Valencia prefiere sus negocios que defender a los despedidos de manera ilegal

5 octubre, 20172:12 amAutor: Juan Pablo Moreno GuzmánCapital Noticias

El longevo dirigente del sindicato mayoritario del ayuntamiento de la capital, José Guadalupe Valencia Contreras fue acusado de mantenerse omiso y cómplice ante la ola de despidos injustificados que superan los 800 trabajadores, por parte del alcalde Ricardo Gallardo Juárez. Valencia tiene más de 25 años en el mando donde perdió los ideales de lucha, de cuando era barrendero del mercado Revolución. Después de acumular una fortuna, se postra ante las canonjías que le arrojan los ediles en turno. Lo único que le preocupa es su salario que oscila en los 70 mil pesos mensuales por el cobro de cuotas, manejo becas, diversas prestaciones y obsequios. Tiene algunos negocios como concesiones de taxis, una agencia de viajes y una empresa maquiladora de ropa, con la surte los miles de uniformes que endilga a su olvidado gremio. Son las circunstancias que hacen de Valencia un líder charro, sumiso, ajeno al reclamo de los cientos de empleados que abandonó a su suerte, que sucumben ante la embestida de un empresario pollero que también encontró en la política su filón de oro.

El líder del sindicato democrático, Óscar Esparza González, indicó que Valencia perdió piso cuando empezó a recibir beneficios de las administraciones, por lo ya se siente jefe. “Es como los alcaldes se ganan a los líderes sindicales, con canonjías, donde les permiten meter a laborar a sus familiares y amigos.” Añadió que Valencia se ha convertido en lo que juraba combatir de su antecesor Valentín Zavala, al que denunció en todas sus anomalías. Pero se ha negado a convocar a elecciones internas. “Siempre se ha impuesto, mueve a sus delegados. En la asamblea general dice que la gente le pide que los represente. Y les hace un favor, porque ya busca el retiro. Todo es falso, tiene comprados a los dirigentes para que en cada departamento convenza a la base de mantenerlo”. Y si llega a formarse una planilla opositora, Valencia se encarga de acabarla, como hizo con Esparza Gonzáles en el 2008, cuando, junto a varios compañeros cansados del pésimo manejo del sindicato, buscaron la alternancia.

“Lo que hizo fue no aprobar el registro, ya que es juez y parte. A los 22 integrantes nos dijo que nunca estábamos en las juntas, para impugnarnos. Después nos quitó las prestaciones y me despidió”. Esparza le solicitó una asamblea donde los trabajadores decidieran si debía irse. Se llevó a cabo, pero no le permitió el ingreso. Tras la jugarreta, Esparza, con otros inconformes, deciden formar un nuevo gremio sindical. Temeroso de que sus intereses se vean afectados, en contubernio con el alcalde Jorge Lozano, negocian el despido definitivo de Esparza. “Imaginó que al no estar la cabeza en activo, se iba a desintegrar el sindicato. Pero con la toma de nota estamos vigentes”.

Esparza precisó que Lozano con la complicidad de Valencia, privatizaron el manejo de la basura con la empresa Vigue. Fue un acto plagado de traiciones hacia los trabajadores, los cuales fueron engatusados. La única condicionante de los nuevos dueños era correr 120 personas. Valencia llevó un grupo al hotel María Dolores para firmar las renuncias y finiquitos. Al principio cargó sólo a los de las secciones que buscaron afectar. Al no completar la cifra, se extendieron a plazas y jardines. Valencia aseguró que se les iba a respetar el sueldo. Las liquidaciones serían mayores. Podrían trabajar con Vigue y en caso de sentirse incómodos, regresar al ayuntamiento. Para tentarlos, les mostraba un maletín lleno de billetes de 50 y 100 pesos. Les decía que si aceptaban, todas sus deudas serían pagadas y su derechos laborales y de antigüedad respetados.

“Luego, los que aceptaron las condiciones de Valencia y Vigue, fueron despedidos poco a poco, debido a que no estaban conformes con las condiciones laborales y de salario. No se respetó la antigüedad de los que estaban a punto de jubilarse. Ahora solo quedan 5 ó 10, por contrato, con las condiciones de la empresa. Los otros optaron por el ambulantaje, lavar carros, vender gorditas, buscan la manera de subsistir”. Esparza González señala que al privatizarse la basura, Valencia se mostró complacido. Lozano le obsequió en la tarde, por su silencio, una camioneta último modelo con logotipos del sindicato. A la semana, llegó a sus oficinas con un vehículo Jetta del año. “Entonces no tenía dinero. Hoy posee 4 carros de lujo, flotillas de taxis, una maquiladora donde hace los uniformes para el ayuntamiento, con lo que obtiene ingresos adicionales arriba de 90 mil pesos al mes, con sus clientes seguros”.

