fauna, sin paisaje que proteger. Un discurso permisivo y falso.

Es el argumento que en el 2018 trató de venderse, pero ahora sobre 2 mil 64 hectáreas pretendidas por la inmobiliaria Reserva en San Juan de San Juan de Guadalupe. Así como modificaron el principio respecto a la recarga del acuífero de la Sierra de San Miguelito, establecieron el mismo criterio en la Garita de Jalisco. Ahora explotarían al máximo el esquema en la comunidad.

En el 2009, el Grupo Sierra de San Luis Potosí, elaboró un estudio técnico justificativo para buscar una declaratoria de área natural protegida en el ámbito estatal. Desde entonces responsabilizan a los mismos comuneros de que las tierras no se integren y recomienda estudios para dar viabilidad al proceso inmobiliario. Es un estudio mediocre y lleno de ocurrencias. En el 2018, corrigen a conveniencia el estudio del grupo Sierra de San Miguelito para sustentar la declaratoria parcial, emitida en septiembre del mismo año. Ahora el estudio es suscrito por el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Secretaría de Gestión Ambiental. Sin embargo, además de transcribir el dicho del Grupo Sierra San Miguelito, excluyen las 2 mil 64 hectáreas. Es decir, lo que pretende el grupo de Carlos López Medina y la inmobiliaria Reserva. Argumentan los conflictos de tenencia de la tierra para excluir del decreto la totalidad del polígono comunal, omiten decir que los problemas derivan del objetivo de crear inmobiliarias en el área.

Una sierra sin recarga del acuífero

Todo se empezó a armar desde el 2002. Carlos López Medina, por una parte, inició la cooptación de los representantes comunales, representados por Anastasio Esquivel Jasso y demás fauna. Su meta era vincular el proyecto de Garita con el área comunal. En el 2006, la victoria de los grupos inconformes en la asamblea comunal, sólo alcanzó a detener el proyecto un par de años, pues en el 2008, el comisariado democrático se entregó en cuerpo y alma a los fraccionadores y la obscuridad volvió a la comunidad.

Desde entonces un membrete con rasgos de organismo no gubernamental, empezó a operar una declaratoria de zona protegida para la Sierra de San Miguelito, invocando un esquema similar al de Garita de Jalisco. Dejar a los desarrolladores el área ¨deforestada¨ y que paguen los proyectos y estudios que engrosen la fortuna de los dueños del Grupo Sierra de San Miguelito AC.

Establecer un área ecológica, desarrollar y permitir la urbanización. El área ecológica dibujó un embellecimiento ficticio, busca aplicar millones de pesos con su justificante. Además de Sierra San Miguelito AC, se creó un puñado de membretes ambientales. Incluso con un discurso radical y beligerante. Detrás de foros, talleres y hasta festivales, estuvo Sierra de San Miguelito AC y los recursos de los desarrolladores de la Garita de Jalisco. El tema era no permitir el nacimiento de un movimiento contra la urbanización. Reclutar cuadros que trabajaran temas que le dieran apoyo al proyecto, una fachada ambiental.

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¿Y?

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Autores: Oralia Guzmán, Elida Mendoza y Juan Pablo Moreno

PRELUDIO

El ¿Y? es una pregunta a otra pregunta. La petulante negativa a informar a los subordinados. Ano rendir cuentas. Es ya el axioma de un modelo autoritario de gobierno, enemigo de la crítica. Es un aviso que asfixia, para no indagar, cómo se abordan y resuelven los asuntos de la comunidad. Es la semántica abreviada que inhibe, cercena el diálogo, el derecho a preguntar y saber. Es un comportamiento arbitrario que entierra al otro. Lo pulveriza y desaparece. Es un asomo al fascismo.

