Ahora que el presidente Andrés Manuel López Obrador puso en la picota al ex mandatario Marcelo de los Santos, experto en falsear auditorias públicas, en Rioverde, un grupo de ciudadanos buscan que a través de un diputado federal de Morena, les ayude a combatir las históricas corruptelas del ex alcalde Margarito Ortiz Saldívar, al que le podrían deber hasta ahora más de 2 mil millones de pesos, por concepto de un préstamo de 21 mil pesos que hizo de sus bolsillo al ayuntamiento para hacer obras sociales. Los afectados reconocen que en la vía civil, el asunto está finiquitado. Pero miran una rendija en el ámbito penal, donde pueden acusar al otrora comerciante cervecero de fraude y peculado. “Es un sádico bribón”, refieren, ya que ha planteado a diversos munícipes, lo registren en la nómina como “aviador de lujo” y le paguen en promedio, cada mes, 3 millones de pesos, hasta que le cubran el capital. A cambio, para demostrar su humanismo, le perdona los intereses a sus morosos deudores.
El asesor legal de Ortiz es el ex secretario de gobierno, Jaime Suárez Altamirano, que por casualidad, ganó la querella en la etapa que colaboró en el cuatrienio de su jefe, el maximato Horacio Sánchez Unzueta. A la fecha, Ortiz ya embargó varias hectáreas de alta plusvalía, donde antes se efectuó la Feria Regional de Rioverde, que contaba con un complejo de oficinas. Se le complicó quedarse con las instalaciones del DIF municipal. El ayuntamiento ha realizado defensas exiguas. Tampoco consiguió avances con el famoso fiscalista, Gustavo Barrera López. Se sabe que Suárez cobra un 20% del monto de las ganancias. Para vencer los estragos del tiempo, Ortiz hizo un testamento previsor: autoriza a sus descendientes que llegan al cuarto ciclo, continuar el pleito. Los afectados miran como única salida, el auxilio de López Obrador, que detesta a los corruptos.
Ortiz lamenta ser el hombre más rico de Rioverde, que se mueve en un destartalado Volkswagen de los ochentas. No obstante que está dispuesto a hacer una sustantiva rebaja, sus deudores no lo perdonan. Cada rato le llaman por teléfono a su casa, para recordarle las raíces maternas. Incluso, ya se acostumbró al mal trato. Después de escuchar la andanada de ataques, expone sus razones a los atacantes, que termina por convencer. Alardeó que debe estar en el récord Guinness, ya que su juicio es el más largo en la historia del país. Se generó después de concluir el trienio 80-82. El representante legal, Jaime Suárez, al abrir una cuenta de Twiter en mayo del 2012, se auto llamó “majestad omnipotente, terrateniente y señor feudal de Rioverde y Porrúa”, con lo que ironizó a sus doblegados deudores. En otro comentario atajó. “Me enteré por el diario Pulso que en Rioverde no tienen los 70 millones que le deben a Margarito Ortiz, Les voy a cobrar a lo chino, ya verán”. Luego alardeó que su compadre ya tenía Twitter, un presidente municipal que entró rico y salió pobre. Se animó a enviar una advertencia. “A la ciudadanía de Rioverde, sabed: desalojen”. Después insistió. “¿Conoces a alguien de Rioverde? ¿Radicas en Rioverde? ¿Qué esperas para desalojar? Desaloja, desaloja, desaloja”. Ácido, anunció: “les deseo un buen fin de semana en su pueblito, Me retiro a mi mansión de Porrúa. ¿Lo advierten?, qué bonito. Lines, háblales de Porrúa”. Tal vez aludió a la semejanza con un poblado de Asturias, España.
Cuando López Obrador abrió la puerta de ilícitos que conduce a Marcelo de los Santos, un grupo de ciudadanos de Rioverde, donde se encuentra alguien que tiene como familiar, un diputado federal de Morena, vieron la alternativa de usarlo como intermediario para que el presidente les ayude a resolver de tajo el litigio que el ayuntamiento tiene con Ortiz Saldívar, que en diveras etapas, reclamó primero 500 millones, luego mil, mil 200, mil 500, mil 800 y ahora la cifra podría superar los 2 mil millones de pesos. En caso de que algún juez ordenara el pago inmediato, equivaldría el colapso definitivo. No habría obra pública en muchos trienios consecutivos. Sería la ruina absoluta del municipio. Los informes hablan de formar un comité de la verdad, para que busque una rendija legal que permita enjuiciar al voraz acreedor por fraude, peculado o asociación delictuosa, ya que se valió de otros actores para comer el robo a las arcas.
