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Dimiten Enrique Flores y Óscar Bautista

Hace unos minutos solicitaron licencia al cargo, los diputados Enrique Flores y Óscar Bautista, implicados en un video que grabó el alcalde de Ébano, Crispín Ordaz, donde se revela una red de chantajes y corruptelas en el congreso y Audotoria Superior del Estado. Flores manejó que su permiso es temporal y que podría regresar cuando se aclaren las imputaciones. No se habrá de esconder, ya que no ha cometido ningún delito.

Todo se reduce a dichos de un alcalde con antedecentes. Resaltó que no se puede comprobar algún ilícito. Indicó que cuenta con el respaldo de su familia y se va con las manos limpias. Añadió que el congreso dista mucho de lo que se busca aparanter y no hay algún legislador al que se le tache de corrupto. Pidió disculpas a los compañeros involucrados en el video, donde también se ubica el del Partido Verde, Manuel Barrera y el perredista José Guadalupe Sánchez, que no hablaron si también dejarían la curul.

Por su parte, Óscar Bautista, al que Flores acusó de hacerse millonario con recursos de programas sociales, pidió disculpas a su familia, votantes y correligionarios. Se iba en forma indefinida con la frente en alto. Se retira para que un comité especial investigue, no obstante que ya fueron linchados y juzgados sin que interviniera alguna autoridad. Lo acompañó el diputado de Nueva Alianza, Ricardo Gracía Melo y el legislador del PRI, Fernando Chávez Méndez.

Bautista citó a Flores que minutos antes lo exoneró de culpa. Expuso que renuncia a partir del video donde se le menciona, lleno de presunciones, sin credibilidad ni sustento. Denunció que la diputada panista, Josefina Salazar Báez, fue la única que insistió en quitar las observaciones a las cuentas públicas de los alcaldes panistas.

Más tarde, el diputado del PRD, José Guadalupe Sánchez Torres, por las mismas razones, anunció que se desligaba de la curul para facilitar las pesquisas. Quedó pendiente el legislador dueño de la franquicia del Verde Ecologista en la entidad, Manuel Barrera, que junto con su esposa Ivete Salazar, han amasado una fortuna millonaria. Les compiten con las mismas ganancias, el propietario de Conciencia Popular, Óscar Vera y del Movimiento Ciudadano, Eugenio Govea Arcos.
 
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Crece el malestar ciudadano por la conducta anómala de los diputados

Continúan las protestas ciudadanas en contra de la red de corrupción entre legisladores y funcionarios de la Auditoria Superior del Estado, que se ventiló en un video. Integrantes de asociaciones civiles, agrupaciones de médicos, empresarios y ciudadanos se manifestaron en la sede de Vallejo del Poder Legislativo para exigir que los diputados Enrique Flores Flores, Manuel Barrera Guillén, José Guadalupe Sánchez Torres y Óscar Bautista Villegas, pidan licencia al cargo y enfrenten las investigaciones del caso, sin protegerse en el fuero.

Los inconformes llevaron pancartas en las que se leían frases como No a la corrupción, No al cinismo, Por un gobierno transparente, algunos llevaron trampas para ratones que colocaron frente a la puerta de entrada al edificio y colocaron 27 sillas con frases como oportunistas, rateros, ladrones, lacras, exigieron también se aceleren las investigaciones y se castigue a quienes resulten responsables del blanqueo de las cuentas publicas.

El ex presidente del Colegio de la Profesión Medica, Ricardo Villarreal Villapando expuso que acudieron para decirles a los diputados que no los querían como sus representantes. Estaban avergonzados de tener representantes populares de tal calaña. “No es posible que un señor se ponga a bailar cumbia en las sesiones del congreso y otro se suba a lloriquear en tribuna sus asuntos personales y luego decir que todos tenemos cola que nos pisen. Nosotros no”.

Demandó como punto central que los 4 diputados de “la ecuación de la deshonra” soliciten licencia y enfrenten sin el fuero constitucional las graves acusaciones que se les hacen. Pidió a los asistentes manifestar su rechazo a los legisladores al darles la espalda, como lo hacen con el pueblo de San Luis Potosí.

La plataforma política Ganemos, en una carta dirigida al pleno y los cuatros diputados involucrados en el video escándalo, exigen pidan licencia al cargo, aprobar la ley para revocar el mandato, eliminar el fuero y cancelar el contrato con Panavi.