El ¿Y? fue la actitud retadora que asumió Marcelo de los Santos, cuando le dijeron que la policía golpeaba a opositores a la minera San Xavier, en el contexto del primer informe de actividades. El ¿Y? vino cuando revolvió la figura política con cuestiones religiosas, al acudir a un aniversario de la diócesis potosina. El ¿Y? fue la intestinal reacción al reclamo de los costosos e inútiles viajes a Europa, acompañado de un obeso séquito. El ¿Y? fue el descaro asumido, al ser descubierto, de pagar con la nómina estatal, a domésticos particulares.

Casi a la mitad del camino, Jesús Marcelo de los Santos ha delineado, nítido, los perfiles de su mandato: el derroche a ultranza y la prepotencia. Ni siquiera ha presumido que arribó al poder con la aureola de opositor, ya que es beneficiario de oscuras maniobras, instrumentadas por los grupos hegemónicos. Y en la práctica cotidiana, encarna los peores vicios, que se creyeron extintos.

Editado por la serie, Libros de La Noticia, en la tercera obra, se analiza el dispendio irracional, de un personaje índole en el manejo de las finanzas, en una entidad sumida en la pobreza. Marcelo de los Santos, desfasado, sin freno alguno, dilapida el patrimonio colectivo, como si fuera jeque petrolero, mandante europeo, importado para el altiplano guachichil.

Por su lacerante actualidad, se retoma el fraude carretero y el caso de los fallidos invernaderos de Santa Rita, donde se confirman los nexos políticos y económicos, que guarda Marcelo de los Santos con su predecesor Fernando Silva Nieto, al que efectivo, lo hizo impune, ajeno a los incesantes reclamos de justicia.

Y aunque el soberbio ejecutivo se presume autónomo, en al penumbra y en la luz, se constata su dependencia umbilical con el jefe político de San Luis, Horacio Sánchez Unzueta, que lo vigila y acota con cientos de espías, disfrazados de colaboradores en el gabinete, donde son mayoría.

No obstante que los números son la especialidad de Marcelo de los Santos, ha resultado un pésimo administrador, que trastoca las cuentas y se muestra insensible a las prudentes voces que lo conminan a no incrementar los débitos y apegarse a la ley de transparencia. También se ofrece el retrato de un mandatario de extrema derecha, inmune a los cuestionamientos colectivos, enemigo del sindicalismo independiente. El velo se corre y aparece el rostro oxidado de un auténtico baluarte del viejo régimen, salido de las entrañas del PRI.

Hacer negocios, parece ser la divisa de Marcelo de los Santos, lo que lo convierte en uno más, en la convulsiva historia de la política local. Y como Carlos Jonguitud Barrios, Leopoldino Ortiz Santos o Fernando Silva Nieto, tiene de principales aliados a sus familiares. Un capitulo pendiente, que debe ser contado con máxima objetividad a los potosinos, es la historia de Marcelo de los Santos Anaya, traficante de influencias, metido de lleno al deporte profesional, la especulación del suelo urbano y los carros “chocolates”.

Una característica sui generis reviste de oscuro demócrata a Jesús Marcelo de los Santos Fraga: salpica hacia arriba, abajo y todos lados. Sus principales funcionarios, al final del sexenio, podrán engrosar las reducidas filas de los nuevos ricos en San Luis Potosí. Pero se trata también de otra crónica que habrán de esperar los sufridos lectores de La Noticia. Por lo pronto, para su completo beneplácito, les contamos, sin ambages, los entretelones de una tragedia local, donde el anti héroe trasciende al revés, en una buhardilla perdida en el tiempo y espacio.

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Lo peligroso de toparse con ministeriales

La litigante Marcela Alicia Galarza López, denunció en la procuraduría de justicia, por los delitos de amenazas, intimidaciones e intentos de extorsiones por parte de los agentes ministeriales Héctor Flores y Juan Gómez que también intentaron “levantarla. Me llamaron por teléfono para asistir a un lugar donde estuviéramos a solas con el menor número de gentes. Para según ellos, darme pormenores de una pesquisa en mi contra por dilapidar un vehículo con palos y piedras cuyo dueño es José Juan Gómez, familiar del comisariado de Cerro de San Pedro, Víctor Gutiérrez Márquez, con el que he tenido algunas diferencias, ya que defiendo a unos ejidatarios de la zona. Podría ser el fondo del asunto”.

