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El PRI se ensaña con Lupe Zamudio

En las tres veces que compitió por la alcaldía de Tamasopo a José Guadalupe Zamudio Zavala le cometió fraude el PRI. En su primer tropiezo se mide contra Cristina García Ventura. Entonces era secretario del ayuntamiento en el trienio 2007-2009. Se le complicó conseguir las siglas para contender. «Me cerraron las puertas en el PAN. Estaba de presidente estatal Héctor Mendizábal. Le sugerí que se llevaran a cabo votaciones internas, pero se negó. Respaldó a Salvador Nato Franco. Busqué espacio en el PRD donde ya tenían abanderado, lo mismo en el Partido del Trabajo. Algunos profesores me ofrecían el apoyo de Nueva Alianza, pero se opuso el dirigente José Luis Briones. El Partido Social Demócrata me dio la oportunidad. Pero siempre tuve el empuje de mi gente”. Alcanzó el registro al aglutinar 2 mil 500 personas. Al final lo aceptó Nueva Alianza. Lograron 4 mil 225 votos, más 375 nulos. Le quitaron el triunfo por una diferencia de 52 puntos. “Ganamos. El fraude me lo hicieron a través de los votos anulados. La ciudadanía de bajos recursos siempre me ha inspirado, ya que tienen sueños. Imaginan un cambio positivo para Tamasopo. Nos fuimos a los tribunales a Monterrey, pero el fallo benefició a Cristina García, con una diferencia de 25 sufragios”.

No obstante ser observada e inhabilitada por la Auditoría Superior del Estado a raíz de su desempeño como ex alcalde, García Ventura trabaja ahora como secretaria del ayuntamiento con el actual edil Gabriel Hernández. «Las fallas que arrastra fue por malos manejos en la zona indígena en el sistema de agua potable. Solicitó grandes inversiones para la calle principal de la cabecera. Las obras se las entregó a su esposo, el contratista y prestanombres, Juan José Zúñiga. El pésimo ex auditor superior del estado, Jesús Martínez Loredo, no hizo nada para castigarla. Siempre he respetado a las mujeres, pero en su momento tuvo un nefasto gobierno”.

En el segundo capítulo, Zamudio se registró a través del Movimiento Ciudadano. Compitió contra el opositor del PRI, Vicente Segura. Lo derrotó con 5 mil 675 votos. Le entregaron la constancia de mayoría como presidente municipal electo. “Pero nos llegó la noticia que la urna 111, perteneciente a la comunidad de Puente Verde, había sido quemada y nos culpan a nosotros. El caso se hizo nacional. Fuimos a los tribunales. En la urna impugnada el total de votos fue de 273. Como se alteró el resultado, creció el total. Al final le dieron el triunfo a Segura, que se impuso con una diferencia de 82 votos. El dirigente del partido, Eugenio Govea Arcos, no me respaldó. Con los votos de mi candidatura logró ser diputado plurinominal por lo que ya no quiso intervenir».

Segura también se encuentra inhabilitado y observado por la Ase, ya que fue uno de los ediles «más mercenarios. Lo conozco desde que vendía empanadas. Lo cual es algo muy digno pero no al grado de que como ex funcionario se haya convertido en el millonario más influyente de Tamasopo. Hizo su fortuna del erario. Las obras las ejecutó por medio de prestanombres, como su esposa Margarita Román. Su hija, hermano y primos de su cónyuge. Infló el costo de los trabajos. Llevó a la comunidad de Agua Puerca al ex gobernador Fernando Toranzo a inaugurar una obra. Antes envió una pipa de agua para llenar el tanque. Si alguien investiga, se dará cuenta que no hay una gota. Los tubos se encuentran tirados”.

En la última disputa Zamudio Flores obtuvo 7 mil votos contra el candidato del PRI y actual alcalde Gabriel Hernández. Ahora el fraude se efectuó en la comunidad El Chino, la cual no alcanza los 700 habitantes. «Obtuvo arriba de 600 sufragios, más de los que tiene el poblado. Sacaron a votar a gente que ya había muerto. Hernández siempre fue un oportunista acaparador de la obra pública al patrocinar a los candidatos de su partido. Fue una manera de ganarse el puesto. Invirtió y ya se lo debían. Lograron mantener la alcaldía por medio del robo. Los priistas solo han provocado retrocesos. Son los más interesados en que exista la pobreza e ignorancia”.

