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Acusan de despojo a Eugenio Robles Alvarado

El director de desarrollo económico del ayuntamiento y dueño de la constructora Renovación Tecnológica e Ingeniería Sustentable, Eugenio Robles Alvarado, ordenó desalojar de manera arbitraria a 34 familias de bajos recursos del predio San Benito en la colonia Los Ángeles. El funcionario argumentó que el terreno era de su propiedad por lo que sin mediar con los afectados, usó el dominio del lugar e introdujo máquinas excavadoras para comenzar a demoler las casas, sin permitir que los afectados pudieran sacar sus pertenencias.

El litigante Edgardo Juventino Torres Urbina aseguró que las familias tenían cerca de 10 años de habitar el lugar y haber pagado entre 30 y 70 mil pesos por cada lote al señor Xavier Sánchez Valero, que aparece como dueño en los documentos del Registro Público de la Propiedad, el cual vendió terrenos de 15 x 8 metros cuadrados a personas que no tenían recursos, que con esfuerzos, levantaron las construcciones de bloques, ladrillo, madera y cartón. El 7 de febrero reciente, las familias fueron sorprendidas por un actuario. Les dijo que serían desalojados ya que existe un juicio y orden del juez para entregar el predio al negocio que lo reclamó. Sin más explicaciones, comenzaron a entrar las pesadas máquinas. Después llegaron los representantes de la firma para decirles a sus víctimas, que los ayudarían a meter la denuncia en contra de la persona que los estafó. Ya fuera de sus propiedades, les dijeron que iban a detener las construcciones hasta resolver el entuerto.

A los 15 días del primer desalojo, se vuelven a presentar las máquinas y derriban más viviendas. “Nos llaman y piden nuestros servicios para detener el abuso. Nos entrevistamos con los abogados de la empresa, los cuales refieren no conocer los hechos. Comenzamos las negociaciones. Nos ofrecieron reubicar a las familias al lado sur del terreno. Aceptamos de buena voluntad, pero al final, nos dimos cuenta que buscaron ganar tiempo, ya que no pararon las excavaciones. El 5 de marzo, los trabajadores de la empresa acuden a delimitar el terreno con malla ciclónica. Pero los afectados lo impidieron, hasta que resolviera un juzgado. Llegó el subdirector de operaciones de seguridad pública del estado, Samuel Ruiz Montalvo, con 10 patrullas repletas de policías del área metropolitana para replegar a los inconformes”.

“La excusa de cercar el terreno fue para acusarme, junto con mi madre, de habernos robado unos rollos de cerca. Además de que junto a un grupo de personas, invadimos propiedad privada, lo cual es mentira. El ministerio público recibe la denuncia y ordena medidas de protección, es decir, las camionetas de policías. Con la excusa, Samuel Ruiz dijo que debe desalojar a todas las familias del predio. Le respondo que no se pueden llevar a nadie, ya que no habíamos cometido ningún delito. Y de forma prepotente y altanera, maltrató a muchos de los afectados. Me amenazó. Si me negaba a salir, me llevaría detenido junto con las demás personas. Entonces los policías comenzaron a subirnos a las patrullas, incluso niños y señoras embarazadas”.

“Al transitar por el periférico, los policías se detienen y comienzan a jalonear a las personas, con el objetivo de llevarme a otra camioneta. Pero los colonos no lo permiten. Al llegar al edificio de seguridad pública, rápido se presenta una persona del lugar para pedirme que firme un documento donde se menciona que nos llevaron de forma voluntaria para presentar una denuncia. Al rehusarme, empezaron a presionarme. Les pedí que dejaran ir a todos los demás pues no habían cometido ningún delito. Nos liberan pero se quedan con dos personas a los que les imputan los delitos de ultraje a la autoridad y amenazas. Los policías cambiaron las versiones. Como no pudieron presentar pruebas ante el juez, terminaron por soltarlos. Nos dimos cuenta que la verdadera maniobra de llevarnos al ministerio público era para quitarnos del lugar, para que continuaran las demoliciones y delimitar el terreno con cerca”.

“Al investigar más a fondo, pudimos notar que había un juicio hipotecario donde Eugenio Robles Méndez le embarga el terreno a su tío Eugenio Robles Álvarez. Lo cual resultó un contubernio. En el documento peleaban cinco hectáreas y media del lado oriente. Es absurdo, serían dueños del periférico que colinda con el terreno original, que consta de dos hectáreas y media, Pero reclaman el doble. Lo que buscan hacer primero es un supuesto embargo, para generar que la escritura sea pública, ya que muchas veces son privadas o preventivas. Hacen la supuesta demando por la hipoteca. La otra parte la acepta y pone de garantía el terreno. El demandante se adjudica el terreno y hace que un juzgado le de la posesión. Ya con argumentos, van y le dicen al ministerio público que son los dueños, pues el juzgado les dio la autoridad. Aunque las personas tengan muchos años de vivir en el lugar, el terreno ya tiene otro dueño. En lo que se hacen las demandas, la empresa ya se metió y les quitó el predio”.

