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El fraude de Gabriel Salazar podría superar los mil millones de pesos

El litigante José Arturo Fernández Tovar, denunció que el candidato a diputado local por la vía independiente, Gabriel Salazar Soto, defraudó a 800 inversionistas que le confiaron sus ahorros, a los que pudo afectar por un monto que supera los mil millones de pesos. Expuso que está coludido con la ex secretaria de salud y candidata de Morena a la gubernatura, Mónica Liliana Rangel, que le entregó sin concurso, más de 200 millones de pesos, por supuestos servicios de seguridad y limpieza. Fernández representa además al organismo Militares y familiares en etapa de retiro en San Luis Potosí, que también fueron desfalcados. Defiende en total a 60 víctimas de las engañifas del falso empresario que creó una parafernalia de firmas donde prometió a los ahorradores, ganancias del 10%. Pero todo resultó una típica oferta de timo. Les hizo creer a los parroquianos que representaba a 30 negocios más.

Sin embargo, ninguna existía en lo físico ni contaba con un domicilio propio. “La transa comenzó cuando el padre biológico de Salazar, el abogado Carlos Víctor Cano Zuart, vio que su hijo sufría en lo económico, por lo que se puso a vender enchiladas en la calle para sobrevivir. Lo jaló para que le empiece a ayudar en cuestiones financieras con el gobierno estatal. Con el tiempo, lo conectó con la secretaria de salud, Mónica Rangel, que le da varios contratos para que lleve a cabo la limpieza del lugar y llevarse residuos peligrosos. Los convenios son legales, pero no están amparados en la transparencia. No se someten a concurso, se otorgan por el amiguismo, como ya es costumbre. Las corruptelas se dieron a través del diezmo”.

Salazar obtenía pagos bimestrales, con lo que logró capitalizarse y crear la empresa Invercorp, con la que comenzó las estafas a través de otras empresas fantasmas. Sin embargo, en prolongados lapsos no recibió pagos del gobierno y se quedaba sin dinero. Entonces se le ocurre solicitar préstamos a dos oficiales del ejército. Les asegura que cuando le llegue el pago, les dará un 10% de ganancias. Es cuando en el 2017, crea Invercorp. Convence a la gente, invertir su dinero, a cambio de un alto porcentaje al regresarlo. Invercorp llegó a obtener entradas de hasta 20 millones de pesos por mes y Salazar comienza a salir en revistas importantes a nivel internacional, como el gran promotor potosino.

“Se auto nombró el príncipe de las inversiones. Pero el declive era inminente. Al crecer el número de ahorradores, con el tiempo, a las mismas personas, les tenía que devolver el dinero con intereses. Las entradas ya no fueron suficientes para pagarle a todo el mundo. A finales del 2020, ya eran 800 personas a las que debían cuotas multimillonarias. Las empresas fantasmas las agrupaba en el edificio M, ubicado en Venustiano Carranza. Según investigaciones que hicimos en el registro público, Salazar no aparecía como dueño del lugar, sólo rentaba el piso 13. La firma que funcionaba era de limpieza. Otra vendía uniformes de militares, y equipo y servicio de seguridad. Las demás nunca existieron”.

“En la entidad no es la primera vez que existe tal tipo de fraudes, donde abusivos convencen a ingenuos para que inviertan su dinero con la expectativa de ganar más. La gente vende sus coches, casas, todo lo que tienen y deciden invertirlo en estafas. Lo mismo pasó con Salazar. Las personas ofertaron sus pertenencias. Tal vez recibieron uno o dos pagos, pero después nada. El motivador se quedó con el resto del dinero. Dejó a los clientes con deudas millonarias, ya que muchos de los que invirtieron, llegaron al extremo de hipotecar las viviendas. Mientras, el responsable se daba sus viajes, paseaba en carros de lujo, se llenaba de caprichos, junto con la familia. Las personas creyeron de manera noble, ingenua. Se justificó al decir que son situaciones que pasan y salieron mal. Represento a 60 afectados, algunos tienen invertido, como mínimo, 3 millones de pesos. El señor carga la tarea legal de responder y regresar íntegro el capital”.

