La niña Zoé Zuleica Torres Gómez es la menor desaparecida del sexenio de Juan Manuel Carreras, que debe encontrarla antes de irse, sentencia el presidente del Centro de Derechos Humanos Samuel Ruiz, el litigante Ricardo Sánchez García. Destacó que desapareció el 27 de diciembre del 2015, cuando estaba dentro de una camioneta estacionada afuera de un salón de fiestas, ubicado en la colonia Genovevo Rivas Guillén. Un sitio semi despoblado, en un radio de dos a tres cuadras, cerca de la media noche. Calificó el caso como inédito y de los más difíciles de resolver. Censuró la falta de pericia del ministerio público, nulos recursos e insensibilidad para no culminar algunas líneas de análisis. No hay avances. El fiscal Federico Garza Herrera no ha realizado los arreglos suficientes para la búsqueda. Cuando la niña fue sustraída del vehículo, la madre, Carolina Gómez Rocha, presentó la denuncia en lo inmediato.
Los familiares y la procuraduría la buscan sin resultados. Le dijeron que no se preocupara, que al día siguiente iba a regresar. “Nosotros tomamos el caso a los tres meses, cuando la madre llegó a nuestra oficina. Conseguimos la carpeta. Nos dimos cuenta que no existían actuaciones fundamentales. Las entrevistas no se terminaron. No abordaron a mucha gente. Algunos exámenes psicológicos obligatorios, que debieron hacer a los parientes, no se aplicaron. La inactividad en las averiguaciones previas, resultaron fundamentales para que la niña no fuera localizada. Iniciamos pesquisas con documentos, informes, periciales que hicimos después, con testimonios que acudieron a la fiesta, donde desapareció la menor. Hay hilos sueltos que deben seguirse. La fiscalía ha informado que hay casos resueltos. Pero contabilizan todo. Si un niño se le suelta de la mano a la mamá y después lo localizan, lo suman a favor”.
“La encargada del programa Alerta Ámber ha dicho que el único caso de niños que no ha resuelto es de Zoé Zuleica Torres. Es mentira, está el caso de Tadeo Morales González, hijo de la perito Guadalupe González Vázquez, que no lo ubican como desaparecido. Hay muchos infantes y jovencitas en San Luis que no han regresado. Algunas se van por problemas familiares. En el caso de Torres, no hay justificaciones para no aclararse. Le hemos dicho a la autoridad, que no importa resuelvan mil asuntos si existe uno pendiente. ¿Cómo le explican a la madre, familiares y ciudadanía, que la niña no ha regresado en más de tres años al hogar?. Le quitaron el derecho de crecer con los suyos, más allá del dolor de la mamá y su hermanito de 10 años. No se ha concretado por carencia de fondos, nula capacidad para tejer estrategias de búsqueda, incluso, en otros países”.
-Culpan a la madre de haberla dejado sola, en la camioneta.
-Es muy fácil hacer un juicio sobre las progenitoras. En los tiempos actuales, pesa mucho el rol de las mamás. Nosotros que hemos estudiado el asunto a fondo, sabemos que hay muchas circunstancias alrededor. Son económicas, anímicas, de salud, relacionadas con el concepto de ser mujer. Hay un tema de género y violencia en el caso. No hemos querido darle realce a pesar de las críticas que ha tenido. Las atenciones deben centrarse en que, bajo ninguna circunstancia, nadie puede sustraer una menor y llevársela. Hubo alguien que cometió un delito. El estado tiene la obligación de encontrar a los responsables.
-¿Pudo ser algún familiar cercano?
-Es probable, pero se ha descartado la línea. La verdad, es un caso muy extraño. Hemos localizado personas desaparecidas. En algún momento creímos que había muchas oportunidades de lograrlo. Pero como pasa el tiempo, se borran las huellas. Nos cuestionan mucho las razones, motivos y las personas que hayan intervenido. La historia nos consterna. Hay otros casos de niños, con menos datos y podemos saber que pudo ser la delincuencia. Con Torres es muy difícil. Todas las teorías que podemos plantear, al final resultan insuficientes.
