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AYUNTAMIENTOS NO EST√ĀN EN POSIBILIDADES ECON√ďMICAS PARA PAGAR EN ESTOS MOMENTOS LAUDOS LABORALES

  • DEBE ENCONTRARSE UNA SOLUCI√ďN PARA QUE LOS AYUNTAMIENTOS NO RESULTEN AFECTADOS EN SUS FINANZAS: DIP. LAURA PATRICIA SILVA CELIS.

Las autoridades deben hacer una revisi√≥n muy puntual al grave problema de laudos laborales que enfrentan la mayor√≠a de los 58 ayuntamientos, porque, ‚Äúen estos momentos obligar a pagar a los municipios laudos millonarios les afectar√≠a seriamente sus finanzas‚ÄĚ, se√Īal√≥ la diputada Laura Patricia Silva Celis, presidenta de la Comisi√≥n Primera de Hacienda y Desarrollo Municipal del Congreso del Estado.

Explic√≥ ‚Äúlos ayuntamientos atraviesan por una dif√≠cil situaci√≥n econ√≥mica debido a que el Gobierno Federal les recorto recursos econ√≥micos, han resentido una disminuci√≥n en la captaci√≥n de sus ingresos propios derivado de la emergencia sanitaria que existe por el COVID-19; por lo tanto, obligarlos en estos momentos a pagar laudos laborales los dejar√≠a sin posibilidades de hacer frete a sus obligaciones con la ciudadan√≠a‚ÄĚ.

Indic√≥ ‚Äúse tiene que revisar a fondo la situaci√≥n de laudos laborales, que son derechos que obtuvieron los trabajadores que fueron despedidos, se debe encontrar una soluci√≥n para no desfalcar a los municipios‚ÄĚ.

Silva Celis se√Īal√≥ ‚Äúen estos momentos no hay recursos extraordinarios para los municipios, no pueden hacer obras p√ļblicas con recursos federales porque les recortaron el ramo 23, por lo tanto, se tiene que buscar una soluci√≥n al problema de los laudos laborales‚ÄĚ.

Indic√≥ ‚Äúdebemos tener un criterio muy humano y pol√≠tico con este tema de los laudos laborales, lo cual, se encuentra plenamente justificado por el tema de la emergencia sanitaria‚ÄĚ.

Agregó que en el Congreso del Estado se le dará seguimiento a este tema de los laudos laborales a través de las comisiones respectivas, con el objetivo de buscar soluciones que no afecten las finanzas de los ayuntamientos.

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Gabo Salazar también irrumpió con sus ofertas en el congreso local

El empresario y mercad√≥logo potosino, Alan Gabriel ¬†Salazar Soto, denunciado por defraudar a decenas de ciudadanos que enganch√≥ para invertir en la firma Invercop Capital Financial, perteneciente al corporativo Infinite, del que se ostenta como presidente y accionista mayoritario, tambi√©n fue un proveedor recurrente del congreso del estado. Su empresa Cano Soto y Asociados cobr√≥ en septiembre del 2017 dos cheques por un total de 144 mil 600 pesos, por servicios de ‚Äúcapacitaci√≥n en materia de medio ambiente y su v√≠nculo con derechos humanos‚ÄĚ y ‚Äúservicios de capacitaci√≥n en materia de derechos del trabajador y prestaciones‚ÄĚ. En tal √©poca, presidi√≥ la Jucopo, el panista Jorge Luis D√≠az Salinas. La encargada de la cartera de derechos humanos era la perredista, Dulcelina S√°nchez de Lira, sujeta a proceso por manejar facturas fantasmales.

Los pagos de los cheques 6728 y 6729 de Banorte, cada uno por 72 mil 300 pesos, los autoriz√≥ la Junta de Coordinaci√≥n Pol√≠tica, de la pasada legislatura. Salazar tambi√©n ofreci√≥ sus servicios al gobierno del estado, del que recibi√≥ a trav√©s de la Secretar√≠a de Salud, solo en el 2018, 19 millones de pesos por servicios de mantenimiento, lavander√≠a y limpieza, como revel√≥ una investigaci√≥n de Ciudadanos Observando. Tambi√©n convenci√≥ y deslumbr√≥ a empresarios locales de apoyarlo en su sue√Īo de construir el primer rascacielos en San Luis, que nunca se concret√≥.

Sin temor al riesgo, como lo relata en sus pl√°ticas y conferencias a emprendedores en universidades e instituciones de educaci√≥n superior, Salazar Soto a trav√©s de Cano y Asociados, promovi√≥ el 20 de marzo pasado un juicio de amparo que fue radicado ante el juzgado tercero de distrito, en contra de actos del presidente de la rep√ļblica, Andr√©s Manuel L√≥pez Obrador y otras autoridades, para que se le condonara, eximiera o prorrogara el pago de impuestos por la emergencia sanitaria del covid 19.

El 3 de abril, el juez tercero de distrito le concedi√≥ el amparo y dict√≥ suspensi√≥n de plano para que el ejecutivo federal se pronunciara sobre las medidas en materia de condonar impuestos, cuando existe una emergencia, como exigi√≥ Soto en el escrito de demanda. La Secretar√≠a de Hacienda y Cr√©dito P√ļblico, en un comunicado del 7 de abril, calific√≥ de ilegal el amparo concedido al empresario y anunci√≥ que lo impugnar√≠a. El 13 abril el primer tribunal colegiado en materia civil y administrativo en San Luis, revoc√≥ la suspensi√≥n que le fue concedida a Salazar Soto. Ahora tendr√° que efectuar su declaraci√≥n anual 2019 y pagar impuesto por los ingresos obtenidos en el ejercicio fiscal. Su controversia con hacienda, ocurre solo unos d√≠as antes de ser acusado de fraude. El 23 de mayo anunci√≥ en redes sociales, la inminente quiebra de sus negocios.

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Los juicios políticos, inoperantes, instrumentos para la reyerta

La figura de juicio pol√≠tico que se estableci√≥ en la constituci√≥n pol√≠tica en 1982, es inoperante, porque no existe voluntad de los senadores en el √°mbito federal y de los diputado locales, en el caso estatal, para aplicarla en aras de conseguir justicia y castigar los abusos de pol√≠ticos y servidores p√ļblicos, afirm√≥ el ex magistrado y ex catedr√°tico de la facultad de derecho de la Universidad Aut√≥noma de San Luis Potos√≠, Merced Ponce Blanco. Mencion√≥ que son muchas las demandas que se presentan y ninguna ha prosperado. Las que se revisan son declaradas improcedentes en su gran mayor√≠a en las comisiones. Las pocas que se llegan a dictaminar como v√°lidas, se olvidan cuando se forman comisiones jurisdiccionales que las rechazan. Otro n√ļmero importante de las querellas ni siquiera son analizadas. Terminan en los archivos muertos de las instancias legislativas.