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Sobornos para limpiar el «cagadero»

Los escándalos por señalamientos de presuntos actos de corrupción para blanquear cuentas públicas, aprobar o rechazar dictámenes, repartirse con criterios partidistas los cargos en instituciones u organismos públicos que deben aprobar, o por los debates de carpa en que se han convertido las sesiones en el congreso, alcanzaron el impacto más alto el lunes 12 de junio cuando se difundió un video donde el diputado del PAN y presidente de la junta de Coordinación Política del Poder Legislativo, Enrique Flores, le explica al alcalde de Ébano, Crispín Ordaz, cómo, cuánto y con quienes de sus compañeros debe pagar el blanqueo de irregularidades de su cuenta pública del ejercicio 2016, cuyos informes finales deben aprobar durante el mes que corre.

En el video que se filtró al diario Pulso, Flores confirma que la Auditoria Superior es solo un instrumento utilizado por los legisladores para negociar, a cambio de dinero, impunidad por el desfalco de los recursos públicos. Detalla que los operadores del negocio son el diputado Óscar Bautista Villegas, que integra la cartera de vigilancia. El presidente del congreso, Manuel Barrera Guillén. El presidente de la comisión de vigilancia y legislador del PRD, José Guadalupe Sánchez Torres.

Con un lenguaje folclórico le expone a Ordaz los pasos a seguir si quiere salir inmaculado a cambio del pago de 4 millones. Promete interceder para que no se le cobre la tarifa establecida que es del 15 al 20% del monto de las irregularidades detectadas, que les aplicarían a otros ediles como el de Ahualulco, Federico Monsiváis y el de Tamazunchale, Baldemar Orta.

Flores dice que es parte de la ecuación, pero que no tomará un peso del soborno. Equivaldría a una chingadera hacerlo después de tanto que lo ha apoyado Ordaz. En otra parte le asegura: «si jalas, ahorita doy las instrucciones para que todo el cagadero quede limpio».

No obstante lo contundente de sus confesiones, Flores ofreció una rueda de prensa en la que no acepto cuestionamientos de los medios, dijo que el video estaba editado, que solo le siguió el juego al edil de Ebano. Crispín Ordaz. Lo calificó como una persona sin credibilidad que ha estado en la cárcel por haber malversado fondos del municipio en anteriores gestiones y aseguró que es una persona a la que la gente le teme.

Los legisladores involucrados en el escandalo de corrupción, Manuel Barrera Guillen y José Guadalupe Sánchez Torres, negaron tener injerencia de lo narrado en el video y presentaron denuncias ante la procuraduría para que se investiguen los hechos. en los que se les involucra en la exigencia de sobornos a cambio de blanquear las cuentas públicas de los alcaldes. Barrera dijo no formar parte de la comisión de vigilancia y no tener ningún trato de amistad con Flores. Sánchez aseguró que no existe posibilidad de manipular los informes que les entrega la Auditoria Superior del Estado.

El alcalde de Ébano, Crispín Ordaz Trujillo, presentó una denuncia contra Flores y quienes resulten responsables en la procuraduría por los delitos de extorsión, cohecho y ejercicio ilícito de las funciones públicas.

En tanto la dirigencia nacional y estatal del PAN, condenaron el video escándalo, deslindaron al partido de cualquier acto deshonesto y sometieron el caso de Flores a las instancias internas de orden y anticorrupción, donde se analiza sea expulsado de sus filas.

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Censuran la ineptitud de Arturo Gutiérrez para detener la incesante ola delictiva

Un grupo de policías que integran la asociación de elementos del sistema estatal de seguridad pública, encabezados por el presidente Arnulfo Delgado González, exigieron ante los diputados la renuncia del general Arturo Gutiérrez, titular de la dependencia, por incapaz para frenar la ola delictiva que azota a San Luis. Además obstaculiza las mejoras salariales y promociones de los uniformados. En contraparte otorga ascensos sin cumplir con el perfil y altos sueldos a agentes que trajo de Tamaulipas y otras partes.

Los afectados estuvieron acompañados por líderes del frente de comerciantes. Dijeron que Arnulfo Delgado fue notificado de manera verbal de su baja a la policía después de 26 años de servicio porque se atrevió a defender los derechos laborales de sus compañeros. Se enteraron que presentaría al congreso una iniciativa de ley que busca mejorar sus condiciones de trabajo.