“Habló de construir departamentos de lujo en la Comuna Tower, que se ubicaría en Pozos. Salazar compró el terreno, confiado en que lo ayudarían funcionarios del gobierno estatal. No calculó que existen permisos federales, difíciles de conseguir. No se los dieron y fue un plan más que fracasó”. El litigante señaló que al comenzar las averiguaciones en la fiscalía local, se enteró que Salazar ya tenía otras denuncias en contra por el mismo delito de fraude, efectuadas por los abogados Walter Stahl y Salvador Rincón Iglesias.

Pero no había avances, el ministerio público no sabía dónde radicaba el engaño, ya que los parroquianos habían firmado un contrato”.

“Pero el documento no tenía validez. Según la ley federal de inversiones, se debe contar con un permiso para ser operador financiero de la Comisión Nacional Bancaria de Valores y estar registrado en el Sistema de Información de Prestadores de Servicios Financieros a nivel nacional, donde se estipula de manera clara, cuáles empresas están autorizadas. Son requisitos que Salazar Soto decidió ignorar. No se puede crear una sociedad y recibir dinero público sin estar regulado. Es indispensable una figura jurídica. Al no contar con los permisos y registros que estipula la ley, se incurre en un dolo. Lo pudimos comprobar. Ahora que la procuraduría sabe dónde está el problema, lleva a cabo las averiguaciones. Esperamos que no se atoren. Lo digo por las supuestas relaciones que tiene Salazar con gente de gobierno. No queremos imaginar que tiene inmunidad por parte de la fiscalía”.

“Reconocemos avances. En parte se debe a que cada abogado aporta los elementos para que los casos avancen. Además de denunciar, hay que ofrecer pruebas. Gabriel Salazar es un joven astuto, con facilidad de palabra, simpático, que pudo ser un gran empresario, si contara con un mínimo de estudios para hacer las planeaciones lógicas. Lo que hizo son puros sueños. Ahora tiene mucho que pagar. En un inicio hizo algunos abonos a varias personas que represento, pero después dejó de cumplir. Por fortuna, ya contamos con propiedades que le embargaremos para cubrir los ahorros de 37 de 60 inversionistas que firmaron un acuerdo notarial. Pero todavía adeuda muchísimo dinero”.

“Hablamos de las personas que han denunciado, no de las 800 afectadas. En nuestro caso, nos moveremos hasta que se liquide el último peso que se debe. Un defraudador siempre aparta un guardadito para hacerle frente a cualquier acontecimiento. El mismo Salazar me lo llegó a comentar, tenía propiedades que no estaban a su nombre. No aparecen a la vista, pero se podrían investigar”. Fernández Tovar subrayó que el motivador se encuentra confiado. “No le preocupan los delitos cometidos y hace campaña como independiente para diputado local por medio de las redes sociales. Y de ganar, viene un escenario catastrófico para el gobierno. Manda el mensaje erróneo de que cualquier estafador puede hacerse millonario de la noche a la mañana, salir impune y todavía obtener un cargo público. Pero no es tonto, sabe que al salir solo a la calle, lo pueden matar por ladrón”.

“Es bastante la gente enojada. Pero también hay brutos y corruptos que no dudo, lo apoyen. Salazar supo lo que hacía, pero le importó poco, se llenó de plata y amistades influyentes. Sopesa que no le sucederá nada. Cuando lo empezaron a requerir, le dijo a sus víctimas, que si contrataban a un abogado y lo denunciaban, no iba a regresaría un solo peso. Sigue confiado en que lo salvarán los políticos y las altas esferas. Cree que meterán las manos cuando llegue el momento de presentarse ante la justicia, al explotar la bomba. El señor lo toma a juego, como si fuera un circo. Merece un castigo ejemplar, no podemos permitir quede impune”.