El ex juez se√Īal√≥ que la ley de juicio pol√≠tico y la propia constituci√≥n, en los art√≠culos que contempla la figura, han sufrido varias reformas en 38 a√Īos, pero no han servido de nada, ya que no se llevan a la pr√°ctica. Se ha desacreditado tanto que se utiliza como un recurso de car√°cter pol√≠tico para atacar al contrario o defender causas partidistas. En algunas ocasiones, los promoventes o litigantes que los presentan, lo utilizan con afanes protag√≥nicos o de lucimiento profesional, cuando el objetivo es que cualquier ciudadano pueda usar el recurso y que el proceso tenga consecuencias para los sujetos implicados.

El art√≠culo 126 de la Constituci√≥n Pol√≠tica del Estado de¬† San Luis Potos√≠, se√Īala que podr√°n ser sujetos de un juicio pol√≠tico el gobernador, diputados, magistrados, consejeros de la judicatura, jueces de primera instancia, secretarios de despacho, auditor superior del estado, fiscal del estado, fiscales especializados en materia de delitos relacionados con hechos de corrupci√≥n y en delitos electorales, subsecretarios, directores o sus equivalentes en las dependencias y entidades paraestatales y paramunicipales, titulares de los organismos constitucionales aut√≥nomos, presidentes municipales, regidores y s√≠ndicos.

‚ÄúEs procedente el juicio pol√≠tico, cuando los actos u omisiones de los servidores p√ļblicos, redunde en perjuicio de los intereses p√ļblicos fundamentales o de su buen despacho‚ÄĚ, se menciona en el art√≠culo 9 de la ley estatal de juicio pol√≠tico, aprobada en el 2019. Establece 9 causales y se√Īala que el procedimiento solo podr√° iniciarse durante el periodo en el que el funcionario desempe√Īe el cargo o al a√Īo siguiente. Pueden ser llamados a cuentas por atacar las instituciones democr√°ticas. A la forma de gobierno, la organizaci√≥n pol√≠tica y administraci√≥n de los municipios. Violaciones graves a los derechos humanos y sus garant√≠as. Atentar contra la libertad de sufragio. Usurpar atribuciones de funcionarios p√ļblicos cuyos cargos sean de car√°cter constitucional. Cualquier da√Īo a la constituci√≥n pol√≠tica o leyes estatales, cuando cause perjuicios graves al estado, municipios o sociedad. Alteraciones sistem√°ticas y graves a los planes, programas y presupuesto estatal, municipal. Leyes que determinen el manejo de los recursos econ√≥micos, manejo indebido de fondos y recursos del estado, los municipios o de cualquier ente p√ļblico.

El litigante Ponce Blanco lament√≥ que en M√©xico que exista el coraje ni la voluntad para someter a juicio pol√≠tico a servidores p√ļblicos denunciados en cualquier nivel jer√°rquico. En Guatemala, Paraguay y Brasil, han destituido a presidentes de la rep√ļblica. Los mandatarios de Estados Unidos, Bill Clinton y Donald Trump, han enfrentado el proceso jur√≠dico. En 2016, el presidente de Guatemala, Otto P√©rez Molina, fue destituido. Lo acusaron de malversar fondos y lavado de dinero. En el 2012, el mandatario de Paraguay, Fernando Lugo, dej√≥ el cargo por el negativo desempe√Īo de sus tareas, derivado de un enfrentamiento entre polic√≠as y campesinos con consecuencias fatales. En 2016, la presidenta de Brasil, Vilma Rousseff, fue sometida a un controvertido proceso por ocultar un d√©ficit presupuestario que le ayudar√≠a a reelegirse.

En M√©xico, la figura se instaur√≥ en el sexenio de Miguel de la Madrid, cuya bandera de campa√Īa fue la renovaci√≥n moral. Se dijo que ten√≠a como destinatario al senador del¬† PRI y ex director de Pemex, Jorge D√≠az Serrano, que no fue sometido a juicio pol√≠tico, pero si fue desaforado por sus correligionarios en el senado, a petici√≥n de la Procuradur√≠a General de la Rep√ļblica, que lo acus√≥ de fraude y asociaci√≥n delictuosa. En San Luis han enfrentado denuncias similares, sin que hayan prosperado, los exgobernadores Carlos Jonguitud Barrios, Horacio S√°nchez Unzueta y Fernando Toranzo. S√°nchez Unzueta por irregularidades en la red caminera ind√≠gena. Toranzo por hostigamiento laboral y obstruir las tareas del sindicato minoritario de bur√≥cratas que encabeza Francisca Res√©ndiz. El actual mandatario Juan Manuel Carreras, 3 presidentes del Supremo Tribunal de Justicia, Francisco Jim√©nez, Juan Manuel Gonz√°lez y Juan Paulo Almaz√°n Cu√©, magistrados, jueces, diputados, presidentes municipales y sus cabildos,¬† funcionarios estatales y municipales.

En el congreso local existen sin resolver juicios pol√≠ticos presentados hace 12 y 13 a√Īos que no desahogaron las √ļltimas cuatro legislaturas, de acuerdo a datos obtenidos a trav√©s de una solicitud de informaci√≥n. En el 2007 y 2008, que corresponden a la 58 legislatura, se presentaron 31 denuncias de juicio pol√≠tico, de las cuales 11 est√°n pendientes de resolver, 17 se declararon improcedentes y solo 3 se votaron como v√°lidas en contra de los alcaldes de Cerritos, Villa de Ramos y Venado. Se agotaron sin destituir o inhabilitar a los inculpados para volver a ocupar otros cargos. Entre los juicios pol√≠ticos pendientes de 2007 y 2008 est√° el presentado el¬† 11 de abril del 2007 por el ciudadano Fidel L√≥pez Lara en contra del entonces gobernador Marcelo de los Santos Fraga, el secretario de salud, Fernando Toranzo y otros de sus ayudantes, por violaciones reiteradas a la constituci√≥n del estado. Uno en contra de servidores p√ļblicos y comisiones del ayuntamiento de San Luis Potos√≠ y dos presentados por ciudadanos en contra de integrantes de la segunda y quinta sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

Entre los pendientes se encuentra el que interpuso el 8 de julio del ¬†2008, el entonces alcalde de Ciudad Fern√°ndez, Juan Pedro Y√°√Īez Carvajal en contra del s√≠ndico. El tambi√©n contratista y ex l√≠der del comit√© municipal del PR, muri√≥ de un paro cardiaco el 31 de marzo de 2017 en M√©xico. Sin resolverse se encuentra la demanda de juicio pol√≠tico que present√≥ el herrero Rafael Aguilar Fuentes y el taxista Juan Manuel Jurado Lim√≥n, en contra del entonces presidente del Consejo Estatal Electoral, Rodolfo Aguilar Gallegos. Durante el periodo de la 59 legislatura, del 2009 al 2012, se presentaron 35 solicitudes de juicio pol√≠tico de las que est√°n pendientes 16. Se declararon improcedentes 18 y solo se aprob√≥ una. Fue contra la entonces edil¬† de Cerro de San Pedro, Rosaura Loredo Loredo. Lo interpuso el relevo en la alcald√≠a, Jos√© Santos Loredo Tenorio.