Delgado y los representantes de los vendedores se reunieron con el presidente de la Junta de Coordinación Política, Enrique Flores Flores, que sin éxito buscó que los inconformes fueran recibidos por Gutiérrez. Al término de la asamblea, los quejosos ingresaron al recinto y entre consignas, el dirigente de los comerciantes del Rebote, Juan Antonio Rodríguez Chessani, denunció el despido del policía y solicitó respaldarlo.

El legislador Alejandro Segovia se solidarizó con los afectados. Resaltó las carencias con las que realizan las labores. Exigió la renuncia del secretario Gutiérrez. Llamarlo a comparecer no basta, pues no ha dado cuentas de los millonarios recursos que recibe para atender la seguridad de los potosinos que va de mal en peor. “Es feo, se siente gacho, lo he afirmado, el sistema político mexicano no sirve. Tenemos que cambiar, me siento mal por no poder hacer nada por ustedes. Pero se que se los lleva la chingada. Hay que sacar al general o nos irá peor. Solicito la renuncia de Gutiérrez, se que no me harán caso. Le pido a mis compañeros, se amarren los pantalones y me apoyen a solicitar la salida».

En entrevista el agente Arnulfo Delgado González, al que también le exigieron entregar su patrulla, denunció que Arturo Gutiérrez ha metido a trabajar a la dependencia más de 200 foráneos, cercanos y familiares, por el simple hueso. Les otorgó grados altos para que perciban un jugoso salario. A la mayoría los tiene en las oficinas de la dependencia, en el C4 o academia de policía. No los saca a la calle, mientras los ciudadanos andan inseguros. “Ojalá y se una más gente para exigir su renuncia, como ya se pronunció en el congreso el diputado Segovia. Los potosinos no podemos soportar gente de fuera que no conoce la ciudad y no sabe nada del tema».

Aseguró que su despido obedecía a que integró una asociación civil, sin fines de lucro, con el objetivo de exigir apoyos para sus compañeros y ampararlos de las injusticias. Dijo que las protestas afectaban los intereses del jefe policiaco e incondicionales, que bajan recursos para combatir la delincuencia. Pero los policías de a pie, que andan en la calle, no ven un peso que se refleje en mejoras laborales. Ya tienen 17 años que no les otorgan un aumento en prestaciones. “No entregan un bono de riesgo. No nos suben de grado para ganar más. La ley marca que cada dos años se debe aplicar un procedimiento para subir de nivel. Peleamos con una mafia, con el gobierno. Lo más fácil resultó darme de baja, quitarme de en medio para seguir con los atropellos». Añadió que Gutiérrez a sus adeptos los acomoda con grados altos y horarios de oficina en detrimento de policías que tienen más de 20 años de laborar. Puso como ejemplo a la hija del director de la academia estatal de policía a la que asignaron un vehículo institucional y gasolina con cargo al erario.

Aseguró que el coraje de los agentes estatales va en aumento porque no tienen apoyo. Tampoco miran estrategias claras para combatir la inseguridad en las calles, con asaltos, robos y homicidios que ocurren a plena luz del día. “Urge quitar a Gutiérrez. Se trajo toda la mafia de Tamaulipas que opera en Valles, donde secuestran empresarios. Es notorio”.

-¿Dentro de las corporaciones policiales está el crimen organizado?

-Sí. Los trajo el secretario. ¿A dónde iremos a dar?. Arnulfo Delgado dijo que hace un año se arriesgó a perder su empleo por exigir un horario de trabajo justo para los policías, como lo marca la ley, de laborar 12 horas y descansar 24. Como represalia fue cambiado a Valles por órdenes de Gutiérrez. Apeló la medida ante otros funcionarios del gobernador, que consideraron injusto el castigo y ordenaron regresarlo a la capital.

Otros policías que participaron en la protesta, que pidieron omitir su nombres por temor a perder el trabajo, reiteraron que Gutiérrez relega a los agentes locales y otorga privilegios a su camarilla que trajo de Tamaulipas, Veracruz y otras partes del país donde laboró. Señalaron que para cubrir las apariencias envía a sus súbditos tres meses a la academia para justificar los ascensos. Hay casos de personas locales con grado de vigilante, el nivel más bajo, con 20 años de servicio, que desde hace dos participaron en las evaluaciones. Cubrieron los exámenes físicos, psicológicos y académicos que les exigen para subir de categoría y no los promovieron.

