En los últimos días del ciclo escolar 1995-1996 la representación sindical de la sección 26 del magisterio encabezada por el fallecido Juan Miranda Uresti circuló entre la base trabajadora un folleto llamado “Documento Informativo del Fondo de Capitalización Social del Magisterio Potosino, sección 26, SNTE�. Lo presentaron como una respuesta conjunta a la demanda de mejorar las condiciones de retiro del maestro manifestada en el pliego petitorio entregado por la dirigencia sindical al gobernador Horacio Sánchez Unzueta que había intentado promoverlo cuando Vito Lucas Gómez Hernández fungía como representante de la sección pero no le alcanzó el tiempo. Ya con Miranda Uresti en la dirigencia, el mandatario Fernando Silva Nieto logró implementarlo. Lo ubicaron como un beneficio para el trabajador cuando en realidad la tajada del león se la llevarían los gobernantes. El mecanismo para capitalizar el fideicomiso fue sencillo: aparentar que de una quincena a otra, de pronto y sin mayor explicación, los trabajadores de la Secretaría de Educación en San Luis Potosí dejaban de ganar el 25% de su salario. Al darse el hecho inédito, las aportaciones a la Secretaría de Hacienda vía el impuesto sobre la renta se reducían en la misma proporción. Igual sucedía con las aportaciones al ISSSTE con el daño patrimonial consecuente. Entonces de manera arbitraria aplicaron el mecanismo y los maestros recibieron sus talones de pagos correspondientes a julio y agosto de 1996 con una redistribución salarial que reducía los ingresos al fisco y al ISSSTE.

El sistema utilizado Ibarrola fue posible pues los comprobantes de pago eran elaborados por el gobierno local y para evitar confusiones al trabajador, imprimieron dos sueldos bases: el verdadero y “el de mentiritas�. Así tranquilizaban al empleado pues no tenía merma alguna en sus ingresos que se capitalizaban a costa del fisco y del ISSSTE. Para lograr la adhesión de los trabajadores ofrecieron bonos para quienes ya estuvieran en retiro (del 96 para atrás). Préstamos a los trabajadores activos. Seguro de vida. Seguro por invalidez total y permanente y jubilación complementaria (o capitalización por retiro, en su caso). Hubo voces que alertaron del daño al ISSSTE y se desató por parte de los dirigentes sindicales una andanada de ataques a la institución. Dijeron que de todos modos el ISSSTE ni servía. Los préstamos que daba eran insuficientes. La perla de lo ofrecido era la jubilación complementaria pues al momento del retiro el ISSSTE pensiona considerando únicamente el promedio del sueldo base ganado durante el último año y que representa cerca del 75% de las percepciones. Es decir, el fideicomiso se comprometía a complementar el 25% restante de por vida. La capitalización por retiro se refiere a quienes optan recibir un pago al momento de irse en una sola exhibición.

La alternativa fue preferida por muchos de quienes se llegaron a retirar y se toparon con la indignante sorpresa de que solo les pagarían entre 200 y 400 pesos mensuales, así que tomaban una cantidad aproximada a los 15 mil pesos y… ¡abur! Al inicio de su funcionamiento se presentaron varios problemas que debieron ser subsanados con acuerdos políticos de alto nivel. Hubo trabajadores a quienes se les redujo el pago por quinquenio trabajado, el pago por asignación pedagógica, de despensa, de material didáctico. Lo más grave resultó para aquellos a quienes el ISSSTE les calculaba su pensión considerando el sueldo rebajado, es decir, “el de mentiritas� reportado al instituto y hacienda, que era a todas luces un engaño. El Seguro Institucional de 40 meses para los beneficiarios de quienes fallecieron en el lapso de julio y agosto de 1996 se calculaba con el sueldo reducido. Para resolver los imprevistos el gobierno estatal tuvo que negociar con las instituciones afectadas que permitieron se elaboraran de nuevo los comprobantes de pago sin la redistribución salarial. Si bien es cierto que hay adheridos al fondo beneficiados en lo particular con pagos cercanos a los 8 mil pesos mensuales, el daño social ha sido mucho mayor y los gobiernos, sobre todo el de Fernando Silva Nieto, se vio favorecido. Como zanahoria, Horacio Sánchez Unzueta ofreció 7 millones de pesos para iniciar y luego comprometió la aportación de 6 millones anuales.

