En el primer año de ejercicio, la 63 legislatura se perfila en su mayoría, como la más servil y subordinada. Los actuales diputados le han aprobado sin objeciones, todas las iniciativas y propuestas que les ha enviado el gobernador Ricardo Gallardo Cardona. No se atreven a validar un punto de acuerdo en donde lo exhorten apoyar a la ciudadanía o cumplir una tarea.
El último episodio de los representantes populares fue salirse por la tangente. Con el argumento de que existen lagunas en la ley, decidieron no aplicar una pena, por mínima que fuera, al ejecutivo, por violar la veda electoral durante la consulta para revocar el mandato, al haber firmado un desplegado de apoyo al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador. Además de determinar que cometió promoción personalizada, vulneró el principio de imparcialidad y uso indebido de recursos públicos, durante el periodo en que se desarrolló la consulta, sentencias que emitió la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
El pasado 12 de agosto, las comisiones unidas de justicia y gobernación, que integran los diputados Cinthia Segovia, Juan Francisco Aguilar Hernández, Edmundo Torrescano Medina, Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, Nadia Esmeralda Ochoa Limón y Rubén Guajardo Barrera y la de gobernación, que preside José Luis Fernández Martínez, donde figuran Yolanda Josefina Cepeda Echavarría, Juan Francisco Aguilar Hernández, María Claudia Tristán Alvarado, Alejandro Leal Tovías, Cinthia Segovia Colunga y Martha Patricia Aradillas, se reunieron y aprobaron por mayoría el dictamen que se les presentó de no sancionar a Gallardo. El único que votó en contra fue el panista Rubén Guajardo Barrera.
Los diputados no se animaron a aplicarle un castigo, no obstante que existe en la cámara de diputados, el antecedente de una amonestación pública que se le hizo al gobernador en la etapa de diputado federal en agosto del 2021, por violaciones similares que cometió en su carácter de legislador, al promocionar un consultorio móvil durante la pandemia del Covid 19. En la pena que le impuso la contraloría interna de la cámara de diputados para cumplir una sentencia de la sala especializada del tribunal electoral, se acordó también inscribir a Gallardo en la lista de funcionarios sancionados en la plataforma nacional de transparencia.
En la asamblea secreta del 22 de agosto, el Congreso del Estado, por mayoría de 15 votos, convalidó el dictamen que les presentaron las comisiones unidas de Justicia y Gobernación, de no sancionar a Gallardo por violentar la veda electoral durante el periodo para revocar el mandato y desviar recursos públicos. A favor sufragaron los 7 diputados del partido Verde Ecologista, José Luis Fernández Martínez, Nadia Esmeralda Ochoa Limón, Eloy Franklin Sarabia, Edgar Alejandro Anaya Escobedo, Ulises Mendoza Padrón, Dolores Elisa García Román y Martha Patricia Aradillas. Los legisladores del PRI, Alejandro Leal Tovías, Yolanda Josefina Cepeda Echavarría y Edmundo Torres Cano. Los diputados de Morena, Cuauhtli Badillo Moreno y Lidia Nallely Vargas Hernández y las diputadas, Ema Idalia Saldaña Guerrero, de Movimiento Ciudadano, María Claudia Tristán Alvarado, de Nueva Alianza y María Elena Ramírez, de Conciencia Popular. En contra del dictamen votó el diputado independiente, Mauricio Ramírez Konishi. La del desaparecido Partido Redes Sociales Progresistas, Gabriela Martínez Lárraga. Los 6 diputados del PAN, Rubén Guajardo Barrera, Juan Francisco Aguilar Hernández, María Aranzazú Puente Bustindui, Guadalupe Flores Almazán, Ramón Torres y Bernarda Reyes se abstuvieron. Los diputados del PT, aliados del Verde en el congreso, René Oyarvide Ibarra, Cinthia Segovia Colunga y Salvador Isaís Rodríguez. Faltó a la junta privada, por asuntos partidistas, el de Morena, José Antonio Lorca Valle.
