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399 Project Development, el proveedor de Gobierno del Estado, Ayuntamientos y la «Herencia Maldita»

La empresa 399 Project Development, del piloto potosino Jesús Cordero de Ávila, no solo es la favorita de Ricardo Gallardo Cardona para la compra de vehículos y patrullas para las diversas fuerzas de seguridad del estado. También existe un favoritismo hacia la firma del piloto recién premiado por las los diputados con la presea “Plan de San Luis”, por parte del ayuntamiento de Rioverde, Ciudad Fernández y la capital, donde le han entregado jugosos contratos. Inclusive la llamada “Herencia Maldita”, del ex gobernador Juan Manuel Carreras, realizó contratos con 399 Tactical.

La actual administración estatal, le entregó el contrato de la compra de vehículos para la Coordinación Estatal de Protección Civil, por el monto de 2 millones 349 mil 988 pesos. Además, le entregó 33 millones de pesos en vehículos y ambulancias para la Fiscalía del Estado. A través de su página Web y redes, el proveedor exhibe que ha acaparado el contrato de vehículos para la Guardia Civil del Estado. El convenio para para vehículos de traslado del DIF estatal. Le compraron vehículos tipo escolta para el gobierno de Gallardo Cardona. Así como vehículos para Comisión Estatal de Búsqueda de Personas. El monto de los cuatro últimos contratos, se mantiene oculto por parte del Oficial Mayor, Noé Lara Enríquez, quien apela a criterios que atentan a la seguridad, para no revelar el monto erogado en los contratos.

Vehículos entregados a la Guardia Civil Estatal
Camionetas para la Fiscalía General del Estado
Camionetas de Traslado para el DIF Estatal

El negocio 399 Project Development también resultó favorecido con jugosos convenios por el alcalde de Rioverde, Arnulfo Urbiola, quién le entregó 4 patrullas para la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Erogó 4 millones 560 mil pesos. Los datos se obtuvieron a través de la solicitud con folio 240474023000005, realizada por La Noticia. A través de su página web, se supo que 399 Project Development ha realizado contratos con el edil de Ciudad Fernández, Marcos González Jasso, por la compra de una patrulla. También se coló al ayuntamiento de la capital, que encabeza Enrique Galindo Ceballos, quién le ha brindado contratos para motocicletas viales, grúas de alumbrado y pipas de agua. Hasta el momento se desconoce el monto erogado.

Entrega de patrullas por el Ayuntamiento de Rioverde

Patrulla para el municipio de Ciudad Fernández
Grúa para el ayuntamiento de San Luis Potosí
Pipas para el Interapas

La empresa 399 Project Development expone haber prestado servicios en el sexenio anterior, con vehículos para Protección Civil y la Fuerza Metropolitana Estatal, donde entregó 50 vehículos tipo sedanes, 15 Pick Ups y 20 motocicletas en el 2017. Se desconoce el monto total erogado. En el 2018, se realizó otro contrato por 21 patrullas con un gasto de 16.7 millones de pesos.

El exclusivo proveedor, en otros estados cuenta con un negro historial. En el portal Agenda Política de Chihuahua, lo acusaron de haber sido sancionado por la Auditoría Superior del Estado, al incumplir un contrato superior a los 15 millones de pesos, por concepto de “un sistema de señales electrónicas, que tiene como objetivo, obtener y recabar informes por medio de cámaras públicas, para el análisis y suministro en los trabajos de seguridad pública del gobierno estatal”.

En el reportaje, se expone que también fue investigado por el diario, Sol de Quintana Roo, donde establecen que vendió “un servicio de conversión de unidades de seguridad”, vehículos convencionales a patrullas, con un sobrecosto del 400% al municipio de Solidaridad. El informe se publicó en agosto del 2021. Enfatizó que 399 Project Development, en su razón social, no específica ofertar equipos de seguridad pública. Lo que se confirma en el acta constitutiva, donde alude a gestiones y trámites aduaneros.

En la página web ofrece comercializar productos de seguridad, vehículos, software, entre otros servicios. Destaca que Cordero Ontiveros, uno de los principales socios, fue delegado de la extinta Procuraduría General de la República en Michoacán. Otros medios informativos nacionales exponen que lo detuvieron en el 2019, acusado por delitos de despojo de tierras en Michoacán, extorsiones y robo de mineral. Se dijo que fue investigado por el ejército al ostentarse como miembro del desaparecido Estado Mayor Presidencial.