Buscó Sánchez la cuadratura al círculo… y se la encontró, pues halló la forma de hacerse de mayores recursos. El sistema evasivo empleado le permitió a lo que restaba de su gobierno y al sexenio de Silva Nieto hacerse de recursos millonarios. Por aportaciones patronales al ISSSTE se apropiaron de alrededor de 38 millones al año (cálculo hecho a valores de 1996) y por aportaciones de los trabajadores cerca de los 20 millones anuales afectando los recursos del instituto. Además, aproximadamente 6 millones más derivados del impuesto sobre la renta. Redujeron los gobernantes su aportación al Fondo de Vivienda y al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR). El valor de la solidaridad gremial e intergeneracional de los trabajadores de la educación estuvo a prueba y desgraciadamente fuimos reprobados. Por un beneficio particular y aparentemente vitalicio se consintió en afectar al ISSSTE y se facilitó el paso a las excusas para cambiar su ley reglamentaria llegando al extremo en el 2007 de perder la pensión por jubilación de los nuevos trabajadores y un aumento en la edad para quienes estaban activos a la fecha. Todo por un plato de lentejas. Pero hubo voces dignas que se elevaron. Encabezados por la delegación sindical D-I-100 de Villa de Reyes que coreábamos “la cien no se vende, la cien no se da, porque tiene maestros, con mucha dignidad� se realizaron protestas y demandas (3 de septiembre de 1996) por escrito ante la Procuraduría General de la República encabezada entonces por Antonio Lozano Gracia, la Secretaría de la Contraloría General de la Federación y el Congreso de la Unión en su Cámara de Diputados.

Una comisión nos entrevistamos con el director general del ISSSTE, Manuel Aguilera Gómez, quien nos confió que el esquema se impulsaba en muchas dependencias a lo largo y ancho del país. Estaban conscientes que el daño patrimonial era enorme y que la figura de fideicomisos era un paso para favorecer la privatización de parte de los recursos públicos. La entrevista se logró por mediación de la reconocida economista Ifigenia Martínez y nuestro acercamiento con la dama por nuestro respetado amigo el doctor José Enrique González Ruiz. Gracias a doña Ifigenia Martínez, pudimos pasar a la sesión plenaria de la Cámara de Diputados donde la fracción parlamentaria del PRD encabezada por Pedro Etienne Llano la subió a discutir en tribuna. Vito Lucas Gómez Hernández, como diputado federal por San Luis Potosí, defendió el fideicomiso sin éxito pues los argumentos en contra eran bastante sólidos, terminando por solicitar al congreso “ayúdenos a poner orden si hubiera errores al implementarlo�. En pasillos, merodeaba José Luis Briones Briseño, supuestamente apoyando a Gómez para la argumentación. Hoy que se desinfla el fideicomiso, Alejo Rivera �vila carga con el peso de la responsabilidad. ¿Dónde están los reclamos a Briones, Dimas Sagahón y Enrique Uresti? ¿A José Luis López Cervantes, Victorino y tantos cómplices de la manipulación? El fideicomiso pasó por etapas negras.

Cuando los priistas perdieron frente a Marcelo de los Santos, a los 12 meses interrumpió la redistribución salarial por casi tres años y la reinició a poco más de un año del cambio de gobierno cuando ya tenía un acuerdo electoral con la dirigencia sindical. Al final, la centralización de los pagos a los trabajadores haciéndolos ahora la federación a través del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo, hacen inviable la redistribución salarial con un sueldo base “de mentiritas�. Sin embargo, no pueden descartarse los malos manejos que en complicidad entre autoridades y representantes hayan podido darse. La realidad que vivimos es que la crisis económica y los malos gobiernos, corruptos por añadidura, nos tienen en una situación grave. La deuda con el sector educativo del gobierno del Estado de San Luis Potosí generada por priistas y panistas ronda los seis mil millones de pesos. Todos los gobiernos estatales le deben aportaciones al ISSSTE, quienes menos, entre 30 y 50 millones de pesos, quienes más, hasta 6 mil millones. Tan solo el ISSSTE, FOVISSSSTE, SAR, no pueden pagar a quienes ejercieron tutorías, tampoco las becas para hijos de trabajadores, las becas por manutención a estudiantes universitarios y de nivel medio superior, le deben a las empresas, a prestamistas y negocios de particulares que acuerdan transacciones con los trabajadores por vía nómina, le deben a sus proveedores. Le deben hasta al de la tiendita.

¿Por qué creer que los recursos públicos y de interés social desviados por años a fideicomisos de particulares si fueron entregados al Foncasol? Un largo año (de 1996 a 1997) sostuvimos una lucha casi en solitario para evitar el modelo de capitalización. Sí queremos los beneficios, decíamos, pero no los capitalicen dañando nuestra seguridad social solidaria e intergeneracional. Una huelga de hambre incluida que iniciamos el 31 de agosto de 1997 logró que Ana María Aceves Estrada, entonces secretaria de educación y ahora flamante coordinadora del Servicio Profesional Docente, reconociera que habían afectado al ISSSTE por alrededor de 20 millones de pesos que pagó en 9 abonos. Pero no logramos derrotar el modelo de capitalizarse y menos, mucho menos, tocar las fibras de la conciencia de clase de un magisterio adormecido, promesas de préstamos y seguros de vida, de jubilación complementaria de por vida, hojas de préstamo, fueron la zanahoria del pastel. Hoy sólo quedan las migajas.

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