Los integrantes de la 53 legislatura se estrenaron en sus cargos al aprobar la iniciativa para declarar recinto provisional del Congreso del Estado, la Plaza de los Fundadores, para que Ricardo Gallardo rindiera protesta de ley como gobernador, el 26 de septiembre del 2021. Antes de concluir el segundo periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio legislativo, le dieron el visto bueno a las 11 iniciativas que les envió y están pendientes solo tres que llegaron durante el lapso del comité permanente. Le dieron salida a dos iniciativas de reforma y adiciones a artículos de ley de coordinación fiscal del estado. Algunas de sus propuestas las sacan en menos de una semana, como la enviada para reformar el artículo 66 de la ley de Hacienda para el Estado de San Luis Potosí y el artículo 12 de la ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2022. La turnó el 7 de octubre del 2021 y la aprobaron el 14 de octubre.
Votaron como trámite preferente, la propuesta para reformar el artículo 64, fracción uno de la ley de hacienda para el estado de San Luis Potosí, que alude a las placas gratuitas. Aprobaron la ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2022 y reformas al artículo 23 de la ley de hacienda. El presupuesto de egresos. Sufragaron a favor la iniciativa para incrementar las penas por maltrato animal e incorporar el mecanismo de agravantes, para lo cual se reformó el artículo 317 del código penal. Le sacaron la iniciativa de reforma al artículo 88 de la constitución local, a la ley orgánica de la administración pública, ley del sistema de seguridad pública y ley de tránsito para crear la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Civil del Estado. Sacaron las iniciativas para establecer los coeficientes aplicables para el pago de participaciones a municipios para el ejercicio 2022 y modificaciones a la ley de personas adultas mayores.
Están pendientes, tres iniciativas más. Una para incrementar penas al robo de cables eléctricos, gas o agua. Otra para abrogar el decreto legislativo 91 que declaró como domicilio particular del titular del poder ejecutivo, el inmueble de la casa ubicado en avenida Montañas Rocallosas 122, del fraccionamiento Cumbres, donde ahora se construye un alberge para menores de la calle y adultos mayores. Y una tercera que plantea modificar estipulaciones en tres artículos del decreto 260 que se publicó en enero del año en curso, donde establece coeficientes aplicables para el pago de participaciones a municipios en el ejercicio 2022.
Los diputados de la 53 legislatura, integraron con una celeridad inusitada, el comité jurisdiccional encargado de desahogar la solicitud de juicio político que presentaron en contra del ex alcalde de la capital, Xavier Nava Palacios e integrantes del cabildo, ejidatarios de Rancho Viejo la Libertad, por el presunto desacato a un mandato judicial, relativo a un puente que se construyó en el anillo periférico y avenida Industrias, en parte de un terreno que los quejosos, dicen, les pertenece.
A los 20 días después de asumir el cargo, los integrantes de la Junta de Coordinación Política encabezados por el legislador, José Luis Fernández Martínez, conformaron el 5 de octubre, el comité jurisdiccional que sustanciaría el procedimiento de juicio político contra Nava. Como presidente nombraron al legislador del PT, René Oyarvide Ibarra. El secretario es el diputado del PAN, Juan Francisco Aguilar Hernández y vocal, la diputada del Verde Ecologista, Patricia Aradillas Aradillas. El 14 se les tomó protesta y el 18 diciembre, en sesión secreta, aprobaron por mayoría inhabilitar por 18 años para ejercer empleos o comisiones en el servicio público, al ex alcalde Xavier Nava Palacios. Al presidente interino, Alfredo Lujambio Cataño, lo inhabilitaron 12 años. A la ex síndica Alicia Nayeli Vázquez Martínez, 15 años.
