Archivo de la etiqueta: Gallardo podría terminar en alguna mazmorra del país. El también articulista de La Noticia

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Los diputados que no hacen campaña o vivir sin trabajar

Encabezar la lista de las diputaciones plurinominales para el congreso local, ha sido siempre un botín muy codiciado durante los procesos electorales para los dirigentes en turno de partidos políticos, funcionarios de primer nivel y los dueños de las franquicias de los entes minoritarios, que han visto en la figura, un trampolín seguro para vivir sin trabajar. Un ejemplo icónico es sin duda el caso del Partido Conciencia Popular, cuyo sempiterno dirigente y dueño desde hace 23 años que logró el registro, Óscar Carlos Vera Fabregat, ha utilizado el membrete para ocupar el cargo de legislador en 4 ocasiones. Busca el quinto trienio al anotarse en primer lugar para reelegirse en el actual proceso electoral, con lo cual completaría un record de 15 años consecutivos el en el cargo.

Se alternó en 2 ocasiones con su hijo, Jorge Alejandro Vera, para un total de 21 años, sin soltar el nicho de privilegio. Vera ocupó el cargo de diputado por primera vez en el trienio 2003-2006. En el 2006 le dejó lugar a su hijo Jorge Vera. En 2009 regresó. En el trienio 2012-2015, otra vez ocupó la curul Vera Noyola. En 2015-2018 vuelve el padre, que busca repetir un trienio más. Ya se anotó para reelegirse por segunda vez. Lo podrá hacer dos ocasiones más, ya que la ley electoral actual lo permite hasta por cuatro periodos consecutivos. Otro que sigue la ruta de Vera es el dirigente estatal de Partido Movimiento Ciudadano, Eugenio Guadalupe Govea Arcos, que ha que ya se apuntó para la segunda reelección consecutiva. Como su homólogo Vera, ha ocupado el cargo de diputado local en 5 ocasiones.

Es decir, durante 15 años, dos con la camiseta del PAN y 3 con la franquicia de Convergencia, que después se convirtió en Movimiento Ciudadano. En las lecciones de 1997, Govea llegó por primera vez como diputado local de mayoría, postulado por el PAN, tras derrotar al priista, Óscar Bautista Villegas. Ya instalado como dirigente estatal del PAN, cargo que ganó en el 2000, brincó a la curul en el 2003, al anotarse como primero en la lista plurinominal. Volvió al poder legislativo en los comicios del 2012. Entonces ya era delegado estatal de Movimiento Ciudadano y se inscribió como primero de la lista de representación proporcional. En el trienio 2015, conmovido, le dejó la curul a su incondicional, oriunda de Rioverde, Lucila Nava Piña. Aún no se había aprobado la reelección para el cargo.

En el 2018, regresó como legislador plurinominal, cargo que ostenta ahora. Pero ya se anotó para repetir en los comicios del 2021. Govea, a diferencia de Vera, que solo ocupado la curul local, ha estado en la palestra durante 24 años consecutivos, como dirigente de dos partidos políticos, senador de la república y legislador local. Fue de 1997 a 1999, diputado local por mayoría. En el 2000 asumió la dirigencia del PAN, donde estuvo hasta el 2003, regresó al congreso por la vía plurinominal en el trienio 2003-2006. En 2006 ganó un escaño al senado, donde se mantuvo 3 años más en las filas del PAN. Luego se postuló como candidato a la gubernatura en el 2009, al perder la contienda interna con Alejandro Zapata Perogordo. Renunció al PAN, regresó al senado a concluir los tres años restantes, pero ya como integrante de Convergencia. Después brincó al congreso local en el 2012 como representante plurinominal de Movimiento Ciudadano.

En el 2015 fue candidato a la gubernatura por Movimiento Ciudadano, para el 2018, vuelve a la curul local como plurinominal y en noviembre, retoma por tercera vez la dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano. Se anotó como primero en la lista para reelegirse por un trienio más en la curul local. Las alianzas con el PAN y PRI, a través de convenios internos, determinan el intercambio de votos. Es lo que le ha permitido a Vera y Govea, mantener el registro y garantizarse la permanencia en el congreso, por lo cual, son los más férreos opositores a las iniciativas que se han presentado para desaparecer la figura de alianzas de la ley estatal electoral. En el PRI, el cargo de dirigente estatal se ha convertido en un boleto seguro para alcanzar una curul por la vía plurinominal. Han utilizado la dirigencia, como trampolín al congreso, entre otros, Miguel Ángel Martínez Navarro, Adolfo Micalco Méndez, Jorge Arreola, Jesús Ramírez Stabros, Fernando Pérez Espinoza y Martín Juárez Córdova.

La tradición se rompió con el actual, Elías Pecina Rodríguez, que fue desplazado por el poderoso secretario de gobierno, Alejandro Leal Tovías, que se apuntó en el primer lugar de la lista, pero el Consejo Estatal Electoral, en sesión del 15 de marzo, lo bajó al segundo sitio por razones de equidad de género vertical y subió en su lugar a la ex directora de relaciones públicas del DIF estatal, Martha Rangel Torres. El ajuste lo impugnará el representante del PRI ante el consejo, Bernardo Haro. A Elías Pecina lo anotaron como regidor en la planilla del candidato de la coalición ´´Si por San Luis´´ a la presidencia municipal de San Luis, Enrique Galindo Ceballos. El segundo y tercer sitio de los escaños plurinominales en el PRI, también se convirtieron filones en disputa para los dirigentes de los sectores obrero, campesino y funcionarios del gobierno estatal.

En los últimos 21 años, fueron ungidos con las posiciones de privilegio, del 2000 al 2003, Miguel Ángel Martínez Navarro, Xicoténcatl Turrrubiartes, Emilio de Jesús Ramírez Guerrero, José Ángel Castillo Torres y Felisa Montañez Rivera. Y del 2003 al 2006, José Manuel Medellín Milán, Silvia Fernández Aguilar, la Juanita potosina, que sólo duro uno cuantos días en el cargo y después cedió su lugar al entonces dirigente de la sección 52 del magisterio, Mauricio Leyva Ortiz y José Luis Ugalde Montes. En el 2006-2009, aparece Adolfo Micalco Méndez, Victoria Labastida Aguirre, el ex dirigente de la CNC local, José Luis Ramiro Galero y Esther Angélica Martínez Cárdenas. En el 2009-2012, el ex líder de la CNC, Óscar Bautista Villegas, la sempiterna dirigente del sindicato mayoritario de los burócratas, Bernardina Lara Arguelles y el ex presidente estatal del PRI, Jesús Ramírez Stabros, también ex precandidato a la gubernatura, ocuparon las plurinominales.

En el trienio 2012-2015, las curules fueron para Delia Guerrero Coronado y el ex candidato a la alcaldía de la capital, Fernando Pérez Espinosa. En la legislatura 2015-2018, estuvieron Fernando Chávez Méndez y Martha Orta Rodríguez. En la actual, las pluris del PRI, las ocupan el ex dirigente estatal del PRI, Martín Juárez Córdova y la ex oficial mayor del congreso, Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez, que ya fue legisladora de mayoría en el 59 trienio. Antes, el otrora influyente líder local de la CTM, Guadalupe Vega Macías, por la cuota de sector, ocupó varias ocasiones la curul plurinominal, que alternó con incondicionales y su hija Magdalena Vega Escobedo.

