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Torres Corzo gana las obras del distribuidor Juárez por su cercanía con Meade

Las empresas asociadas Sánchez Valdés Construcciones, Maquinaria y Renta de Zacatecas y Constructora Santos Chisum fueron las elegidas para hacer los dos nuevos brazos del Distribuidor Juárez, con un presupuesto de 218 millones 534 mil 290 pesos. Se trata de la propuesta más cara, con cerca de 34 millones de pesos superior a las otras empresas participantes en las licitaciones.

Las firmas elegidas fueron validadas por la Junta Estatal de Caminos. Los demás participantes fueron descalificados en el proceso de evaluación técnica. La convocatoria mencionó que accederían a la etapa de viabilidad económica las sociedades que resultaran calificadas con más de 45 puntos de 50 posibles. Ninguna de las seis competidoras y sus asociados estuvieron cerca de lograrlo. Las más cercanas fueron La Paloma, LM y Alch que obtuvieron 31.75 puntos de 50. Maquirsa, en conjunto con Sánchez Valdés y Santos Chisum consiguieron 50 de 50.

La empresa Maquirsa y Renta de Zacatecas son propiedad de Luis Torres Corzo, hermano del ex gobernador y senador de la república, Teófilo Torres Corzo, ahora también operador político del candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade Kuribreña, que lo considera el hombre más influyente de la entidad.

Maquirsa es representada por Ricardo Fermín Purata Espinosa, quien fue director de la Junta Estatal de Caminos durante el sexenio del ex gobernador Fernando Toranzo Fernández. Y por cuatro meses fue director del Organismo Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, Interapas, de octubre del 2015 a enero del 2016.

Las irregularidades se le cuestionaron al actual director de la Junta Estatal de Caminos, Porfirio Flores Vargas, ya que podrían presentarse complicaciones en las obras que se harán en pleno año electoral. El funcionario trató de justificarse. “No me compete opinar sobre el tema. Lo mío es una cuestión técnica. Las bases del concurso estaban en la página de la dependencia. Todas las empresas tuvieron las mismas oportunidades, se les evaluó igual. A lo mejor por algún detalle omitieron un documento o no firmaron otro. Los documentos están foliados, notariados. Si alguien olvidó algo, es problema particular de cada participante. Nosotros fuimos muy claros desde el principio”.

El “Eje” Torres Corzo-Purata, como es conocido el grupo de empresarios, políticos y servidores públicos que obtuvo la obra del Distribuidor Juárez, logró apuntarse un triunfo más. Se interpreta como un posible pago de favores para la campaña presidencial de Meade, mediante financiamiento privado. El 6 de julio de 2017, el gobernador Juan Manuel Carreras anunció que los trabajos se harían con los recursos obtenidos por la penalización que pagó la Ford a San Luis Potosí al cancelar una planta armadora en el estado.

Aseguró que la obra estaría lista en un periodo de 18 meses. Se iba a conectar con la carretera a México, Rioverde y la avenida Salvador Nava. Lo que daría por concluido un proyecto de movilidad que se había iniciado hace 25 años. Sin embargo, la mala planeación provocó que en octubre del 2016, la iniciativa fuera suspendida por unos días, ya que el director de la policía vial del ayuntamiento de la capital, Leobardo Aguilar Orihuela, informó que el departamento especializado de ingeniería vial no emitió el dictamen de factibilidad para el proyecto. Consideró que los brazos ascendentes de la carretera a Rioverde y 57, que convergen en un solo carril, están en un tramo muy corto donde se juntan los dos carriles, lo que representa un riesgo.

Los recursos obtenidos por la penalización de Ford, no son suficientes. Aunque el estado recibió mil 169 millones de pesos, el nuevo brazo del distribuidor requiere 250 millones de pesos. Según los datos revelados por el secretario de finanzas, José Luis Ugalde Montes, los recursos de la Ford fueron utilizados para cubrir inversiones de saneamiento en el sector educativo, con un gasto de mil 29 millones, por lo que solo restan cerca de 140 millones de pesos para destinar al brazo del distribuidor vial. Ugalde mencionó que el faltante, 110 millones de pesos, se sacarán de recursos estatales del 2018 y 2019.

Las acciones debieron empezar el 2 de febrero del presente año, pero la Junta Estatal de Caminos y el departamento de ingeniería vial del ayuntamiento no tenían un plan concreto de vías alternas para resolver el problema de tránsito que ocasionarán las construcciones, que durarán casi dos años. Porfirio Vargas expuso que tenía pláticas avanzadas con el ayuntamiento, “llevamos a cabo reuniones para informar lo que se hará”.