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Cándido Ochoa Rojas obstaculizó el asesinato de Pedro Pablo Rosales, cometido por la delincuencia organizada

Despu√©s de 7 a√Īos de peregrinar y tocar puertas en dependencias federales y estatales para exigir se haga justicia y castiguen a los responsables del asesinato de su hijo, Pedro Pablo Rosales Zapata, el ex diputado local Tom√°s Rosales L√≥pez expuso que su esfuerzo ha sido infructuoso pues a la fecha ninguno de los implicados ha pisado la c√°rcel. En gran medida por la negligencia y complicidad de los encargados de impartir justicia. En particular, el ex secretario de gobierno y a√ļn diputado federal, C√°ndido Ochoa Rojas.

‚ÄúHe constatado que la divisi√≥n de poderes y el estado de derecho en nuestro pa√≠s, no existe, es una falacia. Impera la impunidad. Muchos asesinatos y desapariciones de potosinos contin√ļan sin resolverse‚ÄĚ. Su hijo Pedro Pablo Rosales Zapata fue levantado el 11 agosto del 2011 por una c√©lula de los Zetas, que operaban en Villa Hidalgo y otros Tom√°s-Rosales-1280x650municipios de la zona centro. Su secuestro y posterior asesinato, pudo tener como origen, una denuncia an√≥nima que realiz√≥ el propio Tom√°s Rosales sobre el grupo que operaba a la vista de todos en la zona. ‚ÄúEl 14 ¬†de abril del 2011, muy temprano me llam√≥ mi hijo para decirme que un auto con hombres armados, se hab√≠a estacionado frente a su negocio, un molino-tortiller√≠a ubicado en la cabecera municipal de Villa Hidalgo. Le digo que me de las placas y hago una llamada an√≥nima a la doceava zona militar. Como un grupo de soldados andaba cerca, acuden. Cuando llegan, el veh√≠culo y sus tripulantes se hab√≠an retirado e introducido en otro domicilio cercano. Los militares preguntaron a mi hijo del reporte. Estoy seguro que les se√Īal√≥ hacia d√≥nde se fueron. Fue el motivo por el que lo asesinaron‚ÄĚ.

En el operativo, seg√ļn const√≥ en una nota period√≠stica, elementos del ej√©rcito detuvieron en la calle Matamoros, en la zona centro de Villa Hidalgo a Jos√© Ernesto Hilario Moreno de 37 a√Īos y Samuel Pecina Lirio, de 19, presuntos informantes del crimen organizado. Se les decomis√≥ un carro Nissan Tiida modelo 2011, blanco, con placas de San Luis Potos√≠, con reporte de robo, dos radios, tres tel√©fonos celulares y documentos diversos como indicios de las actividades ilegales que realizaban. Los detenidos fueron puestos a disposici√≥n del ministerio p√ļblico del fuero com√ļn, del distrito judicial de Guadalc√°zar. Despu√©s de su arresto, Hilario Moreno sali√≥ libre. S√≥lo su c√≥mplice enfrenta un proceso.

Pedro Pablo Rosales Zapata fue interceptado el 11 de agosto por sus ejecutores,  cuando se trasladaba en su motocicleta por la carretera federal hacia un poblado cercano para entregar tortillas. Al darse cuenta que un auto lo sigue, se comunica con uno de sus empleados. Le dice que vaya al retén que el ejército tiene en la carretera 57, cerca de Estación Ventura, para que informe del acoso en su contra. Casi un mes después, el  9 de septiembre del 2011, la policía localizó en Villa de Arista el cadáver de un hombre. Después de los análisis de ADN, se confirmó que era Rosales Zapata.

Desde el primer d√≠a del secuestro, Tom√°s Rosales empez√≥ a indagar por su cuenta y aport√≥ datos sobre los presuntos implicados en el il√≠cito. Logr√≥ entrevistarse con el ex gobernador Fernando Toranzo, que le prometi√≥, se har√≠a justicia. Ni como procurador ni despu√©s como secretario de gobierno, lo recibi√≥ C√°ndido Ochoa Rojas, al que Rosales acusa de haber entorpecido las indagatorias y proteger a los presuntos responsables del secuestro y asesinato de su hijo. Lo hizo a trav√©s del abogado Jos√© Luis Ruiz Contreras, que era su asistente. Luego qued√≥ como secretario particular del procurador Miguel √Āngel Garc√≠a Covarrubias, que impuso en el cargo el propio Ochoa. ‚ÄúTengo la certeza y acuso a C√°ndido Ochoa que estuvo coludido o en contubernio con los delincuentes que mataron a mi hijo. Tengo pruebas. Desde un inici√≥ nunca me recibi√≥, dej√≥ en la procuradur√≠a a su t√≠tere, Garc√≠a. El que manejaba todo era el asistente, Ruiz‚ÄĚ.