Sobre los 16 juicios pendientes, 11 fueron contra alcaldes o integrantes de cabildos de los municipios de Villa de la Paz, San Luis Potos√≠, Mexquitic de Carmona, Salinas, Rioverde y Soledad. Se encuentra pendiente tambi√©n una solicitud de juicio pol√≠tico que present√≥ un ciudadano el 30 de septiembre del 2011 en contra del ex magistrado de la primera sala del poder judicial del estado, √Ālvaro Egu√≠a Romero y la secretar√≠a de estudio y cuenta, Mar√≠a Sara de la Luz Bernal Ram√≠rez. Otro en contra del entonces magistrado Marco Antonio Aranda Mart√≠nez, que promovi√≥ el ex edil Guillermo Pizzuto Zamanillo. Entre las 18 denuncias de juicio pol√≠tico que decretaron improcedente los diputados de la 59 legislatura, destacan 4 interpuestos contra el ex gobernador Marcelo de los Santos Fraga. Los denunciaron los integrantes del colectivo de taxistas, su consuegro Pizzuto y Aguilar Fuentes.

Se desecharon tambi√©n 3 querellas de juicio pol√≠tico interpuestas por el empresario Carlos L√≥pez Medina en su car√°cter de vicepresidente de Aguas del Poniente en contra de los entonces diputados, Beatriz Eugenia Benavente Rodr√≠guez, Julio C√©sar Salinas Ter√°n e Yvete Salazar Torres. Otro lo hicieron varios actores pol√≠ticos de distintas ideolog√≠as y ciudadanos en contra de los diputados de la 59 legislatura que integraron la cartera para la reforma del estado, √ďscar Bautista Villegas, Pedro Pablo Cepeda Sierra, Alfonso Jos√© Castillo Machuca, Vito Lucas G√≥mez Hern√°ndez, √ďscar Carlos Vera Fabregat, Felipe Abel Rodr√≠guez, Tito Rodr√≠guez e Yvete Salazar. En el periodo del 15 de septiembre del 2012 al 27 de julio del 2015, que corresponde a la 60 legislatura, se presentaron 37 denuncias de juicio pol√≠tico. Siguen sin dictaminarse 17, 13 fueron votadas como improcedentes por mayor√≠a o unanimidad, 4 se archivaron y dos se aprobaron.

Los diputados votaron como procedente por unanimidad la denuncia de juicio pol√≠tico que present√≥ el 1 de julio del 2013 el ciudadano Juan Manuel Lara Lugo y otro empleados del Colegio de Bachilleres en contra del secretario de gobierno, C√°ndido Ochoa Roja y el titular de educaci√≥n, Juan Antonio Mart√≠nez. Incluyeron al director de educaci√≥n media y superior, Isidoro del Camino Ramos y al director del Cobach, M√≥nico Jim√©nez Medina. Fue hasta el 31 de julio del 2017 cuando la comisi√≥n jurisdiccional que encabez√≥ el diputado √ďscar Vera, como integrante de la 60 legislatura, cuando se dictamin√≥ declarar condenatoria la solicitud de juicio pol√≠tico, pero solo contra Jim√©nez Medina, que renunci√≥ al cargo en enero del 2016. El 24 de agosto del 2017, el pleno del congreso aprob√≥ inhabilitar por 5 a√Īos al ex funcionario, por haber ejercido el cargo sin tener t√≠tulo.

Despu√©s, los diputados acordaron reducirle la pena a un a√Īo. M√≥nico Jim√©nez combati√≥ el castigo con un amparo que le fue concedido el 9 de julio del 2018, con lo que se le revirti√≥ el castigo. El otro juicio procedente fue el que interpuesto en julio del 2013 el licenciado Miguel √Āngel Paisano, en contra del presidente municipal de Salinas, Salvador Hern√°ndez y su cabildo, donde figur√≥ como regidor el controvertido empresario, acusado de huachicolero, Jos√© Luis Romero Calzada. La comisi√≥n jurisdiccional que se integr√≥ para seguir el proceso, determin√≥ que no hab√≠a lugar para llevarlo a cabo. Entre las 17 solicitudes de juicio pol√≠tico que dej√≥ sin tocar la 60 legislatura, se encuentra el que interpuso el abogado de Tel√©fonos de M√©xico, Jorge F√©lix V√°zquez Ruelas contra la entonces presidenta municipal de San Luis, Victoria Labastida Aguirre, cuyo tesorero, Agust√≠n Sober√≥n, se meti√≥ en un l√≠o jur√≠dico cuando pretendi√≥ cobrar una suma millonaria a Telmex por uso del suelo para las casetas.

Figura el que impulsaron tambi√©n en contra de Labastida e integrantes del ayuntamiento, Rafael Aguilar y Juan Manuel Jurado. Hubo otras demandas contra presidentes municipales y ex alcaldes de Salinas, Rioverde, Soledad y Santa Mar√≠a del R√≠o. En febrero del 2015, integrantes del Sindicato √önico de Trabajadores del ayuntamiento de Soledad contra la presidenta del Tribunal Estatal de Conciliaci√≥n y Arbitraje, Rosa de Guadalupe Cervantes Gamboa. Tres en contra del ex auditor superior del estado, Jos√© de Jes√ļs Mart√≠nez Loredo y dos interpuestos por Ram√≥n Esparza Olivo, en 2014, contra el ex alcalde de Soledad, Ricardo Gallardo Ju√°rez, integrantes del cabildo y funcionarios. Uno m√°s contra el edil Ricardo Gallardo Cardona.

La pasada legislatura recibi√≥ en el periodo del 15 de septiembre al 18 de julio del 2018, 51 demandas de juicio pol√≠tico, de las cuales dictamin√≥ 18 como improcedentes, dej√≥ sin resolver 24, archiv√≥ 5, determin√≥ sin materia 3 y solo una vot√≥ como procedente el 9 de julio del 2016. Fue la que interpuso con fecha 29 de octubre del 2015, el regidor Marcelino L√≥pez M√©ndez en contra del presidente municipal de Santa Mar√≠a del R√≠o, Israel Reyna Rosas, por violaci√≥n a la ley, al nombrar al contralor del municipio y no respetar las propuestas que present√≥ el PRD, como primera mayor√≠a. Sin embargo a 3 tres a√Īos 7 meses, no se integr√≥ la comisi√≥n jurisdiccional que llevar√≠a el proceso. Entre las 24 demandas de juicio pol√≠tico que dej√≥ pendientes la 61 legislatura, se encuentran dos en contra del ex procurador y actual fiscal del estado, Federico Garza Herrera, una la present√≥ el abogado Agust√≠n Castillo Guevara y la otra el Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores del Gobierno del Estado.