En el PAN, se estila la misma conducta. Los presidentes en turno de la dirigencia estatal brincan a las diputaciones plurinominales. Lo hizo Eugenio Govea Arcos, Juan Pablo Escobar Martínez, Héctor Mendizábal Pérez y el actual dirigente, Juan Francisco Aguilar. No obstante haber firmado ante notario público que no buscaría la posición, ya se apuntó como el número uno de la lista. El ventajoso fenómeno lo aprovechan también los minúsculos partidos. En el PT, hasta antes que los desplazaran de la oxidada dirigencia estatal, José Belmarez y Tito Rodríguez Ramírez se alternaron sin problemas. Hasta que los quitó la ex diputada de Nueva Alianza, Patricia Álvarez, que se alista para seguir con el ciclo vicioso.

Lo mismo ha ocurrido con el PRD y Verde Ecologista, antes en manos de Manuel Barrera Guillén, que se auto asignó la curul en dos ocasiones. En 2003, un año después de asumir la dirigencia estatal del partido y en 2015. Se le involucró en un escándalo mayúsculo de sobornos a alcaldes, para aprobar las cuentas públicas, que reveló su cómplice, el diputado del PAN, Enrique Flores Flores. La esposa de Barrera, Ivete Salazar Torres, fue la beneficiaria en 2009 de la curul plurinominal. En el 2014, también por la misma vía, fue diputada federal. Barrera cedió la posición a gente de su grupo cercano, como Jorge Aurelio Álvarez Cruz, que fue diputado local en 2006 y repitió en el 2012, donde alcanzaron otro escaño, para el ex edil de Venado, Martín Álvarez Martínez.

El legislador actual es el aguerrido litigante, Edgardo Hernández Contreras, que tiene de suplente a Fernando José Barrera Guillén, hermano de Manuel Barrera y ex funcionario de la Auditoria Superior del Estado. También se le vinculó en los chantajes a ediles y en una bacanal de la Ase donde se malversaron 600 mil pesos del órganos fiscalizador. En el PRD, las plurinominales han recaído en los dirigentes estatales y militantes ligados a corrientes o tribus que controlan el comité nacional en turno. En los últimos 20 años llegaron al congreso, Sergio Ernesto García Basauri e Ismael Trujillo Martínez. En el 2003, Juan Ramiro Robledo Ruiz y Eduardo Martínez Benavente, sin estar afiliados, ocupan las posiciones. En el 2006, los escaños se entregan a Guadalupe Almaguer Pardo y Guadalupe Castro Almanza, cercana al grupo de la ex gobernadora de Zacatecas y ex dirigente nacional del partido, Amalia García. Castro era dirigente estatal de la Unión Campesina Democrática y fue secretaria de finanzas en el comité estatal que presidió Miguel Ángel Campillo Bravo.

Las llamadas “Lupitas”, fueron incondicionales del entonces gobernador panista, Marcelo de los Santos. Oportunista y sagaz, Almaguer se colgó de la alianza Sí por San Luis, para apuntarse de nuevo en el primer lugar de las plurinominales locales, apenas termine su irregular desempeño como diputada federal. En el 2009, el único sitio que obtuvo el PRD, lo ocupó el secretario, Felipe Abel Rodríguez Leal. En el 2012, el dirigente estatal, Filemón Hilario Flores, usufrutuó la curul plurinominal. En el 2015, los ex ediles de Soledad, Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona, con métodos gansteriles, se apoderan del partido. Proyectan como diputado, al litigante Guadalupe Torres Sánchez, al que antes emplearon como síndico y secretario del ayuntamiento.

Fue acusado de despojo. Se formó en el despacho jurídico del ex secretario de gobierno y ex procurador, Cándido Ochoa, también bajo la férula de los Gallardo. El Partido Nueva Alianza, en el 2009, le entregó el cargo al dirigente de la sección 52 del magisterio, Arnulfo Hernández Rodríguez y la coordinadora ejecutiva de vinculación con el comité estatal, Patricia Álvarez Escobedo. En 2012, el espacio lo ocupó el dirigente de la sección 26 y ex alcalde de Tampacán, Crisógono Sánchez Lara, luego envuelto en líos pasionales. Además, el nieto del ex gobernador Carlos Jonguitud, el novato Jaén Castilla Jonguitud, integrante del comité estatal. En el 2015, el puesto fue para el dirigente de la sección 26, Ricardo García Melo. En el 2018, el sitio lo ganó la actual diputada local, Martha Barajas García, antes dirigente del partido.

Para el 2021, encabezan las listas, los dirigentes de partidos, diputados federales que buscan mantenerse en la nómina, funcionarios, familiares y amigos cercanos de los que controlan las siglas de los emergentes partidos. En el PRI figuró algunos días en primer lugar, el ex secretario de gobierno, Alejandro Leal Tovías, que desplazó al dirigente del PRI, Elías Pecina Rodríguez, el único hombre leal al gobernador Juan Manuel Carreras. En el lugar dos de la lista, se ubicó a la encargada de relaciones públicas del DIF estatal, Martha Rangel Torres, que en el 2012, fue incluida también en la lista de plurinominales. En el lugar tres apareció la enfermera Delia Guerrero, recomendada por el ex gobernador Fernando Toranzo. En el lugar cuatro, el comerciante Fernando Pérez Espinosa, eterno comodín del maximato local, Horacio Sánchez Unzueta. Rangel Torres es esposa del ex diputado local y ex secretario de comunicaciones y transportes, Fernando Chávez Méndez, que en el trienio 2015-2018, ocupó una de las 2 curules de representación proporcional que obtuvo el PRI. La otra fue para la ex dirigente estatal de la CNOP, Marta Orta Rodríguez.

Completan la lista, con pocas opciones de ganar, el ex dirigente de la Federación Universitaria Potosina y ex funcionario municipal en el trienio de Victoria Labastida, Gregorio Tovar López. En los anteriores comicios fue colocado como octavo regidor en la planilla de la candidata del PRI a la presidencia municipal de San Luis, Cecilia González Gordoa. También figuran Flor Malpica, Gerardo Pérez Mota, Mariana García Alcalde, Adán Lara Martínez y Mónica Arriaga. En el PAN, encabeza la lista plurinominal, el aun dirigente estatal, Juan Francisco Aguilar, no obstante haber firmado ante notario público, cuando buscó el cargo en el 2018, que no iba a brincar a otro puesto en el 2021. La segunda en la lista es la regidora Verónica Rodríguez Hernández, cercana al grupo del diputado federal Xavier Azuara y Aguilar, que manejan a su antojo el comité estatal.

