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En el Interapas de Soledad, desfalcos y caos administrativo

A la delegación del Interapas en Soledad la dejaron en la quiebra total. Los vehículos se utilizaron para tareas particulares. Se heredó una cartera vencida de 230 millones de pesos. Todas las irregularidades están documentadas para presentar las denuncias pertinentes. Se investigue y en su caso, castigue con sanciones administrativas y penales a los ex funcionarios del organismo. La dirección general y la subdelegación no quitarán el dedo de la línea para que se aclare el desfalco, sentenció la nueva titular, Natalia Castillo Vera.

“En Interapas de Soledad, todo el mundo hizo lo que quería. Las camionetas que estaban a cargo de los subdelegados, las recibimos llenas de estiércol, porque las mandaban al rancho de sus patrones. Las oficinas las recibimos en completo desorden, con los baños descompuestos. Documentamos el saqueo con números para iniciar los procedimientos sancionadores en contra de los ex servidores públicos. La forma de actuar tiene consecuencias y si se cometen corruptelas, tienen que pagar”.

Indicó que la venta de pipas de agua, permitido por el anterior delegado, José Luis Castro Castillo, se convirtió en un negocio personal del ayuntamiento. Cada mes sacaban 900 unidades que se llenaban con 4 ó 5 vales de 300 pesos cada uno, según la capacidad de la cisterna. Reveló que en el negocio se involucraron también piperos y ciudadanos. “Las pipas que distribuye el Interapas son gratuitas. Se brindan como parte del servicio, cuando el agua no llega a las llaves de los hogares y la gente ya absorbió el costo con el pago de sus recibos”. Señaló que existen dos pozos secos, ubicados en Hogares Populares Pavón y La Constancia. “Es muy triste que a un pozo se le tenga que inyectar agua para el rebombeo. Hubo un abuso enorme, se iniciaron estudios de factibilidad para nuevos pozos en la zona”.

“Encontramos cobros que no corresponden a la realidad. Una persona adulta pagaba cantidades exorbitantes comparado con gente adinerada que cubrían una bicoca cuando poseen salones de fiesta. Había otros con tomas clandestinas. Fue un abuso total, están enojados porque aparte de que vamos a trabajar con programas y proyectos para sacar adelante al Interapas, iremos por los que robaron”.

Natalia Castillo aseguró que su nombramiento al frente del Interapas en Soledad, no obedeció a ningún tinte político ni capricho del director general del organismo, Fermín Purata. Usó las facultades que tiene para desginarla. Reveló que el desalojo violento del que fue objeto, junto con sus colaboradores, lo encabezó el regidor del ayuntamiento, Federico Rodríguez de Lira, por lo que ya existe una denuncia penal en la fiscalía general del estado. Sumará una querella por violencia de género que preparan abogados especialistas, lo que podría incluso inhabilitar los derechos políticos del edil Gilberto Hernández Villafuerte.

Indicó que el munícipe es responsable desde el momento en que permitió al regidor de su partido, cometer actos de violencia y amenazas en su nombre. La policia a su cargo estuvo presente durante los hechos y no intervino. “Hay muchas situaciones que lo configuran como copartícipe. Los delitos son de acción y de omisión. Hernández es el alcalde, que no ejerza el puesto, es otro asunto. Pero fue electo para el cargo”. La denuncia la articula un despacho nacional que ha llevado casos de violencia de género, se documentará con pruebas que podrían configurar faltas más graves ya que estuvo a punto de ser empujada por las escaleras y sus ayudantes resultaron lesionados. Tuvieron secuelas las lesiones. “Soy una perseguida política. El hecho de llevar las fuerzas públicas del ayuntamiento, denota abuso de autoridad. No se justificó entrar a las oficinas con gritos y amenazas. Existen los videos. La marcha violenta la convocó desde el viernes el regidor Rodríguez. Violentaron los derechos de un órgano público. Cuando se consignen los ilícitos, ojalá que el ex edil de la capital, Ricardo Gallardo Juárez, proteja a la gente que mandó a provocar”.

La litigante afirmó que no era necesaria la presencia de Gilberto Hernández para tratar de desalojarla de las oficinas, ya que existe un contrato de arrendamiento que suscribió el organismo y los renteros. “Ignoro si lo mandaron. Cada quien sabe de quién es gato. En la política hay corrientes, pero también gentes que se dedican a ser corrientes. El señor Hernández puede ubicarse donde quiera. Cometió un grave error al presentarse como lo hizo”.

El grupo que controla el ayuntamiento en Soledad, dijo, no quiere dialogar, sólo buscan cortarle la cabeza. Tener en el Interapas un delegado dócil, para continuar con las oscuras conductas de los últimos años. No les importa usar a los trabajadores a los que obligan hacer guardias en las instalaciones que tienen secuestradas. Algunos son personas de la tercera edad con necesidades económicas, que compran con despensas. “El agua no es un negocio de los ayuntamientos, como lo practicaron en Soledad y la capital. Todo mundo lo sabe, el Interapas, como organismo autónomo, no depende de ningún ayuntamiento. Brinda un servicio y los municipios también son usuarios”.