Óscar Esparza indicó que con Gallardo Juárez se ha dado el mayor número de despidos injustificados por la falta de liderazgo del sindicato. A Valencia le interesan más sus negocios. Delega el mando en sus subordinados Erika Leija, Fernando Soto, César Bravo, Rufino Martínez y Susana Morales, que se encargan de recibir las quejas, pero no de resolverlas. “Ya no representa a ningún trabajador, no los atiende. Batallan meses para que les de una entrevista. Los trae vuelta y vuelta, tiempo que se les agota para poner una demanda, por lo que optan acudir a un litigante privado. Es lamentable que la gente no conozca sus derechos, por lo que le entregan toda la confianza al líder, que los abandona”.

“Entonces, entre más ignorante sean, mejor. Ya no reclaman nada. Se vienen los despidos e ignorantes de sus derechos confían en el dirigente, que no encuentran. Al notar la parte patronal el nulo respaldo, aprovecha para correrlos sin argumentos. Alegan que no hay recursos y que se acabó el presupuesto. No existe ninguna ley que argumente los despidos por falta de dinero. En los juicios, los representantes del ayuntamiento no dicen que los afectaron por falta de recursos. Solo que renunciaron o cometieron varios ilícitos. El ayuntamiento cae en malos manejos jurídicos al llevar a los mismos testigos a declarar en los más de 700 despidos. ¿Qué pasa con la defensa de los trabajadores?”.

Esparza mencionó que el nudo se extendió hasta ahora, donde los funcionarios cobran altos salarios. Cada edil hereda de 100 a 200 personas, de los cuales muchos son aviadores. Pero cuando llegan las facturas, pagan los empleados. “Con Mario García el servicio médico se empezó a demeritar. Hubo gastos de cirugías estéticas para las féminas. Se contrataron pólizas de seguros grupales. Entregaban medicamentos genéricos ya no viables. A los que estaban a punto de jubilarse, los obligaban a trabajar, por lo que muchos murieron”.

Añadió que Valencia pudo frenar las irregularidades. Citó a la dirigente del sindicato minoritario de burócratas estatales, Francisca Reséndiz, a la que le tocan a un trabajador y lo defiende sin reposo. Hace huelga, lucha. “Valencia debe hacer lo mismo, pero pone de pretexto que Gallardo lo tiene amenazado. La única marcha que hizo fue de la caja del agua a la unidad administrativa a las dos de la tarde. Nadie lo recibió y se retiró. A la semana apareció el herrero Rafael Aguilar, que le solicitó por la ley de transparencia, el manejo de las cuotas y lo aplacó. Todos los líderes corren riego”.

Esparza expone que el miedo de Valencia recae en que el edil le conoce todas sus corruptelas. Y si fuera investigado por enriquecimiento ilícito, saldría raspado. Lo tiene medido, por lo que seguirán los despidos. “Lo sindicatos están obligados a tener una página donde den a conocer los ingresos y egresos públicos. Valencia no cumple”. Exhortó los trabajadores corridos sustituir a Valencia y los regresen su centro de labores. “Si le resulta complicado defenderlos, la ley marca la libertad de elegir a sus representantes, sean o no abogados. Si gana el juicio, el ayuntamiento está obligado a reinstalar a los quejosos con el pago de salarios caídos, por lo que jamás perdieron sus derechos de antigüedad y nunca dejaron de ser sindicalizados”.

La prioridad de Valencia es pelear ahora por las becas de los trabajadores que no se las entregan. “Le daban todo para la fiesta de aniversario del sindicato, como regalos, electrodomésticos, pero nunca los rifó. Lo mismo pasó con los fideicomisos de defunciones. Si un trabajador perece, solo le facilitan de 3 a 10 mil pesos en partes a la familia. La hacen batallar. Fue por lo que se creó el programa de los parquímetros, para generar un fondo. También iban a ayudar con las obras del centro histórico y los bomberos”.

Esparza González insiste en que a Valencia ya no le importan sus trabajadores pues tiene asegurado su bienestar que le brinda el seguro médico, prestaciones y negocios. Lo retó a un debate público sobre “derecho sindical para que salgan los trapitos al sol y ver quien tiene más cola que le pisen. Si me ponen en lugar de Valencia, puedo generar mejores resultados. Ofrecer un trato digo, ya que es mi papel. Al menos que demuestre en qué se gasta las cuotas”.

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