En enero del 2017, 14 policías con rango de vigilantes, concluyeron un curso de tres meses en la academia estatal como requisito para ascenderlos. Hasta la fecha no les han cumplido. Se sorprendieron cuando notaron que habían acudido en total 40 alumnos. Los restantes 26 eran recomendados del general Gutiérrez, sin cumplir con el perfil. Manifestaron que ha llegado al extremo de otorgar grados de policías a civiles que forman parte del patronato de voluntarios que preside su esposa. El reglamento lo prohíbe. Los ascensos se dan a través de promociones que se deben realizar cada dos años a los que laboran como agentes. Los niveles que existen en la secretaría de seguridad pública estatal, son de vigilantes, agente c, policía segundo, policía primero, suboficial, oficial, primer oficial e inspector.

Expresaron que los salarios son muy bajos. Los que tienen el puesto de vigilantes, ya con los descuentos que les hacen, reciben menos de 4 mil pesos quincenales. Sin contar que algunos tienen préstamos personales. Las compensaciones que reciben algunos agentes son de 920 pesos al mes. No se han incrementado desde la época del comandante Miguel Naya. Los uniformes que les entregan son de mala calidad. Les redujeron de 40 a 35 los litros de gasolina que se entrega a cada patrulla por turno.

Expresaron que el general Gutiérrez en lugar de reunirlos para darles indicaciones, delinear estrategias para el desempeño de sus labores o combate a la delincuencia, como lo hacían otros jefes policiacos, opta por hablar de religión y les da una homilía. En la Academia Estatal de Policía, después de los honores a la bandera, obliga a los alumnos y agentes a escuchar media hora al pastor que les lleva. “En vez de apoyarnos y darnos mejores herramientas para el trabajo, nos encomienda a Dios”.

 

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En el congreso falta liderazgo para elaborar iniciativas trascendentes

Presentar iniciativas por parte de los diputados de la 61 legislatura se ha vuelto una Disneylandia de ocurrencias, lo que la ubica con casi 600. Sin embargo, los niveles de productividad son bajos, pues solo logran aprobarse el 28%. Las que aportan temas importantes para los ciudadanos, se descarrilan. Tampoco pasan, destacó el litigante José Mario de la Garza Marroquín, que preside la agrupación Congreso Calificado, que ha realizado 5 evaluaciones trimestrales a los diputados locales.

«Es bajo el nivel de aprobación de las iniciativas que en lo individual presentan los diputados, refleja que en la actual legislatura no se prioriza, no existe liderazgo en las bancadas. No hay un criterio para decir por dónde debe orientarse el trabajo en San Luis Potosí. Las labores las efectúan los asesores, la infraestructura con que cuenta el congreso. Un día llegan los diputados y les ordenan hacer 4 ó 5 que al final no se aprueban o en su caso, caducan, porque ya existe un término máximo de 6 meses para que se dictaminen. Son pocos los que se aplican en las comisiones, los que buscan convencer a sus compañeros para sacar adelante las propuestas. La mayoría prefiere irse a sus distritos a entregar láminas, cobijas, despensas. A labores de gestoría, lo que no les corresponde, pero utilizan el dinero del congreso».

Añadió que el nivel de caducidad en la última medición es altísimo, porque hay diputados que han presentado 20 ó 30 iniciativas que no alcanzan a salir. “Es una tarea que se ha prostituido, pero hasta la fecha ningún diputado ha levantado la voz para decir vamos a pararlo. Las preguntas que se deberían hacer, es ¿cuántas iniciativas podemos presentar, que serán aprobadas?, ¿para cuánto nos da?, ¿cuáles son los temas más importantes para San Luis?. Los 27 diputados deben sentarse y discutirlo, sopesarlo, dividirse el trabajo”.

Añadió que la actitud de los legisladores por presentar iniciativas casi en masa, que al final no se aprueban, podría compensarse si sacaran las propuestas más trascendentes para los ciudadanos, como la eliminación del fuero, los matrimonios igualitarios o la ley de participación ciudadana. Las propuestas no se califican o abortan a última hora, porque hay una contra instrucción, como ocurrió en el caso de los matrimonios entre personas del mismo sexo. Ya existe un resolutivo de la Suprema Corte de Justicia. Lo que se necesitaba era corregir la ley estatal en la materia porque viola la constitución federal, pero se impusieron los intereses conservadores y los acuerdos con el clero. Se pronunció por eliminar de la ley los puntos de acuerdo que presentan los legisladores, por obsoletos. No se toman en cuenta y solo se utilizan como escaparate político, para el lucimiento personal.

