Los Gallardo no cumplen la ley

25 abril, 20229:03 pmAutor: José Guadalupe González CovarrubiasOpinion

Desde hace más de una década que la famosa «Gallardía» llegó al ayuntamiento de Soledad, su falta de transparencia ha sido un distintivo. No les gusta cumplir con la ley y de manera permanente se niegan a publicar de forma correcta, contratos, egresos y diversos conceptos que están obligados, facilitar a la ciudadanía.

Ahora que controlan el gobierno del estado y tienen el completo manejo del congreso local, se replica la misma forma. Ocultar y negar los informes. Es lamentable su proceder, que fue más allá de solo negar y ocultar datos. En su momento, hubo represiones y persecuciones contra quienes, en su legítimo derecho, exigían al ayuntamiento de San Luis Potosí, conocer el pago por 62 millones de pesos a una extraña proveedora de medicamentos de nombre Sandra Sánchez Ruiz, que hasta la fecha, nadie ha podido localizar.

El gobierno estatal, que encabeza Ricardo Gallardo Cardona, no ha querido rendir cuentas de los recursos públicos y datos sobre convenios de diversas obras, entre las que destaca, haber remodelado el parque Tangamanga uno. El ayuntamiento de Soledad no publica los nombres de empresas contratadas para llevar a cabo obras, montos, contratos y demás documentos relacionados con los procesos de adjudicación, mantienen ocultos los datos. Ni siquiera los entregan aunque se les pidan en forma directa. En el congreso, donde tienen un amplio control, ocultan informes, se niegan a entregar lo que se les solicita, como los millones de pesos que han pagado al personal de honorarios, desde octubre del 2021 a la fecha. Esperemos se pueda cambiar su proceder y rindan cuentas, sin simulaciones.

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Conforme la gente conoce quien es José Luis Romero Calzada, se hartan de sus engaños, corruptelas, payasadas y abusos. Tal es el caso de uno de los medios informativos más allegados al cuestionado político llamado, «Que toda la huasteca se entere», que ahora se declara decepcionado y lo rechaza por presuntas agresiones a las comunidades indígenas y actos misóginos del ex candidato al gobierno estatal por el desaparecido partido Redes Sociales Progresistas.

Calzada es un sujeto con un terrible historial de corruptelas y abusos. Incluso, estuvo preso tras ser denunciado por adultos mayores de un fraude en Salinas de Hidalgo. La Unidad de Inteligencia Financiera, lo denunció por presunto lavado de dinero, robo de combustible y fraude fiscal. Le congeló las cuentas bancarias, intervino su lujoso hotel, Canto de Sal y una gasolinera en su natal Salinas.

Cuando fue diputado local de San Luis Potosí, fue parte de una red que se dedicaba a falsificar firmas de gente de escasos recursos y mediante facturas de empresas fantasmas, desviaron miles de pesos. Incluso, tuvo el descaro de utilizar a un señor de nombre Refugio Martínez Sustaita, que tenía un año de fallecido. No obstante, presentó documentos del occiso donde le agradecía la entrega de material para construir. A tales niveles llegó.  

Cinco personas a las que falsificó sus firmas, lo denunciaron en lo penal por diversos delitos y tuvo que devolver el dinero desviado para no caer a la cárcel. La Auditoría Superior del Estado detectó que Romero Calzada pudo haber malversado más de 734 mil pesos de dinero que debió destinar a gente en pobreza. Fue señalado por afectados, que jamás recibieron ningún apoyo, les falsificara las firmas y robo de identidad. Es como el ex diputado “justificó” el dinero que depositó en empresas fantasmas.

La gente del altiplano y la capital potosina, saben qué tipo de político es José Luis Romero, lo repudian por farsante y abusivo. Fue por lo que decidió irse a la zona huasteca, donde pretende realizar jugosos negocios, engañar a muchos y tratar de evadir la justicia. Sin embargo, como era lógico, la ciudadanía ya despertó. Lo conocen tal cual es. Se hartaron de sus engaños. Besar un burro, bailar, desnudarse y hacer payasadas, le sirvieron solo una vez al indeseable sujeto, que ahora es rechazado. Los huastecos empiezan a conocer sus negras intensiones y pronto lo habrán de repudiar.

