En los cuestionamientos que hizo al informe final de auditoria de la cuenta pública 2015 del ex gobernador Fernando Toranzo Fernández, la diputada panista Xitlálic Sánchez Servín destacó que el invernadero de Santa Rita representó el ícono más grande de opacidad al no registrar ganancias. Calificó de inaceptable que el auditor superior, José de Jesús Martínez Loredo, no haya observado ni la mitad de un punto del presupuesto ejercido ni haber reparado en la ganancia ilícita de 34 millones de pesos que obtuvo el contratista Rodolfo Ramos Segura, hermano de la presidenta estatal del DIF, María Luisa Ramos Segura, en la compra de estufas ecológicas. Sánchez Servín fue la primera en subir a la tribuna para rechazar el trabajo realizado por Martínez que apenas objetó arriba de 103 millones de pesos de observaciones financieras a la cuenta pública 2015. Lo que significó el 0.49% del presupuesto de 21 mil millones 135 mil 514 pesos. Indicó que el órgano fiscalizador no investigó la adjudicación para instalar más de 34 mil estufas que se compraron a sobreprecios a una empresa que perteneció a Ramos, donde obtuvo una ganancia ilícita por más de 34 millones de pesos. Hecho que denunció uno de los participantes. “¿Cuáles fueron los señalamientos y presuntos delitos en que se incurrieron en la compra e instalado de 60 mil estufas ecológicas que reportó el ex gobernador Toranzo, en su sexto informe?. ¿Dónde están las observaciones en torno a las adjudicaciones y supuesto uso de recursos públicos para beneficiar a familiares?”, inquirió.
La diputada del PAN afirmó que en materia de salud, durante el último año de Toranzo, se dio cabida y gastaron más de 400 millones de pesos en empresas de outsourcing lo que representó casi el 15% de los 3 mil 412 millones de pesos ejercidos por los Servicios de Salud en el estado, cuando la dependencia hasta antes del 2009 contrató personal con sus propios recursos. No se investigaron ni se hicieron públicos los nombres de las empresas que pertenecieron a familiares del ex gobernador, que rescindían contratos y corrían a su suerte a los médicos y administrativos, sin pagarles un solo centavo de indemnizaciones. Expuso que tampoco fue observada por la Ase, la Torre Médica del hospital general de Valles, que se inunda en la parte baja. Se tuvo que destruir una pared para desahogar el agua en los últimos meses. Tampoco se investigó la outsourcing que la opera. Calificó de inexistente y una burla la supuesta conservación del eje carretero Xolol-Tamuín, que reportó Toranzo en el sexto informe. Manejó erogar 158 millones de pesos para conservar carreteras estatales. La diputada aseguró contar con las evidencias de que el tramo carretero está destruido y lleno de baches. Lo que originó en agosto del 2015 una protesta de ganaderos. “Es una burla que no veamos una denuncia o seguimiento al dinero supuestamente erogado”.
Sánchez cuestionó que en el rubro de infraestructura hidráulica, Toranzo alardeó culminar y entregar el sistema de agua potable Tének con lo que benefició a 8 mil 500 personas. En realidad se trata de una obra de mala calidad que tampoco observó Martínez Loredo. Metió tubería usada y vieja que pertenecía al sistema Tanchachín, el agua no llega a comunidades alejadas como Tamarindo, Chuchupe y Ojo de Agua de la Cordillera Tenek. Sánchez Servín objetó que el secretario de gobierno, Cándido Ochoa Rojas, reportó en el 2015, gastos por 10 millones de pesos para difundir el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, sin que existan evidencias de las erogaciones. A San Luis Potosí le destinó en el 2014 y 2015, 100 millones de pesos para los rubros de capacitaciones, infraestructura y equipamiento del nuevo sistema de justicia. La legisladora del PAN dijo que en casi todas las dependencias en el 2015 hubo opacidad, excesos y despilfarro del dinero del pueblo. En más de una, malversación de recursos y un estilo caciquil al mal gastar el dinero de los potosinos. Los invernaderos de Santa Rita no reportaron ganancias en el 2015. El dato contrasta con lo dicho por el secretario de desarrollo agropecuario y recursos hidráulicos, Héctor Rodríguez Castro. En una entrevista de enero, reveló que en cada ciclo se producen 10 mil toneladas de tomate gurmet. El costo por tonelada era de 400 dólares por lo que las ventas rondaban los 4 millones de dólares. ¿Dónde está el dinero que dejan los huertos?, preguntó Sánchez. Calificó de cómplice al que votara a favor de la última cuenta de Toranzo.