Zamudio Flores calificó el desempeño de Hernández como pésimo. «Además, es un mal agradecido. Le dio la espalda a los patrones que en su momento lo impulsaron, como Tito Fortaneli, Cristina García Ventura y algunos colaboradores de Salvador Norato Franco. Hace obras de drenaje, electridad y pavimento a través de prestanombres y no los da nada a sus jefes. El periódico El Mañana de Valles lo tildó de nuevo rico, pues ya tiene su propia gasolinera, con camiones y permisos. Se quiere apropiar de unos terrenos de piedra para elaborar cal y cemento. El predio pertenece a la comunidad La Palma. Son casi 30 hectáreas. Le pertenece a los indígenas, que no dejarán se los quiten con mentiras”.

A Gabriel Hernández le acaban de autorizar un préstamo de 12 millones de pesos para finiquitar obras que ya fueron terminadas en el mandato de Vicente Segura, como el drenaje y la red de agua potable del panteón de Agua Buena. “El dinero lo quiere porque tiene un terreno al costado del cementerio. Le urge que haya drenaje para fraccionarlo. Son cerca de 12 hectáreas las que compró. No le cuestan nada. Sabemos que en la Auditoria Superior del Estado hay gente corrupta, nefasta, desde siempre. Están confabulados con los diputados federales y locales como Óscar Bautista, que le invierte a los municipios pero es uno de los que sacan enormes ventajas. Necesitamos desaparecer la pobreza para ya no depender del gobierno. Es como tienen el voto cautivo. Lo compran con la despensa o ayuda médica. Los hostigan para controlarlos”… continúa (tomado de la versión impresa, Junio 2017)

 

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En el congreso falta liderazgo para elaborar iniciativas trascendentes

Presentar iniciativas por parte de los diputados de la 61 legislatura se ha vuelto una Disneylandia de ocurrencias, lo que la ubica con casi 600. Sin embargo, los niveles de productividad son bajos, pues solo logran aprobarse el 28%. Las que aportan temas importantes para los ciudadanos, se descarrilan. Tampoco pasan, destacó el litigante José Mario de la Garza Marroquín, que preside la agrupación Congreso Calificado, que ha realizado 5 evaluaciones trimestrales a los diputados locales.

«Es bajo el nivel de aprobación de las iniciativas que en lo individual presentan los diputados, refleja que en la actual legislatura no se prioriza, no existe liderazgo en las bancadas. No hay un criterio para decir por dónde debe orientarse el trabajo en San Luis Potosí. Las labores las efectúan los asesores, la infraestructura con que cuenta el congreso. Un día llegan los diputados y les ordenan hacer 4 ó 5 que al final no se aprueban o en su caso, caducan, porque ya existe un término máximo de 6 meses para que se dictaminen. Son pocos los que se aplican en las comisiones, los que buscan convencer a sus compañeros para sacar adelante las propuestas. La mayoría prefiere irse a sus distritos a entregar láminas, cobijas, despensas. A labores de gestoría, lo que no les corresponde, pero utilizan el dinero del congreso».

Añadió que el nivel de caducidad en la última medición es altísimo, porque hay diputados que han presentado 20 ó 30 iniciativas que no alcanzan a salir. “Es una tarea que se ha prostituido, pero hasta la fecha ningún diputado ha levantado la voz para decir vamos a pararlo. Las preguntas que se deberían hacer, es ¿cuántas iniciativas podemos presentar, que serán aprobadas?, ¿para cuánto nos da?, ¿cuáles son los temas más importantes para San Luis?. Los 27 diputados deben sentarse y discutirlo, sopesarlo, dividirse el trabajo”.

Añadió que la actitud de los legisladores por presentar iniciativas casi en masa, que al final no se aprueban, podría compensarse si sacaran las propuestas más trascendentes para los ciudadanos, como la eliminación del fuero, los matrimonios igualitarios o la ley de participación ciudadana. Las propuestas no se califican o abortan a última hora, porque hay una contra instrucción, como ocurrió en el caso de los matrimonios entre personas del mismo sexo. Ya existe un resolutivo de la Suprema Corte de Justicia. Lo que se necesitaba era corregir la ley estatal en la materia porque viola la constitución federal, pero se impusieron los intereses conservadores y los acuerdos con el clero. Se pronunció por eliminar de la ley los puntos de acuerdo que presentan los legisladores, por obsoletos. No se toman en cuenta y solo se utilizan como escaparate político, para el lucimiento personal.