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Más contratos en dependencias públicas

El polémico empresario Gabriel Salazar Soto, enfrenta varias demandas de los ahorradores que timó por  un monto que podría superar los 100 millones de pesos. Fue un proveedor recurrente de la Secretaría de Salud, donde obtuvo 17 contratos entre 2017 y 2018, por casi 65 millones de pesos. En el congreso local, también ofreció y cobró cursos de capacitación. Su negocio Corporativo Gavril, dedicado a la seguridad privada, creado en el 2014, se colocó pronto como proveedor favorito de dependencias y organismos públicos.

En el 2017, a través de un concurso restringido, el Museo de Arte Contemporáneo, que depende de la Secretaría de Cultura, convocó al Corporativo Gavril y la firma Seguridad Integral Greizz, para ofertar los servicios de vigilancia en un inmueble ubicado en Morelos 235. El contrato se entregó  a la empresa de Salazar por un lapso de 10 meses, del primero de marzo al 31 de diciembre. Le pagaron 253 mil 692 pesos en 10 partidas mensuales de 25 mil 369.20 pesos. Se comprometió a vigilar las instalaciones durante todos los días de la semana, con 3 elementos, 2 guardias para el turno diurno y uno para el nocturno.

El convenio lo firmó la directora del museo, Nuria Armengol Niño y el subdirector administrativo, Gerardo Juárez Lozano. Por parte de Gavril, la representante legal, Leslie Denisse Moreno Ferrer. La empresa de Salazar, cuyo domicilio se exhibe en internet, es una casa ubicada en Acerina 828, en el fraccionamiento Esmeralda. Se confirma que cambió de sede, a unas cuantas cuadras, ya que en el convenio aparece Amatista 538, en el mismo sector.

Salazar se coló además al Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa. En el 2016 cobró 8 cheques por un total de 129 mil 920 pesos. Los autorizó la directora Georgina Silva Barragán. Fueron emitidos el 15 de marzo, 2 de mayo, 1 de junio, 5 de agosto, 5 de septiembre, 4 de octubre, 11 y 25 de noviembre, del 2016, por un monto de 16 mil 240 pesos cada uno. Los movimientos constan en un listado de egresos al 31 de diciembre.

El corporativo Gavril fue contratado además por el Consejo Estatal Electoral, desde por lo menos el 2016. Lo que consta en un documento del organismo sobre adquisiciones directas a proveedores del 24 de febrero del mismo año. Le dieron un contrato por 208 mil 800 pesos. Otras 5 empresas presentaron sus propuestas. Se trata de Seguridad Privada de Mexquitic, Seguridad Privada, Resguardo y Vigilancia del Centro y Occidente, Hejoir, Vigilancia y Protección Privada de San Luis y JTSBAC. En el 2018, Salazar continuó en la misma instancia. En un informe de origen y aplicación de recursos, balance general y estado de resultados del 25 de junio, que fue presentado a la Secretaría de Finanzas, apareció Corporativo Gavril en el listado de cuentas por pagar. Le debían 8 mil 999.28 pesos.

También se incrustó en el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. En un estado financiero de mayo del 2019, registra un pago de 11 mil 600 pesos. El llamado “príncipe del emprendimiento”, alardea en sus charlas motivacionales, que un punto central para conseguir clientes es promover las empresas como exitosas, antes de operar. Incluso ya tener clientes potenciales para solventar los gastos y no invertir recursos propios.

Pronto encontró la oportunidad de expandirse. En el 2017 consiguió que la secretaría de seguridad pública estatal, al mando del general de división retirado, Arturo Gutiérrez, le expidiera la licencia inicial para la empresa Scoltta, que pronto acaparó clientes en dependencias públicas. Lo contrató la Minera México, Draexlmaier y la cadena trasnacional Walmart, Plaza Tangamanga y otras.