Castillo Vera negó las acusaciones que se han vertido en su contra, de que ha cortado el servicio en hogares donde existen adultos mayores y niños. “Soy abogada. No hay ningún derecho universal violado por el Interapas. Se equivocan los detractores. Si fuera una persona no preparada, me hubiera enganchado al violentar las garantías, pero soy activista. Me he dedicado a defender a otros más de 20 años de mi vida. Soy maestra en aspectos legales de la comunicación. Conmigo se equivocaron, fui contratada para trabajar, estoy con la ley, soy una mujer de letras, se dónde gritar y no”.

Estableció que se ha cortado el servicio de agua a los morosos, con deudas superiores a los 120 y 170 mil pesos y en algunos edificios pintados de amarillo, donde habitan personas que no han pagado desde que el grupo de Gallardo controla el Interapas. Va a cobrar porque es su deber, como lo es brindar un servicio eficiente. Revisa fraccionamientos, comercios e industrias. Si tienen adeudos, los cubran. “A la gente que se acerca con una queja por cobros injustificados o excesivos, se le atiende. Hacemos inspecciones para constatar que no haya fugas. Tratamos con igual importancia al usuario que paga 200 pesos como al que tiene una industria o fraccionamiento. Pero si llegan con una actitud de agredir, de insultar, para que uno ceda a corruptelas, se van a topar con una mujer que no las permite, ni  tampoco va a dar dadivas. Si el recibo está a nombre de un adulto mayor, existe el descuento”.

Castillo señaló que en Soledad, falta infraestructura. Existe el problema de los drenajes  colapsados y con desperfectos. Hay demasiadas fugas. La práctica de tomas clandestinas está más acentuada que en la capital, porque existe menos urbanismo, consecuencia del irregular desempeño del ayuntamiento. Consideró viable y necesario el aumento a las tarifas que ha propuesto al congreso el director del organismo, Fermín  Purata. Señaló que el Interapas está en quiebra, requiere invertir en infraestructura, nuevos pozos y trabajar para recuperar la cartera vencida y brindar un mejor servicio.  Calificó como un fraude el programa del borrón y cuenta nueva que implementaron en San Luis y Soledad, Ricardo Gallardo Juárez y Gilberto Hernández Villafuerte. Lo hicieron para recuperar algo de lo que no pudieron cobrar porque carecen de inteligencia para hacerlo. Lo utilizaron como una oferta política a la gente que los apoyó. Indicó que en el Interapas se realizan ajustes para cuando existe una fuga o tienen problemas con las tuberías. Hay programas de descuentos para los usuarios de la tercera edad o discapacitados. Lo demás solo fomenta la corrupción.

Añadió que demostrará con trabajo por qué se le nombró en el cargo. En su etapa habrá cero corrupción y limosnas. Su principal tarea será proporcionar a los usuarios un servicio de calidad, pero el ciudadano debe corresponder al pagar el agua, un servicio caro en todo el mundo. Informó que ya realizó 4 licitaciones por el monto de 2 millones de pesos para conductos y cambio de líneas, obras que ayudarán a frenar el deterioro de las redes, problema que se tienen en algunas zonas del municipio.  Trabaja para construir las oficinas propias del Interapas y se conviertan en un espacio digno para los usuarios y empleados, donde se podrán impartir cursos, conferencias sobre el cuidado del agua y concentrar las cajas de pago. Le pidió al fiscal Federico Garza resolver en lo inmediato la denuncia penal que interpuso por agresiones y bloqueo de oficinas donde solicitó medidas para asegurar bienes, entrega del inmueble, proteger su persona y trabajadores.

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Sánchez Unzueta y Machinena pretenden vaciar el centro histórico para construir después negocios de elite

