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La intrincada maraña política de Panavi

La concesionaria del alumbrado público, Panavi, podría convertirse en la punta de la madeja que dejaría al descubierto los sucios negocios que hacen capitalistas y políticos con los recursos públicos. El alcalde de la capital, Ricardo Gallardo Juárez, que antes aseguró cancelar el convenio que calificó como un robo, en menos de cuatro meses se desdijo. Además de mantenerlo, busca incrementarlo 200 millones. Para cubrir los pagos, no le importa hipotecar las participaciones federales. Gallardo Juárez y su antecesor Mario García Valdés son simples peones del capital económico, lavadores de dinero de prestanombres para acrecentar sus fortunas personales a la sombra del poder político. El ex edil de Soledad, Ricardo Gallardo Cardona, tiene su propio listado de contadores públicos para sus maniobras depurativas. El único requisito que exige es darse de alta ante la Secretaría de Hacienda, expedir facturas y pagar impuestos. El ejemplo más palpable es la proveedora fantasmal Sandra Sánchez Ruiz. El apoderado de Panavi es Francisco Xavier Razo Méndez, experto en contabilidad. Pero se ha ubicado como verdadero dueño al hijo del ex presidente Carlos Salinas, Juan Cristóbal Salinas Occelli.

Entre los aliados, socios y peones de Salinas Occcelli se ubica el rector de la Universidad de Guadalajara, Raúl Padilla López. El ex gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez. El actual mandatario Jorge Aristóteles Sandoval Díaz. El ex rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y ex edil de la capital Mario García. Los empresarios potosinos Juan Carlos Valladares Eichelmann y Juan Carlos Torres Rodríguez y Gallardo Cardona que en el 2014 asignó a Led Lumina o Lámparas Ahorradoras Estado Sólido, socia de Panavi, un contrato de 15 años por un monto de casi 500 millones de pesos para el cambio de 14 mil luminarias, mantenimiento, operación y administración del servicio de alumbrado público. Al equipo también se subió el diputado local Enrique Alejandro Flores Flores. El epicentro del negocio de Salinas Occelli se ubicó en Jalisco con el panista González Márquez, que administró la entidad del 2007 al 2013. La liga con Carlos Salinas fue evidente. En el 2010 le pidió recursos para terminar la ruta Lagos de Moreno-San Luis, que se suspendió en el 2013 por litigios. El congreso acordó reabrirla y le asignó 500 millones de pesos, más del 50% de la inversión original. Salinas fue el puente para que su hijo asentara los negocios donde entregó gubernaturas al PAN, como Jalisco, Baja California, Chihuahua y Guanajuato. Pero fue con González donde apareció la avalancha de contratos para empresas que manejan lámparas leds. Salinas Occelli a través de prestanombres, en menos de tres años cubrió municipios de Querétaro, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Baja California, Coahuila, Chihuahua, San Luis Potosí y Jalisco. Los contratos le redituaron 5 mil millones de pesos por servicio de arrendamiento, instalación, mantenimiento y administración del alumbrado público.

La sociedad que ganó la mayoría de los contratos fue Led Lumina Leasing. Tenía vínculos con el hermano del gobernador, Eugenio González Márquez, también asesor del alcalde de Puerto Vallarta, Ramón Demetrio Guerrero, del Movimiento Ciudadano. El municipio firmó con la empresa un contrato de 42 millones durante 15 años, es decir 630 millones de pesos. Se sumó Chapala que pagó 135 millones de pesos, en un lapso de 15 años, para cambiar 2 mil 972 lámparas. En el 2011 se instalaron 400 luminarias que el estado le regaló al ayuntamiento. Guadalajara hizo un convenio por 300 millones de pesos en 15 años. Zapopan signó 78 millones por 14 mil 500 luminarias. Tonalá 300 millones por 21 mil luminarias. Chihuahua instaló 8 mil lámparas. En Madero, Tamaulipas, cuatro mil focos costaron 32 millones de pesos.