-¿Por qué se dijo que pudo ubicarse en Estados Unidos?
-En su momento, la madre estuvo desesperada. Cualquier luz de esperanza para encontrarla, buscó que se concretara. Había elementos que se concatenaron, discursos, testimonios, pruebas. Pero nada fue definitivo, sólo dichos de una mujer desesperada que quiere mirar de nuevo a la hija. En su momento mandó mensajes para sensibilizar a la persona que pudiera tenerla. Creyó que la niña pudo estar en un sitio familiar, atendida de manera adecuada. Pretendió tocar el corazón del captor. Le dijo: si tienes a mi hija, regrésala. No vamos a presentar denuncia. Sólo quiero volver a mirarla.
-¿Fue un caso de secuestro, donde se pidió recompensa?
-No es un caso por dinero. Hubo el intento de extorsión. La mamá recibió llamadas de esperanza donde le dijeron que sabían dónde estaba la niña. Hemos estudiado a la gente que se aprovecha para obtener una ganancia. Se han acercado espiritistas o quienes adivinan el futuro. Lo que hacemos es orientar en base a los testimonios. Tenemos un libro que se llama Red de los derechos para todos y todas que hicieron algunas organizaciones. Plantean que es muy común encontrar a alguien que ofrece soluciones rápidas por un cobro. Algo es fundamental, si dicen tener poderes para mirar lugares o extraviados, deben ayudar. Se trata de una virtud al servicio de la ciudadanía. Si cobran y no dan resultados, es peor. Para quienes imaginan dónde está Torres, por la sensibilidad ante un dolor tan fuerte, darían los datos sin pedir nada a cambio. No sabemos el móvil, en muchos aspectos, se trata de un tema distinto. Una de la razones es que estaba en una fiesta donde la mayoría eran familiares. Entonces, decir que alguien fue hasta el lugar a robársela es muy aventurado. Afirmar que la niña se levantó y caminó donde está oscuro, cuando a unos pasos había luz y sonido, es muy riesgoso sostener que un conocido la sustrajo.
“Ya se investigaron. La niña debe estar en un sitio. Hay que aprender a buscar de otra manera. Las madres de la plaza 25 de mayo de Argentina, lo demostraron al encontrar hace poco al niño 125, cuando fueron robados de manera ilegal en los setentas. Los hallaron y juntaron con sus abuelas. En algunos casos las madres fueron asesinadas y los infantes entregados en adopciones ilegales durante la guerra sucia. Ahora se tienen pruebas como el adn, por lo que debemos cambiar los parámetros. Le hemos dicho a la fiscalía que si desaparece una mujer, se busca de una manera. Si es un joven, de otra. En el caso de una niña, traer especialistas que tengan mecanismos que les hayan funcionado para encontrar menores. Hay que seguir a los niños donde pudieran estar. Empezar en cinco lugares, como las fronteras. En lugares donde los ponen a trabajar en condiciones de esclavitud, trata de personas y con fines sexuales. Investigar en la red subterránea del internet en la que se llevan a cabo los peores delitos. Solicitamos a la fiscalía la ayuda de especialistas y con un software único, ingresar a los espacios donde la niña pudiera estar. Es posible que la tengan en otros países. La búsqueda debe salir de la entidad. Si estuviera en San Luis, ya la hubiéramos encontrado”.
Sánchez calificó de aventurado que el fiscal Garza Herrera haya anunciado en su comparecencia ante el congreso, que estaba por resolver el paradero de Zoé Zulaica Torres. “Imagínate que yo dijera que tengo avanzado el 70%, ¿pero en qué consiste el restante 30%?. Se puede hablar de un porcentaje en las investigaciones, sin predecir los resultados que se van a obtener. Si crea esperanzas en la madre, debe tener todos los datos en las manos. Hemos ido a otras ciudades donde nos dijeron que había una niña con rasgos muy parecidos a Torres. La mamá nos acompañó para reconocerla. En otras ocasiones nos mandaron fotos, fuimos para descartarla. También nos acompañó gente de la fiscalía. Garza no debe generar falsas expectativas tan sólo porque rinde un informe que la gente escucha. Ahora que cumpla y diga dónde se ubica la niña. Mientras no se localice el cuerpo de una víctima, siempre hay la alternativa de que viva. Como lo señala el grito de guerra de los familiares afectados: vivos se los llevaron, vivos los queremos. Los que tienen un desaparecido, no todos aceptan que se los entreguen muertos”.
