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El vocero de Carreras, Adrián Vázquez, compra residencia y vehículos por casi 5 millones de pesos

Aunque en los hechos su eficacia es nula para resolver los problemas apremiantes de los potosinos, como la inseguridad, la pobreza y el desempleo, al menos el sexenio de Juan Manuel Carreras López tiene la ventaja de generar nuevos ricos.

Entre la pléyade, destaca su jefe de prensa, Adrián Vázquez Méndez, acusado de ineptitud y nula lealtad a su jefe, ya que filtró a los medios informativos y redes sociales, el audio donde el dueño del periódico El Mañana, Pascual Oyarvide, platica con el secretario de finanzas, José Luis Ugalde Montes, que despotricó en contra del doctor en derecho. Lo llamó “muy pendejo†para hacer negocios con el dinero asignado para la campaña.

En días recientes, Adrián Vázquez adquirió una residencia por casi 4 millones de pesos en la Privada del Parque 476, en la avenida Chapultepec, una de las zonas más exclusivas y de alta plusvalía de la capital, ya que se ubica frente al mega pulmón verde del parque Tangamanga uno. Además, se mueve en dos camionetas último modelo que en conjunto, alcanzan los 800 mil pesos. El funcionario tiene ingresos de 80 mil pesos al mes.

En el sexenio del panista Marcelo de los Santos Fraga, estuvo bajo las órdenes de la vocera María Luisa Paulín Hernández, de la que aprendió la habilidad de “ordeñar†los sobres que cada quincena, de manera arbitraria, reparten a fotógrafos, reporteros, columnistas, directivos y dueños de medios informativos. Manejó un presupuesto anual que superó los 40 millones de pesos, cuyo destino final no se fiscaliza. Lo manejó para acallar a la prensa local. Paulín se imaginó la gobernadora y se abrió un frente de mil enemigos a los que calumnió y ensució de manera vil. No se salvaron de sus bajunos ataques los magnates Pablo y Miguel Valladares García, dueños de los periódicos San Luis Hoy y Pulso.

Se ensañó con el endeble ex secretario de salud, Fernando Toranzo, que luego alcanzó la gubernatura. Para limar su oxidada fama y sacudirse el yugo de su ex promotor, el galeno encarceló por fraude al ex titular de finanzas, Joel Azuara y al ex oficial mayor, Humberto Picharra. Al contador público le impuso la más alta multa en toda la historia del país y del mundo, por más de 7 mil millones de pesos, por el sospechoso crédito de mil 500 millones de pesos que dilapidó antes de abandonar el cargo. Marcelo de los Santos combatió la risible pena en los tribunales y rápido salió del embrollo.

Pero Toranzo fue más severo con Paulín. La acusó de peculado por más de 30 millones de pesos, por lo que estuvo encerrada más de un año en el penal de La Pila. La ex funcionaria se dijo víctima de un atropello contra la libertad de prensa y se declaró presa de conciencia. En su fugaz paso como asesor gubernamental, el notario público 32, Leonel Serrato, documentó un grueso expediente de los latrocinios de Paulín. Indicó que Toranzo se portó benévolo al no incrementar el monto financiero del delito, por lo que aun debería estar tras las rejas.

Cuando Paulín se dio cuenta de que Vázquez le jugaba rudo, lo corrió de la dependencia. El funcionario menor se refugió en la secretaría de educación, donde se dedicó a dilapidar los recursos públicos en revistas internas con nulo tiraje y altos costos. Además se volvió un experto en ocultar los informes que deben ser públicos. Nunca lo doblegaron los feroces peticionarios, Federico Piña Fraga y el extinto David Robledo Miranda.

Vázquez tuvo la fortuna de coincidir con el ex colaborador panista en el mandato de Felipe Calderón, Juan Manuel Carreras, que también por sus nexos con el ex presidente Carlos Salinas y el maximato local Horacio Sánchez Unzueta, brincó como candidato a la gubernatura, sin importar su bajísimo perfil. Dejó en el camino a priistas de cepa como el ex senador José Ramón Martell y el ex diputado local, Jesús Ramírez Stabros. Gracias a los votos del alcalde de la capital Ricardo Gallardo Juárez y el mega fraude cometido a su contendiente panista Sonia Mendoza, Carreras se convirtió en gobernador.

Rehén de diversos grupúsculos, corrientes y patrocinadores, apenas pudo colar en su gabinete a dos cuadros cercanos. El oficial mayor, Elías Pecina y su voraz jefe de prensa, Adrián Vázquez, que ya se jacta de pertenecer al reducido grupo de nuevos ricos en San Luis. Igual que su jefe Carreras, es déspota y cruel con sus colaboradores. Maneja de forma atrabiliaria los más de 81 millones de pesos anuales que destina a sobornos y chantajes para mantener amordazada a la prensa local. Para no quedarse atrás de su ex jefa en el saqueo de las arcas, ahora puede presumir que es su vecina. También lo es de la ex presidenta estatal del DIF, María Luisa Ramos Segura, que se hizo mega millonaria con los porcentajes del 30% que exigía a los proveedores del gobierno estatal y los costos inflados en los frugales desayunos escolares que repartía a las escuelas junto con su hermano Rodolfo Ramos Segura. En una compra de equipo de seguridad a vendedores de Monterrey, por 3 mil millones de pesos, la anestesióloga aseguró su futuro y el de sus descendientes por los siglos de los siglos.   