Panavi ganó en Ensenada, Baja California, un contrato de 15 años por 4 mil 313 millones 430 mil pesos. Más de 600 millones de pesos al mes. También contrataron sus servicios varios municipios de Sinaloa. Ahome firmó por 350 millones de pesos durante 15 años por instalar 30 mil luminarias. Guasave hizo un convenio por 271 millones de pesos para adquirir 19 mil luminarias. Delicias contrató 40 millones anuales durante 15 años. González Márquez asistió a la boda de Juan Cristóbal Salinas y Natalia Esponda. También el secretario de González, Rolando Santiesteban, hoy líder en el senado de la bancada del Verde Ecologista. Además de las luminarias leds que operan Salinas y González vía prestanombres, la dupla intentó hacer negocio con el aeródromo Francisco Primo de Verdad Ramos, que tiene 33.4 hectáreas. El inmueble está cercano a la carretera que une a Lagos de Moreno con Unión de San Antonio, a la altura del kilómetro 10 a poca distancia de la autopista Guadalajara-Lagos de Moreno. El proyecto que se cayó contempló como parte del equipo del hijo del ex presidente a María del Pilar Mena González, sobrina de González Márquez. A Jorge Tamayo Mora, operador financiero del ex gobernador. Todos buscaron reactivar la pequeña terminal área. El grupo de Juan Cristóbal Salinas, con el arribo del priista Jorge Aristóteles Sandoval Díaz arremetió contra los municipios, durante el 2013 y 2014 se movió a través de Led Lumina que luego canjeó por la empresa Lámparas Ahorradoras Estado Sólido.

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Censuran la incompetencia de Juan Paulo Almazán Cué

El litigante Víctor Manuel Gallardo Macías se plantó a la entrada de la ciudad judicial para exigirle al presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Juan Paulo Almazán Cué, agilizar los expedientes que se manejan para garantizar un servicio rápido y eficiente. El nuevo titular fue antes juez de lo familiar, pero desconoce el servicio público. Destacó que los funcionarios razonan con el estómago, no con la cabeza. «Somos libres, el vínculo con el gobierno y demás instancias. No nos hacen algún favor al atendernos. Aceptó recibirme por ser el líder de los abogados, pero no le interesaba hablar con otros. Y que el gobernador Juan Manuel Carreras lo instruyó ejercer cero tolerancia a las corruptelas, cuando es producto de las mismas, ya que no lo eligió el pleno del consejo o los magistrados. Llegó por voluntad del ejecutivo o del secretario Alejandro Leal Tobías».

No descartó la injerencia del diputado federal Cándido Ochoa Rojas para que le den prioridad a los asuntos que trata su despacho, como el de los influyentes José Mario de la Garza, Jaime Suárez Altamirano y Gustavo Barrera, que han metido a sus recomendados al poder judicial. Enfatizó que los magistrados ascienden sin tener carrera, lo que lesiona a las instituciones que han tomado como un botín o coto de poder. «Los actuarios venden la fe pública. Afirman que fueron con el demandado, al que requieren por la falta de pago. Le piden que señale los bienes y se niega. La víctima se convierte en accionante. Tiene que hacer un juicio, le dan 9 días para contestar la demanda o lo ubican como rebelde. La gente ni cuenta nota las chapuzas de los abogados».

Gallardo resaltó que la élite económica no impone a los jueces más capaces, prefieren los obedientes. Al llegar un magistrado sin experiencia, atentan contra la ciudadanía que exigen justicia, que no aparece por ningún lado. «La suple una mujer voluptuosa, de anchas caderas, pechos exhuberantes, pero con un rostro asqueroso. Es la injusticia, amiga de los funcionarios. Mucha gente dice que tiene 30 ó 40 años con un asunto que empezaron sus abuelos y no lo han terminado. No hay voluntad de cambio. La central de actuarios surgió a instancia nuestra. Era una terminal de autobuses. El actuario apenas llegaba y ya lo esperaban. Pero los magistrados y consejeros metieron a su gente. La dirigente mayoritaria de los burócratas, Benardina Lara Arguelles incrustó a su sobrina Gisela Hernández Lara como recepcionista. Estaba un día y cuatro no. Pero cobraba completo. Tenía otro cargo en el Teatro de la Paz en el mismo horario. Ahora que cerraron la central de actuarios, Lara reclama que hayan despedido a sus agremiados, que no pueden estar sindicalizados, ya que se rompe el esquema institucional. No deben estar por encima de los objetivos máximos que son dar justicia. Viajamos a Guanajuato, Zacatecas, Durango y Chihuahua donde funciona perfecta. En noviembre estuve con el presidente del tribunal, el director de la central de actuarios y una magistrada. Duramos 4 horas encerrados, fueron muy atentos. Les pregunté cómo solucionaron el problema. Lo hicieron sencillo, con personal de confianza. El actuario que cometa un acto deshonesto se va a la cárcel o la calle. Los actuarios ganan la mitad respecto a San Luis y trabajan el doble, en la mañana y tarde. Antes venían a estudiar leyes con nosotros porque tenían cupos limitados. Ya nos rebasaron. En los juicios orales van muy rápido, el tribunal funciona con la mitad del presupuesto de lo que se gasta aquí. Reciben 300 millones, en San Luis se quejaban por tener solo 600 millones para la nomina».

