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Catedráticos denuncian el despotismo e ineficacia de Ocaña Gómez al frente de bellas artes

Maestros del Instituto Potosino de Bellas Artes denunciaron diversas anomalías en que han incurrido la directora Marta Eugenia Ocaña Gómez y la coordinadora de artes plásticas, Martha Leticia Franco Careaga. Pareciera que lucran con sus cargos.

Los catedráticos dijeron que los obligan a firmar contratos de 6 meses sin ningún sello de la Secretaría de Cultura ni de la Oficialía Mayor. “Son documentos apócrifos. No tienen fundamentos avalados por un organismo superior. Buscan perjudicar a los trabajadores que ya tienen más de 20 años de laborar. Existe el riesgo de que ya no se respeten las vacaciones, aguinaldo y no nos contraten”.

Las hostiles maniobras afectan a 15 mentores de música, dibujo, danza y pintura, por lo que se han negado a firmar el escrito. Un catedrático fue presionado a signar o de lo contrario lo iban a suspender. “No nos permiten sacar copia. Argumentan cuestiones de transparencia y que habrá una auditoria”.

“Parece que nos quieren desocupar para llenar los espacios con gente allegada a la directiva, que incrementó las contrataciones, sin que sean necesarias en el área administrativa, donde se cuenta con doble personal. Como no pueden correr a los sindicalizados, se creó otra instancia paralela. Metieron otro encargado de prensa y un jefe de limpieza”.

Se sumaron docentes que carecen de conocimiento y trayectoria cultural. En algunos casos no imparten clases. “Son recomendados que han entrado al área de pintura y música. Apenas acuden a checar”.

Expusieron que Ocaña Gómez ha tenido un desempeño deficiente. Desconocen que Franco haya sido antes maestra. Ahora asume una actitud déspota y arbitraria. “Son personas que no conocen nada del tema. Tienen el perfil de administrativa. Son neófitas. El responsable es el titular de cultura, Armando Herrera. Las puso por ser amigazos o con tintes políticos. Manejan la dependencia con criterios privados. No permiten el acceso de los que no son alumnos, maestros o personal administrativo. Hay que mostrar un gafete que acredite la entrada. Las medidas afectan la imagen del instituto”.

“A los turistas que antes entraban a conocer el recinto o comprar obras, ahora se les niega el acceso. Alegan que para mejorar, pero repelen a los que buscan informes de los talleres que se imparten. Incluso a los familiares de los maestros que llegan a buscarlos en las instalaciones. Salvo previa cita. Es algo que está fuera del raciocinio y la ética. Siempre existió antes la libertad de entrar a las personas que les gusta el arte o desean conocer las instalaciones”.

Otra muestra privatizadora se constata con los exagerados incrementos a los talleres que se imparten, con lo que desaniman a los interesados en incursionar en las artes. Las becas y apoyos que se daban antes para apoyar el talento joven, se redujeron casi en su totalidad. “El respaldo es limitado, condicionado y restringido. Los talleres tenían hasta 25 alumnos, hoy si acaso acuden 5 alumnos, ya que se cobran cuotas semestrales, que oscilan en los mil y mil 500 pesos, cuando no pasaban de los 300”.

Los afectados desconocen en qué se invierte el dinero recaudado, ya que las carencias aumentaron. Aunque hace poco se arreglaron las instalaciones, ya se notan deterioradas. Exponen que se perdió la libertad de cátedra. Les imponen el sitio y proveedor donde comprar los materiales que necesitan. Antes los alumnos elegían tema. Ahora se los endilgan, junto con las medidas del material, marco y carpintero. El pretexto, unificar exposiciones, en detrimento de la libertad de catedra y de expresión. La que más presiona es Franco para imponer su forma de trabajo, de manera arbitraria.

Los culpan de no tener alumnos, deslindan a los encargados de prensa y allegados a la directora. Los quejosos relatan que en otras administraciones, se promovía el arte, exposiciones y los talleres sin aspavientos. Las obras que exponían los alumnos se usaban para promover al instituto, lo que también se erradicó.