Existen algunas evidencias que ubican al ex gobernador Fernando Toranzo Fernández en el epicentro, en la zona cero del escándalo financiero que provocó su presunto testaferro, el presidente del corporativo Invercorp y sus filiales, Gabriel Alan Salazar Soto, que en su abanico de empresas, aparece como suya Proshine Servicios de Limpieza Integral, que antes atendió la Unidad de Especialidades Médicas de Valles. Las trabajadoras Margarita Zurita y Diana Bernal Zurita, revelaron que la firma pertenecía al cirujano, que también fue director del hospital de Valles y secretario de salud en el sexenio de Fernando Silva y Marcelo de los Santos.
El organismo Ciudadanos Observado ha denunciado que la secretaria de salud, Mónica Rangel, ligada a Toranzo, le ha entregado a diversas empresas de Gabriel Salazar y su hermano Jonathan Alfonso Salazar Soto, contratos por más de 19 millones de pesos. En una especie de catarsis social, Gabo Salazar, en una arenga que tituló A los que me tiran, les entregó más “combustible” a sus detractores para que lo ataquen con fiereza. Reconoció tener muchas “fallas”, como haber sido mesero, taquero, repartidor de volantes y cargador en el mercado de abastos. Nació fuera de matrimonio. Conoció a su padre biológico a los 16 años, el litigante Carlos Víctor Cano Zuart, denunciado por el representante legal de los inversionistas afectados, Salvador Rincón Iglesias, que ilustró de manera magistral el intríngulis de la transa.
Denunció el fraude cometido por Invercorp Capital Financiado, localizado en Carranza 1551. Se deriva y es filial de Cano Soto y Asociados. El presidente del consejo administrativo es Salazar Soto. “Aparece su papá, Carlos Víctor Cano Zuart y Pedro Aquino. Constituyen Grupo Infiniti con 21 empresas, la mayoría fantasmas. Las que nos ocupa es Invercop, que le solicitó a la gente, invertir su dinero con un pago del 10% de utilidades sobre los depósitos. Los más pequeños eran de 50 mil pesos, pero hay de 100, 150, 300 mil y de 2 a 3 millones de pesos. La mayoría lo hizo a través de contratos de inversión en forma individual. Alcanzaron a cubrir el porcentaje hasta octubre del 2019”.
“En noviembre y diciembre empezaron los problemas, retrasaron los pagos, no saldaron las utilidades. El total de socios perjudicados es de 850. Hicimos la denuncia ante la fiscalía local el 8 de mayo por los delitos de fraude y asociación delictuosa. Luego se adhirió otro grupo y demandó el 21. Está pendiente un bloque más. Buscamos que nos paguen rápido el capital que asciende a 14 millones de pesos. Las utilidades las podemos negociar a tres meses. Nos enteramos que Gabriel Salazar iba a promover un juicio de concurso mercantil, lo que resulta difícil de creer, ya que la plataforma del poder judicial abrió el correo electrónico desde el lunes 18 de mayo, hace una semana, para los que quieran presentar demandas de carácter civil, mercantil o familiar. Ya no se supo más”.
“Seguiremos en pie de lucha. Le envié un mensaje al gobernador Juan Manuel Carreras y al secretario, Alejandro Leal, para que nos reciban. Les debe interesar el caso, están obligados a vigilar que las instituciones financieras cumplan con los inversionistas y socios afectados. Consideramos al ejecutivo una persona sana, limpia, que nos ayudará con la justicia. Vamos a gestionar un juicio mercantil por concurso, para que las propiedades que tenga la empresa, las saquen a la venta. Se convoque a las personas a través de los edictos del juez que conozca la causa. Se trata de una sociedad estatal denominada Cano Soto y Asociados”. Se conformó en la notaría 36, donde protocolizó el acta, el suplente, Hutizilihuitl Ortega Pérez. El titular es Alfonso José Castillo Machuca, ambos identificados con el ex gobernador panista, Marcelo de los Santos Fraga, que en su papel de comisario de la extinta Unión de Crédito Regional, avaló una quiebra ilegal que superó los 10 mil millones de pesos.