Dos que interpuso en 2016, el abogado Jos√© Juan Zavala en contra del diputado √ďscar Vera Fabregat y el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, de Carlos Alejandro Ponce Rodr√≠guez. Una contra el secretario de educaci√≥n p√ļblica del estado, Joel Ram√≠rez D√≠az. Se encuentra pendiente la denuncia que present√≥ en junio del 2018, la dirigente del Sindicato √önico de Trabajadores del Gobierno del Estado, Bernardina Lara Arguelles, en representaci√≥n de un grupo de agremiados, en contra del comisionado presidente de la Comisi√≥n Estatal de Garant√≠as de Acceso a la Informaci√≥n P√ļblica, Alejandro Lafuente Torres y las comisionadas numerarias Paulina S√°nchez del Pozo y Claudia Elizabeth √Āvalos Cedillo. Sin dictaminar est√° una denuncia de juicio pol√≠tico en contra de la auditora superior del estado, Roc√≠o Elizabeth Cervantes Salgado, que promovi√≥ en junio del 2018, la ex empleada de la ASE, Ana Elisa Loredo Torres.

La solicitud que present√≥ Jes√ļs Sierra Acu√Īa, como representante com√ļn del Comit√© de Participaci√≥n Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupci√≥n contra los titulares de la ASE, Fiscal√≠a del Estado, Contralor√≠a Estatal, pleno del consejo de la judicatura, Cegaip y Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, por la negativa a instalar el consejo coordinador. Entre las 18 demandas de juicio pol√≠tico que los ex diputados de la 61 legislatura declararon improcedentes, destaca la de sus¬† correligionarias, Xitl√°lic S√°nchez Serv√≠n y Rebeca Ter√°n Guevara, que fueron denunciadas por el abogado y ex alcalde interino de San Luis Potos√≠, Jos√© Homero Gonz√°lez Reyes, por omisas, al no nombrar en el tiempo establecido a un titular del Tribunal Estatal de Conciliaci√≥n y Arbitraje, para el periodo del 28 de septiembre del 2014 al 27 de septiembre del 2017.

El 21 de junio del 2018, los diputados dictaminaron ¬†por unanimidad improcedente la demanda de juicio pol√≠tico en contra de sus compa√Īeras. Gonz√°lez Reyes promovi√≥ el 17 de julio un amparo en contra del dictamen y el segundo tribunal del noveno circuito en materia civil lo declar√≥ improcedente. Le orden√≥ al congreso del estado emitir otro, por lo que la actual legislatura retom√≥ el caso. El 9 de julio 2019 dej√≥ sin efecto el resolutivo del 21 de junio que emitieron sus antecesores e inician el procedimiento las comisiones unidas de gobernaci√≥n y justicia. El 6 de agosto se nombr√≥ a la comisi√≥n jurisdiccional que preside el diputado del PAN, Rolando Hervert Lara. El 19 de septiembre del 2019, por mayor√≠a, los diputados aprueban el dictamen y desechan la demanda de juicio pol√≠tico en contra de las indiciadas.

La actual legislatura recibi√≥ hasta el 29 de noviembre del 2019, un total de 29 demandas de juicio pol√≠tico, 9 solicitudes fueron declaradas improcedentes, est√°n pendientes 18, una se archiv√≥ y solo aprobaron el juicio contra el secretario de seguridad p√ļblica estatal, Jaime Ernesto Pineda Arteaga, que interpuso el 9 de enero del 2019, el diputado del Partido Verde Ecologista, Edgardo Hern√°ndez Contreras. Pero el comit√© jurisdiccional que se integr√≥ para analizar el fondo de la demanda y que presidi√≥ la diputada del PT, Paola Arreola Nieto, resolvi√≥ que no hab√≠a elementos para iniciar el procedimiento. El dictamen respetivo fue aprobado por 20 votos a favor y 4 abstenciones el 29 de junio del 2019. Hern√°ndez se√Īal√≥ que sus compa√Īeros violaron el debido proceso, al haber aceptado solo pruebas de descargo del funcionario y no las suyas.

Las razones con las que fundament√≥ la querella, se basan en la incidencia delictiva, el da√Īo que le causan a la sociedad los hechos de violencia y la omisi√≥n del secretario al respecto. Anunci√≥ que acudir√≠a a instancias federales para revertir el veredicto. Sobre Pineda est√° pendiente otra demanda de juicio pol√≠tico que present√≥ tambi√©n el legislador Edgardo Hern√°ndez y fue recibida en el congreso el 15 de abril del 2019. Otras querellas de juicio pol√≠tico sin resolver son dos contra el presidente municipal de San Luis Potos√≠, Xavier Nava palacios. Una la present√≥ el 19 de agosto del 2019, Erick Jeovany Flores Mata, que incluye adem√°s a regidores, primer y segundo s√≠ndico. Otra la interpuso el 30 de noviembre del 2019, Vicente Domingo Hern√°ndez Ram√≠rez contra Nava y regidores integrantes de las comisiones de desarrollo rural y asuntos ind√≠genas.

Sin dictaminar est√° el juicio pol√≠tico contra el ex alcalde de San Luis, Ricardo Gallardo Ju√°rez, su tesorero y actual¬† legislador, Jes√ļs Emanuel Ramos Hern√°ndez, que interpuso el 30 de noviembre del 2019, la segundo s√≠ndica del ayuntamiento, Alicia Nayeli V√°zquez Mart√≠nez, por el supuesto da√Īo al erario de mil 30 millones de pesos. Sin dictaminar siguen las demandas en contra del mun√≠cipe de Soledad, Gilberto Hern√°ndez Villafuerte y la s√≠ndica, Yolox√≥chitl D√≠az L√≥pez, que solicit√≥ el 26 de septiembre, Sandra Elizabeth Miranda Gonz√°lez. Hay uno contra el ex alcalde de Matehuala, Jos√© Everardo Nava y las s√≠ndicas Leonor Alejandra C√≥rdova S√°nchez y Mar√≠a Elena Castillo Soria. Dos contra la actual alcalde de Cerro de San Pedro, Rosaura Loredo y su antecesor, el hijo, √Āngel de Jes√ļs Nava Loredo. Hay dos querellas contra el actual edil de Tampamol√≥n Corona, Isidro Mej√≠a G√≥mez e integrantes del cabildo, por violaci√≥n a un amparo.

Mej√≠a enfrenta tambi√©n varias denuncias penales en la fiscal√≠a local por su presunta injerencia en homicidios y desapariciones. Sin analizar por parte de los diputados se encuentra la demanda de juicio pol√≠tico contra el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Juan Paulo Almaz√°n Cu√© y los consejeros de la judicatura, Diana Isela Soria Hern√°ndez y Jes√ļs Javier Delgado Sam y el ex consejero Carlos Alejandro Ponce Rodr√≠guez. La querella contra el ex alcalde de Villa de Reyes, Juan Gabriel Sol√≠s, regidores y ex funcionarios, que interpusieron jueces auxiliares y ciudadanos por presuntas irregularidades en la asignaci√≥n de obra p√ļblica. Sin resolver est√° una denuncia contra el presidente de la Comisi√≥n Estatal de Derechos Humanos, Jorge Andr√©s L√≥pez Espinosa, que se elabor√≥ en noviembre del a√Īo pasado. Otras tres querellas de juicio pol√≠tico contra los regidores del ayuntamiento de Valles, Seraf√≠n Castillo Ch√°vez, Andr√©s S√°nchez Montemayor, Ignacio Vicente Hern√°ndez e Irma Hern√°ndez Medina. Una demanda en contra del ex titular de la Secretar√≠a de Comunicaciones y Transportes estatal, Ramiro Robledo L√≥pez.