La ministerio p√ļblico del fuero com√ļn, mesa uno, especializada en delincuencia organizada, Mar√≠a Guadalupe Rodr√≠guez, fue a la primera que present√≥ la denuncia 211/ 2011. Hac√≠a todo lo que el funcionario le indicaba. Se integr√≥ con deficiencias el caso y el juez de Guadalc√°zar a donde se remiti√≥ la querella, neg√≥ la orden de arresto contra los responsables que se√Īal√≥ el quejoso. El segundo juez del mismo distrito que despu√©s retom√≥ el caso, Luis Fernando Gonz√°lez, no hizo nada. ‚ÄúA los testigos que interrogaron, no los cuestionaban. Creo que hasta iban aleccionados. Tuve que recurrir al amparo para que me concedieran un careo. Una prueba de c√≥mo torcieron todo, es el caso de una implicada en el homicidio, de nombre Ana Karen, que fue incluso detenida y procesada por halcona, a qui√©n Ruiz defendi√≥. El d√≠a de los hechos, se encontraba a muchos kil√≥metros de distancia, en la comunidad del Leoncito. No se permiti√≥ un careo. Le dieron largas al asunto para que saliera libre‚ÄĚ.

‚ÄúLa conducta perversa y corrupta de Jos√© Luis Ruiz, se demostr√≥ tambi√©n cuando, por sus indicaciones, la fiscal se neg√≥ a solicitar acci√≥n penal contra el polic√≠a estatal, √Čdgar C√©sar Aguilar, que 4 d√≠as antes del secuestro, hab√≠a tenido un altercado con el occiso y lo amenaz√≥ de muerte. El agente no intervino para detener a unos informantes que fueron identificados. Los enfrent√© con otro hijo en la cabecera municipal de Villa Hidalgo, el 12 de octubre del 2011, un d√≠a despu√©s que levantaron al fallecido, que presenci√≥ lo ocurrido, junto con polic√≠as municipales, que tampoco actuaron cuando llegaron otros integrantes del grupo dilectivo a recatarlos. Solicit√© que se detuviera o se llamara a declarar al uniformado. Lo hicieron hasta el 2013, obligados por el amparo que me concedi√≥ el juzagado sexto de distrito‚ÄĚ.

‚ÄúA los halcones o informantes que detuvo la Polic√≠a Federal, los dejaron libres, no los investigaron a fondo. No indagaron lo que tra√≠an en los tel√©fonos que les incautaron. Hilario, alias El Coyote, fue se√Īalado como el principal sospechoso. Lleg√≥ a pregonar en las cantinas, se la iba a pagar el que lo denunci√≥. En el tiempo que Ochoa fue procurador, tuvo 3 ingresos por robo de veh√≠culos. M√°s tardaba en entrar que en salir. Es algo que inquieta‚ÄĚ. A los dos jueces que estuvieron en Guadalc√°zar y que conocieron del caso, C√°ndido Ochoa los premi√≥. Al primero que neg√≥ la orden de arresto lo hizo juez civil y el otro, Luis Fernando Gonz√°lez, lleg√≥ a ser presidente del Supremo Tribunal de Justicia. Fue un ascenso repentino y sin m√©ritos. Algunos litigantes llegaron a manifestar que alg√ļn favor le deb√≠a su jefe‚ÄĚ.