Otro dato que arroja Congreso Calificado es que hasta la última medición de diciembre del 2016, solo 5 de los 27 diputados han cumplido con la tarea de presentar sus declaraciones patrimoniales, fiscales y de conflicto de intereses. Lo que se conoce como 3 de 3. Los que accedieron hacerlo son Gerardo Serrano Gaviño, Enrique Flores Flores, Héctor Mendizábal, Martha Orta y Josefina Salazar Báez. Aseguró que el costo del congreso sobre las dietas que les pagan los ciudadanos, no corresponde con lo que genera. Es además un poder debilitado, no un contrapeso que revise de manera efectiva el gasto público. “La Auditoria Superior es la que fiscaliza los recursos. Su titular José de Jesús Martínez Loredo, les prepara los dictámenes. A los diputados les toca palomearlos, someterlos a un trámite de votación. Los legisladores tienen la tarea fundamental de hacer leyes, pero se distraen al ir a las comunidades. Un ejemplo es que hasta ahora no se ha tocado el tema anticorrupción. Se debió abrir un debate ciudadano de cómo va operar, quienes tienen los perfiles”… continúa (tomado de la versión impresa, Enero 2017)

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Acusan al general Arturo Gutiérrez de traerse la delincuencia de Tamaulipas a San Luis

Ante la falta de resultados para frenar el incremento de la delincuencia en el estado, los diputados Alejandro Flores Flores y la diputada Graciela Gaytán Díaz se pronunciaron por la renuncia del titular de seguridad pública, general Arturo Gutiérrez García, que compareció el 24 de octubre junto con el secretario de gobierno, Alejandro Leal Tovías, para abordar el tema con motivo de la glosa del primer informe de actividades de Juan Manuel Carreras. En un discurso que se volvió monótono, que leyó de prisa y en ocasiones con voz muy baja, el funcionario mencionó los convenios firmados con los estados vecinos para el combate a la delincuencia. Aludió a las pláticas que ofrecieron sus elementos en las escuelas, los talleres que impartieron, los regalos y juguetes que entregaron en navidad y día del niño. Habló de los apoyos que ofreció con patrullas y elementos a los municipios. Mencionó las estrategias implementadas en Salinas, Matehuala y Ébano. El llamado Base Operativa Mixta, Bom, que se lleva a cabo en la capital donde participa el ejército, marina, la Procuraduría General de la República y corporaciones policiacas de los tres niveles de gobierno.

Aludió al premio que se le otorgó al estado por el cierre de las cárceles distritales y el trabajo en la reinserción social. Machacó que de octubre del 2015 a octubre del año en curso, en incidencia delictiva el estado obtuvo el primero y segundo lugar comparado con la zona noroeste y los sitios vecinos. Sigue entre los 11 sitios con menos delitos cometidos en el país, por debajo de la media nacional. En la ronda de preguntas, en respuesta al cuestionamiento de la diputada del PRD, Graciela Gaytán, que lo cuestionó de cómo calificaba su desempeño, el militar, orondo, se puso un 10. Destacó que la dependencia a su cargo trabaja en la seguridad, pero también en prevenir delitos. Ubicó a San Luis en primer lugar por la labor de despresurizar las cárceles y evitar el autogobierno. “Sería vituperio hablar de mí. Pero otras autoridades nos mencionan a nivel nacional e internacional, como la cámara de comercio de los Estados Unidos que coloca a San Luis Potosí como uno de los lugares más seguros para invertir. Es lo que valdría la pena tomar en cuenta”.

La legisladora le pidió hablar con la verdad y no enfatizar los hechos de violencia que se presentan en Soledad y la capital, cuando el problema se vive en todo el estado. Le exigió mejorar las estrategias de combate al crimen. Y en caso de no poder con el cargo, empiece a sopesar su renuncia. “Se menciona que usted trabajó muy bien en Tamaulipas. Lo extrañan porque ahora los que vienen a delinquir son de Tamaulipas. Qué triste, usted diga que tiene un 10. Mejor debería diseñar nuevos planes, para que en todo caso, como dicen los niños en la escuela, pase de panzazo, con 6. Me preocupa que cuando habla de la inseguridad, hace un análisis en base a lo que ocurre a nivel nacional. Lo que debe tener es un estudio, pero de lo que sucede en lo local”.