El pasado 30 de enero, en sesi√≥n privada, los diputados de la 62 legislatura aprobaron por mayor√≠a los dict√°menes de las comisiones de gobernaci√≥n y justicia, que desecharon por improcedentes 8 denuncias de juicio pol√≠tico y 6 de responsabilidad administrativa. Turnaron a la Auditoria Superior del Estado dos solicitudes para sancionar al presidente municipal, s√≠ndico y secretario del ayuntamiento de Matlapa, administraci√≥n 2015-2018 y al alcalde de Salinas, Antonio P√°ez Galv√°n, s√≠ndico y secretario. Las demandas de juicio pol√≠tico que desecharon los diputados fueron en contra de los ex diputados propietarios y suplentes de la anterior legislatura, que interpuso el abogado Juan Jos√© Fr√≠as Aguilera, el 3 de octubre del 2018. La demanda en contra de la ex oficial mayor del congreso del estado, y hoy diputada local, Beatriz Eugenia Benavente Gonz√°lez, que present√≥ tambi√©n Fr√≠as. La querella de juicio pol√≠tico contra Xavier Nava Palacios y la titular de transparencia del ayuntamiento de San Luis Potos√≠, Pamela M√©ndez Cuevas, que promovi√≥ en septiembre del 2019, Reyna Aid√© Pe√Īa Avelino.

Decretaron improcedente la demanda de juicio pol√≠tico en contra del ex alcalde de San Luis, Ricardo Gallardo Ju√°rez, que demandaron dirigentes de comerciantes y ciudadanos el 30 de octubre del 2019. La demanda en contra del ex edil de Villa de Reyes, Juan Gabriel Sol√≠s, ex regidores, ex¬† secretario, ex s√≠ndico, ex tesorero y los ex directores de desarrollo econ√≥mico y catastro. Lo promovieron jueces auxiliares y ciudadanos en noviembre del 2018. Se desech√≥ la denuncia en contra del juez s√©ptimo del ramo penal, Jos√© Godofredo Flores Zavala, que present√≥ en enero del 2019 Rafael Garc√≠a. La querella en contra de la agente del ministerio p√ļblico, Cecilia Guadalupe Cervantes Gayt√°n, adscrita a la Unidad de Atenci√≥n Temprana, con sede en Ciudad Fern√°ndez.

Los diputados aprobaron la solicitud de juicio pol√≠tico en contra de la s√≠ndica de San Luis Potos√≠, Alicia Nayeli V√°zquez Mart√≠nez, que promovi√≥ en su contra, el 6 de febrero del 2019, el licenciado Jos√© Luis Garc√≠a S√°nchez, por pretender apresurar la designaci√≥n de Gina Maribel Rocha Pa√Īuelas como representante ante el Tribunal Estatal de Conciliaci√≥n y Arbitraje. Por no haber entregado una notificaci√≥n a la acusada, el dictamen se devolvi√≥ a comisiones. Los diputados desecharon tambi√©n por improcedentes 6 solicitudes de juicios de responsabilidad administrativa en contra de integrantes de los ayuntamientos de Santo Domingo, Tampac√°n¬† y Vanegas, administraciones 2012-2015 y 2015-2018, todos por cuestiones laborales.

El 21 de febrero, las comisiones unidas de gobernaci√≥n y justicia del congreso, dictaminaron procedente la demanda de juicio pol√≠tico contra Xavier Nava, que interpuso en su contra la ex oficial del registro civil, Mar√≠a Teresa Carrizalez Hern√°ndez, por presunta violaci√≥n a sus derechos humanos, al ser desalojada el 2 de julio del 2019 por agentes municipales de sus oficinas, despu√©s de ser¬† despedida por parte del ayuntamiento. La aprobaci√≥n gener√≥ controversia hasta en los panistas que lo apoyaron como candidato. La consejera nacional del PAN, Lidia Arguello, se√Īal√≥ que los diputados de su partido, Rub√©n Guajardo, que preside la cartera de justicia y Sonia Mendoza D√≠az, integrante de la misma, que votaron a favor del dictamen, deben ser llamados por el comit√© estatal para que expliquen su actuar.

Dirigentes de c√°maras y organismos empresariales publicaron un desplegado donde censuraron el actuar de los legisladores. Se√Īalaron que los procedimientos no deben ser tomados para el golpeteo pol√≠tico. Inquieta ‚Äúel desprop√≥sito de los diputados que declaran improcedentes juicios pol√≠ticos por actos de corrupci√≥n y aprueba, sancionar a la s√≠ndica Alicia Nayeli V√°zquez Mart√≠nez, por una causa administrativa‚ÄĚ. Los exhortaron a legislar, trabajar y dar resultados para los potosinos y dejar a un lado intereses pol√≠ticos mezquinos, que buscan desgastar y complicar el trabajo de la autoridad municipal. A los empresarios les respondi√≥ el diputado del PAN y presidente de la junta de coordinaci√≥n pol√≠tica, Rolando Hervet Lara. Lament√≥ que justificaran la golpiza a una mujer, abonan a la violencia, lo que es vergonzoso.

Les pidió exigir a la fiscalía local y no al congreso, resultados por las denuncias en contra de los ex legisladores, sobre los cuales no existen solicitudes de juicios políticos. “Al alcalde le sobra arrogancia. Xavier Nava debió castigar a los responsables de lo ocurrido y pedir disculpas. Optó revictimizar a una mujer. Están los videos para confirmarlo. Por su parte, Rubén Guajardo afirmó que al aprobar o rechazar las solicitudes, no hay simulaciones. Las decisiones son colegiadas. Los procedimientos claros, apegados a la ley.

El secretario del ayuntamiento, Sebastián Pérez, calificó como un despropósito de los legisladores, declarar procedente el juicio político contra Nava. Adelantó que no habrá de prosperar ya que buscan desvirtuar al gobierno municipal con un tema muy politizado. La actual legislatura encubre todos los desvíos y fraudes de los antecesores diputados. Carrizales celebró la decisión a través de la plataforma digital Change. Junta firmas para que el pleno del congreso vote a favor del jui

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Bety Benavente y las Lap Top

La que como ha cambiado, es la diputada local Beatriz Benavente, ahora plurinominal por el PRI, ya que, como Oficial Mayor de la pasada legislatura, considerada la ‚Äúpeor y m√°s corrupta de la historia‚ÄĚ fue verdaderamente cuestionada por sus descarados encubrimientos ante claros actos de abuso y corrupci√≥n de los diputados.

Ahora ya como diputada, por estrategia, trata de lavar sus culpas y mantiene una actitud cr√≠tica y dura contra lo que antes solap√≥. Nos enteramos que los actuales diputados se despacharon con la cuchara grande y gastaron 400 mil pesos para nuevas laptops. Fue la √ļnica que se opuso, dijo que en el congreso ‚Äúno existe transparencia, ni eficiencia‚ÄĚ. Pero fue m√°s all√° al se√Īalar que ‚Äúlos equipos deben quedar inventariados, con un oficio firmado por el diputado o diputada. En caso de que no aparezca en el proceso de entrega-recepci√≥n, su costo debe descontarse al legislador respectivo‚ÄĚ.

