Después de 12 años de luchas infructuosas, el dirigente del sindicato independiente del ayuntamiento, Óscar Esparza González, junto con sus agremiados, lograron que con el actual alcalde, Enrique Galindo, les dieran el reconocimiento legal definitivo. Censuró el desempeño de su contraparte, el líder del ente mayoritario, José Guadalupe Valencia Contreras, que aglutina a más de 2 mil empleados, con más de 30 años en el cargo que ejerce de manera arbitraria y antidemocrática. Obtuvo el triunfo cuando criticó a su antecesor, Valentín Zavala, que apenas duró la mitad de lo que ahora alcanzó.

“No rinde cuentas, no informa los logros, los obliga a firmar libros de actas sin saberlo, ya que no les entregó los estatutos. No les explica sus derechos y obligaciones. Obtiene de las cuotas sindicales, más de un millón 500 mil pesos al año. No paga renta. Cobra a sus agremiados 250 pesos por platillos de comida cuando hay festejos. Brincó de intendente a director de área, sin desempeñarse como jefe de departamento. Cobra todas las prestaciones que suman más de 50 mil pesos mensuales�.

 Esparza inició gestiones para conseguir el registro el 1 de mayo del 2008, pero  hasta octubre del 2010, le otorgan por primera vez, la toma de nota. Desde entonces buscó con las diversas administraciones, su reconocimiento. Se negaron por cubrir a Valencia. El edil anterior, Xavier Nava Palacios, recurrió a artimañas para incumplir y le heredó el caso a Galindo. En noviembre del 2021, la sindicatura firmó un convenio con el tribunal laboral, donde se reconocen a 35 personas que tienen sus prestaciones como sindicalizados. Otras 6 que desempeñan comisiones sindicales, les pagaron un retroactivo correspondiente a prestaciones.

Explicó que en 2008, en la etapa de Jorge Lozano, se constituyó el organismo sindical independiente. Los trabajadores que se agruparon, fueron atacados por el edil, que se alió con Valencia, que lo apoyó para privatizar el aseo público. Subrayó que antes contendió para ganar la dirigencia del sindicato mayoritario, ya que era parte del comité, pero Valencia no lo registró y junto con otros afiliados, les suspendió los derechos sindicales y el munícipe lo corrió del ayuntamiento.

La edil Victoria Labastida mantuvo el signo privatizador, pero Esparza fue reinstalado después de ganar la demanda, aunque solo laboró 6 meses. Otra vez lo despiden por peticiones de Valencia. El argumento fue no obedecer, irse a una delegación y no acatar órdenes cuando laboró en las instalaciones del DIF municipal. Labastida le concedió a su verdugo todas prebendas que le exigió, como controlar los ingresos de los trabajadores y el reparto de las bases en Bocas y La Pila, que antes tenía en el abandono, pero reacciona ante la injerencia de Esparza.

La ex funcionaria, igual que Lozano, entregó a una empresa, gran parte del servicio de alumbrado público, compró a sobrecosto las luminarias y desapareció  toneladas de chatarra. Valencia guardó silencio. En su desempeño, Mario García Valdés hizo acuerdos bajo la mesa con el dirigente charro, que maneja más de 2 mil trabajadores, entre activos, jubilados y los del Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado.

En su etapa, Ricardo Gallardo Juárez inició una ola de despidos de gente con base, sindicalizados y de confianza. Temeroso de confrontarlo, Valencia apenas hizo un remedo de protesta, de la caja del agua a la unidad administrativa. “Luego se ocultó, le dijo a sus agremiados que lo había amenazado. No le pagaron cuotas sindicales y los ahorros. Hubo una serie de desfalcos y jamás protestó. Le dijo a los trabajadores que enviaría un abogado para que lo representara. Muchos optaron demandar en lo personal. Xavier Nava se convirtió en aliado de Valencia. Lo ayudó a regularizar más de 200 personas y le ayudó en las retabulaciones. Mejoró para su reducido grupo, el servicio médico, aunque a la mayoría la dejó en el abandono. A cambio, lo apoyó en la campaña para reelegirse, sin éxito. Pero Galindo despidió a más 300 empleados y Valencia quedó maniatado�.