Con su estilo ostentoso y protagónico, el presidente del consejo administrativo del Grupo Infinite, Gabriel Alan Salazar Soto, publicitó el 10 de diciembre del 2019, la compra automóviles, motocicletas y cuatrimotos para las dos empresas dedicadas a la seguridad, Gavril y Scoltta. “Debemos enfrentar las situaciones que se presentan con calidad y marcar la diferencia”.

Invitó a los interesados en sus operaciones o que buscan empleo, dirigirse o llamar a las oficinas, ahora ubicadas en el edificio M, en avenida Carranza 990. Varios días después de anunciar el concurso mercantil de su emporio, con una avalancha de demandas en contra, por el fraude a cientos de incautos ahorradores que acudieron a Invercorp Capital Financial, el propio Salazar, en las redes sociales, difundió un video donde aparece con sus colaboradores. Juntos decomisan las motos de las empresas que atendieron.

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Con carreras truncas, en 8 años, el polémico Gabriel Salazar generó un emporio que podría valer más de mil millones de pesos

Egresado de la preparatoria José Natividad Sánchez en el 2012, con apenas un semestre de ingeniería eléctrica en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en el 2014, un semestre en derecho en la Universidad San Pablo en 2015 y una carrera inconclusa de contabilidad en la Universidad Tangamanga, el motivador y dueño de 30 súbitas empresas, Gabriel Alan Salazar Soto, del 2012 a la fecha, logró amasar una fortuna que podría superar los mil millones de pesos.

No obstante las carreras truncas, inició su ascendente currícula como auxiliar en Cano y Asociados, donde aparece como presidente del consejo administrativo, junto con su padre, Carlos Víctor Cano Zuart y Pedro Aquino. Para el 2018, formó un conglomerado que tiene como matriz el corporativo Infinite, que llegó a registrar ingresos mensuales por 448 millones de pesos, que el propio Salazar Soto expuso en su fan page.

La empresas que muestran como socio mayoritario o fundador a Salazar son Carlos Cano y Asociados, ubicado en Carranza 12767, en la que comenzó su controvertida trayectoria y de donde surgió también Consultores y Asociados y Bunker Corporativo Legal y Fiscal, que se ubica en el piso 13 del Edifico Eme.

En el 2016, Salazar fundó el grupo Infinite que tiene sus oficinas en el Edificio Eme, piso 13, del que se desprenden al menos 20 empresas más, como Brokers Bunker Inmobiliaria, localizada en edificio Eme y Salvador Nava 435, colonia Virreyes. Grupo Constructor Sasga y la empresa de seguridad de seguridad privada Scoltta, con oficinas en el piso 12 del edificio Eme.

En el 2017, Salazar Soto expandió el grupo Infinite con Proshine Servicios de Limpieza Integral, con oficinas en el piso 12 del edificio Eme. Invercop Capital Financial, establecido en Carranza 1551. Skold y Trand Auditoria, Bunker Administración Integral de Cartera, Pharmacorp Equipo Hospitalario e Iventfel Eventos y Convenciones, los cuatro ubicados en el piso 13 del edificio Eme. En 2017 sumó Impressum Imprenta y Marketing, ubicados en Melchor Ocampo 950, colonia Alamitos.

En el 2108, el corporativo Infinite se expandió con la empresa Prestacorp, ubicada en Carranza1551, Infinite Finanzas, Infinite Seguros, Move it, Empresa de Transporte Integral, ubicada en Salvador Nava 435. Sniper Equipamiento y Uniformes de Seguridad, Full Tank Distribuidora de Hidrocarburos, Talent Go Capital Humano, ubicados en el edificio Eme, piso13. Expertist Marketing Desing, también está en el piso 13. Absac se localiza en Salvador Nava 434, One Coffee en Melchor Ocampo 950.