Sin embargo, cuando estuvo como Oficial del Congreso, el diputado perredista, Sergio Desfassiux, cada dos meses, met√≠a una factura de una empresa fantasma de nombre Grupo Gahe de San Luis, donde simulaba adquirir un equipo de c√≥mputo. Resulta que se acab√≥ la legislatura y las supuestas m√°quinas nunca aparecieron. Beatriz Benavente se hizo de la vista gorda. Hoy existe una denuncia en la Auditor√≠a Superior del Estado en contra de ambos personajes por un presunto fraude. Tambi√©n como Oficial Mayor, puso un sinf√≠n de trabas y obst√°culos para entregar informaci√≥n p√ļblica que por ley deb√≠a ser proporcionada. No cabe duda, que hoy intenta mostrar otro rostro muy diferente y critica lo que ella en su momento hac√≠a.

Otro aumento al transporte.-Ya viene otro golpe al bolsillo de la gente, con un nuevo aumento al transporte urbano que llegará hasta los 9 pesos con 80 centavos. Los permisionarios no cumplen a cabalidad con los compromisos establecidos en la ley, pero aun así se les premia. Lástima Margarito.-
La homologaci√≥n de las tarjetas de prepago no se ha podido realizar por la constante negativa, desde hace a√Īos, del l√≠der del pulpo camionero, Margarito Ter√°n. Ahora menos lo har√°, ya que fue detenido por elementos de la Fiscal√≠a de Jalisco, despu√©s de doce largos a√Īos, por un presunto fraude, donde es acusado de fungir como prestanombres en agravio de una familia, que fue despojada de sus bienes por un valor aproximado de 500 millones de pesos. Es el tama√Īo del problema en que est√° metido.

Ya lo s√© que t√ļ te vas.- Y como dice la canci√≥n. ‚Äúya lo s√©, que t√ļ te vas‚ÄĚ. El Fiscal Anticorrupci√≥n, Jorge Vera, se encuentra atrapado en un t√ļnel que no tiene regreso. Est√° maniatado y las denuncias penales contra ex alcaldes, ex diputados y ex funcionarios, no caminan. Al parecer existe una mano muy poderosa, que mueve la cuna para que el combate a la corrupci√≥n no avance en lo m√°s m√≠nimo. Si se mantiene en lo dicho, en cuesti√≥n de d√≠as agarrar√° sus tiliches y se ir√° en silencio.

Preso en el extranjero.- Primero cay√≥ en Estados Unidos, Genaro Garc√≠a Luna, quien fuera secretario de Seguridad P√ļblica durante el gobierno de Felipe Calder√≥n y ahora se gira orden de arresto contra Manuel Bribiesca Sahag√ļn, hijo de Marta Sahag√ļn, tambi√©n en el norte. Se encontraba en un proceso judicial por fraude y conspiraci√≥n. Mientras en el pa√≠s, el director de la Comisi√≥n Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, fue exonerado y sali√≥ rechinando de limpio seg√ļn pesquisas de la secretaria de la Funci√≥n P√ļblica, Er√©ndira Sandoval. Nos hizo recordar a Virgilio Andrade en tiempo de Pe√Īa Nieto y la Gaviota, con el escandaloso asunto de la Casa Blanca.

Existe la impresi√≥n de que hay un acuerdo con el pa√≠s vecino, para que sean los que vayan contra los corruptos y hagan el trabajo, mientras el actual gobierno federal no se ensuciar√° las manos y seguir√° combatiendo la corrupci√≥n solo en el discurso. Con las detenciones de Garc√≠a Luna y Manuel Bribiesca, le dan un estate quieto a Calder√≥n y Fox, que cada rato le dan duro y tupido a L√≥pez Obrador en las redes sociales. Mientras a Pe√Īa Nieto le funciona su nueva vida de ‚Äúsocialit√©‚ÄĚ y pasa desapercibido.

Las compras putrefactas.- Han pasado ya cuatro largos a√Īos y en la Oficial√≠a Mayor del Gobierno del Estado, las compras y adquisiciones siguen putrefactas, tal como las heredaron de la administraci√≥n pasada. La mayor√≠a son ama√Īadas. Ya se sabe a qu√© proveedores van a beneficiar. Usar empresas fantasmas, para simular competencia y hasta para asignar contratos, ha sido la mec√°nica m√°s usada. Cada vez son m√°s c√≠nicos y descarados. El grupo que encabeza el director de adquisiciones, Miguel √Āngel Montoya, ha cometido actos aberrantes. Se saben protegidos desde arriba y que existe una contralor√≠a encubridora y coludida. Aunque los enormes roedores intenten seguir con procesos ama√Īados, tarde que temprano se van a dar a conocer las fantasmag√≥ricas empresas que manejan peces gordos con prestanombres.

 

 

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Si te vienen a contar, cositas malas de m√≠‚Ķ…

Cuando aquella noche al amparo de la oscuridad acordaron repartirse las plazas de ‚Äúasesores‚ÄĚ del Congreso local, los astutos sinverg√ľenzas jam√°s imaginaron que muy pronto su indecencia habr√≠a de conocerse. El pacto de silencio y complicidad se arruin√≥ por la ligereza de una indiscreta mujer que sin saber que era grabada rebel√≥ con lujo de detalles el modus operandi de este grupo de bribones.

Era el martes 17 de septiembre por la tarde cuando en varios peri√≥dicos digitales estall√≥ la bomba noticiosa. En una grabaci√≥n de 12 minutos se da a conocer la forma en que presuntamente el s√ļper delegado del gobierno federal, Gabino Morales Mendoza, en complicidad con el incorregible Edson Quintanar, (quien ante el tama√Īo del esc√°ndalo ahora escurre el bulto y se hace la v√≠ctima), habr√≠an conspirado para colocar como ‚Äúbecarios‚ÄĚ a sus favoritos en la n√≥mina del Congreso.

Sin el menor recato se escucha en el audio a una tal Lizzeth Garc√≠a Miranda relatar la forma en que estos personajes de la Cuarta Transformaci√≥n enchufaron a las ubres del presupuesto a sus protegidos. Ella misma ‚ÄďLizzeth‚Äď confiesa que es ‚Äúaviadora‚ÄĚ y que est√° apadrinada por Edson Quintanar. La imprudente soplona le confiesa al ‚ÄúMijis‚ÄĚ (diputado Pedro Carrizales) los detalles de su contrataci√≥n y al mismo tiempo lo pone al tanto de las confrontaciones que se viven al interior de MORENA.

Con total desparpajo y sin medir las consecuencias Lizzeth Garc√≠a le cuenta al ‚ÄúMijis‚ÄĚ que la influencia de Gabino Morales al interior del Congreso es muy poderosa por la manipulaci√≥n que hace del d√≥cil Edson Quintanar.