Rodríguez es consejera estatal, antes ocupó la cartera de promoción de la mujer en el comité municipal. Denunció al alcalde interino, Alfredo Lujambio Cataño, por violencia política de género, ante el Tribunal Estatal Electoral. Fue por quitarla de la presidencia del comité de gobernación en el cabildo, como represalia por haber apoyado al hoy candidato a la gubernatura, Octavio Pedroza, en las elecciones internas donde perdió el edil Xavier Nava Palacios. En tercer lugar se inscribió el militante Juan Wenceslao Carrillo Rodríguez, hermano de la alcalde de Real de Catorce, Guadalupe Carrillo Rodríguez. En el PRD, la primera en la lista es la actual diputada federal, Guadalupe Almaguer Pardo, que se coló en el 2006 por la misma vía. La manejó a distancia la ex vocera gubernamental, María Luisa Paulín, que le impuso una agenda de completo entreguismo al contador público, Marcelo de los Santos.

En el sitio 2 figura el presidente de jóvenes empresarios de la cámara de comercio, Aldo Hugo Partida Breceda. El Partido del Trabajo colocó en el primer lugar de la lista al fuereño Héctor Serrano Cortés, actual diputado federal del PT y ex secretario de gobierno en la ciudad de México, con Miguel Ángel Mancera. Serrano fue señalado por el organismo Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, de operar una red de espionaje

para vigilar a funcionarios y políticos. Serrano es coordinador de campaña del candidato a la gubernatura del Verde Ecologista, Ricardo Gallardo Cardona. Juntos renunciaron como diputados federales al PRD, para aliarse con Morena. Aparecen como socios de la filial del medio ContraRéplica en San Luis.

En la segunda plurinominal del PT se anotó la dirigente estatal, Patricia Álvarez Escobedo. En el trienio 2009-2012, ocupó una curul plurinominal a través de Nueva Alianza. Después fue candidata a diputada federal por el PAN. En asamblea extraordinaria del 21 de marzo, el Consejo Estatal Electoral declaró improcedente la candidatura de Serrano, por no cumplir con el requisito de renunciar a su actual cargo de diputado federal, 90 días antes de los comicios. Se comprobó que Serrano todavía voto en la sesión de 18 de marzo en la cámara de diputados. Al desechar su candidatura, subió al lugar uno de la lista Álvarez Escobedo y la suplente María Fernanda Vega Rangel.

El dueño del Verde Ecologista en San Luis es Ricardo Gallardo Cardona. Colocó en el primer lugar de la lista a Gerardo Alejandro Zúñiga Zavala, abogado y representante del PT ante el consejo electoral. Zúñiga lleva de suplente al aun diputado local, Cándido Ochoa, cercano en los afectos de Gallardo. Estaba contemplado para ser el candidato propietario, pero debido a sus problemas de salud que padece, se optó colocarlo como suplente. En el segundo lugar se apuntó a Nadia Esmeralda Ochoa Limón. El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, colocó en el lugar uno y dos de la lista de candidatos plurinominales a los aún diputados federales, Cuauhtli Fernando Badillo Moreno y Lidia Nallely Vargas, como un premio por haberlo apoyado en la campaña para lograr el puesto.

Badillo y Vargas realizaron un gris desempeño como representantes de los potosinos en la cámara de diputados. No se les conocieron iniciativas de leyes presentadas o promovidas en lo individual y fueron contadas sus intervenciones en la tribuna. El tercer lugar se le otorgó al ex aspirante de Morena a la gubernatura, Antonio Lorca Valle, a la postre coordinador de campaña de la abanderada de Morena, Mónica Rangel Martínez. El candidato a gobernador de Redes Sociales Progresistas, José Luis Romero Calzada, desplazó de la dirigencia estatal a Jaén Castilla Jonguitud. Se valió de negociaciones directas que realizó con el dirigente nacional, Fernando González. Romero colocó en el primer lugar de la lista a su esposa, Gabriela Martínez Lárraga. Luego al secretario de operación política y vinculación social, Guillermo Olvera Nieto, también representante ante el consejo electoral. El conocido “Tecmol” ubicó como candidato a la presidencia municipal de Salinas, a su hijo, Damián Romero López.

El abanderado a la gubernatura del Partido Fuerza por México, Juan Carlos Machinena Morales, colocó a su hija Natalia Machinena Torres, como candidata suplente de Isabel Falcón Iracheta, secretaria del comité estatal, que encabeza la lista. Sin embargo, ante las críticas recibidas, decidió bajarla. El lugar lo ocupó María Fernanda Villanueva Becerra. Es la fórmula que se aprobó el 21 de marzo. En el lugar dos está Héctor Serna Camacho, ex dirigente estatal de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos CROC. Ahora es secretario de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México.

El Partido Encuentro Solidario ubicó en el primer lugar de la lista a Hadalai Rodríguez Zavala, que en el comité estatal funge como coordinadora del área de la mujer. En el segundo sitio aparece Marco Antonio Conde Pérez, regidor con licencia de Morena, en el cabildo de Valles. El partido Nueva Alianza, que compite ahora como local, al perder el registro nacional en las elecciones pasadas, ubicó en los dos primeros lugares de la lista a los ex dirigentes, María Claudia Tristán Alvarado y Álvaro Rodríguez Godínez.

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El potosino Martín Faz Mora, nuevo consejero del INE

El partido político Morena definió los cuatro candidatos que defendería como consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) en una reunión de la Junta de Coordinación Política la noche del martes en la Cámara de Diputados en el Palacio Legislativo de San Lázaro, donde el coordinador parlamentario Mario Delgado cabildeó con sus compañeros de las otras bancadas, a partir de una lista de siete personas propuestas. La consejera electoral de Oaxaca, Rita Bell López, Zircey Bautista Arreola, asesora del consejero Jaime Rivera y del consejero electoral en Querétaro, Luis Octavio Vado Grajales. Norma Irene de la Cruz Magaña, consejera electoral de Tamaulipas. Carla Humphrey Jordan, colaboradora cercana del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo. El consejero electoral en San Luis Potosí, José Martín Fernando Faz Mora y el ex diputado federal por el PRD y uno de los fundadores del partido, Uuc-Kib Espadas Ancona.

La referida reunión fue suspendida para que continuara ayer por la mañana, en el mismo Palacio Legislativo, donde tuvo lugar la continuidad de la Junta de Coordinación Política, donde se presentó la lista de los aspirantes a nuevos consejeros del INE. La discusión fue suficientemente amplia, pues miembros de Movimiento Regeneración Nacional, Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano, Partido Verde Ecologista de México y Partido Revolucionario Institucional, expusieron distintos criterios de selección, en donde la capacidad técnica y el humanismo fueron contrastados entre los últimos 20 posibles consejeros. Después de una negociación parlamentaria que duró alrededor de tres horas, los coordinadores de las distintas fracciones políticas llegaron al acuerdo de que Carla Astrid Humphrey Jordan, Norma Irene de la Cruz Magaña, Uuc-Kib Espadas Ancona y José Martín Fernando Faz Mora fueran los integrantes de la propuesta a próximos consejeros del INE.