“No sabemos el móvil. Sería muy elaborado decir que pusieron a la madre en el sitio donde se llevaron a la hija. Urgen acciones para localizarla. El papá, Juan Torres Gómez, tenía mucho separado de la madre. Acudió a la fiesta porque hay un trato familiar con la ex cónyuge, ya que procrearon tres hijos más. Ha colaborado en todo lo que se le pidió, en los interrogatorios, investigaciones y testimonios. Es otra víctima. Hemos seguido sus actividades, conserva el mismo trabajo, vive donde siempre. Si un padre o madre se roba un hijo, lo hacen para convivir. Le pedimos a Garza y al gobernador Juan Manuel Carreras, agoten todas las líneas de investigación. Se comprometió que iba a apoyar con recursos de manera ilimitada. Al fiscal ya se le venció el tiempo, debe dar resultados. No argumentar que sucedió en otro sexenio. Al contrario, responder de manera institucional, demostrar que es mejor que el anterior mandatario”.
“El colectivo Samuel Ruiz acompaña a los padres y demás familiares, que son los actores centrales. Hacemos y dejamos de hacer lo que nos dicen. Las personas que pierden un ser querido, pueden tener varios estados de ánimo. Son procesos muy dolorosos. Deben ser acompañados por profesionales. A veces se desbaratan, se derrumban durante meses. Luego retoman fuerzas para continuar la lucha. Nos marcan la pauta. Hay momentos que la señora Carolina Gómez se desaparece varias semanas cuando existen actividades programadas. Le preguntamos qué hacía y nos contesta que estaba en su cuarto encerrada. Respetamos sus procesos. Caminamos de acuerdo a sus fuerzas. No es fácil, tienen una economía familiar, otros hijos que les exigen, los atiendan. Se los dicen de muchas maneras. Hay cifras alarmantes de niños desaparecidos en América Latina, son miles o millones. Los países con mayores incidencias son los de escasos recursos como Honduras, Guatemala y ciudades de México con mayor pobreza. Los especialistas nos dicen que desaparecen por cuestiones de trata, donaciones ilegales de órganos, adopciones ilícitas u otros fines. Es un drama mundial. También hay infantes perdidos en Estados Unidos, Europa y África. Sabemos de víctimas en Guadalajara, Saltillo, México, con edades similares a las de Zoé Torres. Nos hemos reunido para intercambiar experiencias. Hacemos redes para difundir los casos”.
“En Guanajuato se manejan 25 niños desaparecidos en un sexenio. Hay que tener cuidados extremos. La primera responsabilidad es de la familia, no sólo de la madre, que recibe la carga social de manera natural. Hay varias formas preventivas. En los lugares concurridos, siempre tenerlos agarrados de las manos. Nunca perderlos de vista. A tal edad, no pueden decidir a dónde van. Si alguien encuentra un niño fuera del ámbito familiar, denunciarlo a la autoridad inmediata, para que lo canalice con los suyos. Si existe un delito, el estado debe investigar y esclarecerlo. Nadie está exento de que un hijo se pierda. Cuando hay un extravío ilegal, las autoridades deben actuar. Hay que denunciar y prevenir. Pero tampoco inhibirnos. No quedarnos encerrados o que los jóvenes no salgan a divertirse. La autoridad está obligada a garantizar un clima que nos permita admirar un paisaje, disfrutar del aire. Salir a carretera, sin miedo de que nos van a secuestrar. Hay que construir espacios seguros. Ir al fondo del asunto, relacionado con lo impune. Cada delito que se cometa debe ser castigado. Crear condiciones económicas donde todos podamos encontrar formas de vida digna. A los jóvenes, en lugar de estigmatizarlos de ninis, darles espacios deportivos, limpios, seguros y públicos. No hacer patrullajes con más policías, se requiere sancionar a los que cometen delitos. Abrir fuentes de empleo, ampliar la matrícula en la universidad, ya que muchos se quedan sin estudiar, por no aprobar el examen. Hay que cuestionar el sistema educativo, que desde el origen, no los capacitó para acreditar la prueba mayor. No todos pueden pagar sus estudios, es dónde se crean las condiciones para aumentar la delincuencia”.