Ya encarrerada, Lizzeth se√Īala a Guillermo Balderas Reyes como el protagonista encargado de concretar el tr√°fico de influencias con cargo al erario p√ļblico. La funci√≥n de este siniestro sujeto, que es asesor de Edson, es resguardar y ocultar a los ‚Äúaviadores‚ÄĚ que cobran hasta 40 mil pesos al mes.

Y en un arrebato de cinismo la delatora le dice al ‚ÄúMijis‚ÄĚ: ‚Äúel problema es por el Lic. Balderas y la gente que meti√≥, porque la mayor√≠a de la gente estaba de aviadora, incluy√©ndome a m√≠,… soy sincera‚ÄĚ.

Despu√©s de esta infamia no queda m√°s que seguir evidenciando a esta banda de saqueadores disfrazados de diputados y funcionarios. Porque este nuevo episodio de corrupci√≥n y tr√°fico de influencias comprueba que el Congreso del estado se ha convertido en la cueva de Al√≠ Bab√°. Que la ‚ÄúEcuaci√≥n Corrupta‚ÄĚ hizo escuela. Que tiene herederos que se esfuerzan d√≠a a d√≠a para honrar su legado. Que la degradaci√≥n de la vida institucional en el Congreso se profundiza. Que los pretendidos representantes ‚Äúdel Cambio Verdadero‚ÄĚ son incongruentes. Que para algunos cabecillas y legisladores de Morena los cargos p√ļblicos son para traficar influencias y gozar de las mieles del poder.

CARAS Y CARETAS.

La Fiscalía Anticorrupción se juega su credibilidad.

Parece que ahora si la Fiscalía Anticorrupción se ha puesto las pilas y ha decidido ir tras dos diputados de la anterior legislatura.

José Luis Romero Calzada (El Tekmol) y Dulcelina Sánchez han sido acusados de peculado. Ahora tendrán que comparecer ante la autoridad para defenderse.

Luego de muchos meses de espera que provocaron la impresión de complicidad la Fiscalía Anticorrupción ha decidido actuar y demostrar que no habrá impunidad en el caso de las facturas de empresas fantasmas que sirvieron para que algunos diputados desviaran millones de pesos en presuntos apoyos de gestoría institucional.

Ojal√° se hayan armado bien los expedientes de este caso para que luego del ‚Äúdebido proceso‚ÄĚ estos y otros latrocinios como el de la repugnante ‚ÄúEcuaci√≥n Corrupta‚ÄĚ reciban su merecido castigo.

Quieren evaluación a modo. Les molesta rendir cuentas.

A los diputados y diputadas locales les molesta la evaluaci√≥n que la organizaci√≥n civil ‚ÄúCongreso Calificado‚ÄĚ les aplica trimestralmente. La estimaci√≥n que realiza esta organizaci√≥n mide el desempe√Īo individual de las y los 27 integrantes del Poder Legislativo a trav√©s de 10 indicadores: Iniciativas presentadas; Puntos de acuerdo presentados; Iniciativas aprobadas; Puntos de acuerdo aprobados; Legislador transparente; Iniciativas caducas; Puntos de acuerdo caducos; Inasistencias y retardos; Negligencia contra las iniciativas ciudadanas y conducta notoriamente perniciosa.

Como por lo general las y los diputados resultan reprobados ahora quieren realizar sus propias evaluaciones. As√≠ lo dio a conocer el nuevo presidente de la Junta de Coordinaci√≥n Pol√≠tica (JUCOPO) el diputado Rolando Hervert al descalificar el trabajo que hace ‚ÄúCongreso Calificado‚ÄĚ por considerar que la metodolog√≠a que emplea no es objetiva.

As√≠ que ahora intentar√°n que algunas universidades y asociaciones de abogados dise√Īen y aplique un nuevo m√©todo de peritaje. Es decir, quieren ser calificados de manera m√°s condescendiente.

Creo que esta fantas√≠a del diputado Hervert es un sue√Īo de opio. La implacable opini√≥n p√ļblica los tienen reprobados y el trabajo que realiza ‚ÄúCongreso Calificado‚ÄĚ ha demostrado que tenemos legisladores amateurs.

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PRESENTA DIPUTADO PEDRO CARRIZALES INICIATIVA PARA INCLUIR EL DELITO DE ECOCIDIO

PROPONE SANCIONES DE HASTA 30 A√ĎOS DE PRISI√ďN Y MULTAS SEVERAS A QUIEN¬† CAUSE ALTERACI√ďN, DESUTRUCC√ďN, DA√ĎO O P√ČRDIDA GRAVE A LOS ECOSISTEMAS

El diputado Pedro C√©sar Carrizales Becerra inform√≥ que present√≥ una iniciativa de adici√≥n del art√≠culo 295 Bis del C√≥digo Penal del Estado, para incluir el delito de ecocidio e imponer sanciones de hasta 30 a√Īos de prisi√≥n y econ√≥micas severas.

El legislador explic√≥ que el ecocidio, se entiende como la ant√≠tesis de la vida y la preservaci√≥n de los ecosistemas, por lo que se propone establecer en el C√≥digo Penal del Estado, que comete el delito de Ecocidio quien cause alteraci√≥n, destrucci√≥n, da√Īo o p√©rdida grave a los ecosistemas den un territorio concreto, ya sea por acci√≥n humana o por otras causas, al grado que altere o ponga en peligro la biodiversidad de la zona o se ponga en riesgo el pleno desarrollo o la vida de los habitantes del lugar.

Indica que, aunado a las sanciones administrativas o civiles a que pueda ser acreedor, se impondr√° pena de 10 a 20 a√Īos de prisi√≥n y el equivalente de 10 mil a 20 mil unidades de medida y actualizaci√≥n vigente. Esta sanci√≥n se incrementar√° en una mitad, cuando se trate de servidores p√ļblicos.

La propuesta indica que si el ecocidio se comete en √°reas naturales protegidas, se impondr√° pena de 15 a 30 a√Īos de prisi√≥n y sanci√≥n equivalente de 20 mil a 40 mil unidades de medida y actualizaci√≥n vigente.

Para la reparaci√≥n del da√Īo, la autoridad deber√° considerar la naturaleza del bien jur√≠dico tulelado en la norma, y ser√° prioridad que se busque el saneamiento de la zona y la restituci√≥n de los elementos naturales afectados.

En el caso de las √°reas afectadas, sean igual o mayor a tres hect√°reas, se aumentar√°n las penas previstas en una mitad.

En su exposici√≥n de motivos, el diputado se√Īala que el derecho al medio ambiente est√° integrado en la Constituci√≥n Federal en su art√≠culo cuarto; sin embargo en San Luis Potos√≠ y el resto del pa√≠s, se han vivido una serie de incendios y transgresiones ambientales que han ocasionado p√©rdidas naturales incalculables, patrimoniales y humanas.

Se√Īala que en M√©xico las cifras hist√≥ricas nos dejan ver que gran parte de los incendios han ocurrido a causa de acciones u omisiones humanas, y ello ha sido uno de los principales factores de riesgo cuando se habla de medio ambiente, ya que en un periodo de 7 a√Īos, de 2010 a 2017, ocurrieron un total de 62 mil 138 incendios forestales, los cuales en su mayor√≠a fueron ocasionadas por la actividad humana.