«No podemos permitir que se repita la inoperancia que se vivió con Fernando Toranzo. Vienen tiempos negros, muy malos y si los litigantes que somos libres no nos organizamos, estaremos en medio del conflicto. Muchos compañeros no se capacitan. Tampoco los jueces, policías, ministerios públicos, que sólo actúan a su real entender. El nuevo esquema de justicia es muy delicado para tomarlo a la ligera. Se nota la falta de voluntad. Si la cabeza no coordina, el cuerpo se desmaya, se hace un desbarajuste. Las acciones preventivas de seguridad le corresponden al ayuntamiento y policía estatal, a la que usan para reprimir al pueblo. En la procuraduría en lugar de investigar, detienen para torturar. Por órdenes del ex secretario de gobierno, Jorge Daniel Hernández Delgadillo, me atropellaron y dejaron en silla de ruedas dos años. Se regresó a la época del cacique Gonzalo Santos, que pregonaba la ley de los tres hierros: encierro, destierro o entierro. Entonces me configuraron ocho órdenes de arresto ficticias. Un compañero fue testigo de la amenza. Comíamos en La Parroquia, entonces me dicen que me busca el funcionario, que estaba en el estacionamiento. Me acerco y saca dos fajos de billetes, al parecer de 50 mil pesos cada uno. Me dijo que los mandaba el gobernador Fernando Silva, para que me fuera a pasear. Estaba vigente el fraude a la Unión de Crédito Regional. Luego, un domingo en el mercado de las vías fui a repartir un ejemplar del Coyote y me embisten. Me querían dejar sin piernas, pero me dejé caer al lado contrario de la camioneta. Tengo la certeza de que los culpables eran elementos de la policía estatal vestidos de civiles. Llegaron unos tipejos en bicicleta, eran agentes y le dicen a los tripulantes que se vayan porque yo tuve la culpa».

«Me fui porque tenía orden de arresto y si caigo a la cárcel me matan. Me habían acusado de motín porque escupí a un periodista. No fue accidental, me pegaba con la cámara en la cara. Tal vez era oreja de gobierno. Me provocaba. Estaba en su apogeo el conflicto de los camioneros. Decían que Silva era el dueño de los camiones verdes. Yo tenia como clientes a las otras 5 líneas. No podía quedarme y poner en riesgo a la familia. Me fui a curar con tratamientos naturistas, recuperé gran parte de la movilidad. Aún camino chueco. Cuando hace frio me duelen las lesiones. El atentado quedó impune. Me atropellan un domingo y el lunes entré a la plaza de armas en silla de ruedas. No me esperaban, con un micrófono, le dije a Silva que si ya empezó, acabara de matarme. Le grité que lo hizo su propia policía. Bajó a verme y externó que debía parar la violencia. Si las fuerzas públicas no están capacitadas, ¿a dónde vamos a llegar?… continúa (tomado de la revista impresa, Febrero 2017)

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La Ley de Ecología

Sin lugar a dudas se aborda uno de los temas de más actualidad en el estado, el país y en el mundo. En el 2016, como nunca, nos ha tocado vivir en más de un día, en menos de 12 horas, sufrimos el paso de todas las estaciones del año, sol, calor, frío, lluvia y granizadas, en puntos extremosos. Lo primero que se no ocurre es quejarnos. Sin embargo, los grandes fraccionadores han construido hasta en la punta de los cerros de la capital. Los presidentes municipales han talado cientos de árboles sin que fuera estrictamente necesario para ampliar una vialidad, como fue el caso de Valles, con el ex alcalde Juan José Azuara, hoy director de la Promotora del Estado.