A la mitad del escabroso sexenio, Carreras también ya fue denunciado de sacarle ventaja al presupuesto en la compra de terrenos a allegados y en las fallidas inversiones de la trasnacional Ford. Sus detractores empiezan a preguntarse dónde están los más de 120 mil millones de pesos que ha ejercido hasta la fecha. Igual que a Toranzo, se le fustiga de no tener una obra relevante. Fue por lo que se apuró a blindarse e imponer al fiscal anticorrupción, Jorge Alejandro Vera Noyola, que antes le sirvió de enlace con el poder legislativo. También ratificó presuroso, sin consulta popular, al ahora fiscal Federico Garza Herrera, que ha mostrado absoluta incompetencia para frenar la ola de sangre que azota a los potosinos. Pero ya se empieza a delinear dónde están los recursos de los potosinos. Una mínima parte se encuentra en la residencia del vocero gubernamental, Adrián Vázquez Méndez.

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Carreras gastará más de 41 mil millones de pesos en el 2017

Sin discusiones en el pleno, con 26 votos a favor y el sufragio en contra del legislador de Morena, Jesús Cardona Mireles, se aprobó al gobernador Juan Manuel Carreras el presupuesto de egresos para 2017, por un monto de 41 mil 580 millones 892 mil 804 pesos. En la sesión del 15 de diciembre se votó también la ley de ingresos para el mismo ejercicio. No obstante que en la exposición de motivos el doctor en derecho asegura que busca contener el gasto público a través del reordenamiento de las erogaciones en servicios personales y no incrementar los gastos operativos, el rubro de servicios personales contempla un incremento en más de 660 millones respecto a lo que se le aprobó en el 2016. En dependencias como el despacho del ejecutivo, la secretaría general de gobierno y el departamento de prensa se les incrementaron los fondos.

Se informó que los recursos federales para San Luis potosí disminuyeron 0.8% comparado con el ejercicio 2016, sin incluir los fondos federales de inversiones que tendrán escaso crecimiento y se podría no contar con los recursos del Fondo Regional al haber escalado la entidad posiciones en el índice de desarrollo humano. Sobre los más de 40 mil 580 millones de pesos del presupuesto de egresos, el ejecutivo contará solo con 13 mil 109 millones de pesos para su libre manejo. El resto de los recursos se asignaron para ejecutar programas del gobierno federal. En salarios y prestaciones de la burocracia se destinarán 7 mil 908 millones 486 mil 512 pesos, contra los 7 mil 248 millones 367 mil 489 pesos que se aprobaron en el capítulo de servicios personales en 2016.

La secretaría de gobierno incrementó su presupuesto para el 2017 en casi 67 millones de pesos al pasar de 321 millones 867 mil 204 pesos que se le asignaron en el 2016 a 389 millones 487 mil 824 pesos para el próximo año. El despacho del gobernador, más de 15 millones, ejercerá 110 millones 685 mil 615 pesos contra 95 millones 386 mil 988 pesos que le aprobaron en el 2016. La oficialía mayor aumentó su presupuesto más de 96 millones de pesos, gastará 903 millones 807 mil 315 pesos, por 806 millones 377 mil 918 que se le autorizaron para el siguiente año. Un incremento superior al que tendrá la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas que subió 21 millones 118 mil 59 pesos.

La procuraduría de justicia que se convertirá en fiscalía dispondrá en 2017 de un presupuesto de 894 millones 994 mil 651 pesos, casi 172 millones de pesos más que lo autorizado para 2016. La secretaría de seguridad pública dispondrá de 2 mil 89 millones 999 mil 908 pesos, 23 millones y medio menos de lo que le autorizaron en el 2016. Para el sistema anticorrupción del estado, se le asignaron 6 millones 374 mil 828 pesos y al sistema de ejecución penal 3 millones de pesos, presupuesto que equivale casi al aumento que se le otorgó a la secretaría técnica del gabinete, que dispondrá de 14 millones 984 mil 928 pesos cuando en el 2016 se le autorizaron 12 millones 68 mil 221 pesos. A la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, le aumentaron el presupuesto en más de 23 millones 387 mil pesos al pasar de 9 millones 666 mil 999 pesos que se le asignaron en el 2016 a 33 millones 54 mil 171 pesos que dispondrá para el próximo año.

