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Las deficientes pesquisas de la procuraduría de justicia

A dos años de que desapareció la perito de la procuraduría de justicia, María Guadalupe González Velázquez y su hijo Alan Tadeo Morales, las investigaciones han sido deficientes, sostiene la madre y abuela de las víctimas, Ana María Velázquez Córdoba. Añade que no ha recibido resultados concretos. Por su propia cuenta ha continuado la búsqueda. Confía en que más adelante los habrá de hallar. Describe a la familiar ausente como alguien alegre, amiguera, que siempre le gustó ayudar a los demás. “Es muy soñadora y entregada a lo que hacía. Es abogada, pero recibió unos cursos para especializarse en criminalística”.

González se perdió el domingo 26 de septiembre del 2014, en un día de lo más rutinario. Salió de laborar alrededor de las cinco de la tarde, para después reunirse, como todos los domingos, con su familia en una casa ubicada en el barrio de San Sebastián, lugar que acostumbraban para la convivencia. Vieron una película, pero se retiró más temprano que otras veces. Iría a pagar una tarjeta de Soriana y luego con el padre de su hijo, Alfonso Morales Pérez, también perito que laboraba en el departamento de delitos de alto impacto.

La pareja tenía un vida complicada, ya que Morales se había casado antes dos veces. “Es un señor mayor a mi hija. Primero fue su jefe, después amigos. Más adelante se dio un trato que nunca aceptamos. Yo sabía un poco de sus acuerdos. Mi esposo jamás se enteró”. La cita que ambos tendrían era para llegar a un acuerdo acerca de la pensión alimenticia del niño, la cual era un poco elevada debido a que el infante padece síndrome de Dawn. Entonces tenía apenas 9 meses de nacido. La perito aceptó hablar con Morales Pérez para reducir el monto de la cuota impuesta por el juez.

Antes de salir, la madre se arregló con el niño, relata con voz cortada la abuela. “Lo puso muy estrenado. Le dijo que iban a mirar a su papá. Por lo regular se encontraban afuera de los centros comerciales. Luego se iría a la casa de Abastos, dónde vivimos. Cuando se marchó, yo sentía algo, quería seguirlos, pero me quedé”. Fue la última vez que los vio. Ana María Velázquez se fue a dormir. Más tarde recibió una llamada de su esposo, padre de Lupita. Le informó que su hija y nieto aún no llegaban. Para tranquilizarlo le dijo dónde podrían estar. Y llamaría a unas amigas cercanas para indagar. Ninguna de las personas con las que se comunicó supo algo de su paradero. Las horas pasaron y la angustia crecía en la familia, por lo que un hermano de Lupita, Marco Antonio González, llamó a Morales Pérez para preguntarle si estaban juntos, ya que habían acordado reunirse con él.

Contestó que habían establecido reunirse, pero la perito y su hijo nunca llegaron a la reunión. Alegó que iría a buscarlos y colgó. Ya no volvió a llamar. Al poco tiempo la procuraduría lo mandó a trabajar fuera. No saben si a Matehuala o Salinas. “Ignoramos por qué lo mudaron, nos quedamos sorprendidos. En la capital lo podían ver. La familia se enteró que Morales Pérez fue llamado varias veces a declarar y entró en contradicciones. La quejosa relató que el implicado nunca les pidió reunirse para buscar a los desaparecidos, como lo haría cualquier otra persona con un interés genuino.

Empezó la ardua y angustiada búsqueda. Al no saber su paradero, los hermanos se dirigieron a poner la denuncia. La respuesta burocrática de las autoridades fue que debía pasar un lapso de 72 para tomar cartas en el asunto. Al saber que la extraviada trabajaba en la procuraduría, hicieron una excepción y la búsqueda inició de inmediato. Al principio las autoridades atendieron el caso, citaban a los interesados. Les explicaban que había varias líneas de estudio, pero nunca demostraron avances claros. Velázquez expuso que el entonces subprocurador, Carlos Gustavo Rodríguez Cruz, reiteró que las personas involucradas iban a responder ante la ley.

Las promesas resultaron efímeras. El trabajo de Rodríguez fue nulo. Presumía de logros, aunque jamás facilitó a los familiares de la perito, copias de documentos que avalaran su desempeño. Incluso antes de perderle la pista, le solicitaron un resumen de todo lo que investigó. Se hizo de la vista gorda, dio la vuelta y se escondió en sus oficinas. Al preguntar dónde se encontraba, los asistentes lo negaban. Nunca dio la cara. El mismo actuar tuvo la directora del Centro de Atención a las Víctimas del Delito, Julieta Méndez Salas. Apenas les dio un tratamiento psicológico. Nunca les entregó informes. No les dijo que tenían derecho a un abogado para que llevara su caso en particular.

“No es válido, se escuden en el dolor ajeno. Nos pusieron un licenciado que tampoco ha dado resultados”. Cansados de los nulos avances por parte de las autoridades locales, la familia de González fue al Distrito Federal con resultados adversos. Les dijeron que las leyes habían cambiado y sólo los podían orientar. Al llegar como gobernador Juan Manuel Carreras, le entregaron una carta donde le expusieron el caso de la perito. Sólo se dignó a decir que la había recibido. Con el nuevo procurador, Federico Garza, les dijeron que las investigaciones empezaron de nuevo, ya que las anteriores estaban muy confusas. Ante los nulos resultados, Velázquez Córdoba indicó que podría buscar otras instancias más competentes. Le pidió a Carreras y Garza ser más sensibles.