Añadió que la llamó el policía Flores, para decirle que la investigaba. Le pidió el número del proceso para después asistir a declarar en su libre derecho. Le contestó que no podía entregar los datos vía telefónica porque lo podía grabar. “Me encontraba en una asamblea con el Frente Común de Comerciantes en la Posada del Virrey. Les pedí que asistieran. Lo que buscaron aplicarme fue el clásico levantón. Todos le tenemos miedo a los ministeriales. El señor Juan Gómez es familiar del comisariado ejidal al que demandé porque a dos de mis agremiados, Juan y José Luis Escalante Torres, no les entregó 200 mil pesos a cada uno de un fondo que entregó la minera San Xavier por el daño ecológico a sus parcelas, correspondiente al ejercicio 2016”.

En una supuesta asamblea, ya que nunca se llevó a cabo, el comisariado decidió que sus clientes ya no eran ejidatarios. “Todo es un revanchismo porque en rueda de prensa informé sobre el despojo del que fueron objeto mis defendidos. Son los únicos que en las asambleas ejidales defendían los derechos de la comunidad y cuestionaban las erróneas decisiones de las autoridades del ejido que encabeza Víctor Gutiérrez”.

La denuncia en contra delos ministeriales que dirige José Guadalupe Castillo Celestino, se radicó a la mesa especial de servidores públicos y el subprocurador Raúl Gerardo Flores Olguín prometió darle seguimiento para esclarecer el caso. Galarza expuso que las supuestas pesquisas en su contra por daños a un vehículo, al que le rompió el parabrisas y un espejo lateral, son falsas y no existe prueba alguna que la incrimine. Exige se le comprueben los dichos.

Dijo temer por su seguridad por los secuestros, levantones y hasta asesinatos en que se han visto inmiscuidos policías ministeriales donde existe una mafia de corrupción. “En el 2010, los ministeriales trataron de llevarse a mi madre y hermano Juan Miguel Galarza. Con la ayuda de mis seguidores, se los impedimos. Lo acusaron de tener una camioneta americana robada. La unidad era viejita, pero se legalizó. Se la llevaron al corralón. Litigamos pero al final desistimos por las amenazas de los agentes. Mucha gente que pierde un carro y luego lo recupera la policía, batalla mucho para que se los regresen. Ya no los queremos en Soledad, por los atropellos que cometen con la gente”.

Galarza lleva el caso de una compañera que fue asaltada en la avenida Ricardo Basilio Anaya, donde la asaltó otra mujer, que le fracturó el brazo de un golpe, por no soltar la cartera. Cuando el expediente llegó a la ministerial, se perdió. “Hay una serie de irregularidades y los casos no se resuelven. ¿Los policías están coludidos con delincuentes?. Otra señora fue agredida por una bailarina, a la que demandamos por lesiones. No le importó que la víctima tenga una discapacidad. Vive en Los Fresnos, en Soledad. Le digo a mis agremiados que cuando tengan un robo, lo reporten como fuego o que es un atropellado, para que al menos lleguen los bomberos. Cuando ocurre un atraco, nadie acude. El 911 es deficiente. No existen policías capacitados, con salarios decentes. Tampoco tienen uniforme. En Estados Unidos el número de emergencias sí funciona. Cualquiera llama para solicitar un bombero, policía o una ambulancia. En México falta capacitar a los agentes y acabar con las redes de corruptelas que existen en sus filas”.