Record√≥ los recientes incendios generados desde el pasado mes de abril, en la Sierra de San Miguelito, y a√Īadi√≥ que al 6 de mayo, la Comisi√≥n Nacional Forestal inform√≥ que se encuentran contabilizados 40 incendios forestales que han afectado un total de 8 mil 437 hect√°reas en el estado.

Por ello, indic√≥ el legislador, se hace necesario tomar acciones para disminuir el n√ļmero de incendios forestales ocasionados por la acci√≥n humana.

La iniciativa fue entregada a la Oficialía de Partes del Congreso del Estado, para que sea turnada a la Directiva y presentada ante el pleno en sesión ordinaria posterior.

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Por fin se van, dejan huellas de indignidad.

Ya han sido juzgados y sentenciados por el tribunal de la opini√≥n p√ļblica. Son la peor legislatura que ha existido en los √ļltimos tiempos. Se ganaron a pulso esta fama. Los diputados y diputadas que el pr√≥ximo trece de septiembre concluyen su mandato (salvo honrosas excepciones) hicieron un lamentable papel. Da√Īaron la dignidad y el poco prestigio que le quedaba al poder legislativo.

No se van con la frente en alto. Cargan en su conciencia terribles historias de indignidad. Fueron protagonistas de innumerables infamias.

Unos se van y otros llegan. El 14 de septiembre comienza un nuevo ciclo en el Congreso del estado. Empezar√° a escribirse una nueva historia. Puede ser otro ciclo de deshonra o el inicio de un tiempo ejemplar que restaure la dignidad de ese espacio donde se supone reside el imperio del pueblo.

A los diputados y diputadas que debutan les esperan grandes retos, volver a lo b√°sico: dignificar la labor legislativa haciendo valer una aut√©ntica divisi√≥n de poderes; realizar, sin complicidades, las funciones de vigilancia y control del poder Ejecutivo, el Judicial y los Ayuntamientos. Liberarse del sometimiento que tradicionalmente ha ejercido el gobernador sobre esta Asamblea. Elevar el debate parlamentario que fue tan degradado por diputados bufones que convirtieron la ‚Äúm√°xima tribuna del estado‚ÄĚ en un vertedero de inmundicias. Acabar con privilegios, practicar la austeridad, desaparecer presupuestos para gestor√≠a que solo han servido para encubrir atracos y legislar para que a trav√©s de la ley y las instituciones se combata la corrupci√≥n, impunidad e inseguridad que hoy ofenden y hieren a la comunidad. Aumentar derechos en favor de los ciudadanos y reorientar el gasto p√ļblico para combatir la desigualdad econ√≥mica y social. Defender los derechos humanos y la libertad de expresi√≥n. Legislar en favor de las minor√≠as discriminadas y ofendidas. Presionar para que haya transparencia y rendici√≥n de cuentas de parte de todos los funcionarios y entes obligados. Cuidar que las finanzas de los municipios se conserven sanas y, en fin, ser un poder dialogante y comprometido con las demandas de los ciudadanos.

¬ŅH√©roes o Villanos?

La LXII (62) Legislatura que entra en funciones este 14 de septiembre tiene características muy particulares. Se integra con una mayoría de diputados de Morena y sus aliados (PT y PES) ,10 en total. La segunda minoría la organiza el Partido Acción Nacional con 6 legisladores, la tercera fuerza la constituye el PRI con 5 parlamentarios y luego tenemos las mini bancadas (La chiquillada), PVEM con 2, PRD 1, MC 1, PCP 1 y PNA un diputado.

En este momento es un misterio saber si a nivel local se van a dar alianzas parlamentarias que fortalezcan a√ļn m√°s a Morena. A nivel nacional ya se supo que el Partido Verde Ecologista decidi√≥ divorciarse del PRI despu√©s de 15 a√Īos de matrimonio y sumar sus diputados al partido fundado por L√≥pez Obrador. Si esto llegara a ocurrir en nuestro estado, Morena y sus aliados (incluyendo al Verde) tendr√≠an 12 votos para lo que se ofrezca, con ello estar√≠an en posibilidad de obligar al gobernador a bailar al son que ellos le toquen.

Si a esto se suma que el Partido Acci√≥n Nacional y el PRD tienen agravios contra Juan Manuel Carreras (reales o ficticios) derivados de un presunto mangoneo en las √ļltimas elecciones de Tamazunchale y el municipio de la capital, entonces el escenario para el gobernador se complica.

A partir de ahora tratar con el nuevo Congreso del estado ya no será un tranquilo paseo por las arboledas del parque Tangamanga. A Juan Manuel Carreras se le acabó la luna de miel con los partidos de oposición.

Debido a que el partido del gobernador es minor√≠a en el Congreso local el titular del Ejecutivo se ver√° obligado a cambiar su estilo de gobernar. Ya no podr√° imponer a capricho la agenda legislativa, ni definir arbitrariamente la forma en que se va a gastar el presupuesto de cada a√Īo. Al mismo tiempo,

Carreras y sus funcionarios estar√°n m√°s vigilados y habr√° un control m√°s estricto de su desempe√Īo. La integraci√≥n del nuevo Congreso puede dar vida a nuevas formas de ejercicio del poder.

Aunque en la pr√°ctica est√° por verse si los nuevos diputados se toman en serio su papel de freno y contrapeso de las acciones del gobernador y los otros poderes. La duda vale, pues es posible que los legisladores que arriban se dejen seducir por los embrujos del poder. Las tentaciones son muchas y ya se sabe que el poder y el dinero trastornan la personalidad de los mediocres y acomplejados.

Conocedores de la naturaleza humana los hombres que ejercer el poder tiende tradicionalmente a utilizar como estrategia la seducción, la adulación y la fuerza corruptora del dinero para doblegar la voluntad y el voto de los legisladores.

El partido que m√°s responsabilidad tiene para evitar que esto ocurra es Morena (No mentir, no robar, no traicionar al Pueblo).

Ellos y su l√≠der nacional, Andr√©s Manuel L√≥pez Obrador, son quienes se han comprometido ante el pueblo de M√©xico a provocar un cambio verdadero (La Cuarta Transformaci√≥n de la Rep√ļblica). Son, seg√ļn su propaganda: ‚ÄúLa esperanza de M√©xico‚ÄĚ. ¬ŅCumplir√°n su palabra o acabaran repitiendo la lamentable historia de la legislatura que ya se va?

Por otro lado hay que considerar que entre los que llegan al Congreso hay diputados y diputadas con experiencia y prestigio que tiene legítimas aspiraciones de ascender a otros cargos de elección popular en 2021 (a la gubernatura, por ejemplo). Si quieren ganara más reputación actuaran con profesionalismo, madurez e independencia para no dar la impresión de que se convirtieron en lacayos del gobernador.

Habrá que observarlos, darles seguimiento y juzgarlos a partir de lo que hagan a partir de ahora. Pueden ser héroes o villanos, construirse un sólido futuro político o hundirse en el fango del desprestigio.