-¿Hay momentos y lugares donde desaparecen más personas?
-En la historia de México, en los 70 y 80 las desapariciones fueron estrategias del gobierno en la llamada guerra sucia, entendida como la fuerza del estado en contra de los ciudadanos organizados y disidentes. Tenemos como caso emblemático el del luchador social Rosendo Radilla que terminó con una recomendación de la Corte Interamericana donde se obligó al gobierno a pedir una disculpa de que hubo en México la desaparición forzada. Después se vivieron momentos difíciles en el sexenio de Felipe Calderón, en su guerra contra el narcotráfico, que nos llevó a una etapa muy difícil del 2009 al 2011, donde hubo una gran cantidad de personas desaparecidas, muertos, asesinatos, colgados. Se vieron las peores formas de cometer un delito contra una persona. San Luis no estuvo ajeno a la ola de violencia que se desató en el país. Calderón en su momento le llamó daños colaterales. Como todos los delitos, las personas desaparecidas deben buscarse y encontrarse. No importa si pertenecen o no a algún grupo delictivo. En el lapso del 2011 al 2016 hubo cierta calma. Pero continuaron las desapariciones. La mayoría de las personas que buscamos son del 2011, 2012 y 20113. No los hemos hallado y los familiares siguen las búsquedas.
“En el caso de las mujeres, hemos descubierto que existe un perfil constante. Oscilan entre los 15 y 25 años. Son menuditas, incluso mayores de 18 años, aunque parecen menores. Los horarios en que se las llevan son por las noches o antes de amanecer. Las cargan dónde parten o llegan del trabajo. En cruceros con salidas rápidas. En le entidad, Garza Herrera ha estigmatizado a las personas que desaparecen. Dijo que se fueron con el novio. Habrá unos casos, pero no la mayoría. Los protocolos señalan que las personas deben ser buscadas en lo inmediato. Sabemos que existe una red de trata. El enganche se da mediante el enamoramiento o las redes sociales, donde conocen a otro. Algunas se van por su propia voluntad. Otras veces son amenazadas. Una de las características es que pierden el diálogo con los familiares, al sentirse coaccionadas. El delito de trata existe desde el momento que trasladan a una mujer sin que lo consienta”.
“No hay que esperar 72 horas para buscar a las personas, se debe actuar al instante. No obstante que existen los protocolos, no se aplican rápido por falta de capacidad de las autoridades que tienen el manejo inmediato con los hechos. Los primeros indicios de que alguien desapareció es cuando no existe contacto con la persona que tiene una rutina y constante trato con la familia. Y suceden hechos que no son comunes. También hay jóvenes que se ausentan hasta tres días de la casa, pero sus conocidos están acostumbrados. Otros avisan cuando regresan de sus actividades o envían mensajes que están en determinado lugar. Lo primero que se debe hacer es acudir al ministerio público. Llevar una acta de nacimiento en caso de ser menor de edad. Incorporar datos de las redes sociales que maneja. Una fotografía reciente donde se noten los rasgos físicos y testimonios de las últimas personas con las que se tuvo tratos. Con tales elementos se puede iniciar una indagatoria. Muchas veces por desconocimiento, los familiares suben fotografías y dan los celulares personales. Es como se dan las extorsiones. Se recomienda facilitar los números de las autoridades. Aunque somos críticos de los funcionarios, les pedimos que actúen de manera correcta”.