Desde luego que para la designación se hizo un estudio sobre las respectivas currículas de cada aspirante, su experiencia en la materia electoral, para medir sus capacidades. Sobre la trayectoria de la maestra Norma Irene de la Cruz Magaña, hizo sus estudios de licenciatura en Periodismo y Comunicación Colectiva en la Facultad de Estudios Superiores en Acatlán, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Luego realizó una maestría en Gestión del Mantenimiento de la Paz en la Universidad de Turín, Italia. Por su parte, Carla Humphrey Jordan es licenciada en derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y candidata a doctora en Gobierno y Administración por la Universidad Complutense de Madrid, España. En su trayectoria laboral aparece que fue consejera electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal, además, presidenta de la Comisión de Asociaciones Políticas y del Comité de Radiodifusión e integró la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales y fundó la Asociación Nacional de Consejeros y Consejeras Electorales de los Organismos Electorales de la República Mexicana.

Uuc-Kib Espadas Ancona cursó la licenciatura en Antropología Social por la Escuela de Ciencias de la Universidad Autónoma de Yucatán y la licenciatura en educación media en inglés por la Escuela Normal Superior de Yucatán. En cuanto a los posgrados, es candidato a dos maestrías, una en Educación Media por la Escuela Normal Superior de Yucatán y la otra en Antropología Social por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social del Golfo. Fue de 1992 al 2000 investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Su trayectoria política es amplia, pues fue el coordinador de asesores del PRD en la LVI legislatura del Congreso de Campeche, miembro del Partido Comunista Mexicano, miembro del Partido Socialista Unificado de México, miembro del Partido Mexicano Socialista, fundador del PRD, subsecretario de acción electoral en el CEN del PRD, subsecretario de formación política en el PRD, asesor de la fracción del PRD en el Congreso de Quintana Roo, asesor de diputado federal en la LVII Legislatura, secretario de la Comisión de Reglamento y Elecciones en el PRD y presidente de la Comisión Especial para la Reforma del Estado.

El potosino José Martín Fernando Faz Mora nació el 5 de octubre de 1962, en la capital del estado. Hizo sus estudios primarios y secundarios en el colegio Motolinía, el bachillerato lo cursó en el Instituto Cervantes. Ingresó a la escuela de Administración de Empresas en la universidad autónoma, donde cursó dos semestres. Después estudió Filosofía en el Instituto de Filosofía, AC, de los Misioneros del Espíritu Santo, en Guadalajara, Jalisco. Regresó a San Luis Potosí para ingresar a la escuela de Ciencias de la Comunicación, donde estuvo cuatro semestre. Después, de 1994 a 1999, se inscribió a la licenciatura en Filosofía en la Universidad Abierta, donde obtuvo la cédula profesional número 3216682. También cuenta con estudios de diplomado en Docencia para el Nivel Medio Superior, de la Facultad de Psicología, en Coordinación con el Instituto de Ciencias Educativas de la UASLP y Maestría en Derechos Humanos y Democracia en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en la Ciudad de México.

Se ha desarrollado como docente de nivel superior en la Maestría en Derechos Humanos de la UASLP, y en El Colegio de San Luis. Ha sido catedrático en la Universidad del Centro de México, Universidad Iberoamericana, plantel León, Universidad Marista, Universidad Mesoamericana y la Universidad Autónoma de Nuevo León, en Monterrey. Faz Mora tiene un currículum muy completo, que lo legitima para aspirar al puesto. Ha participado en cursos, talleres y foros, tanto nacionales como internacionales en derechos humanos en Colombia, Costa Rica, Alemania, Francia y México. Ha publicado infinidad de artículos científicos y periodísticos. Sobre su curriculum véase: http://www.derecho.uaslp.mx/…/Ma…/CV%202016/Martin%20Faz.pdf.

También, se ha desempeñado como consejero ciudadano del Instituto Federal Electoral (IFE) para la Junta Local de San Luis Potosí. También fue integrante del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí. Ayer por la tarde, la propuesta de los cuatro consejeros fue debidamente formalizada y turnada a la Mesa Directiva de la misma Cámara de Diputados, la que fue sometida a la votación en el pleno de los diputados en sesión extraordinaria y votada a favor de la misma con el respaldo de las dos terceras partes del pleno de los diputados. Entonces, hay nuevos consejeros ciudadanos, quienes fungirán para el periodo 2020-2029. Para los potosinos es una gran satisfacción que uno personaje local llegue a tan distinguido puesto, por sus méritos propios. Enhorabuena para Martín Faz Mora. mariaelenayrizararias@gmail.com

 

 

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Empresarios y políticos se reparten tierras ejidales en La Pila de manera ilegal

Por encima de la ley, el presidente del comisariado ejidal de La Pila, Pedro Adrián Martínez López, junto con un grupo de empresarios y políticos potosinos distinguidos, se reparten las tierras del núcleo poblacional. Entre los beneficiarios destaca la familia Lorca Valle y el industrial Héctor Gómez Valle, ambos ligados al gobernador Juan Manuel Carreras López. También  forman parte del grupo, el ex diputado local del PRI, José Luis Romero Calzada. Los boyantes Valladares García.  El inmobiliario y arquitecto Roberto Pérez Centeno. El dueño de las gasolineras Max Store, Abraham Tobías Gómez. El propietario de Termicentro, José Vicente Soriano García, que construyó las peligrosas y enormes esferas de gas LP que se ubican en 40 hectáreas del ejido.

Un grupo de quejosos, encabezados por el ex delegado de La Pila y ex líder de la CNC, Eulogio López Delgado y el ex comisariado ejidal, Tobías López Delgado, lograron obtener un informe respecto al reparto de tierras que Martínez y el grupo de poder político y económico  enquistado en el ejido, realizaron mediante una ilegal asamblea. A los afectados los representa el litigante Carlos Covarrubias Rendón. Señalaron en un documento que el equipo utilizó para concretar el despojo, a los ex delegados de la Procuraduría Agraria y Registro Agrario Nacional, Felipe Aurelio Torres Torres y Miguel Martínez Castro, que con el apoyo del gobierno estatal, impusieron por medio de la  fuerza pública, una asamblea de certificación, el 18 de noviembre del 2018. Los ex funcionarios federales montaron un operativo policiaco al servicio de empresarios y políticos disfrazados de ejidatarios.

Expusieron que en los acuerdos y proyectos del despojo, no son ajenos Carreras y el presidente municipal de San Luis, Xavier Nava Palacios, quienes intentan lograr a toda costa la actualización del Plan del Centro de Población Estratégico de la Ciudad. Es por lo que el 27 de marzo del 2019, llevaron a cabildo el acuerdo para que el Instituto Municipal de Planeación  presente la propuesta para incluir las más de 6 mil hectáreas del ejido. Explicaron que el 17 de julio, el ex presidente del comisariado, Tobías López Delgado y otros ejidatarios de La Pila, solicitaron por escrito al Registro Agrario Nacional de San Luis  Potosí, informara la situación  del ejido. El 26, mediante el oficio RAN/SLP/DA/ 920/2019, el encargado Martín Banda Reyna entregó a los demandantes un documento donde asentó que se expidieron 418 certificados parcelarios y 154 certificados de uso común. Sobre los solares, informó que no se había expedido ningún título.