Esparza dijo que por ley, a los trabajadores les tienen que otorgar dos uniformes por año. Sólo ocurrió una vez, les duran tres años. No les dan equipos de seguridad. Valencia se conforme con lograr incrementos salariales del 3 al 5%. Refirió que Galindo reconoció al sindicato independiente. El acuerdo se asentó a través de la sindicatura en noviembre. En diciembre les entregaron seis comisiones sindicales de tiempo completo para estar en las oficinas, que se ubican en Xicoténcatl 126, a partir del 3 de enero. En febrero, les pagaron prestaciones laborales a 35 trabajadores. En marzo, entregaron dos bases que se demandaron.

En los 8 meses que Galindo lleva de gestiones, no han tenido incrementos salariales ni prestaciones. Los trámites se detuvieron. Se niegan a aceptar sus demandas, que consideran onerosas. Valencia está molesto, porque no ha podido complicar los arreglos. Lamentó, no respeten el apoyo para lentes. No hay créditos para vivienda. Los salarios se han  incrementado del 3 al 5% en forma escalonada. El servicio médico se ha reducido en el cuadro básico. No hay pases automáticos para especialidades, salvo que el paciente se muestre grave. Con Jorge Lozano, se creó el área de parquímetros, que debía destinar el 33% para el fondo de pensiones, que no existe. Otro 33% para el servicio médico y el resto a los bomberos. Pero se convirtió en caja chica. Se ignora el monto del ahorro, cuando existen más trabajadores que han cumplido con los años de servicio, para jubilarse.

Refirió que los empleados de los cementerios, exhuman cuerpos que están putrefactos, sin equipos de seguridad, como mascarillas, ni overoles. A los de barrido manual y obras públicas, les niegan fajas para cuidarse la columna. Los de alumbrado, trabajan cerca de cables sin casco, ni guantes, solo un uniforme que usan hasta que se desgarra. Los operativos, que andan en la calle, los obligan a trabajar sin reposo, ni para tomar un vaso de agua o ir al baño.

 En la unidad administrativa, no se han cambiado las sillas, las secretarias adolecen de la columna, lo que considera enfermedad. Hay estudios sobre el área de barrido manual, donde hay casos de fibrosis pulmonar. Los tratan de esconder como tema de fumadores, cuando es debido al polvo que aspiran, al no contar con las herramientas que los protejan.

Esparza aseveró que un trabajador general, por quincena, gana de 2 mil 800 a 3 mil pesos para sostener a la familia. Pero gasta en camiones y lo educativo. No le alcanza para subsistir. Un director logra entre 50 y 60 mil pesos, más prestaciones. Es la inequidad que permea, por lo que se busca estabilizar la fuente de ingresos. En el servicio médico persisten dos niveles, uno bajo, donde están los trabajadores. Otro alto, para directores y jefes de departamento. Con Labastida y García, llegaron al extremo de autorizarse cirugías estéticas. Los convenios con las clínicas privadas, se consideran canonjías que se dan a los empresarios allegados. Antes se firmaron con la Beneficencia Española, Clínica  Díaz Infante y Centro Médico del Potosí. Al crecer la plantilla laboral a más de 5 mil empleados y sus familias, que se elevan a más de 20 mil, por consiguiente las participaciones, no tiene sentido pagar por una cuantía.

Expuso que se puede crear una clínica de primer nivel. Se facilita porque el ayuntamiento tiene terrenos, no los compraría. Cuenta con mano de obra, en la figura de ingenieros, diseñadores, incluso materiales para construir. “No saldría tan caro concretarla. Puede atender partos, operaciones menores y consultorios. Ayudar a reducir los costos anuales. Sólo las cirugías complejas, serían canalizadas a los hospitales privados�. Advirtió que ante su nulo liderazgo, está cerca la caída de Valencia, ya que sus adeptos están inconformes, de 10, uno lo estima. Los únicos que opinan a su favor son los que tiene como delegados, a los que impone, cuando deben ser electos por las bases. “Lo primero que hacen es pedir plazas para familiares y amigos. En total son como 70 u 80. Cada uno mete hasta dos personas a la nómina�.

Esparza destacó que Valencia Contreras, por cuotas de los trabajadores,  amasa al año arriba de un millón 500 mil pesos. Le rebaja 27 pesos quincenales a más de 2 mil agremiados. No rinde cuentas a nadie, todo se lo gasta de manera arbitraria. Recibe una tajada para becas que distribuye como se le antoja. No las concursa, las reparte entre los delegados y sus familiares. El próximo año le toca convocar a elecciones. Enfrenta una demanda por los comicios anteriores. La interpuso uno de los contrincantes, Leonardo de la Cruz Lagunillas. Se inconformó por el cúmulo de chicanas.  

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