Combatir la corrupción desde la 4T

12 diciembre, 202012:00 amAutor: Agustín de la Rosa CharcasOpinion

Asistimos al “Foro nacional contra la corrupción”, en el marco del análisis que se desarrolla en el congreso de la unión sobre las posibles modificaciones a la Ley Federal de Obras Publicas y Servicios Relacionados con la misma. El foro fue convocado por la cámara de diputados y la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción. El diputado Ricardo del Sol, se tomó la gentileza de invitarnos para exponer algunos puntos de vista sobre el importante tema. En los tiempos actuales vivimos el gran reto de enfrentar, en la vía de los hechos, el flagelo que ha postrado al país en una crisis profunda, sin precedentes.

Hablar de la industria de la construcción, significa referirnos a una de las cinco principales ramas generadoras de riqueza que tenemos en México. Pero es sin duda, uno de los nervios más sensibles en la reactivación de la economía, cuando se invierten importantes recursos económicos, tanto públicos como privados. Las inversiones en el sector, contribuyen con más del 10% del Producto Interno Bruto. La enorme importancia la pudimos analizar en el 2019, fue un momento desfavorable, debido en gran medida a la pandemia que azota al planeta. La construcción contribuyó con el 6.2 % del PIB, es decir, 1.5 billones de pesos (1.5 millones de millones de pesos). Generó 4.2 millones de empleos directos y 2.8 millones indirectos. Lo cual significó el 7.3 % del total de los trabajos (57 millones).

Sin embargo, no se puede dejar fuera de ningún análisis, que la columna vertebral en México reside en las micro, pequeñas y medianas empresas. Según datos de Forbes, existen 4.2 millones de Mipymes, las cuales contribuyen con alrededor del 52% del PIB y generan más del 70% del empleo formal. El 80% de la industria de la construcción está integrada por micro, pequeñas y medianas empresas. El importante flujo de capital que se invierte, provoca que el apetito de los funcionarios públicos y personeros de la sacrosanta iniciativa privada, se desaten a extremos que sólo su imaginación y el presupuesto que manejan, le ponen un límite a la corrupción rampante. Ausente la ética política en la función pública y privada, de manera destacada durante las últimas tres décadas de saqueos que hemos sufrido en un régimen político conocido como neoliberal. La degradación de las instituciones públicas nos han llevado a límites insostenibles. El dicho, “el que no transa no avanza”, ha echado raíces profundas. La corrupción es asfixiante.

Nos ha convertido en un país de cínicos. Los ladrones servidores públicos se pavonean como seres honorables y triunfadores. Exitosos por los innumerables contratos que obtienen por medio de la corrupción que se da en todos los niveles del poder público y privado. Lo que permite observar a un sinfín de personajes autoritarios y soberbios. Se sienten dueños de todo, cuando son meros burócratas. Sin remordimiento alguno, desde el

poder se vive el dominio de los ladrones. Son los cleptócratas que durante décadas han institucionalizado el nepotismo, el clientelismo y la impunidad. La corrupción es una realidad lapidaria que asusta por el grado espeluznante que ha alcanzado.

El famoso diezmo es una reliquia conservadora que ha dejado de practicarse desde hace décadas. La ambición de los corruptos funcionarios se mide en el límite del dinero con que cuentan y en el estado de ánimo con que amanecen. Es donde se definen los famosos “moches” en los contratos de obra pública arreglados para los amigos y compinches de la iniciativa privada que se prestan al saqueo. Es por lo que encontramos obras que tienen tres veces o más su valor real. El negocio sucio está en los sobrecostos que imponen en forma arbitraria al catálogo de precios unitarios. Pero la ambición de los malos funcionarios no conoce llenadera. Habilitan a una serie de empresas constructoras como sus testaferros. Se auto asignan jugosos contratos. Ejemplos sobran.

Citemos sólo algunos. Jesús Medina Salazar, actual funcionario de la Comisión Estatal del Agua, al mismo tiempo dueño de la empresa “Infraestructura del Golfo”, la cual obtuvo cientos de millones en contratos de obra de la SCT federal y del gobierno del Estado. Se tiene demostrado que maneja a más de seis empresas con testaferros que han logrado decenas de contratos por más de mil millones de pesos. En 1989 se denunció que el mandatario interino, Leopoldino Ortiz Santos, asignó 586 convenios de manera ilegal a un grupo muy reducido de contratistas. Ante la presión ejercida, señaló el 16 de agosto de 1989 lo siguiente: “quiero que sepan que aquí, en este despacho y en este escritorio, con González Escamilla y Memo Leal, sentados ahí, donde están ustedes, yo soy quien decide a quien se le dan las obras”.

En 1996, el gobernador Horacio Sánchez Unzueta de manera ilegal otorgó a 8 empresas constructoras, el 76.4% del programa “Red Caminera Indígena Zona Huasteca y Red Caminera Indígena Sierra Gorda”. La totalidad fue de 72.4 millones de pesos, asignados de manera directa. Sin concurso. Pero además ordenó entregarle seis trabajos a la firma “Hábitat de San Luis Potosí”, de la que es dueño el arquitecto Luis Nava Calvillo, cuñado del entonces gobernador y padre del actual presidente municipal de la capital potosina, Xavier Nava. Por lo expuesto, cobra relevancia la iniciativa de decreto por el cual se busca reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Obras Públicas. Ha sido presentada por el diputado federal de Morena por el cuarto distrito, Ricardo del Sol Estrada. En mi opinión, se va al fondo del problema en la obra pública que el estado ejecuta.

Se pone orden en los costos unitarios. No se pueden inventar precios cuando se conoce el mercado, que es el mismo para todos los participantes en cualquier concurso que se da en el país. En su propuesta de crear una “Comisión Nacional de Costos Unitarios para la Obra Pública”, se consideran tabuladores diferentes. Los costos deben garantizar una utilidad justa para el empresario. Se quita el manejo arbitrario en infinidad de acuerdos. Se

obliga a los funcionarios a distribuir la obra en la modalidad de adjudicación directa y de invitación a cuando menos tres personas al proponer que los trabajos sean asignados al respetar el orden de prelación o como se encuentren en el registro único de contratistas.

Ya no podrán manipular la asignación a sus amigos o testaferros. La ley obligará a repartir a todos los concursantes. La iniciativa tiene un gran sentido humanista y está en la ruta que el presidente de la república ha señalado, al apoyar a la base de la pirámide de la producción nacional, como son las Pymes. Ricardo del Sol Estrada prevé no dejar suelto el registro único de contratistas, al obligarlos a que estén bajo la lupa de la Secretaría de la Función Pública, que los auditará de manera permanente para evitar las empresas fantasmas y testaferros. Le ayudará mucho a las Pymes y habrá un ahorro importante en el dinero destinado a la obra pública.

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