A casi 7 a√Īos de ocurrido el asesinato de su hijo, el ex diputado local Tom√°s Rosales L√≥pez ha recurrido a todo lo que ha estado a su alcance para lograr se castigue a los culpables. Ha esperado largas horas en la aficinas gubernamentales para que lo atiendan y escuchen. Investiga y litiga por cuenta propia en juzgados y¬† hemetotecas, protesta en plantones frente a palacio de gobierno, coloca espectaculares y mantas, publica cartas en los medios, donde se√Īala a los que obstaculizan la indagatoria. Emprendi√≥ una caminata a M√©xico con una cruz a cuestas. Se uni√≥ a caravanas de asociaciones civiles que buscan justicia por los muertos y desaparecidos, como la Marcha por Justicia y Dignidad que encabez√≥ el poeta y activista Xavier Sicilia o la de los padres de los estudiantes desaparecidos en ¬†Ayotzinapa.

Ha enviado escritos en busca de apoyo al presidente de la rep√ļblica, Enrique Pe√Īa Nieto, secretarios de gobernaci√≥n, al ex mandatario Fernando Toranzo y al actual Juan Manuel Carreras L√≥pez. Lo que ha conseguido hasta la fecha es que el expediente se turnara a la Procuradur√≠a General de Rep√ļblica donde se avanz√≥ en la indagatoria. Pero en el 2016, lo devolvieron a la procuradur√≠a local. Argumentaron¬† que el asunto le compete.

Rosales L√≥pez indic√≥ que una crisis emocional y los nulos resultados lo hicieron replegarse y abandonar por casi un a√Īo el asunto de su hijo. Adem√°s consider√≥ que mientras estuviera en el gobierno C√°ndido Ochoa, sus esfuerzos ser√≠an nulos. Con la entrada de Juan Manuel Carreras L√≥pez, busc√≥ al procurador Federico Garza Herrera, quien lo atendi√≥. Le asegur√≥ que har√≠a todo lo que estuviera a su alcance para reivindicarlo. Sin embargo, Rosales expuso que han pasado casi dos a√Īos y s√≥lo lo canalizaron con subprocuradores. El asunto no avanza y hasta el expediente que les turn√≥ la PGR, no lo localizaban. ‚ÄúHe actuado con respeto, pero en√©rgico, para que activen mi caso. Pero nada ha sucedido. El tiempo se consumi√≥ en renuniones bimestrales y trimestrales in√ļtiles‚ÄĚ.

‚ÄúEn diciembre del 2017 les ped√≠ que tomaran en cuenta las indagatorias de la PGR, que me den acceso al documento. Primero no lo hallaban, despu√©s, cuando aparece y me dejan verlo, me doy cuenta que ni siquiera existe un escrito de recibido‚ÄĚ. Rosales dijo que va a esperar un tiempo prudente para que los subaltenos de Garza tengan resultados, pero de no hacerlo, buscar√° apoyo de instancias internacionales con las que M√®xico tiene acuerdos para buscar que se le haga justicia, ya que la muerte de un hijo, es una herida que nunca cierra. ‚ÄúLuchar√© hasta el d√≠a que muera. Ojal√° que pronto se resuelva mi caso, no quede en la impunidad y no se llegue el momento en que postrado en una cama por estar enfermo, todav√≠a estar preocupado porque no hubo resultados‚ÄĚ.

Lo √ļnico que ha pedido es castigo a los responsables. No le interesa si el candidato a una curul local, C√°ndido Ochoa, vuelve a ganar. Insiste en que obstaculiz√≥ la justicia y lo puede llevar ante un jurado. Podr√≠a tener cargos de conciencia. Los partidos y ciudadanos deben saber qu√© clase de persona es, junto con su protegido, Jos√© Luis Ruiz Contreras, que al parecer, ahora est√° como impartidor de justicia en el nuevo sistema. ‚Äú¬ŅCon qu√© calidad moral puede actuar?‚ÄĚ.

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Garza Herrera insiste en que no ser√° tapadera de nadie

El crecimiento de los √≠ndices delictivos no se detiene. Octubre se ubic√≥ como el m√°s violento del a√Īo en la entidad, con 3 mil 27 il√≠citos denunciados, para sumar hasta entonces un total de 30 mil 157, con lo que se rebasaron los hechos violentos del 2016, que tuvo 23 mil 393. Y siguen sin resolverse casos estruendosos como el de la llamada ecuaci√≥n corrupta que involucr√≥ a diputados y funcionarios de la Auditoria Superior o el asesinato del foto reportero Edgar Daniel Esqueda Castro, donde la autoridad local se ha desentendido con la excusa de que fue atra√≠do por la Procuradur√≠a General de la Rep√ļblica. El ahora fiscal general, Federico Garza Herrera, asegur√≥ en su comparecencia ante los legisladores que la credibilidad de la dependencia ha crecido y que el trabajo realizado avanza.

