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Versiones encontradas en la marcha de los matrimonios igualitarios

Juan Pablo Moreno Guzmán y Paola Moreno

Para externar que están en contra de las iniciativas de género presentadas por el presidente Enrique Peña Nieto, donde incluyó legalizar el matrimonio homosexual, permitir que parejas del mismo sexo adopten niños, el Frente Nacional por la Familia en San Luis Potosí llevó a cabo una marcha en apoyo a otra simultánea que se realizó en 110 ciudades de la república, donde según los organizadores, congregaron cerca de 2 millones de personas.

El vocero en San Luis Potosí del Frente Nacional por la Familia, Juan Carlos Torres, indicó que el movimiento se organizó de manera pacífica, respetando la dignidad y la forma de vivir de las personas. Y al mostrarse a favor de la familia, rechazan las iniciativas de Peña, que atacan e intentan imponer la ideología de género.

La marcha partió de la plaza de Tequisquiapan, siguió por la avenida Carranza, Plaza de Fundadores y culminó en Plaza de Armas. Entre los manifestantes estuvo el diputado del PRI, José Luis Romero Calzada y del PAN, Enrique Flores Flores.

Pero también se presentó un reducido grupo de personas que están a favor de las iniciativas de género. Los quejos calificaron la marcha de doble moral y no pacífica, debido a que recibieron insultos de “maricones”, “jotos”, “váyanse a la iglesia”. Dijeron que en México se llevará a cabo una marcha a favor de la iniciativa de Peña, la cual busca se les otorguen sus derechos, que no se les han querido reconocer por ideologías religiosas.

“Los derechos humanos nos pertenecen a nadie. Quieren vernos como ciudadanos de tercera clase y se comportan como si estuvieran en la década de los 50, cuando decían que respetaban a los negros, pero que no se sentaran junto a los afectados”. Expusieron que en San Luis Potosí todavía se deben amparar, porque los diputados no han querido aprobar la iniciativa para los matrimonios igualitarios, lo que ya está permitido en 10 estados y ya es un derecho que se ganó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No permitirlo es anticonstitucional.

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