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Más contratos en dependencias públicas

El polémico empresario Gabriel Salazar Soto, enfrenta varias demandas de los ahorradores que timó por  un monto que podría superar los 100 millones de pesos. Fue un proveedor recurrente de la Secretaría de Salud, donde obtuvo 17 contratos entre 2017 y 2018, por casi 65 millones de pesos. En el congreso local, también ofreció y cobró cursos de capacitación. Su negocio Corporativo Gavril, dedicado a la seguridad privada, creado en el 2014, se colocó pronto como proveedor favorito de dependencias y organismos públicos.

En el 2017, a través de un concurso restringido, el Museo de Arte Contemporáneo, que depende de la Secretaría de Cultura, convocó al Corporativo Gavril y la firma Seguridad Integral Greizz, para ofertar los servicios de vigilancia en un inmueble ubicado en Morelos 235. El contrato se entregó  a la empresa de Salazar por un lapso de 10 meses, del primero de marzo al 31 de diciembre. Le pagaron 253 mil 692 pesos en 10 partidas mensuales de 25 mil 369.20 pesos. Se comprometió a vigilar las instalaciones durante todos los días de la semana, con 3 elementos, 2 guardias para el turno diurno y uno para el nocturno.

El convenio lo firmó la directora del museo, Nuria Armengol Niño y el subdirector administrativo, Gerardo Juárez Lozano. Por parte de Gavril, la representante legal, Leslie Denisse Moreno Ferrer. La empresa de Salazar, cuyo domicilio se exhibe en internet, es una casa ubicada en Acerina 828, en el fraccionamiento Esmeralda. Se confirma que cambió de sede, a unas cuantas cuadras, ya que en el convenio aparece Amatista 538, en el mismo sector.

Salazar se coló además al Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa. En el 2016 cobró 8 cheques por un total de 129 mil 920 pesos. Los autorizó la directora Georgina Silva Barragán. Fueron emitidos el 15 de marzo, 2 de mayo, 1 de junio, 5 de agosto, 5 de septiembre, 4 de octubre, 11 y 25 de noviembre, del 2016, por un monto de 16 mil 240 pesos cada uno. Los movimientos constan en un listado de egresos al 31 de diciembre.

El corporativo Gavril fue contratado además por el Consejo Estatal Electoral, desde por lo menos el 2016. Lo que consta en un documento del organismo sobre adquisiciones directas a proveedores del 24 de febrero del mismo año. Le dieron un contrato por 208 mil 800 pesos. Otras 5 empresas presentaron sus propuestas. Se trata de Seguridad Privada de Mexquitic, Seguridad Privada, Resguardo y Vigilancia del Centro y Occidente, Hejoir, Vigilancia y Protección Privada de San Luis y JTSBAC. En el 2018, Salazar continuó en la misma instancia. En un informe de origen y aplicación de recursos, balance general y estado de resultados del 25 de junio, que fue presentado a la Secretaría de Finanzas, apareció Corporativo Gavril en el listado de cuentas por pagar. Le debían 8 mil 999.28 pesos.

También se incrustó en el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. En un estado financiero de mayo del 2019, registra un pago de 11 mil 600 pesos. El llamado “príncipe del emprendimiento”, alardea en sus charlas motivacionales, que un punto central para conseguir clientes es promover las empresas como exitosas, antes de operar. Incluso ya tener clientes potenciales para solventar los gastos y no invertir recursos propios.

Pronto encontró la oportunidad de expandirse. En el 2017 consiguió que la secretaría de seguridad pública estatal, al mando del general de división retirado, Arturo Gutiérrez, le expidiera la licencia inicial para la empresa Scoltta, que pronto acaparó clientes en dependencias públicas. Lo contrató la Minera México, Draexlmaier y la cadena trasnacional Walmart, Plaza Tangamanga y otras.

Con su estilo ostentoso y protagónico, el presidente del consejo administrativo del Grupo Infinite, Gabriel Alan Salazar Soto, publicitó el 10 de diciembre del 2019, la compra automóviles, motocicletas y cuatrimotos para las dos empresas dedicadas a la seguridad, Gavril y Scoltta. “Debemos enfrentar las situaciones que se presentan con calidad y marcar la diferencia”.

Invitó a los interesados en sus operaciones o que buscan empleo, dirigirse o llamar a las oficinas, ahora ubicadas en el edificio M, en avenida Carranza 990. Varios días después de anunciar el concurso mercantil de su emporio, con una avalancha de demandas en contra, por el fraude a cientos de incautos ahorradores que acudieron a Invercorp Capital Financial, el propio Salazar, en las redes sociales, difundió un video donde aparece con sus colaboradores. Juntos decomisan las motos de las empresas que atendieron.