En Santo Domingo se autorizó en lo más oscurito, un tiradero de desechos tóxicos que contó con el supuesto aval de las autoridades estatales y federales de las dependencias encargadas del cuidado ecológico como la Segam, que nada han dicho en público, hasta ahora, qué grado de injerencia tuvieron en el asunto, lo cual causa extrañeza. Se trata de inversiones que se estiman en miles de millones de pesos que debieron ventilarse de manera amplia en las dependencias federales. No se descartan las estatales, donde no dudo que al rato sepamos otra de las linduras del ex gobernador Fernando Toranzo, que pudo recibir carretadas de dinero por el asunto.

O en su caso de la mano que meció la cuna los últimos años de gobierno, es decir, el actual diputado federal, Cándido Ochoa Rojas. Es decir, que el asunto nos lleva a recordar que es necesario, para que se establezcan tales confinamientos, debe enterarse perfectamente al gobierno estatal, pues como parte de las autorizaciones, debe existir también la de protección civil estatal y por si quisieran negarse, recordemos cómo se opuso tajante el ex gobernador Horacio Sánchez Unzueta al tiradero de Guadalcázar, llevó el tema a instancias internacionales. Y si hay algo que los potosinos le debemos agradecder, y vaya que no hay mucho, es que incluso mandó erigir una estatua de Benito Juárez en lo alto del cerro, sobre la carretera 57, con la mirada hacia el norte, como un claro mensaje de que no cedería ante las presiones del gobierno del país del norte.

Y así Metalclad no pudo operar el confinamiento, por lo cual, don Fernando Toranzo nos debe muchas explicaciones del cochinero que tuvo en su mandato, como sucede con el tiradero de desechos peligrosos que se pretende establecer en Santo Domingo. Lo más preocupante del asunto es que no se escucha por ningún lado, la voz firme y determinante del gobernador Juan Manuel Carreras quién ante la instalación, construcción y operación de un basurero que se pretende ubicar en su estado, tiene toda la autoridad moral y jurídica, no solo para expresarse, sino exigir todos los requisitos de ley como informar a los pobladores. Los protocolos internacionales de trasporte, ubicación y conservación de desechos, estén en orden, como lo hizo en su momento Horacio Sánchez. Ya enterado, explicarle a los potosinos cuál es su postura, lo que hasta hoy no ha ocurrido.

San Luis Potosí no tiene las dimensiones de Chihuahua y Coahuila para convertirse en el el tiradero del avance tecnológico y de las multimillonarias empresas que generan desechos que en general son transnacionales. Sobre el congreso del estado, mejor ni hablamos, porque tal parece y como se advierte en los manejos de las cuentas públicas, a los actuales legisladores basta les den una untadita de billetes para acallar sus broncas voces. Como sucede en el rancho, al caballo, entre más bronco, mejor pastura y se amansa. Lo cual ya quedó claro al menos para la gran mayoría de los potosinos. Aunque mi intención era profundizar en el cambio climático, me ganó el cumulo de información que ha surgido en las últimas horas respecto a la forma tan vil, ruin y burda, en que se dio la autorización del confinamiento que hemos comentado.

Prefiero cortar hasta aquí el artículo para dar la oportunidad a que se pronuncien todos los involucrados que ya mencioné. Ojalá tengan un momento de lucidez para aplicarse en el tema y se apresten a explicar el por qué de lo sucedido. Ya no oculten los datos y nos digan quienes son los responsables reales de que se hubiese otorgado el permiso para que opere el confinamiento. Nos digan, desde el más bajo hasta el más alto nivel, los nombres de personas. Nos expliquen todo lo referente al tema, que es lo mínimo que merecemos los habitantes de San Luis Potosí. Más vale buen final, que buen comienzo. Pero esto es solo una reflexión, saludos, bendiciones y hasta la próxima.

leal
En opinión de: Luis Fernando Leal Beltrán