Determinaron imponer un castigo de 5 años para emplearse o ocupar un cargo o comisión en el servicio público, a los ex regidores, Frida Fernanda Rojas Zarate, Juan Daniel González Ayala, Juan Antonio Solís Herrera, María Verónica Campillo Salazar, Lidia Karina Zavala Rodríguez y Alma Mireya Cerino Zapata. Exoneraron de sanciones, al primer síndico, Víctor José �ngel Saldaña y los regidores del PAN, Cristian Iván Azuara Azuara, María Raquel Bárcenas Janet, Dulce Karina Benavides �vila, Jaime Uriel Waldo Luna y Verónica Rodríguez Hernández. Por supuesto, a los ex regidores del Partido Verde y reconocidos seguidores de Gallardo, Eloy Franklin Sarabia y Ana Rosa Pineda Guel, por no encontrar elementos de prueba que los delate.
Además de estar plegado al ejecutivo en turno, el congreso ha demostrado poca eficacia legislativa. La mayoría de sus integrantes han resultado reprobados en las tres evaluaciones que ha realizado el organismo, Congreso Calificado, que dirige el litigante, José Mario de la Garza Marroquín. En el primer ejercicio trimestral, solo el diputado del PAN, Rubén Guajardo Barrera, obtuvo una nota aprobatoria con un 7.1. Los cuatro que lograron números más altos, aunque menores al 6, fueron Liliana Guadalupe Flores Almazán, del PAN, con un 4.47. José Antonio Lorca Valle, de Morena, 3.75. María Aranzazú Puente, 3.6 y José Luis Fernández Martínez, del Verde Ecologista, 3.3. Los peores promedios los alcanzaron Héctor Mauricio Ramírez, con menos 2.95. María Claudia Tristán Alvarado, de Nueva Alianza, menos 2.1 y Cinthia Verónica Segovia Colunga, del PT, menos 1.65. La eficacia legislativa fue de 7.6%, con solo 12 iniciativas aprobadas de 157 presentadas.
En el segundo análisis trimestral, el escenario casi no cambió. Solo cuatro diputados lograron un número aprobatorio y 23 reprobaron. José Antonio Lorca fue el más alto, con un 7.23. Lo siguieron los legisladores del PAN, Rubén Guajardo Barrera, con 7.08 puntos. Ramón Torres García, 6.98 y Liliana Guadalupe Flores Almazán, 6.53. El legislador independiente, Mauricio Ramírez siguió como el peor examinado, con menos 2.85, además de ser el más faltista. El penúltimo lugar lo ocupó la diputada de Nueva Alianza, María Claudia Tristán Alvarado, con menos 2.1. En el cabús quedó Héctor Alejandro Anaya, del Verde Ecologista, con menos 1.4.
El segundo más faltista, no obstante obtener el valor más alto, fue Lorca Valle. El tercer sitio fue para Edmundo Torres Cano, del PRI. La eficacia legislativa de los integrantes del congreso fue de 19%, con 37 iniciativas aprobadas. En la tercera prueba realizada, la eficacia legislativa fue del 33.5%, por 106 iniciativas aprobadas y una nueva ley. Solo 4 de los 27 diputados obtuvieron calificaciones aprobatorias mayores al 6. Eloy Franklin, 7.23. Ema Idalia Ramírez, de Movimiento Ciudadano, 7.08. José Antonio Lorca, 6.98 y Alejandro Leal Tovías, del PRI, 6.53. Los peores calificados, todos con un cero, fueron Salvador Isais Rodríguez y René Oyarvide Ibarra, del PT. María Elena Ramírez, de Conciencia Popular y Claudia Tristán Alvarado, de Nueva Alianza. Edgar Alejandro Anaya, del Verde y el diputado independiente, Mauricio Ramírez. El trabajo que hace Congreso Calificado, mide el desempeño individual de los legisladores a través de 11 indicadores positivos y 5 negativos. La metodología considera el número de iniciativas o puntos de acuerdo presentados, pero también la eficacia al aprobarse.