El legislador del PAN, Enrique Flores Flores le dijo que le reconocía su valor de asistir al congreso, cuando tiene a San Luis con un incremento de 400% en secuestros, 140% en el robo de vehículos, 83% en el delito de lesiones, un aumento del 57% en robo a casas habitación, 37% en violaciones, 30% en homicidios y un 26% en extorsiones. “Reconoce usted que su estrategia ha fracasado y considera que su secretaría es la que peor resultados le ha dado al gobernador Juan Manuel Carreras. La gente se siente desprotegida y en el abandono. Mientras el alcalde Ricardo Gallardo ha realizado varios cambios en el gabinete, hasta el de un síndico que es de elección popular. Carreras, como el entrenador de la selección mexicana en el mundial de 1994, Miguel Mejía Barón, se guarda los relevos. Se tarda en hacerlo en la secretaría de seguridad pública». Le pidió al general aclarar si integró y está bajo su mando el grupo policiaco conocido como Los Talibanes que opera en camionetas sin insignias institucionales ni placas.

Gutiérrez insistió en que las estadísticas del Centro de Investigación y Seguridad Nacional y la Procuraduría General de la Republica ubican a San Luis y Soledad como los municipios donde se cometen más delitos. Aseguró que cuenta con alternativas para evitar que el crimen organizado se asiente en San Luis Potosí a través de los convenios que realiza con municipios para coordinar policías y recursos y con los estados para blindar las fronteras. Adujo que la policía estatal combate al crimen a través de 18 operativos permanentes. Por su desempeño en conjunto con la policía cibernética, se han evitado extorsiones a los potosinos cuantificadas en 64 millones de pesos. Dijo que en las zonas conflictivas además de los operativos se instalan retenes. Negó que operen en la entidad Los Talibanes, conformado por elementos a su cargo traídos de Tamaulipas.

El legislador Manuel Barrera Guillén les pidió a los comparecientes no hablar de estadísticas y dejar los escritorios para saber lo que en realidad ocurre en las calles. Censuró que anuncien con bombo y platillo, operativos como el Bom, donde dijo que participa hasta el bolero de la esquina, pero dejan en libertad a los tres días a criminales, como los 4 que se detuvieron en la huasteca. A dos se les identificó como el brazo armado del 58, jefe de un grupo que por años se ha dedicado a delinquir en tal zona. Exigió mejorar el salario y las prestaciones de los policías operativos, a los cuales hace un año les prometieron homologarles el sueldo. También renovar el parque vehicular ya que de las 400 patrullas de la policía estatal, el 30% se la pasa en el taller y varias que se encuentran en servicio no corren más de 70 kilómetros. Le dijo a Gutiérrez que no era eficiente para los discursos, sí para enfrentar a los delincuentes. Entonces, lo hiciera porque hasta la fecha había tenido un pésimo papel.

Por su parte, el secretario de gobierno, Alejandro Leal Tovías, reconoció el alza en la incidencia de delitos y en los ilícitos atribuidos al crimen organizado, que busca fuentes de financiamiento para establecerse en San Luis. Pero se les combate y no permitirán que se instalen. Atribuyó a un efecto cucaracha y por su cercanía con Tamaulipas, los últimos hechos ocurridos en El Naranjo y Ciudad del Maíz donde un grupo armado, en la madrugada del domingo 23, incendió una bomba de gasolina, asesinaron al trabajador de una empresa refresquera y dispararon a dos camionetas.

San Luis se ubica en el lugar 22 en cuanto a incidencia. Durante los primeros once meses del gobernador Juan Manuel Carreras, se tienen registrados 26 mil delitos. El aumento, justificó, se debe a que el impacto lo clasifican en porcentajes. En septiembre del 2015, no hubo secuestros en la entidad. Ahora un año después, se registraron 2 y aunque ya se aclararon, representan una incidencia del 200%. Aseguró que a través del operativo Bom se combate el crimen organizado. Se tienen ubicadas sus fuentes de ingresos, por lo que son supervisados de forma constante. En 6 semanas fueron cerrados 2 yonques, 11 establecimientos de venta de autopartes, 4 centros nocturnos, 10 bares, 5 casas de masaje, 6 moteles y un negocio de autos usados. Estableció que los ediles a veces patrocinan los grupos criminales, pues les exigen construir las obras. Les imponen gentes en las corporaciones policiacas, por lo que se apoya a los alcaldes para rotar uniformados.