Otras firmas del monopolio Infinite son Adcon, que se ubica en Salvador Nava 435, Canecao Grill, en Chapultepec 420, Sargent en Melchor Ocampo 950, Impactum en el piso 12 del edificio Eme, AZTK gasolineras, en Melchor Ocampo 950, lo mismo que PI-XL. Surety, está en Carranza 1551. Seguridad Gavril en Amatista 538. Salazar Soto también creó las fundaciones Creer y la Asociación Potosina de Seguridad Privada y Estandarización de la Calidad.

En sus desmesurados afanes de enganchar clientes, el motivador y dueño de la firma Invercorp, Gabriel Salazar Soto, presumió construir una cadena de 64 rascacielos, los más altos del país. En San Luis, proyectó en Pozos, edificar la mole Comuna Tower, con un valor de 200 millones, cercana a la zona industrial, con un abanico de prestaciones para los ejecutivos fabriles. Tan solo el costo del terreno lo tasó en 30 millones de pesos. Provocó un escándalo mediático en prensa escrita y electrónica. A la mayoría no les pagó las facturas de los servicios que contrató.

Adquirió la empresa de seguridad Gavril en 16 millones. Con inversiones en patrullas, motocicletas y guardias, incrementó el monto en 30 millones de pesos. Compró Canecao Grill, un restaurante de comida que se ubica en Chapultepec, frente al parque Tangamanga uno. Lo adquirió en un millón 500 mil pesos, pero rápido incrementó su valor en 2.5 millones.

Sumó a sus bienes el rancho Plan Steak, de 100 hectáreas en Moctezuma, aunque otras versiones señalan que lo tiene en Ahualulco, en 23 millones de pesos, que luego subió a 73 millones, ya que gastó 3 millones en restaurarlo, 2 millones en equipo y 2 millones en ganado. Ostentoso, en su rol de Og Mandino, en un video dirigido a sus fanáticos seguidores, presume que en el predio tendrá ganado y otros cultivos. Muestra a sus caballos pura sangre, Hamstoc y Yagar, que obsequió a su esposa, que le permite montarlo.

Luego pontificó, hedonista y sibarita. “Siempre tuve el sueño de adquirir un rancho con caballos, sobre todo, uno tisón, negro. Ya lo compré, se llama Cleopatra. Es hermosa, la sigue su potrillo. Es maravilloso montarla. La disfruto bastante. Hay que tener jobis caros, que permiten tener una vara alta, una meta que cumplir. Son un aliciente para gastar y divertirse fuerte. Ojalá puedan tener sueños en la niñez y juventud, de preferencia costosos. Suban de nivel y no los olviden. Hagan su lista, vayan del más fácil al más complicado, del más barato al más caro y cúmplanlos. A la vida, además de trabajar, cumplir obligaciones, tareas familiares, morales, religiosas y sociales, venimos a disfrutar, cumplir sueños, metas personales, disruptivas, que los llenen. Si queremos ser emprendedores, hay que aprender, gozar como pocos e invertir donde casi nadie lo hará”.

Fanfarroneó crecer las ventas en las empresas de seguridad Absac y Scolta. También en Invercop, la matriz de la estafa, donde prestó y recaudó fondos de 800 inversionistas que acudieron de noble fe a dejarle los ahorros de toda la vida. Pero nunca aportó cifras. En cambio, refirió comprar 10 millones de pesos en parque vehicular y 5 millones en maquinaria. Aunque se presume que el edificio M, ubicado en Carranza 990, pertenece a la boyante familia del ex senador del PRI, Teófilo Torres Corzo, en sus estrambóticos informes habló de remodelar el inmueble, sin dar un monto. Otras versiones apuntan a que el inmueble perteneció al extinto empresario Emigdio Martínez, que se lo heredó a una de sus hijas. También se dijo que uno de sus dueños fue del ex ganadero Ramón Lamadrid.