Añadió que el fiscal que se habrá de nombrar, debe estar preparado, tener experiencia para brindar seguridad a los ciudadanos. Conocer el nuevo sistema de justicia. El gobernador Juan Manuel Carreras debe estudiar a fondo los perfiles que va a presentar. Indicó que el procurador Federico Garza no cumple con las exigencias. Confía en que se resuelva la falsa denuncia en su contra, que se generó por revanchismos del comisariado y sus adeptos a los que demandó. Anunció que la minera San Xavier les entregará casi 40 millones de pesos. Buscan manejarlos de manera arbitraria, ya que la trasnacional busca no resarcir el daño ecológico que provocó.

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Joel Ramírez usa el presupuesto de la Sege y se alía a desertores del PRI con tal de ganar una curul

Inspirado en el modelo tránsfuga del doctor en derecho Juan Manuel Carreras, que se brincó antes al PAN y luego se regresó al PRI para buscar la gubernatura, ahora el secretario de ramo educativo, Joel Ramírez Díaz, con la ventaja adicional del erario, adelantó los tiempos políticos para buscar la curul local por el distrito dos, aliado a desertores que hasta hace poco militaron e hicieron proselitismo para el PRD. El ansioso funcionario ya hace campaña prematura en Villa de Reyes, Zaragoza, Cerro de San Pedro, Villa de Arriaga, Tierra Nueva y Santa María, la cabecera distrital.

Algunos activistas inconformes establecen que el novato dirigente estatal del PRI, Martín Juárez Córdova, al que ubican de bajo perfil y nulo mando, no debe prestarse a las imposiciones de Carreras o habrán de provocar una profunda fractura en los comicios del 2018. Exponen que hace falta reivindicar perfiles adecuados a cada zona geográfica, cercanos y conocidos por la ciudadanía. No aceptarán les envíen personajes ajenos a los problemas locales, que después de conseguir sus egoístas propósitos, jamás se les mira de nuevo.

En Villa de Reyes, Ramírez se apoya en el dueto de los hermanos Martín y Eduardo Chávez, que antes buscaron dos veces la alcaldía sin éxito. Se confrontaron con el actual edil, Juan Gabriel Solis, que se maneja de manera autónoma y ha incurrido en actos de nepotismo y corruptelas en la entrega de los contratos de obras públicas. Eduardo Chávez se coló como diputado local, ya que hizo campaña de manera simultánea con el galeno de bajísimo perfil, Fernando Toranzo, al que sirvió antes como empleado en el departamento de prensa. En la etapa de legislador, se alejó de su hermano, al que no salpicó de los beneficios de sus dietas.

En Cerro de San Pedro, Ramírez no goza de las simpatías del munícipe Jesús Nava Loredo, abandonado por Carreras y Martín Juárez. Lo subestiman por encabezar un sitio pequeño, denostado y pulverizado por la minera San Xavier. Nava es hijo de la tres veces edil, Rosaura Loredo. Ramírez se podría confrontar con Nava, que tratará de reelegirse en alianza con otro grupo externo de alcance regional. El único y debilitado apoyo de Ramírez lo encontró en el ex tesorero José Socorro Alvarado Picaso, que al ser derrotado en la contienda interna, dio el bandazo y se apuntó como candidato del Verde Ecologista, donde alcanzó el tercer lugar en las votaciones. Lo superó la panista Alejandra Segura Villagarán, que logró el segundo sitio. Para pagar el auxilio emergente, Joel Ramírez tendrá que ir en contra de los intereses del PRI, cuando le cubra la factura a Alvarado, que volverá a competir por el Verde Ecologista en sus afanes por convertirse en presidente municipal.

Aunque en Villa de Arriaga el PRI ganó la alcaldía con el profesor oriundo de Maravatio, Michoacán, Armando Bautista Abad, Ramírez no tiene la garantía de un respaldo institucional. El edil es un miembro prominente del organismo de choque Antorcha Campesina. Incluso, logró la licenciatura en educación física en la normal Aquiles Córdova Morán. Los antorchistas cualquier apoyo clientelar lo condicionan a cambio de sustantivas prebendas. Lo que se le puede facilitar a Ramírez, ya que tiene a la mano el presupuesto de la Sege. En su oportunidad, la misma ventaja sacó Carreras, con lo que pudo adquirir nuevas propiedades en el centro histórico para ampliar las instalaciones de su universidad privada.