Miranda Reyna informó no tener el “dato preciso de los sujetos agrarios beneficiados. Tampoco había fecha de una próxima entrega de ninguna clase de documentos”. Respecto a la certificación registral, manifestó que previo pago de derechos, se les expedirán copias certificadas. Banda habló sobre una segunda revisión del acta de asamblea de delimitación. Dijo que no era posible llevarla a cabo en el momento, “salvo que una autoridad competente  lo ordene, debido a que es un trámite interno”. Sobre los derechos y documentos a favor de Pedro Adrián Martínez López, actual presidente del comisariado, “les comunico que se le entregaron 95 certificados parcelarios”.

Explicaron que el grupo de empresarios y políticos beneficiarios de las tierras ejidales, que manifiestan haber comprado sus derechos, los encabeza el magnate de expendios de gasolinas, Abraham Tobías Gómez, que se apoderó de más de un kilómetro de frente de la carretera a México, donde suma más de 40 hectáreas. Las 16 parcelas son la 4, 11, 224, 256, 262, 263, 241, 321, 453, 490, 530, 684, 686,882, 883 y 891. Lo sigue Héctor Gómez Valle, inmobiliario con 80 hectáreas. La familia Lorca Valle posee otras 80 hectáreas, la cabeza de la familia es José Antonio Lorca Valle, sobrino político y compadre del gobernador Juan Manuel Carreras. Lorca aspiró a candidato a diputado local por el Movimiento de Regeneración Nacional. Incluso intentó dirigir el partido en el estado. También aspira a ser gobernador por las mismas siglas.

Otros empresarios que cargan la estafeta de ejidatarios son el inmobiliario Roberto Pérez Centeno, que aparece con parcelas cercanas a las 80 hectáreas. El ex diputado local y dueño de Tekmol, José Luis Romero Calzada, tiene cinco hectáreas. El dueño del restaurante El Pacífico,  Juan López Lara, aparece con 20 hectáreas. Fue socio del ex aspirante a edil de la capital, Jacobo Payán Latuff. Aparece el presidente del consejo de administración y casi dueño del Grupo Avicen, Roberto Oliva. El ex coordinador de finanzas de candidatos a gobernadores del PRI y Payán también tienen hectáreas en el ejido. A través de prestanombres figuran los hermanos Pablo y Miguel Valladares García con más de 50 hectáreas. Poseen 10 parcelas, la 178, 188, 265, 266, 270, 274, 367,445, 824 y 898. Otro invasor es José Vicente Soriano García, principal dueño de la empresa Termicentro. Tiene a su nombre 40 hectáreas, donde colocó sin observar ninguna ley ambiental, las peligrosas esferas de Gas LP.

Explicaron que Banda Reyna, como encargado de las oficinas de la delegación del Registro Agrario Nacional, les informó que se entregaron 95 certificados parcelarios al presidente del comisariado ejidal, Pedro Adrián Martínez López, de los cuales 40 están a su nombre y el resto son de las personas que representa con poderes notariales. Los documentos de Martínez suman 163 hectáreas y la de sus seguidores 200, donde aparecen Torres Torres y Martínez Castro. Revelaron que el juez octavo de distrito suspendió la expedición de títulos apócrifos. Solicitó la intervención de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Tribunal Agrario y juzgados federales. Indicaron que las contralorías federales llevan a cabo varias pesquisas. Advirtieron que el proyecto de Carreras López  es impulsar en lo que resta de su mandato, 100 nuevas naves industriales en el área del ejido y diversos fraccionamientos, con miles de lotes de alta densidad. Además, las conexiones, ejes y libramientos que están delimitados y definidos por los empresarios desde hace 8 años.

Evitarán que Nava concrete el proyecto de otorgar el cambio de uso de suelo de las más de 4 mil hectáreas del núcleo de población donde los ganones son empresarios, industriales,  inmobiliarios y especuladores del suelo urbano. El representante legal y los ejidatarios manifestaron que la repartición o despojo de tierras ejidales de La Pila al grupo económico y político del estado,   son proyectos de la iniciativa privada, con un aparente barniz social. Son autorizaciones arrancadas en el agónico régimen del ex presidente Enrique Peña Nieto. Son situaciones que fueron puestas al límite para que el nuevo gobierno recibiera la presión política y económica. Sin embargo, el nuevo  gobierno federal analizó el caso y resolvió conforme a la ley. “Se encontraron con un desbarajuste entre las autorizaciones y términos de legalidad. Lo mismo va a pasar con la vía alterna, con las autorizaciones para el cambio de uso de suelo que tenían del ayuntamiento. Se van involucrar las  autoridades federales, revisarán el despojo y otro tipo de situaciones”.

Añadieron que en  La Pila, los constructores e inmobiliarios no tuvieron permiso ambiental para fraccionar. En el caso de San Juan de Guadalupe, hay un lineamiento de la Procuraduría Agraria, de no permitir más inmobiliarias. “Avanzamos, todos los frentes están abiertos, damos la batalla”. Agregaron  que hay una ofensiva social jurídica para la defensa del patrimonio. Obtuvieron un informe donde el Registro Agrario Nacional hace una radiografía de lo que pasa en el ejido de La Pila, de cómo se asignaron derechos al presidente del comisariado ejidal y empresarios. Expusieron que resulta curiosa la forma en que se generan derechos de títulos a menos de la mitad de los ejidatarios, cómo obligan llevar a cabo las certificaciones, cómo manipulan para decidir el territorio ejidal, el estado y ayuntamiento para otorgar un cambio de uso de suelo a medida de los negociadores que despojaron a los ejidatarios de sus tierras. El gobierno estatal se coludió con los hombres del poder económico y políticos porque busca generar un emporio industrial, que no han podido lograr en 17 años. El tiempo se les acabó, ya no tienen al mando federal de su parte. Buscan   lograr el proyecto a nivel local, al tratar de justificar la asignación indebida de las tierras de los ejidatarios, que están en condiciones de revertir el robo y abortar sus negros propósitos.

Indicaron que van a construir más de 100 naves industriales en dos años, 80 menos de las 180 que ahora existen, 18 están en Villa de Reyes. El gobierno estatal, coludido con el grupo de beneficiarios, busca en dos años hacer en la Pila lo que se hizo en Villa de Reyes, pero en poco tiempo, doblar el número de naves, fraccionamientos y negocios. Sostuvieron que el grupo externo no ha podido certificar La Pila. Desde el 2001, lo intentaron bajo todas las formas, compraron derechos, dividieron al ejido, ganaron comisariados, trataron de tumbarlos y siempre se quedaron a la mitad, ya que el ejido no estaba de acuerdo. La gente no les daba el voto calificado. Lo  consiguen hasta que se reagrupan en el 2016, con la llegada de Carreras.