Calificó como un gran problema el robo patrimonial, ya que de enero a septiembre del año en curso, se denunciaron mil 160 atracos a casas habitación contra 966 registrados en el mismo periodo del 2015. Reveló que hace 2 meses, su hijo Alejandro Leal Espinosa, fue la víctima. Los delincuentes le robaron un estéreo, otros equipos y una computadora que se localizó 5 días después a través de un dispositivo que tenía instalado. Se activó al momento de prenderla. Estaba en Lima, Perú. Afirmó que los robos los ejecuta una banda organizada que opera en varias partes del país y comercializan los objetos en otras partes de América del Sur, como ocurrió hace algunos años en el país con el robo de vehículos que se trasladaban en contenedores. Aseguró que el gobierno lucha contra el crimen organizado. Aseguró que la realidad no concuerda con la percepción que se tiene de la inseguridad. Se refirió a dos hechos ocurridos el 3 de octubre, donde fue ejecutado un vendedor de carros y un repartidor de pizzas, lo que derivó en una psicosis creada por las redes sociales…continúa(tomado de la versión impresa, Octubre 2016)

 

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Exigen a Carreras clarifique el gasto de 40 mil millones de pesos que ejerció en su primer año de gestiones

El gobernador Juan Manuel Carreras López le debe a los potosinos explicar el destino de los 40 mil millones de pesos que ejercició de octubre del 2015 a septiembre del 2016, ya que en su primer informe de gobierno, no dijo dónde los aplicó, denunció el líder estatal del PAN, Xavier Azuara Zúñiga. “Para Carreras ha sido el primer año. Aunque para los potosinos parecieran 7 consecutivos de un mal gobierno», aseveró la senadora del PAN, Sonia Mendoza Díaz. La comparecencia de su gabinete ante el congreso, para el desglose de la tarea que hizo en los primeros 12 meses, dejará de ser una pasarela de funcionarios, sentenció el diputado local, Enrique Flores Flores. El trío panista dijo que son urgentes los cambios en el gabinete, deshacerse de los funcionarios que no cumplieron con las expectativas de eficacia.

En conferencia de prensa conjunta, que se llevó a cabo en las instalaciones del comité estatal del PAN, Azuara, Mendoza y Flores definieron la postura de su partido sobre el primer informe de Juan Manuel Carreras López. Manifestaron que en ningún gobierno en la historia como el de Carreras, se registró el mayor número de secuestros, homicidios, asaltos y violaciones. Lo calificaron como un gobernador sin visión para atender los temas más sensibles como la inseguridad, desarrollo social y la economía. En el encuentro con medios informativos, asistió el secretario del PAN, Marcelino Rivera Hernández y el ex diputado federal y local, Juan Pablo Escobar Martínez. La conferencia se realizó el mismo día que Carreras López rindió cuentas a los potosinos.

Azuara Zúñiga explicó que la tarea de un partido político es fiscalizar los resultados de las autoridades. Para el PAN es fundamental que San Luis avance. Se manifestaron con el único objetivo de recuperar el rumbo del estado, con los cambios que se generen. Expuso que con Carreras, los montos de inversiones en obra pública, desarrollo social, agricultura y salud están por debajo de lo que destinan las regiones vecinas, lo que tendrá un impacto negativo a largo plazo. Subrayó que en materia de obra social no hay cifras de cuanto se invirtió. Refirió que Guanajuato, Querétaro y Aguascalientes, invirtieron en tales rubros 3 mil millones de pesos, 2 mil 500 y 2 mil millones de pesos. «Esperamos las cifras de San Luis Potosí para generar un comparativo. Aunque lo invertido en otras partes, está por encima de la entidad potosina».

Agregó que en el campo, Guanajuato hizo inversiones propias por más de 400 millones de pesos. En San Luis Potosí, la autoridad estatal   canalizó apenas 30 millones de pesos. Es urgente que el gobernador haga un análisis de su equipo de colaboradores y realice los cambios necesarios. “Es evidente que no han dado los resultados que los potosinos demandan”. Indicó que desde el senado, cámara de diputados y congreso local, el PAN genera posicionamientos que provoquen un beneficio para los potosinos. La senadora Sonia Mendoza, sin cortapisas expuso: “a las carreras ha sido el primer año del gobierno estatal. No ha habido resultados. Tal pareciera que en San Luis se cumplieron 7 años consecutivos de mal gobierno”. Aseguró que una característica del desempeño de Carreras López es la falta de visión para atender temas sensibles como la inseguridad, desarrollo social y economía.