En Zaragoza, se le complica el escenario a Joel Ramírez, ya que habrá de enfrentar al cacicazgo en ciernes que encabeza la ex alcalde Amada Zavala, que impuso al actual edil, Xavier Gómez Reina, que se rebeló y corrió a los demás enclaves de su ex jefa, que prepara la venganza. El control del comité municipal del PRI lo tiene el tres veces ex candidato a la alcaldía, Rafael Cárdenas Govea, al que siempre lo dejó a la deriva la dirigencia estatal, donde se incluye Ramírez, que en los últimos comicios, coludido con la ex dirigente de la CNOP y actual diputada local, Marta Orta, se inclinaron por la abanderada del Partido Nueva Alianza, Paloma Bravo, que logró 2 mil 19 votos. Cárdenas 2 mil 833. Gómez los derrotó con 3 mil 349.

No obstante las tres derrotas que carga encima, Cárdenas ha servido como eficiente aportador de votos para la gubernatura, diputados federales y locales. Como Ramírez no lo auxilió, recurre al mínimo apoyo que le otorga el ex presidente municipal del PRI en el trienio de 1997-2000, Jesús Flores Carrillo, «El Chuyeras», que luego se pasó al PAN donde ahora milita en la oscuridad. A Cárdenas lo conceptúan como un engordador de caballos que cosecha puercos. Pero su futuro puede cambiar si concreta una alianza con el actual edil, Xavier Gómez, que planea regresar al PRI para blindarse de los inminentes ataques de Zavala, que buscará regresar a la alcaldía que le heredó al alfil que la traicionó. Es casi seguro que Cárdenas volverá a medir fuerzas con Zavala en el 2018. Confía en ganarle con los menos de 500 votos que le hacen falta y que ahora le juntará Gómez, su principal promotor.

En Santa María del Río, Joel Ramírez tiene de principal enclave al perdedor aspirante a la alcaldía por el PRI, Reynel Montero, al que hizo hace poco, director de secundarias técnicas. Colocó como recaudadora de finanzas a su hermana Marcelina Montero. No le importó que su aliado apoyó de manera abierta al candidato del PRD a la gubernatura, Fernando Pérez Espinosa, en lugar de respaldar al abanderado del PRI, Juan Manuel Carreras. Montero asistió además al cierre de campaña del candidato del PRD a la alcaldía, Mario Borjas, oriundo de la comunidad de Enramadas, quién quedó en segundo lugar con 4 mil 674 sufragios. El dueto hizo mancuerna con el experto en derrotas, el panista Jesús Vega, al que le ayudaron en su alianza con el Verde Ecologista y Nueva Alianza, que en otras partes hizo equipo con el PRI. Fueron batidos por su oponente Israel Reyna Rosas, con una diferencia de 2 mil votos. Ramírez tiene en contra al jefe político local, el ex edil Pedro Reyna, que maneja varias opciones para conseguir la curul local.

Reynel Montero buscó la alcaldía en 1992. Lo derrotó el comerciante distribuidor de la cerveza Corona, Ismael Pérez Grimaldo, que participó bajo la categoría de los «engomados». Era la etapa de las concertaceciones que impulsó el ex presidente Carlos Salinas, coludido con el PAN. El gobernador interino Gonzalo Martínez Corbalá negoció que Pérez renunciara al cargo. Entró de emergente el regidor del PRI, Bernardo Rodríguez, que terminó el mandato. En Tierra Nueva a Joel Ramírez lo auxilia el ex edil Margarito Chavarría, que luego intentó regresar sin éxito a la alcaldía. Fue entonces que apoyó a otros candidatos ajenos a su partido, como al abanderado de Movimiento Ciudadano, Juvenal Meléndez Sandoval. Se sabe que también respaldó al dos veces ex munícipe de Santa María, Pascual Martínez.