Incorporan al grupo de Termicentro, donde están metidas las familias Valladares García, Gómez Valle y Payán. Traían el objetivo de unas esferas en 2014-2015, pero con mayor empuje en el 2016. Termicentro llega y se instala después de que el gobierno del estado y municipal generan las autorizaciones. El principal dueño, José Vicente Soriano García, con el apoyo de sus socios y el estado, empezaron a operar de manera social y política dentro del ejido para lograr la certificación, al costo que fuera. Utilizaron de carnada a Termicentro, vinculada al huachicol a nivel federal. Además de Salvador Oñate, otros son accionistas del Banco del Bajío y viven en León. Contrataron asesores vinculados a las luchas agrarias. Sabían del riesgo de no tener el respaldo del gobierno federal por lo que sacaron las autorizaciones en  noviembre del año pasado. Lograron el salvoconducto para regularizar la tenencia de la tierra, aún cuando ya tenían años operando. Es inadmisible que al presidente del comisariado, Pedro Adrián Martínez López, le entregaran un certificado por  más  de 150 hectáreas, más 200 de sus  prestanombres. Martínez violó la ley agraria que dicta, está impedido para obtener tierras como representante del ejido, solo lo puede hacer por herencia.

Sostuvieron que el grupo de empresarios, industriales y políticos, invadieron un terreno donde no tienen nada que ver los ejidatarios. Las autoridades federales en el estado, en el sexenio anterior, entregaron 418 certificados parcelarios y 154 certificados de uso común, cuando los ejidatarios son más de 540. Además, el número de parcelas suman más de 2 mil y solo entregaron 418 a un grupo reducido, más de la mitad en posesión de empresarios que se autonombran posesionarios y ejidatarios, plenamente identificados. Ni  siquiera una tercera parte de ejidatarios fue reconocida de manera formal. Revelaron que hay un plan jurídico para abortar el despojo de tierras. Se impugnó la operación de las esferas de gas LP de Termicentro. También la asamblea de certificación del  ejido. Se ataca la autorización del Plan De Desarrollo Estratégico de la Ciudad de San Luis Potosí.  Ya hay  resultados, se congelo y suspendió la expedición de nuevos títulos a favor de tales grupos. Los documentos están tildados de ilegales, tienen una consigna y una anotación marginal de que están en limbo, sin una definición jurídica definitiva. Sumar el tema de La Pila que se relaciona con San Juan de Guadalupe, por las consecuencias que pueda tener si la urbanizan. Informaron que un grupo de ejidatarios impugnó la instalación de las esferas con un amparo de carácter ambiental. “El juicio de amparo que tenemos se resuelve si se sobresee, porque no se acreditaron los actos”.

El grupo se fue a la revisión y un tribunal colegiado de circuito en San Luis, después de casi un año de litigio, en el expediente 81/2019, revocó la sentencia emitida. Emite otra donde ordena reponer el procedimiento, llevar a cabo una pericial  de carácter ambiental. Fue algo inédito para  San Luis Potosí. Indica un estudio de riesgo, que nunca se había visto. Afirmaron que hay una orden del gobierno federal, que se emitió el primero de diciembre, donde ordena una serie de peritajes.  Involucra a la Universidad Autónoma  de San Luis para que disponga de un perito. Ordena a la Fiscalía General de la República, notificar se ponga un perito que realice una serie de peritajes. Son 90 pasos a revisar. Es un ordenamiento que la gasera no pasará. Uno es el tema de la cercanía con la gente. Les dice que informen, cuántas personas pueden morir si existe una explosión. Los expertos tienen que hacer 50 preguntas que el grupo de ejidatarios hizo en la demanda de amparo. “El secretario de gobierno, Alejandro Leal Tobías, hizo los acuerdos con la gasera. Tendrá que acatar el ordenamiento”.

Los ejidatarios afirmaron que el grupo que cometió el despojo, tuvo de su lado un Tribunal Unitario Agrario corrompido. “A leguas se notó la mala fe del magistrado. Nos regaló una medida precautoria, donde se dice, debe hacerse una anotación en la acta de asamblea, pero no dice, no se negocie. No se expida ningún certificado. El mismo magistrado nos dice que tiene presiones del gobierno estatal para que se realice la certificación. Es algo que no va a poder cumplir. La maniobra carece de formalidades especiales. Intentan certificar, pero tienen 20 faltas del acta de asamblea.  Con una sola, es motivo de nulidad, con 20 no van a poder construir nada. Analizamos el proyecto de denuncia contra el magistrado que incurrió en corrupción”.

Asentaron que el robo o despojo de las tierras involucra a 500 ejidatarios y sus familias, ya que el uso común no se lo pueden robar, como señalan las certificaciones. Los certificados que expidieron, le entregan una parte al comisariado, más de 150 hectáreas que se auto-asignó. “No tienen asesoría  jurídica. Como dijo el magistrado, se pusieron de a pechito, sólo impugnen y la tumban. Es una fantasía del gobierno de que nos van a robar el ejido. No lo podrán hacer”.

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El futuro de Gallardo Juárez, en las manos de Sánchez Unzueta

El ex candidato a la alcaldía de la capital por el PRD, estudioso de los fenómenos sociales y experto en temas del agua, Agustín de la Rosa Charcas, denunció que el alcalde de la capital, Ricardo Gallardo Juárez, como dueño de la franquicia en la entidad, podrá repartir a su antojo las candidaturas en los próximos comicios. A las demás corrientes, llenas de terror por ser reprimidas, les dará sólo migajas. Pero todo depende de las alianzas que haga con su mecenas político, el maximato Horacio Sánchez Unzueta, que tiene en la mira, suplir al vendedor de pollos en la presidencia municipal con su sobrino, el legislador federal, Xavier Nava. En caso de que no haya un acuerdo, Gallardo podría terminar en alguna mazmorra del país. El también articulista de La Noticia, narró que Gallardo se apoderó el PRD a través de métodos violentos y grandes cantidades de dinero. Negó que sea un hombre de izquierda, concepto que ni siquiera entiende por su bajo nivel intelectual. Se mantiene en el ánimo de los votantes por sus prácticas clientelares y la ignorancia de las masas. Expuso que el PRD ha caído en el descrédito al darle cabida a personajes vinculados al crimen organizado. Desde hace mucho dejó de ser referente de las luchas democráticas al obedecer las órdenes de la oligarquía.

-Se creyó que era una utopía que el PRD ganara la capital, endosada al PAN y PRI. Ahora miles lo lamentan.