El 27 de octubre, un d√≠a despu√©s de haber sido electo, casi en forma un√°nime, al obtener 26 votos de los 27 diputados, Garza Herrera se reencontr√≥ con los legisladores en la comparecencia con motivo de la glosa del segundo informe del gobernador Juan Manuel Carrera L√≥pez. En su momento dijo que en dos a√Īos al frente de la procuradur√≠a, se desarticularon 34 bandas delictivas que operaban en la zona metropolitana, altiplano y parte noroeste del estado. Se detuvieron a 2 mil 833 personas de las cuales 590 estaban relacionadas con delitos de alto impacto y se liberaron a 24 v√≠ctimas de secuestro.

Sobre el video esc√°ndalo de los sobornos a alcaldes para limpiar cuentas p√ļblicas por parte de diputados y empleados de la auditoria, Garza adelant√≥ que ya declararon todos los presidentes municipales. No se√Īalaron ning√ļn acto que conlleve imputar hechos con apariencia de delito en contra de alg√ļn servidor p√ļblico. Justific√≥ la falta de resultados al se√Īalar que son acciones que no se pueden resolver en un mes o dos y que el nuevo sistema de justicia exige el debido proceso, la presunci√≥n de inocencia y el respeto irrestricto hacia los derechos humanos. Mencion√≥ que con la actual auditora, Roc√≠o Elizabeth Cervantes, han encontrado mayor eco. Les ha entregado m√°s datos, que valida el ministerio p√ļblico que lleva la indagatoria. Se espera encontrar alguna senda y pronunciarse.

Respecto a los  feminicidios y en respuesta al diputado del PRI, José Luis Romero, que le preguntó lo hecho en el tema, Garza les dijo que a través de la oficina especial de la PGR, con la que están en contacto permanente, se han reunido con familiares de las víctimas. En el caso del multi feminicida de Tamuín, acusado del asesinato de 4 mujeres, donde figuran dos menores de edad, se logró revocar el acto de autoridad que le otorgó beneficios en uno de los procesos y se le pudo vincular con otro hecho delictivo derivado de los hallazgos que hicieron antropólogos especializados en la zona de la huasteca.

Habló sobre la unidad de personas desaparecidas y el fortalecimiento del área de atención temprana, para acortar a media hora el tiempo que una persona se tarda en interponer una denuncia penal, cuando antes eran de 3 a 4 horas. El ideal es bajar los tiempos a 5 minutos. Se lograron sentencias condenatorias en un 75 % de las carpetas de investigación que se judicializan.

Les dijo que ha acatado todas las recomendaciones que hizo la Comisi√≥n Estatal de Derechos Humanos y se capacit√≥ al personal. Inform√≥ que se tienen 101 denuncias en contra de polic√≠as y funcionarios de la procuradur√≠a, 96 en contra de gente que no es de la dependencia, 7 por parte del organismo y 40 de otras instituciones. En fecha reciente se actu√≥ en contra de 6 comandantes de la polic√≠a ministerial que est√°n sujetos a proceso y recluidos en La Pila. Los agentes fueron se√Īalados como los responsables del asesinato del joven Enrique G√≥mez, acribillado el 28 de junio, cuando acompa√Īado por una prima, transitaba a bordo de una camioneta en la colonia Las Julias.

El fiscal se√Īal√≥ que por cuestiones de seguridad no daba el n√ļmero de elementos que integran la polic√≠a ministerial, pero asegur√≥ que en el sexenio de Fernando Silva Nieto, eran el doble de los que se tienen en la actualidad. Se lograron 50 plazas m√°s y est√° pendiente otro n√ļmero igual. Tambi√©n se necesitan elementos para la polic√≠a cient√≠fica y dotarlos de herramientas necesarias para desempe√Īar su labor. Lo mismo en el √°rea de peritos, base preponderante en el nuevo sistema de justicia penal.