El historiador Joaquín Muñoz Mendoza acusó al ex gobernador Horacio Sánchez Unzueta y al delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Juan Carlos Machinena Morales, de realizar excavaciones en el centro histórico de la capital sin tener un programa elaborado. Expuso que las tardadas obras, donde se corta la energía eléctrica y agua a los establecimientos, semeja a lo que ya se hizo en otras partes como Zacatecas, donde quebraron decenas de negocios, para después suplirlos por otros de mayores ingresos donde la única que se beneficia es la oligarquía. Expuso que empresarios de elite le solicitaron un diseño para suplir el mercado República, que sería demolido, para abrirle paso a un centro comercial exclusivo, donde se vendan los mejores quesos y vinos del mundo. El también ex delegado del INAH puso en duda la capacidad académica e intelectual de Machinena, al que acusó de plagiar un folleto sobre monumentos históricos. Se atrevió a presentarlo en público y dedicarlo a su mecenas y cónyuge, la actual directora del Consejo Tutelar de Menores, Concepción Guadalupe Nava Calvillo. Añadió que los prolegómenos de declaratoria los hizo el coordionador de monumentos de la dependencia federal, Salvador Díaz Berrio en 1976, pero quedaron congelados. «Era una propuesta que llegaba después de la alameda Juan Sarabia. Era inviable porque había afectaciones a la propiedad privada. Estuve de funcionario de 1988 a 1993. Agarro la iniciativa que tenía 13 años detenida. Conseguí el objetivo con mi equipo de trabajo. Tardamos como 8 meses. Se consignó el perímetro a y b como zona de bajo impacto. El a era el sector Reforma, que antes fue un río, dejó de serlo entrado el siglo 20. Eran los límites de la ciudad. El sitio b incluía parte del primero. Había que determinar lugares muy específicos que tuvieran el carácter histórico con el criterio que se manejaría para solicitar los trámites a la presidencia de la república».

«El que se usó antes fue algo arbitrario, ya que eran pocos los edificios históricos, no coloniales, como iglesias y grandes casonas. Fue lo que hizo Díaz Berrio. Cambié el criterio, consideré que dominaba la arquitectura vernácula, popular, del siglo 19. Barrí con las parroquias y los grandes monumentos porque eran del siglo 17 y 18. Como el convento de San Francisco. Descubrimos que fue construido en 1592, a finales del siglo 16. Empezamos a detectar todos los elementos propios de la arquitectura popular del siglo 19 como la altura, entrada de las casas y las crujías internas para proteger el fachadismo que se dio en la época en el Estado de México. Las fachadas eran bonitas, encaladas de blanco, pero se perdía el contenido de identidad cultural de la época y de los potosinos actuales. Se detectaron más de 3 mil monumentos históricos, como una casa del siglo 19, muy conservada, con criterio de la ley federal. Nos colocamos en tercer lugar en importancia numérica en la república, solo aventajados por el Distrito Federal y Puebla de los Ángeles. Era muy importante la declaratoria para echar andar el reglamento de la zona de monumentos y el registro de una zona de monumentos históricos para San Luis dentro de lo que era el registro municipal. Se tocaron muchos intereses y avanzamos en las exigencias de la Unesco. Los diversos gobernadores nos mintieron. Primero Horacio Sánchez Unzueta que dijo se iba a conseguir rápido. Declaré lo contrario, porque había una bola de gente que no estaba preparada, como los arquitectos Juan Carlos Machinena y Marco Antonio Garfias, capaz en lo técnico pero con una ausencia absoluta de datos históricos, donde el uso erróneo de un concepto cambia todo el significado. Un monumento histórico es el que tiene la solera, trayectoria en el tiempo que define la esencia de una ciudad, región, estado, una calle. La Unesco pide monumentos históricos porque lo establece el ejecutivo federal, una zona de monumentos históricos, no edificios bonitos».

«Tenemos de sobra monumentos históricos, pero echaron a andar el proyecto con aspectos de la época colonial. La declaratoria era de monumentos de arquitectura popular y los responsables la manejaban con otros términos, como si la arquitectura de San Luis fuera de corte faraónico, egipcio. Un absurdo. Hasta la fecha se maneja igual porque hay un problema ideológico, aunque no parezca. No es lo mismo declarar una zona de arquitectura vernácula que edificios de la oligarquía, donde figura la catedral, conventos, el palacio de Iturbide. Para la alta sociedad potosina es inadmisible la caractericen en el plano popular. Es donde radica el detalle del asunto. No solo era un problema de intereses económicos, también de carácter político, ideológico. Los gobernadores en turno, ignorantes estructurales, no se daban cuenta de las circunstancias aunque se las explicaran. Contra toda lógica científica y técnica, llegaba un hijo de la familia Valladares, Torres Corzo o como te de la gana y pedían incluir el edificio que compraron para meter un hotel. Fue donde hubo un choque de trenes muy importante que casi me cuesta el puesto. Pero me hizo fuerte el entonces secretario de gobernación, Manuel Bartlet y el presidente de la Comisión Nacional de Cultura, Víctor Flores Olea. Hicimos un trabajo importante con el que le doblamos las manitas a los gobernadores y avanzó la declaratoria como debía ser. El mandatario era Leopoldino Ortiz Santos con el que se consigue el objetivo. No se metió para nada. Sánchez Unzueta intervino en el plano declarativo. ¿Entonces cómo le preocupan ahora los monumentos históricos, si cuando estuvo al frente, se los pasaba por la polla?. En los planes no se mete la Unesco, primero el INAH, que los revisa y da luz roja. Entonces la propuesta de declaratoria pasa a un listado nacional que maneja la Secretaría de Educación, que por lo regular, revisa 16 temáticas»… continúa (tomado de la versión impresa, marzo 2017)