El que pudiera ser el autor material e intelectual del veleidoso comerciante es su padre, Carlos Víctor Cano Zuart, al que el ex gobernador Fernando Toranzo, pudo colar como administrador de la jurisdicción sanitaria de Valles de la Secretaría de Salud, de enero de 1993 a diciembre de 1994. Antes fue administrador del hospital de segundo nivel materno infantil en la capital, donde duró dos años con tres meses. Fue director administrativo del grupo constructor MB, que se ubica en Avenida de las Artes. Estuvo como director de administración, promoción y gestoría de un lienzo que se ubica en Charro Mexicano 122, fraccionamiento El Cortijo.

Figuró como director ejecutivo y socio de Clinker Eecsa Constructora, que luego se transformó en Eecsa Constractors. Fue director y socio de Acceso Móvil Digital. Director y socio del Claustro del 2004 a la fecha. El negocio aparece en el engranaje de Invercorp. Es director del despacho Carlos Cano y Asociados. Es director administrativo del Instituto Vive Hoy, asociación civil. En sus inicios fue auxiliar de archivo de Ford Disauto en Chiapas. Agente fiscal y jefe de licencias sanitarias en la Secretaría de Salud en Tuxtla Gutiérrez. Jefe de oficina de organización y métodos en México. Estuvo 8 años y 7 meses en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Cano Zuart es licenciado en economía por la Universidad Tecnológica de México. Hizo dos de seis módulos de una maestría en economía administrativa en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

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Gabo Salazar también irrumpió con sus ofertas en el congreso local

El empresario y mercadólogo potosino, Alan Gabriel  Salazar Soto, denunciado por defraudar a decenas de ciudadanos que enganchó para invertir en la firma Invercop Capital Financial, perteneciente al corporativo Infinite, del que se ostenta como presidente y accionista mayoritario, también fue un proveedor recurrente del congreso del estado. Su empresa Cano Soto y Asociados cobró en septiembre del 2017 dos cheques por un total de 144 mil 600 pesos, por servicios de “capacitación en materia de medio ambiente y su vínculo con derechos humanos” y “servicios de capacitación en materia de derechos del trabajador y prestaciones”. En tal época, presidió la Jucopo, el panista Jorge Luis Díaz Salinas. La encargada de la cartera de derechos humanos era la perredista, Dulcelina Sánchez de Lira, sujeta a proceso por manejar facturas fantasmales.

Los pagos de los cheques 6728 y 6729 de Banorte, cada uno por 72 mil 300 pesos, los autorizó la Junta de Coordinación Política, de la pasada legislatura. Salazar también ofreció sus servicios al gobierno del estado, del que recibió a través de la Secretaría de Salud, solo en el 2018, 19 millones de pesos por servicios de mantenimiento, lavandería y limpieza, como reveló una investigación de Ciudadanos Observando. También convenció y deslumbró a empresarios locales de apoyarlo en su sueño de construir el primer rascacielos en San Luis, que nunca se concretó.

Sin temor al riesgo, como lo relata en sus pláticas y conferencias a emprendedores en universidades e instituciones de educación superior, Salazar Soto a través de Cano y Asociados, promovió el 20 de marzo pasado un juicio de amparo que fue radicado ante el juzgado tercero de distrito, en contra de actos del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador y otras autoridades, para que se le condonara, eximiera o prorrogara el pago de impuestos por la emergencia sanitaria del covid 19.

El 3 de abril, el juez tercero de distrito le concedió el amparo y dictó suspensión de plano para que el ejecutivo federal se pronunciara sobre las medidas en materia de condonar impuestos, cuando existe una emergencia, como exigió Soto en el escrito de demanda. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en un comunicado del 7 de abril, calificó de ilegal el amparo concedido al empresario y anunció que lo impugnaría. El 13 abril el primer tribunal colegiado en materia civil y administrativo en San Luis, revocó la suspensión que le fue concedida a Salazar Soto. Ahora tendrá que efectuar su declaración anual 2019 y pagar impuesto por los ingresos obtenidos en el ejercicio fiscal. Su controversia con hacienda, ocurre solo unos días antes de ser acusado de fraude. El 23 de mayo anunció en redes sociales, la inminente quiebra de sus negocios.