-Quien lo haya creído, tiene una mente que no entiende los procesos dialécticos de la evolución social, económica y cultural de cualquier pueblo del planeta. Pero quiero precisar algo de lo que entiendo de tu pregunta. Parto del hecho de que consideras que el PRD sea un instrumento político de izquierda y que por tal circunstancia, la izquierda está vetada para el ejercicio del poder en nuestra aparente conservadora ciudad. Y por tanto la derecha representada por el PAN y el PRI son los que tendrían el usufructo del poder en la capital a perpetuidad. Es inaceptable desde un punto de vista sociológico. Y asentar por otra parte, que la ética política en el ejercicio del poder nunca será una realidad, es aceptar, no entender el movimiento de masas que se dio en el siglo pasado, que tuvo su fortaleza en el comportamiento de un líder que defendió en el discurso los conceptos de la honestidad, verdad y la congruencia. También fue un ejemplo de vida. Los principios de lucha le dieron sentido a lo que se conoce como el ejercicio de la ética política y fueron apoyados por decenas de miles de ciudadanos potosinos. Incluso en sus últimas jornadas tuvo un respaldo nacional. Y derrotó de manera contundente a la derecha antidemocrática, autoritaria y corrupta que personificaba el PRI. Es donde sostengo mi afirmación, de que me parece equivocada la postura de que la sociedad potosina es conservadora por razones divinas. Nada es para siempre. Mucho menos en las luchas sociales. En lo científico está demostrado, lo único que permanece es el cambio.

“Ahora, si alguien me dice que la izquierda ganó en la capital potosina y lo ha hecho durante casi nueve años consecutivos en Soledad, lo único que puede demostrar como sustento de sus dichos es que tiene un humor negro y si cree lo que dice, es un ser profundamente ignorante y con un proceso de corrupción intelectual progresivo. El PRD, como partido nacional, hace muchos años que dejó de ser un referente de las luchas democráticas. Es uno más de los que se han instalado en el mercado libre de los partidos satélites que se suman al mejor postor, que ejerce el poder. Lo dejó fuera de toda duda cuando firmó al lado de la derecha, PRI y PAN, el Pacto por México y se alineó a la oligarquía multinacional. Es un peón de la derecha arraigada en el país, que será utilizado mientras le sirva, tal y como lo hacen con el Verde Ecologista y Nueva Alianza. El retroceso del PRD se observa con lo que pasa en la entidad. A base de violencia y de mucho dinero de origen nada claro, la familia Gallardo se apropió de la franquicia. La militancia de izquierda ya no existe. La inmensa mayoría milita en Morena, a la que darán el voto o se abstienen. Gallardo Juárez es un priista de toda la vida. Lo que hace en el ejercicio del poder lo ha hecho el PRI. No tiene ninguna novedad. Carece de capacidad intelectual para poner en práctica políticas sociales de alto impacto.

 

Pero además, no está en su naturaleza cultural. Es un demagogo que ha logrado permear en el ánimo de la gente. Es más corrupto e inepto que los priistas y panistas. Su ascenso en el poder se lo debe a la alianza que ha mantenido, con altibajos, con el compacto grupo priista representado por el ex gobernador Horacio Sánchez Unzueta, el diputado federal Cándido Ochoa Rojas y el gobernador Juan Manuel Carreras López. El Frankenstein se encuentra ahora apestado. Es presa fácil de las instituciones de justicia. Pero los mafiosos todo lo negocian. Si llegan a un acuerdo, de cara al proceso electoral, protegerán con el manto de la impunidad las indecencias que se le han acumulado al cacique potosino. O de lo contrario, es probable que sea un posible huésped de la cárcel en algún lugar del país. En el mejor de los escenarios, lo pueden inhabilitar para contender por cualquier cargo público. Es lo que se conoce como el manejo de los expedientes. Al PRD en San Luis se le ubica como un partido que reproduce a los Abarca del municipio de Iguala, Guerrero. Se les vincula con la avaricia desmedida, el autoritarismo y las represiones. No tiene nada que ver con la izquierda, desde un punto de vista conceptual. Es otro PRI, otro PAN”.

-¿Por qué aceptar militantes que el propio ex dirigente, Carlos Navarrete, descalificó por tener nexos con el crimen organizado?

-Porque es en lo que se ha convertido el partido, está sujeto a la oferta y la demanda, no a los principios. El narcotráfico maneja mucho poder en el país en todos los niveles. Tenemos el rostro un narco estado. La realidad que vivimos los mexicanos lo demuestra. La hipocresía de Navarrete no tuvo límite. Fue uno de los distinguidos líderes de lo que queda de los llamados “Chuchos”, los que apoyaron a los Abarca, integrantes de su corriente. Pero les estalló el escándalo de repudio mundial con la tragedia de las desapariciones y asesinatos de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa y Navarrete se asustó. Los Chuchos tienen datos de lo que son y representan los Gallardo. Fue por lo que exigieron a Gallardo Cardona, se pusiera bajo la tutela de la Procuraduría General de la República para que fuera investigado. Detenido el hijo del cacique y una vez que el padre cerró el acuerdo con el PRI de Horacio Sánchez para competir por la alcaldía de la capital, Navarrete no tuvo ningún empacho en presentarse en los mítines al lado del pollero. Es muy natural que en varias partes del país el PRD postule candidatos relacionados con el crimen organizado.

-¿Cuál ha sido la malévola formula que usan los Gallardo para mantenerse en Soledad y la capital, copiar el esquema del PRD en el Distrito Federal?

-La impunidad que le ha brindado el PRI desde las instituciones del poder público que no ha dejado de controlar. Es una de las más importantes estrategias que ha desplegado el cacique. Es lo que le permite ejercer corruptelas desbordadas y atacar con violencia a sus opositores visibles. Lo favorece que sus contrarios han demostrado una timorata actitud en el debate en Soledad y la capital. El soporte político lo ha fortalecido con las dádivas que reparte entre las clases más débiles, donde tiene un

 

voto corporativo de gente que tiene un nivel socio económico y cultural muy bajo. Al cacique no le importa violar con su despotismo los derechos humanos. Es un tipo inescrupuloso que se sabe protegido por el poder. Es lo que ha hecho el PRI desde siempre. Los mandatos de Gallardo son pésimos. La infraestructura de los municipios que gobierna se han deteriorado de manera acelerada, los baches inundan las calles de los dos municipios, la violencia infernal en la zona metropolitana se ha incrementado en un 70%. Las corruptelas e ineficacia del alcalde para manejar el ayuntamiento se conocen en el ámbito nacional. Es intolerante, narcisista, convulsivo, enemigo declarado de la libertad de prensa. Es un funcionario con un grado de repudio muy importante en sectores cada vez más amplios de la sociedad. El PRD en México es minoría en las preferencias electorales. Es muy probable que pierda el poder en la capital del país. Se demuestra que las políticas clientelares y las transas tienen un margen finito. El cacique perderá el control más temprano que tarde. Si la justicia se practicara en el país, Gallardo debería estar encerrado. Entonces, si ha permanecido en la cima, es por el respaldo del PRI.

-¿Cómo juntarse con el PAN y Movimiento Ciudadano a nivel nacional, si son ideologías excluyentes?

-La razón principal es que no encuentran la forma de parar el posible triunfo presidencial del dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador. Es lo que busca la oligarquía. En el 2018 está en juego asegurar el saqueo de las reservas energéticas aprobadas en el congreso por el llamado Pacto por México para beneficio de una minoría rapaz antinacional. Y terminar de consolidar las contrarreformas constitucionales en perjuicio de las mayorías. Los partidos que se juntan no son excluyentes, comparten la misma ideología conservadora que se ha impuesto por décadas, desde que el PRI ha ejercido el poder. Son los herederos de la colonia que no han dejado de saquear las riquezas de la nación y su mano de obra. Pero además son antidemocráticos. Los que conforman la alianza del frente de la simulación, se han impuesto a los militantes con acuerdos cupulares. Es por lo que se escuchan crujidos en todo el país de la militancia agraviada, que abajo, actúa de buena fe. Busca un mejor nivel de vida, un futuro para todos.