Otro dato que arroja Congreso Calificado es que hasta la última medición de diciembre del 2016, solo 5 de los 27 diputados han cumplido con la tarea de presentar sus declaraciones patrimoniales, fiscales y de conflicto de intereses. Lo que se conoce como 3 de 3. Los que accedieron hacerlo son Gerardo Serrano Gaviño, Enrique Flores Flores, Héctor Mendizábal, Martha Orta y Josefina Salazar Báez. Aseguró que el costo del congreso sobre las dietas que les pagan los ciudadanos, no corresponde con lo que genera. Es además un poder debilitado, no un contrapeso que revise de manera efectiva el gasto público. “La Auditoria Superior es la que fiscaliza los recursos. Su titular José de Jesús Martínez Loredo, les prepara los dictámenes. A los diputados les toca palomearlos, someterlos a un trámite de votación. Los legisladores tienen la tarea fundamental de hacer leyes, pero se distraen al ir a las comunidades. Un ejemplo es que hasta ahora no se ha tocado el tema anticorrupción. Se debió abrir un debate ciudadano de cómo va operar, quienes tienen los perfiles”… continúa (tomado de la versión impresa, Enero 2017)

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Sectores sociales claman por seguridad

En términos simples entendemos la palabra seguridad como la ausencia de peligro o riesgo para nuestra vida, patrimonio, trabajo y familia principalmente. Es también el sentimiento de bienestar que nos brinda una sensación de confianza que tenemos en algo o en alguien. Desde el punto de vista social, la seguridad debe ser la garantía que tienen las personas de estar libres de todo daño, amenaza o peligro; es la necesidad de sentirse protegidas contra todo aquello que pueda perturbar o atentar contra su integridad física, moral, social y hasta económica. Así, la seguridad social se refiere al conjunto de normas o reglas de comportamiento obligatorias que dicta el gobierno, que forman parte de las garantías individuales y sociales que conforman la Constitución Política Mexicana, con los derechos fundamentales que los ciudadanos mexicanos debemos gozar plenamente, que son los de libertad, seguridad, igualdad y propiedad.

En la legislación potosina, la Constitución Política igualmente nos garantiza los mismos derechos que la Constitución Federal, pero en la realidad de los acontecimientos que hemos estado viviendo en los últimos días en las diversas regiones del estado, el problema de la inseguridad se ha incrementado. Según lo leímos en la nota de Jorge Torres, de La Jornada San Luis, que dice: “El presidente de la Asociación Potosina de Abogados, Vicente Rosas Serrano, señaló que, aunque no se está todavía en una situación de alerta, sí preocupa la creciente inseguridad que se está viviendo en el estado, especialmente contra el gremio al que pertenece, esto después de la muerte del conocido abogado René Cervantes Gutiérrez, ocurrida la madrugada del lunes en Matehuala, por lo que exigió al titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), Arturo Gutiérrez García, atender este problema y que brinde seguridad tanto a los abogados como a la ciudadanía en general”.
Como reacción a la inseguridad, el diputado Héctor Mendizábal solicitó ayer a las autoridades que apliquen medidas urgentes que contengan el índice delictivo y, sobre todo, que no se caiga en la impunidad, ya que todos estos actos violentos deben ser castigados y los responsables llevados ante la justicia. El diputado panista agregó que está impunidad lo único que provoca es más inseguridad e indicó que los diputados están dispuestos a trabajar de la mano con las autoridades en materia de seguridad pública, en particular con la Secretaría de Seguridad para hacer las reformas que sean necesarias toda vez que la inseguridad va creciendo, señaló.

El presidente municipal de la capital potosina, Ricardo Gallardo Juárez, reconoció ayer que es insuficiente la coordinación que existe entre la Policía Municipal y la Policía Estatal para la disminución a los índices delictivos que se han registrado en los últimos días, por lo que es factible la presencia del Ejército mexicano en la capital para reforzar la seguridad. Y hasta exhortó al gobernador del estado, Juan Manuel Carreras, para que haga presión al desempeño de todos sus funcionarios, incluyendo a Arturo Gutiérrez, quien lidera el Mando Único en todo el estado potosino. La Iglesia católica, por conducto de su vocero, José Priego Rivera, conminó a los diversos niveles gubernamentales a colaborar entre sí, a fin de erradicar la inseguridad. Estas son las voces que los medios de comunicación difunden, pero existen miles de potosinos que clamamos por gozar de la seguridad en el estado, estamos cansados de escuchar que hay otros estados peores. Eso ya lo sabemos, el país tiene una gran crisis de credibilidad en el gobierno. La inseguridad es como hierba mala que no se arranca de raíz. Pero como potosinos, nos interesa nuestra entidad, queremos que bajen los índices de corrupción, que la seguridad se convierta en una realidad tangible. Que los diputados funcionen, que la impunidad cese. Que se castigue a los malos funcionarios. Necesitamos acciones concretas para revertir el problema en todos los niveles. Ya es tiempo de reivindicar la seguridad. Es nuestro clamor.