En su turno, la también panista Josefina Salazar afirmó que en el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, se presentaron casos documentados de irregularidades y presumibles actos de corruptelas en el ejercicio 2015 en un presupuesto cercano a los 580 millones de pesos. Pero no fue revisado por la Ase. Enumeró entre las anomalías del DIF, los precios exorbitantes en la compra de productos básicos para los programas de desayunos escolares y la entrega de despensas, que repartía a la gente más vulnerable. Precisó que Toranzó pagó el kilo de harina de maíz a 12.30 pesos cuando Distribuidora Conasupo lo ofrecía a 9 pesos. El sobreprecio fue del 36%. Compró el kilo de arroz en 15.40 pesos cuando Diconsa lo tenía en 8.86 pesos. El incremento fue del 70%. El kilo de frijol lo adquirió en 26.8 pesos cuando lo pudo comprar en 16.45. El aumento fue del 60%. Además de los costos alzados, las compras se realizaron mediante contrato directo a parientes de funcionarios de alto nivel.
Por el cúmulo de irregularidades, añadió, el gobernador Juan Manuel Carreras inició un proceso administrativo ante la contraloría estatal. También rechazó el otorgamiento ilegal de plazas de base a trabajadores de confianza e inició pesquisas contra el ex director jurídico del DIF, Héctor del Castillo Chagoya, que al mismo tiempo cobró servicios profesionales por 2 millones 600 mil pesos en el Instituto Potosino de Ciencia y Tecnología y 750 mil pesos en el Organismo Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado. Estableció que la contraloría estatal inhabilitó por 10 años para ocupar cargos públicos al ex funcionario. Pero no se le exigió resarcir el daño económico ni se fincaron cargos a su jefa inmediata, María Luisa Ramos Segura. Salazar indicó que el solo caso del DIF era suficiente para no creer en el trabajo del auditor, que calificó de inverosímil e incongruente. Argumentó por qué los legisladores del PAN no aprobarían la cuenta de Toranzo. Estableció que no se fiscalizaron los ingresos propios de varias dependencias. Las variaciones y ampliaciones al presupuesto que de 37 mil 500 millones de pesos pasó a 41 mil millones. La diferencia se destinó en su mayoría al rubro de servicios personales, cuando la ley exige se aplique al gasto social.
La Ase no revisó el destino del crédito de 750 millones de pesos que se autorizó a Fernando Toranzo para apoyar la llegada de la trasnacional BMW. No constató que los recursos se aplicaran de manera responsable, trasparente y con apego al decreto. Cuestionó que en el ejercicio 2015, de 2816 procesos de adquisiciones, el 70% se hizo por adjudicaciones directas o invitaciones restringidas. Y solo el 25% a través de licitaciones públicas como marca la ley. La también presidenta del congreso local aseguró que un argumento irrebatible que desmiente el informe final de auditoria presentado por la Ase, un hecho que perciben los ciudadanos, son los datos que arrojó la encuesta nacional de impacto gubernamental realizada por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e informática en el 2014. Entonces se ubicó a San Luis como el estado más corrupto del país. La tasa de prevalencia por cada 100 mil habitantes fue de 17 mil 907 ciudadanos. Significa que 465 mil 57 personas fueron víctimas de hechos indecentes. “La realidad fue visible para todos, incluso para Martín Toranzo, hermano del ex gobernador, que a finales del 2014 denunció por extorsión y cohecho a funcionarios estatales por involucrarlo en el reparto de obras y contratos. No se supo el final de la denuncia. No se investigaron los señalamientos ni se deslindaron responsabilidades en el informe de la cuenta pública”.
El legislador panista Héctor Mendizábal Pérez respaldó los comentarios de sus compañeras de bancada. No votaría a favor de la cuenta de Toranzo porque no se observaron los principios generales de contabilidad, que permiten garantizar el trabajo de análisis. Calificó de irresponsable, ilegal e injusto, evaluar con un solo dictamen la cuenta final del galeno, cuando abarca 3 meses de Juan Manuel Carreras. Dijo que de acuerdo al estudio que realizó el consejo ciudadano de transparencia y vigilanacia para adquirir y contratar obra pública estatal, durante el periodo del ex gobernador Toranzo, las adjudicaciones directas se dispararon en más del 60%. En el actual gobierno se recuperaron los niveles entre el 11 y 14%. Preguntó si sería justo calificar el desempeño de la actual presidenta del DIF, Lorena Valle, por el despliegue que tuvo María Luisa Ramos…continúa (tomado de la revista, JULIO 2016)