-¿El delegado del PRI, Jorge Shiaffino, ha sido más puntilloso, al destacar que la capital y Soledad las controla el crimen organizado?

-En absoluto. Como buen priista, maneja el esgrima de la declaracionitis, previamente calculado y consensado. Pero además con una insólita irresponsabilidad, que se explica por su cultura de cínico. Escupe al cielo el grillo delegado. La crítica que sostiene contra del cacique, es sólo un golpeteo mediático entre rufianes que son aliados. Son lances políticos para que no se le olvide al edil, quién tiene el mando.

 

Es donde radica el cinismo del sujeto. Lo que señala es correcto. Tampoco es el único. La diferencia radica en que representa al partido que gobierna en el estado y el país. ¿Por qué razón, en lugar de enviarle mensajitos al cacique de lo criminal de su gobierno, no actúan para remediar la corrupción que brota como pus en los ayuntamientos de Soledad y la capital? Porque son aliados, iguales. Uno de los acuerdos básicos es brindarse impunidad. Es el costo que pagan al cacique que les ayudó a que el PAN perdiera la gubernatura y la mantuviera el PRI.

-Gallardo Juárez ya anunció que estará en las boletas del 2018. ¿Le afecta la alianza nacional del PRD con el PAN?

-Es el deseo explícito del cacique y sus múltiples corifeos. Pero las señales que se han presentado en el ámbito nacional y estatal, parecen indicar que no estará en las boletas. La embestida mediática a través del emporio Televisa fue una maniobra que sólo la pudieron instrumentar personas con un perfil de influencia en los altos mandos del poder federal. El PRD fue exhibido como un partido que tiene en sus filas a los Abarca. Como un partido que tolera la corrupción brutal y el autoritarismo sin ningún problema. El golpe fue contundente y no tuvo ninguna defensa de parte del cacique. No había forma de defenderlo. La gente que pretendió salir en su auxilio solo lo hundió más en el descrédito. Los perfiles fueron de porros muy identificados. Fue sintomático que de la directiva nacional nadie salió en su defensa. Ni siquiera el fanfarrón esquirol que fue candidato al gobierno del Estado de México, Juan Cepeda, que estuvo en un acto con la pandilla de los Gallardo donde amenazó que si alguien se mete con sus jefes, lo hace con el comité ejecutivo. ¿Dónde estuvo el viril auxilio de sus aliados dentro del partido? Hasta los delincuentes de la corriente Alternativa Democrática Nacional (ADN) saben quienes son los Gallardo. Por lo que no se movieron. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ya le tiene documentado el desastre que ha desplegado. Todo lo contrario a la Auditoria Superior del Estado que siempre le puso estrellitas de funcionario ejemplar, para envidia del mundo, por su inmaculado manejo. El cacique es una figura desprestigiada, apestada. La mayoría quiere poner distancia de por medio. Parece que les quema la cercanía de su aliado político. Es el caso del maximato Horacio Sánchez Unzueta, que lo impulsó en la alianza con el PRI, desde el 2009, para ganar la alcaldía en Soledad. El alejamiento se notó en los hechos desde que a su sobrino, el diputado federal del PRD, Xavier Nava, lo metió en alianza con el vendedor de pollos por el sexto distrito. Al cacique no le gustó la cercanía del legislador con el mandatario Juan Manuel Carreras. Está en juego la lucha por la presidencia municipal de la capital, donde jamás permitirá que lo desplacen. La ruta del sobrino de Sánchez Unzueta no sería el PRD, por lo que se registró como independiente, en una cruzada en contra de Gallardo, del que se benefició. ¿A poco hasta ahora se dio cuenta de la forma de gobernar de la pandilla del edil? ¿Nunca vio su

 

actuar en los seis años del autoritario, violento, inmoral y corrupto gobierno en Soledad? ¿No supo de la captura de Ricardo Gallardo Cardona por lavado de dinero y su posterior salida?. Horacio Sánchez ya abrió la disputa con el cacique y no se puede ver como un hecho aislado, se da en el entorno de la caída del cacique a nivel local y nacional. Se aprecia el alineamiento de fuerzas que tienen a su merced los que han decidido la suerte del alcalde. No es seguro que su nombre aparezca en las boletas electorales del próximo año como se imagina. Todo apunta a que si en la cúpula del PRI se decide terminar con la vida política de la familia Gallardo, nada podrá hacer para evitarlo. Nadie ignora la forma corruptora de cómo opera. Si llegara a participar en la próxima contienda, por cualquier cargo, será porque llegó a un acuerdo con la mafia del PRI donde estará sujeto a hacer lo que le ordenen.

-¿Dónde están las demás corrientes, se replegaron, huyeron por el terror a ser levantados, una sola familia se va a repartir las posiciones electorales, no tienen que negociar con nadie, la dirigencia nacional los dejará hacer lo que les plazca?

-El caique no ha ocultado lo que es y representa, como lo demuestra su desempeño. Nadie puede reclamarle que los ha engañado. El perfil del actual dirigente del PRD, José Luis Fernández, no deja nada al imaginario. La fama del personero incondicional de los Gallardo, de ser una persona que ha tenido una cercanía con gente de los carteles de la droga, es una historia que corre en las redes sociales desde hace muchos años. Es una de las vertientes por las cuales se relaciona al cacique con bandas criminales. Es por lo que lo llaman el “Abarca de San Luis Potosí”, en los medios locales y nacionales. Ha trascendido que se le hizo llegar un oficio firmado por militantes del PRD a la dirigencia nacional sobre el peligro de que el cacique sea en efecto otro Abarca. Es una realidad preocupante para el partido y su militancia. Las versiones circularon cuando los “Chuchos” tenían el control de la dirigencia. No hicieron nada. Debieron oponerse a la candidatura del personaje con todos los datos que tenían, pero la corrupción y la ausencia de principios la abandonaron desde hace muchos años. Los pocos militantes del PRD, antes de la llegada de la familia Gallardo, en la actualidad sólo vegetan en espera de que el cacique se compadezca y los sume o que la “justicia federal” lo fulmine, para medrar con las ruinas de lo que quede. Pero son muy pocos los que sobreviven. El cacique es parte de la corriente ADN que por ahora se percibe como la de mayor fuerza al interior del PRD y no hará nada que altere las decisiones del alcalde al repartir las candidaturas. Podrá dar algún cargo irrelevante a los representantes testimoniales de las otras vertientes, pero dependerá del humor que tenga. En su naturaleza está hacer lo que le plazca. Si le gusta violar las leyes y realiza las tropelías que se le ocurren y nadie le pone un alto, ¿por qué razón no imponer lo que se le antoje en el PRD, que es de su propiedad?.

 

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