Otras dependencias que ejercerán mayores recursos que en el 2016, son la cuestionada instancia de prensa, que pese a las quejas de los mismos diputados en contra de su titular, Adrián Vázquez Méndez, no obstante que algunos externaron no le darían mayores recursos, dispondrá para el próximo año de 80 millones 965 mil 329 pesos, casi 7 millones de pesos más de los que le otorgaron en el 2016, por 74 millones 182 mil 335 pesos. La Defensoría Social tendrá 130 millones 96 mil 56 pesos, 36 millones de pesos más de los 93millones 679 mil 546 pesos del 2016. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, aumentó su presupuesto para el 2017, en 94 millones de pesos. En 2016 le autorizaron 576 millones 164 mil 120 pesos. En el 2017 ejercerá recursos por 670 millones 206 mil 991 pesos. En contraste, la Comisión Estatal de Derechos Humanos tendrá el mismo presupuesto del 2016, son 36 millones 327 mil 310 pesos, lo mismo que el Tribunal Electoral del Estado, 22 millones 589 mil 153 pesos y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Le entregará la misma cuota del 2016, un total de 207 millones 186 mil 608 pesos.

Los partidos políticos como ha ocurrido en los últimos años, lejos de disminuirles los recursos que reciben por financiamiento público se les incrementó. Para el 2017 se les entregaran 93 millones 985 mil 840 pesos, en el 2016 fueron 88 millones 568 mil 350 pesos. Al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana se le autorizó un presupuesto de 166 millones 199 mil pesos, de los cuales 72 millones 213 mil 160 ejercerá el organismo y el resto se repartirá entre los partidos y agrupaciones políticas.

Para el pago de la deuda pública el gobierno del estado destinará 430 millones 930 mil 950 pesos, de los cuales 147 millones 990 mil 532 son para amortizaciones, 273 millones 485 mil 558 pesos para intereses, 4 millones 500 mil pesos para gastos por cobertura, 3 millones 883 mil pesos para gastos de la deuda y 1 millón 71 mil 550 pesos para adeudos de ejercicios fiscales anteriores. En el 2016 se destinaron al rubro de deuda pública 401 millones 807 mil 821 pesos y se le adicionaron recursos por 207 millones de pesos para pagar el contrato de prestación de servicios de la Presa El Realito. En el presupuesto de egresos del 2017 no se especifica de que rubro se obtendrán los recursos para cumplir con tales obligaciones… continúa (tomado de la revista Diciembre 2016)

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Atacan al «adicto» jefe de prensa Adrián Vázquez. Le piden a Carreras y Ugalde, se bajen el salario un 50%

En un hecho inusual por la línea que les imponen a los diputados del PRI los coordinadores de bancada, en la sesión de hoy el diputado Roberto Alejandro Segovia Hernández presentó y se le aprobó con 13 votos a favor y dos abstenciones un punto de acuerdo para pedir al gobernador Juan Manuel Carreras y al secretario de finanzas José Luis Ugalde Montes, recortar en un 50% su salario y el de todos los secretarios del poder ejecutivo.

Segovia recibió el respaldo sólo de su homologo, José Luis Romero Calzada, pues los demás priistas, encabezados por el coordinador Fernando Chávez Méndez, le hicieron el vacío y abandonaron el recinto mientras se votaba y discutía la propuesta. Segovia también presentó un exhorto a la cámara de diputados federal y al senado para que disminuyan el próximo año las partidas destinadas a gestoría. Solicitó que los recursos ahorrados por las reducciones a los salarios de los funcionarios, se destinen a obras sociales en los municipios. A los que abandonaron la sala, expuso, los iban a regañar si se quedaban.      Por su parte Romero también arremetió contra el vocero estatal, Adrián Vázquez Méndez. Destacó que los ahorros que obtengan de las bajas de ingresos de los diputados y funcionarios, se destinen a obras públicas y no a mantener a empleados como el vocero de Carreras, al que se refirió como el “chaparrito adicto e intoleranteâ€.

Romero insistió sobre el tema. Al final de la asamblea, pidió sin éxito, se le dijera sobre el acuerdo al llegaron los integrantes de la Junta de Coordinación Política, en la junta que sostuvieron con Vázquez. El legislador de Conciencia Popular Óscar Vera, que en cada sesión se confronta con Romero, le aclaró que los informes los pidiera a sus representantes Fernando Chávez y Manuel Barrera Guillén.

Los legisladores aprobaron con 20 sufragios a favor, se nombrara como contralor interno del Consejo Estatal Electoral a Jesús Chevaile Abad para el periodo del 1 de noviembre del 2016 al 31 de octubre del 2020. Se votó un punto de acuerdo para solicitar al auditor superior del estado, José de Jesús Martínez Loredo investigar los sueldos, salarios o remuneraciones que percibe la titular de la secretaría de salud, Mónica Rangel, que en su comparecencia, reveló que gana 220 mil pesos mensuales. Se incluyen los directores de todas las dependencia. Vera planteó exhortar al procurador Federico Garza Herrera, implementar de inmediato el protocolo Ãmbar para coadyuvar a localizar las mujeres y niñas desaparecidas en el estado. Erradicar la violencia de género y garantizar sus derechos humanos. Exigir al Instituto de las Mujeres y dependencias involucradas, actualizar el banco estatal de datos e informes sobre violencia contra el sector femenino.