Explicó que existen deficiencias tan importantes como excluir a los pueblos y comunidades indígenas del Plan Estatal de Desarrollo, por lo que fue reconvenido por parte de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Lamentó el descuido sobre las mujeres, víctimas de la incesante violencia que existe en San Luis Potosí. No se atendieron los constantes femenicidios. Tampoco se ha dado una declaratoria. No se hizo efectiva la alerta de género solicitada desde el 2015. Aseveró que de acuerdo al informe “Sobrevivir a la muerte” de Amnistía Internacional, San Luis Potosí ocupa el tercer lugar nacional en tortura. Según la Encuesta Nacional de Víctimas y Percepción sobre Seguridad Pública, la entidad ocupa el primer lugar en cifras negras con el 96.5% de delitos no denunciados o en los que no se inició alguna pesquisa. Resaltó que siete de cada diez potosinos se sienten inseguros.

Mendoza puntualizó que ha externado su inconformidad en el senado, pero no ha encontrado eco en San Luis. El Instituto Estatal de las Mujeres está ausente, carece de políticas que prevengan la violencia. Indicó que en el tema educativo, según el Índice del Cumplimiento de la Responsabilidad Educativa 2016, que elaboró la Asociación Civil México Primero, San Luis Potosí ocupa el lugar 25 de 32 entidades federativas. El indicador no es congruente con el resultado que el mandatario plasmó en su informe. Además, el estado potosino tiene el presupuesto más alto en su historia, 40 mil millones de pesos, que no se han visto en infraestructura. No hay obra pública, lo que tampoco genera desarrollo en ningún sentido. Es un tema que se debe atender de manera particular y urgente.

Mendoza Díaz dijo que en los primeros 12 meses de gestiones de Carreras López, según las mediciones de la Asociación Civil México Cómo Vamos, generó mil 218 empleos formales menos por trimestre de los que San Luis necesita, de una meta de 6 mil 300 que el mandatario se comprometió. También la productividad se encuentra por debajo de la media nacional y de manera sensible, la pobreza laboral estatal creció. Hoy el 53.9% de la población en San Luis no puede adquirir la canasta alimentaria con el salario que percibe. La misma encuesta señala que la brecha de la desigualdad económica se ensanchó. San Luis obtuvo en desigualdad laboral el 0.459%. La media nacinonal fue de 0.428.

Mendoza Díaz afirmó que uno de los principales indicadores en los que está reprobado Carreras es la inseguridad. “Es un rubro donde le sale a deber a las familias potosinas. Según las últimas cifras del Semáforo Delictivo, herramienta de evaluación ciudadana que se nutre de estadísticas institucionales a partir de 8 delitos, San Luis es la entidad federativa con mayor número de semáforos en color rojo, muy por encima de la media nacional». A partir del 2015, el primer año de Carreras, los secuestros se incrementaron en un 450%. El robo de vehículos el 194%. Las violaciones el 37%. La lesiones 83%. El robo a casa habitación un 57%. Los homicidios dolosos 30% y las extorsiones 26%. “Ningún gobierno tuvo un comienzo tan preocupante como el actual. Hasta el reciente julio, se cometieron 231 homicidios dolosos. Es inaceptable el clima de violencia que vivimos en San Luis Potosí».

Señaló que el tema de seguridad afecta de manera directa las inversiones productivas. En días recientes, la Asociación Internacional American Chamber en su “Informe de Seguridad Empresarial en México” reportó que firmas asociadas tienen planes para dejar de operar en San Luis Potosí a consecuencia del clima hostil. Relató que en el actual gobierno privan las corruptelas, falta de transparencia y rendición de cuentas. La gente no confía en las autoridades, por la impunidad. Subrayó que los ciudadanos no se atreven a denunciar porque no hay ningún resultado. Aseveró que desde el senado de la república reclamó para que se atienda el rubro. Además impulsó políticas que ayuden a mejorar las condiciones de los potosinos a través de gestiones en las presidencias municipales panistas y priistas donde faltan inversiones, porque no hay dinero suficiente para atender las necesidades de los potosinos.

La senadora advirtió que el PAN y sus representantes vigilarán desde el congreso local, federal y senado para que se haga una glosa de cada dependencia. Exhortó a Carreras a revisar el equipo de colaboradores y el que no rinda resultados, le busque una salida. Remarcó que no existe un saldo favorable en el corto ni largo plazo. Precisó que están dispuestos a tenderle la mano para mejorar las políticas públicas en todos los sentidos, como el presupuesto de gastos para el próximo año que se aprobará en los próximos días. Incluso, firmaron un documento para impulsar el desarrollo económico… continúa(tomado de la versión impresa, Septiembre 2016)