                                                 Licuado naranja

Cuando creímos que los partidos políticos tocaron fondo, nos sorprenden con nuevas aberraciones. Movimiento Ciudadano se ha llenado de plagas dañinas, no sabemos reir o llorar, cuando su líder nacional, Dante Delgado, presume las devaluadas figuras políticas como “excelentes” para fortalecer el “movimiento naranja”. Vaya mescolanza de ex diputados, señalados de corruptos, como los ex priistas Gerardo Serrano y Esther Angélica Martínez Cárdenas. Los ex panistas Josefina Salazar y Jorge Díaz Salinas. Sumarán las sobras del blanquiazul, que desesperados, buscan vivir del erario. ¿Quiénes faltan? ¿Mariano Niño, Héctor Mendizábal y Enrique Flores? Ya no sorprenden nada.

                             Crecen aviadores en el congreso

Los temores fundados que se tenían de la nueva legislatura, cada vez salen a relucir y después de medio año de esconder el millonario pago al personal por honorarios, ya se supo el por qué, el miedo a la transparencia.

Resulta que los nuevos diputados autorizaron el pago mensual de 3.5 millones de pesos, que se reparte entre 158 supuestos asesores. El abuso es algo nunca visto en el congreso. En 2009, tenían solo 84 personas contratadas por honorarios y ahora lo crecieron de forma descomunal con otras 74. Además del terrible exceso, han llenado la nómina con aviadores, carga maletas, familiares y por el maldito pago de favores políticos.

                         Periodismo bajo amenaza

En lo que va del 2022, ya suman ocho periodistas asesinados en México. Es increíble que el periodismo sea una de las profesiones más peligrosas en el país. En lo que respecta a San Luis Potosí, el tema no es para menos, basta recordar al ex diputado local y ex candidato a la gubernatura por Redes Sociales Progresistas, José Luis Romero Calzada, que acumula agresiones y amenazas contra mujeres, periodistas y activistas.

Contagiada de manera negativa, sigue los mismos pasos que su esposo, la diputada plurinominal, Gabriela Martínez Lárraga, que ha caído en intimidaciones y amenaza el derecho a la libertad de expresión, amaga al que se le ocurra cuestionar o exhibir acciones nada éticas de su parte como legisladora.

Es una incongruencia descomunal que Martínez presida la cartera de derechos humanos, cuando su pareja acumula un sinfín de agresiones e insultos a mujeres de la zona huasteca. Por ningún motivo podemos tolerar amenazas. El periodismo no puede estar asediado y menos acorralado por nadie. Es momento de alzar fuerte la voz, crezca la solidaridad e impedir agresiones. Gracias a la unión de periodistas del estado, la organización Artículo 19, genera un gran apoyo para el gremio. Han creado mecanismos para proteger a periodistas y diversos medios nacionales vigilan a San Luis Potosí. Han externado su respaldo, no estamos solos en la lucha contra las corruptelas y los abusos de políticos, que tanto han dañado a nuestra querida entidad.

                                    Permiso para manifestarse

El que no da una, es el diputado local del Partido del Trabajo, René Oyarvide Ibarra, que ahora busca modificaciones a la ley. La gente que pretenda manifestarse, plantea, debe notificarlo a las autoridades correspondientes. Algo como pedir permiso para ejercer un derecho. Se entiende que haya molestias, cuando un contingente de inconformes, marche por una importante arteria vial o de plano, la bloquea.  Lo más grave es el fondo, si se hacen modificaciones, donde se dejan una pequeña rendija para criminalizar las quejas y perseguir a las personas incómodas, puede abrir la caja de Pandora.

Hay que preguntarles a tantas familias, que salen desesperadas, tras ser ignoradas por meses ante la falta de agua, que como último recurso, deciden protestar y plantarse en una avenida. Luego, de manera extraña, el problema se soluciona. El entuerto lo ha creado la autoridad, por no dar respuestas a la ciudadanía. Una iniciativa parecida fue impulsada en el 2014 por el diputado panista Aejandro “Boris” Lozano, que desecharon por el inminente riesgo que puede existir, ya que permite a los gobernantes, utilizarla como el pretexto perfecto para reprimir a insurgentes.

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