“Ahora todos los delitos se regulan en el código penal. Antes era común sustraer menores por parte de los padres. Existen maneras de convivencia con los hijos. No todos los desaparecidos terminan como secuestros y extorsiones. Muchas veces es para otros fines que no entendemos. Es una serie de muchos ilícitos. Se le retiene por la fuerza, luego viene la amenaza, extorsión, secuestro y la muerte. Como sucedió con un médico de Tamazunchale, que a los tres días se encontró muerto. Hemos tenido casos donde, a pesar de entregar el botín, le quitan la vida al que se llevaron. La principal víctima es la persona que fue sustraída, pero el delito afecta a toda la familia. Y de manera escalonada, a la comunidad. Los negocios cierran temprano, la economía no se mueve. Los jóvenes optan convivir en las casas, cuando tienen derecho a caminar por las calles en cualquier momento. Antes, el padre, madre, los hijos y la mascota le daban vuelta al parque sin problemas. Hay que luchar para que regrese la calma que antes teníamos. Es tarea del estado garantizarla”.
“Hemos insistido en que la búsqueda se haga ante los primeros indicios. Hay que difundir fotografías para que si alguien miró a la víctima, la reconozca. Revisar las cámaras del C3, C4 y comercios aledaños que pudieron captar los hechos. Aunque muchas veces no funcionan o se revisan tarde, cuando las cintas se borraron. Abordar a las gentes que estuvieron en el lugar de los hechos. Las primeras horas y días son fundamentales para encontrar una persona. El caso del Pirasol, registrado en la huasteca en el 2010, donde desaparecieron 29 inmigrantes potosinos que viajaron en un autobús, ocurrió en un periodo donde hubo mucha delincuencia. No es justificante para que no se haya aclarado. Demostró todas las irregularidades que hubo al investigar. Encontraron el camión, ropa, maletas, otros indicios, pero se realizó la cadena de custodia. Las fosas clandestinas que salieron antes, no se trataban como ahora, con los cuidados que los colectivos hemos impulsado. Se pugna para que haya una base de datos. Exista la figura de un comisionado para la búsqueda de personas. Y que el cargo lo ocupen con figuras que tengan el perfil adecuado”.
“En San Luis hay discrepancias en las cifras de los desaparecidos. Se hablan de 195, 60, menos o más. A nivel nacional, hay estados con mayores índices de desapariciones como Veracruz, Chihuahua, Tamaulipas, Cancún, Nuevo Laredo. Por su propia historia e idiosincrasia fueron punta de lanza en buscar a los ausentes. En Veracruz conocimos al sacerdote que comenzó a unirse a los organismos civiles. La gente denunció de forma anónima, el lugar donde existían inhumaciones clandestinas. Se empezó a dar con los cuerpos. Los familiares cambiaron la conducta al saber que el estado no les iba a regresar a los suyos, por lo que debían buscarlos por su cuenta. No los van a encontrar en las carpetas de investigación o averiguaciones previas. O donde los enterraron. Fue un proceso doloroso. Algunos reconocieron que sus familiares no estaban con vida. Luego pasaron a otra etapa donde se unieron a organismos. Sopesaron que al no encontrar al hermano o amigo, ayudarían a encontrar a otros. Se solidarizaron y fue como obligaron a las autoridades a investigar en todas las fosas clandestinas. Sumaron a ministerios públicos, fiscalías, peritos forenses y otros especialistas en antropología y arqueología. Fue como se logró desenterrar la verdad que el estado negó: había inhumaciones clandestinas en todo el país. San Luis tiene su propia historia”.
“Las cifras que se tienen no son exactas porque los afectados tenían miedo hablar. En cierto tiempo era peligroso decir en público algunos conceptos. Cuando hubo denuncias, las mismas autoridades inhibían las búsquedas. Decían, no se metan, no sabemos de qué se trata. Los que decidieron se investigara, después de un año, dos o tres vueltas, se cansaron. Son casos que no se contabilizaron. Hemos encontrado averiguaciones previas que estaban sumergidas en el olvido. Tenían testimonios pero no los consideró la fiscalía. No les convenía aceptarlos. Entre más chico sea el número, mejor. En el 2016 se logró que la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitiera un informe especial sobre los desaparecidos. Se reconoció el problema. No es definitivo, se basó en las quejas recibidas. Las cifras negras exceden con mucho a la realidad que se presenta”.