Los diputados del PRI, Jos√© Luis Romero Calzada y √ďscar Vera, m√°s que aclarar dudas o cuestionar la falta de resultados, intervinieron para ponerse a las √≥rdenes del funcionario. Romero encomi√≥ la valent√≠a del director de la ministerial, Jos√© Guadalupe Castillo Celestino. ‚ÄúEres bien valiente, ¬Ņqu√© ley hay que modificar?. A veces sabemos d√≥nde est√°n los malos y no denunciamos. Podemos ayudar en el presupuesto para motivar a la sociedad a inconformarse, para que hagan su labor y tener un poco m√°s certeza en el tema delictivo. No¬† hay secuestros desde hace m√°s de un a√Īo en la zona metropolitana‚ÄĚ.

En tanto Vera de Conciencia Popular le dijo al reci√©n estrenado fiscal: ‚Äúentiendo la tarea que desempe√Īas. Te has capacitado en el nuevo sistema oral, con mucho esfuerzo. Tu gente sabe lo que hace‚ÄĚ. Precis√≥ que ya trabaja en la nueva ley general de la fiscal√≠a, pidi√≥ atender el presupuesto de la dependencia, porque sin dinero no hay resultados e hizo notar la falta de solvencia de los peritos en t√©cnicas de investigaci√≥n.

La legisladora del PAN y presidenta de la cartera de justicia, Xitl√°tlic S√°nchez pidi√≥ atender las plazas que se necesitan. Cuestion√≥ que 20 millones de pesos gastados en el √ļltimo a√Īo para publicitar el nuevo sistema penal, era un monto considerable para que el tema estuviera socializado. Insisti√≥ en el incremento de la incidencia delictiva en la huasteca y cit√≥ como ejemplo el robo de 100 cabezas de ganado de un rancho sin que ninguna autoridad lo haya notado. ‚ÄúSe llevan el patrimonio de los ciudadanos en los robos a gasolineras, joyer√≠as, se cometen homicidios y feminicidios. En lugar de medir cu√°nto tiempo invierte un ciudadano en interponer una denuncia, es prioritario tener en cuenta lo que se tardar√°n en una respuesta‚ÄĚ.

Garza Herrera respondi√≥ que los cuatreros tienen capacidad y destreza, pues lograron introducir en un espacio muy reducido, dos camiones de los llamados ‚ÄúPanzones‚ÄĚ, para cometer el il√≠cito. Asegur√≥ que las pesquisas van muy adelantadas. Se trabaja para dar pronto con el paradero de los animales y responsables del atraco. ‚ÄúAlgunos puntos en materia de seguridad tienen que ver con la tarea preventiva que no toca a la procuradur√≠a. Pero tratamos de llevar acciones previas, una cartograf√≠a completa de donde se cometen los delitos y las horas‚ÄĚ.

Les asegur√≥ que si los apoyan con m√°s plazas y recursos para cumplir con su labor, ofrecer√°n resultados positivos. Su ¬†premisa mayor ser√° que no haya impunidad. En respuesta a la diputada del PRI Esther Ang√©lica Mart√≠nez C√°rdenas, que pregunt√≥ sobre las bondades del nuevo sistema de justicia oral, Garza se√Īal√≥ que la gran deuda es socializarlo, ya que la gente no lo conoce, hacia d√≥nde va y sus beneficios. Al contrario del anterior procedimiento, donde prevaleci√≥ que el delincuente permaneciera en la c√°rcel, pagara o no la reparaci√≥n del da√Īo. Ahora se privilegian los medios alternos para solucionar conflictos. Se respetan las presunciones de inocencia y hasta que prueban los delitos, se acude al juez de control, con lo cual se garantiza el respeto a los derechos humanos y al debido proceso. Inform√≥ que existen convenios y pl√°ticas con procuradores de Texas y Arizona en los Estados Unidos, para capacitar a polic√≠as cient√≠ficos y peritos. Compar√≥ el avance del sistema oral con una escalera de 100 pelda√Īos. El avance es apenas de 3 escalones, faltan 97. En respuesta a una la pregunta que le hizo a trav√©s de la diputada Xitl√°lic S√°nchez, la se√Īora M√≥nica Torres, sobre el peso que le dar√°n a las denuncias y exhortos sobre corruptelas que haga el comit√© de participaci√≥n ciudadana, el fiscal reiter√≥ sus frases: ‚Äúnada por encima de la ley‚ÄĚ y ‚Äúno soy tapadera de nadie‚ÄĚ.