“En el caso de las cinco hectáreas que reclaman, que no es cierto, después, ante un juez, solicitarán un deslinde y reducen las medidas. Argumentan que los afectó la carretera y listo. Es triste y lamentable que existan notarios que se presten a artimañas. Me ha tocado analizar escrituras apócrifas firmadas por personas que ya fallecieron. Las familias desalojadas no tienen dónde vivir, porque les tumbaron sus casas. Muchos viven en jacales improvisados, hechos con carpas y petates. Nadie les ha dado una salida a pesar de que cuentan con los documentos de compra-venta de los predios. Los afectados solo piden una pequeña parte de la tierra que les quitaron de manera injusta y arbitraria. Han solicitado la ayuda del secretario de gobierno, Alejandro Leal Tobías, de algunos diputados y medios informativos pero no han tenido éxito. Mientras tanto, la constructora busca hacer un nuevo fraccionamiento”.

Juventino Torres aseguró que se trata de un caso más de desalojos en la zona norte de la capital, donde muchos predios no cuentan con escrituras públicas registradas. Origina que personas o empresas se adueñen a la brava. “Gran parte es culpa de los legisladores. La ley establece ciertos requisitos para escriturar un predio ante catastro. Mucha gente solo tienen pequeños contratos que pueden variar después de 50 años que tienen en sus pequeñas propiedades. Pero no cubren los requisitos de una escritura. La norma exige para iniciar las diligencias, la escritura original y que el Instituto Catastral redacte una carta de no propiedad o que mencione que no se cuenta registrada. Pero si yo aseguro que es mi lote, doy las medidas, colindancias y muestro fotos, catastro dice que no puede facilitar datos. La única forma es entregar el folio real o el número de inscripción. Pero como se supone que no lo tienen registrado, no se puede dar. Entonces se cae en una trampa. La gente se desespera y no sabe qué hacer. Es donde entran los vivales con una escritura que a lo mejor no corresponde pero está inscrita y se posesionan donde más les conviene”.

Sobre el predio San Benito, el litigante indicó que el caso se debió llevar ante un juzgado de lo civil para que se revisara y estipulara, quién es el dueño, pues en los documentos del Registro Público de la Propiedad, se tiene como único al señor Xavier Sánchez Valero, que vendió años atrás a los hoy afectados. “Muchos abogados y juzgados han estado en mi contra, pero sabemos quién tiene la legalidad y derecho sobre un terreno que no puede ser afectado de ninguna manera, al menos que la autoridad judicial lo ordene. Si tenían más de una década de vivir en el sitio, donde tenían sus pertenencias, debieron respetarlas. No puede llegar cualquier persona a quitarlos de forma arbitraria, lo que ya pagaron. Se tiene que llevar un juicio, una orden judicial. La empresa siguió con las obras. No le importó actuar de manera ilegal e injusta. En el caso del señor Xavier Sánchez, que vendió los predios, sigue vivo y tiene sus escrituras. Si lo demandamos por fraude, en automático daremos a entender que no estamos seguros de que sea el verdadero dueño, aunque esté registrado como propietario. La empresa asegura también tener las escrituras del terreno, por lo que Sánchez se tendrá que confrontar con Eugenio Robles”.

“Es un asunto difícil donde las empresas se aprovechan. Lo que hacen es llevar una escritura, enseñarla a una persona y le dicen que está apuntada en el registro público. Se imaginan que es suficiente para reclamar una tierra. Se aprovechan de la ingenuidad de los demás, que no saben defenderse y no tienen documentos. Todo lo vamos a demostrar en el juicio que llevaremos con datos y medidas reales. No nos dejaremos intimidar. Metieron como invasor a un sujeto llamado Antonio Salgado Félix, con armas, que ha disparado al aire e inclusive a los mismos habitantes, que ya presentaron denuncias. Lo que buscan es amedrentarlos para que no se acerquen”.

Juventino Torres señaló que la ley no debería inclinarse hacia ningún lado, debe ser justa e igualitaria. No ayudar al que tiene más recursos o influencias. “Cuando decidí estudiar derecho fue porque quería ayudar a la gente. Ahora no será la excepción. Ya solicitamos un amparo y un juicio, seguimos en pie de lucha. Si los jueces se cargan a favor de quien tiene dinero, lo denunciaremos. El pueblo es el único que nos puede sacar adelante y confiaremos en los que simpaticen con nosotros. Esperamos el triunfo. Ahora, como conteniente del Partido Verde a una curul local por el segundo distrito, seguiré con el propósito de abatir todo tipo de corruptelas e impunidad que existen en el estado. Pero los cambios se harán con el apoyo de la gente”.