Los promotores de enjuiciar a Ortiz Saldívar por haber cometido la felonía más escandalosa de la historia, han filtrado partes de la compleja y trágica historia. Aluden a que siempre lo protegió el entonces gobernador Carlos Jonguitud Barrios y el secretario de gobierno, Héctor González Lárraga, que tenía tres sobrinos, que llegaron con las bolsas vacías y hambrientos a Rioverde, donde los auxilió Margarito Ortiz. Los ubicó en unas bodegas que se ubicaron en el sitio en que se hacía la feria regional. Después los cambió a un hotel donde hizo el bulevar Carlos Jonguitud, en honor a su mecenas. El astuto edil y los viajeros planearon formar la constructora Disayco, con domicilio perentorio en la capital. Fue la encargada de hacer las calles del tercer cuadro de la cabecera municipal. Pero casi no tenían herramienta. Ortiz envió un intermediario a Mac Allen, Texas, a las oficinas de la empresa Art’s Trucks & Equipment, ubicada en 3001W Expy83 # 8302. Cargaba una la lista de los insumos que necesitaban. También llevó un cheque expedido por el ayuntamiento. Pero la factura la hicieron a nombra de la empresa Arts. Se comunicó con el edil, para notificarle el error. Le contestó que n o había problema, que la recibiera. Luego le daba los detalles.
Existe la duda de si los llamados “Sobrinos del Pato Donald” engañaron al que sería su socio y para justificar el desfalco, urdió por consejo de Suárez Altamirano, la historia del «préstamo». Y si realidad lo hizo, le cubrieran el cheque, que derivó en el juicio histórico, donde el adeudo se volvió impagable. Los quejosos plantean que el comité de la verdad podrá dilucidar si se trató de un engaño de particulares al ex munícipe, que al verse perdido, le endosó el pleito al pueblo.
El combativo maestro, Salvador Ceballos, destacó que a ningún alcalde, después de Ortiz, le ha importad, salvo sacar raja política y económica. Como Elí Pérez Flores quien contrató al abogado Ángel Candia Candia que cobró 600 mil pesos, pero le quitó su moche. El interino Helmut Rocha Almazán, de manera estúpida, solicitó de por vida, los servicios de Gustavo Barrera López al que cubrió un millón 500 mil pesos, sin resultados. Aunque le habían cubierto un año, llegó Sergio Gama y llamó otro defensor. Con lo qué queda demostrado que le hallaron al negocio. Lo más triste fue que otro interino, Antonino García, entregó algunas propiedades del pueblo. ¿A cambio de qué? Eligio Esteban Balderas López expuso que era la verdad histórica. A los ex ediles les gusta llamar a nuevos litigantes para quedarse con el diezmo que pagan con dinero del pueblo. No exigen resultados.
El historiador local, José de Jesús Alvarado, intervino en el debate. “Disculpen mi ignorancia, el susodicho Ortiz Saldívar no es el que afectó al ayuntamiento, lo que impide hacer obra pública, por un supuesto adeudo?
Se generó el 7 de abril de 1981, cuando fue al Distrito Federal por el cheque de Banobras, de 31 millones de pesos, de un crédito, con el cual iba a pagarse 21 millones, dizque se auto-prestó, para liquidar trabajos pendientes. Pero dijo que un sobrino de Tito González, le arrebató el cheque y corrió con el papel en la mano y gritó que se lo llevaría a su tío. Resulta una infantilidad la versión. ¿Por qué no denunció el robo en su oportunidad? ¿Cómo cobraron el documento sin la firma del alcalde? En el fondo, Ortiz quería ser socio de Discayo, de Tito González y sus sobrinos, Hugo, Paco y Luis, por lo que compró maquinaria pesada en Mac Allen, con dinero del ayuntamiento y puso la factura a nombre de Disayco. Los caterpiles no llegaron a Rioverde. Como Ortiz no estaba en el acta constitutiva de la sociedad, le pintaron un cuerno.