Rincón denunció que Salazar siempre anda escoltado con 10 guaruras, que se mueven en vehículos blindados, “para embestir. Usa policías privados de Scolta, una de sus filiales del grupo Infiniti, que depende de manera directa de Cano y Asociados. Los agentes laboran en Plaza Tangamanga. Tememos por nuestra integridad personal. Me siguieron el 17 de mayo a la altura de la Cancha Morelos, donde me dio un alcance un Ford Police, blindado, con 6 elementos. Le comenté a mi esposa que nos seguían los escoltas de Salazar, que iba adelante, en su camioneta Grand Robert, con vidrios polarizados. Pedimos el apoyo de Carreras, que nos atienda y de la ciudadanía, para no ser víctimas de un atentado”.
Aunque Toranzo le garantiza impunidad jurídica y política a su testaferro Gabriel Salazar, el verdadero autor material e intelectual del veleidoso motivador es su padre, Carlos Víctor Cano Zuart, al que el ex gobernador Fernando Toranzo, ubicó como administrador de la jurisdicción sanitaria de Valles de la Secretaría de Salud, de enero de 1993 a diciembre de 1994. Antes fue administrador del hospital de segundo nivel materno infantil en la capital, donde duró dos años con tres meses. Fue director administrativo del grupo constructor MB, que se ubica en Avenida de las Artes. Estuvo como director de administración, promoción y gestoría de un lienzo que se ubica en Charro Mexicano 122, fraccionamiento El Cortijo.
Figuró como director ejecutivo y socio de Clinker Eecsa Constructora, que luego se transformó en Eecsa Constructors. Fue director y socio de Acceso Móvil Digital. Director y socio del salón de fiestas, El claustro, del 2004 a la fecha. El negocio aparece en el engranaje de Invercorp. Es director del despacho Carlos Cano y Asociados. Es director administrativo del Instituto Vive Hoy, asociación civil, que presume en folletos su hijo. En sus inicios fue auxiliar de archivo de Ford Disauto en Chiapas. Agente fiscal y jefe de licencias sanitarias en la Secretaría de Salud en Tuxtla Gutiérrez. Jefe de oficina de organización y métodos en México. Estuvo 8 años y 7 meses en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Cano Zuart es licenciado en economía por la Universidad Tecnológica de México. Hizo dos de seis módulos de una maestría en economía administrativa en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. En días recientes, inauguró lujosas oficinas donde despacha como delegado de transportes y construcciones de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos.
Fernando Toranzo también puede ser el principal financiador de los oscuros negocios de Gabriel Salazar. En su etapa de gobernador, junto con su ex cónyuge, la presidenta estatal del DIF, María Luisa Ramos Segura, amasaron una jugosa fortuna, ya que exigían sobornos por el 30% en las obras y compras que realizaban. Al adquirir equipo de seguridad a proveedores de Nuevo León, se ganaron de una tajada, libre de impuestos, cerca de 200 millones de pesos. Ramos, con su hermano Rodolfo Ramos Segura, obtuvieron pingues ganancias en el manejo irregular de los desayunos escolares y hechura de estufas ecológicas. El gigantesco saqueo de las arcas públicas motivó que el ex director de los parques Tangamanga, Martín Toranzo Fernández, solicitara cárcel para su hermano y cuñada. Luego se enredó en una serie de acusaciones de corrupción con el ex jefe de prensa, Roberto Armando Naif Kuri. El litigio todavía sigue vivo en los tribunales. La fórmula que sintetiza el actuar subterráneo de Fernando Toranzo en la mega estafa de Invercorp, se reduce en las figuras de Carlos Víctor Cano Zuart, Mónica Liliana Rangel Martínez y el controvertido parlanchín en declive, Gabriel Alan Salazar Soto.