Entonces, en vez de demandar a los González, demandó al ayuntamiento por un supuesto auto préstamo, ya que depositaba las participaciones federales en su cuenta personal, por lo que el juez validó el adeudo.
No demandó a los González porque se iban a defender. En cambio, al ayuntamiento, con unos sucesores cómplices, del mismo partido, encubridores, falsificaron, repusieron las pólizas de ingresos y egresos, hicieron una mala defensa a propósito para favorecer a Ortiz. Fue tan fácil, como quitarle el chocolate a una mosca. El pueblo perdió por la compra de la maquinaria, que fue pagada con dinero público y por la demanda del 15 de junio de 1983, presentada por Ortiz, al que por cierto, no se le debe nada.
Los subsiguientes ediles fueron copartícipes, encubridores, timoratos, indolentes. Hasta ahora, ninguno ha presentado la denuncia. Tampoco se ha formado una comisión de la verdad”.
El comunista Juan Pablo López Banda destacó que la deuda con Ortiz “es un cuento infantil. Un cheque de Banobras no sale al portador. Fue a nombre del ayuntamiento, el único autorizado para cobrarlo. Tampoco es creíble la historia que uno de los sobrinos del entonces secretario de gobierno, Tito González, se lo arrebató y lo cobró el tío. ¿Cómo, si Banobras emitió el cheque a favor del municipio? El caso de Margarito Ortiz tiene un fuerte olor a fraude”.
Alvarado preguntó si Disayco dejó tiradas las obras. López contestó que Ortiz buscó terminar los pendientes, por lo que optó endeudarse. No quería que se llevara el mérito su relevo, Alfredo Aburto. Alvarado insistió en que Disayco no concluyó los trabajos que inició Ortiz. “Para reponerse de la compra de la maquinaria pesada, que invirtió a favor de la empresa y por su ambición al dinero mal habido, ¿demandó al ayuntamiento, es como sucedió?”.
Por su parte, el litigante Juan José Frías Aguilera, denunció la conducta omisa de la Auditoria Superior del Estado, congreso y ayuntamiento de Rioverde, que se han mantenido como espectadores ante el adeudo que se tiene con Ortiz Saldívar, que ronda los 2 mil millones de pesos. Alertó que peligran las finanzas y bienes públicos. Censuró las declaraciones síndico municipal, Ulises Ledesma Salazar, que maneja un débito menor por de mil 200 millones de pesos. “Manifestó que litiga en los tribunales donde trata de convencer al juez. Es un hecho falso, ya que no existe ningún proceso judicial en trámite, solo pretenden retardar o alargar el proceso de embargo, ya que existe una sentencia ejecutoriada y firme, dentro del expediente número 36/2000 que se sigue ante el juzgado segundo del ramo civil de la zona media. En cualquier momento se ejecutará de manera total. Recordemos que ya se embargaron varios inmuebles, como el terreno de la feria, otro que se ubica por la super carretera. Hay pagos parciales que se han realizado ante el juzgado. Lo que hacen es entretenerse de manera inútil, ante la falta de voluntad por buscar una salida definitiva”.
Frías reiteró que los diversos han mostrado desinterés en el tema, ya que Ortiz, ha dicho que está dispuesto a negociar. Incluso existe un convenio de pagos parciales por 10 mil pesos. En una acta de cabido del 2000, se ordenó buscar un acercamiento con el afectado. “Sin embargo, por intereses políticos y mezquinos de los ex funcionarios de los diferentes partidos, no ha sido posible un arreglo”. Añadió que de manera irresponsable, nunca se hizo un registro contable, como lo establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Destacó que alcanza mayor pena el actual alcalde panista, José Ramón Torres García, que repite en el cargo. Junto con los síndicos y el tesorero, incurren en fallas civiles, administrativas y políticas, ya que incurren en encubrimiento y complicidad, por no hacer un análisis a fondo de los estados financieros”. Frías solicitó al módulo de transparencia datos sobre el asunto. Al tratar de ingresar al portal de internet, no encontré nada. Lo que violenta la ley de contabilidad gubernamental, transparencia, la de disciplina financiera y los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, los cuales exigen que los registros deben manifestarse en los estados financieros y control de deuda pública. Existe el riesgo que intervenga un profesionista que conozca de la materia y con carácter exija el pago total del adeudo. Incluso procede y es posible una demanda de juicio político contra el actual cabildo”.
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