Se cierra el cerco al infractor impune

20 mayo, 20198:01 pmAutor: La NoticiaCapital Noticias Opinion

En la guerra sin cuartel que mantiene el alcalde Xavier Nava con su antecesor, Ricardo Gallardo Juárez, en los últimos días, el vendedor de pollos recibió sendos descalabros que exhiben sus excesos y desviaciones millonarias, los que describen un perfil delictivo de alta escala. El cerco se cierra en torno a un personaje que a más de medio año que dejó el cargo, sigue envuelto en las reyertas y escándalos. Varias voces vaticinan y exigen que cometió suficientes y graves delitos que ameritan su encierro. Nava anunció que fueron recuperados 55.7 millones de pesos por una obra pagada y no ejecutada en la avenida Fray Diego de la Magdalena por su antecesor Ricardo Gallardo Juárez. Negoció el reintegro con cuatro empresas involucradas en las licitaciones para no ser parte del desfalco en contra de los habitantes. En rueda de prensa en el patio central de la Unidad Administrativa Municipal, detalló que faltan otras 14 firmas que deben regresar el resto de los 112 millones de pesos que el gobierno federal en su momento otorgó para un supuesto puente “plagado de irregularidades. Fue una simulación completa porque nunca se tuvo la cantidad superior a los 200 millones que costarían los trabajos. Tampoco se contaban con los estudios que exige la ley, ni se socializó con ciudadanos de la zona norte”, que corresponde al Saucito.

Reveló que identificaron las cuatro primeras empresas gracias a las investigaciones de la contraloría interna. Cuando se determinó que eran potosinas, se procedió a contactarlas. Aunque las negociaciones fueron complejas, accedieron a firmar un convenio en el que se comprometieron a devolver los más de 55.7 millones de pesos. “El mismo proceso iniciará con las 14 restantes. Confiamos en que no quieren verse involucradas en el robo que llevó a cabo la pasada administración. En caso de que no aceptan regresar los millonarios recursos, se seguirán los procedimientos correspondientes ante las autoridades respectivas. Debe quedar claro que en el actual mandato, sí hay consecuencias contra quienes afectan o desfalcan a San Luis Potosí”.

Nava estableció que los más de 55 millones de pesos equivaldrían a comprar 100 nuevas patrullas, 60 techados para escuelas, instalar y activar 10 mil luminarias en distintas calles y avenidas de la capital. Hablará con el gobierno federal para que el dinero se aplique en San Luis en obras de mejoramiento vial en el sector norte, con proyectos que cumplan todas las exigencias y tengan el aval de la gente que vive en la zona. Añadió que seguirá con las denuncias que se interpondrán ante las dependencias encargadas de determinar las sanciones a quienes resulten responsables del daño patrimonial. Precisó que el paso a desnivel en Fray Diego de la Magdalena quedó descartado porque no hay recursos y no es viable, ya que no se consultó a los interesados. Además, se podría afectar la iglesia del Saucito.

Por su parte, el secretario del ayuntamiento, Sebastián Pérez, destacó que presentaron ante la delegación de la Fiscalía General de la República, una denuncia penal para que se investigue y castigue a los funcionarios del trienio encabezado por Ricardo Gallardo Juárez, por haber pagado 112 millones 918 mil 390 pesos en la obra de la calzada de Fray Diego de la Magdalena que no existe. Junto con la síndica Alicia Nayeli Vázquez Martínez y el contralor Jesús Mejía Lira, detallaron que desde el inicio hubo problemas, por haber declarado desiertos dos concursos para después adjudicarla a la empresa Servicios de Arquitectura y Construcción, cuyo dueño es Juan Carlos Castillo Ojeda, que violó la norma al subcontratar otras empresas, en su mayoría foráneas. Vázquez explicó que la artimaña se hizo para dispersar los recursos. Aunque no existe el puente deprimido, el 27 de septiembre del 2018 se firmó un contrato de finiquito anticipado de obra.

Mejía precisó los rubros en los que se gastó el dinero en trabajos inexistentes: 55 millones 760 mil pesos en materiales de los que no se encontró evidencia. Otros 42 millones 323 pesos en subcontrataciones, 525 mil pesos en liquidaciones a personal, un pago no sustentado por un millón 675 mil pesos de impuestos sobre la renta y 2 millones 900 mil pesos en volumen de obras consideradas en demasía y gastos en señaléticas que tampoco se encontraron. Pérez destacó que era la tercera denuncia que se presenta en la Fiscalía General de la República y la Auditoria Superior de la Federación en contra de ex funcionarios municipales. Con tales acciones se da un jaque mate a las corruptelas e impunidad.

Luego vino otra denuncia del oficial mayor del ayuntamiento, Óscar Valle Portilla, quien descubrió más irregularidades que afectaron a los trabajadores. Resaltó las reducciones salariales que se hicieron en el anterior trienio. Se aplicaron de manera injustificada a quienes laboraron en el periodo 2015-2018. Se hicieron varias veces en porcentajes que superaron el 40%. El argumento que se dio a los empleados fue que realizaban recortes para generar ahorros y tener más recursos para mejorar los servicios públicos. “Fue una auténtica mentira. Con distintas prácticas fuera de la ley, robaron cantidades millonarias. Presionaron y se mantuvo un hostigamiento constante a quienes perjudicaron con el concepto de prestaciones laborales». Valle detectó que cientos de personas que prestan algún servicio en el ayuntamiento, no tenían expediente integrado. Muchos de los documentos fueron perdidos o escondidos, lo que afectó a múltiples personas que fueron corridas.

 

Después vino otro golpazo contra la figura de Gallardo Juárez al ventilarse que sus ex colaboradores tomaron fuera de la norma un bono de retiro. Nava y el tesorero Rodrigo Portilla Díaz interpondrá, otra denuncia para reparar el daño y reponer el dinero. Entre los funcionarios que se pagaron dinero que no les correspondía, figura el ex secretario del ayuntamiento, Ernesto Barajas Ábrego. “Al último se finiquitaron como príncipes. Barajas cobró más de 280 mil pesos. Si estamos por el relevo del cargo, no pueden llevarse más que lo proporcional. No tienen por qué cobrar un finiquito», cuestionó Portilla. El edil reiteró que hubo demasiados abusos. Se hacen públicos para que los potosinos se informen y sepan lo que en realidad sucedió. Lamentó que sin tener facultades, se hayan despachado con la cuchara grande del dinero de todos los ciudadanos, que debe servir para otorgar servicios y enfrentar carencias sociales. “Se dieron bonos de salida y liquidaciones como si no hubieran otras prioridades. Fue el sello de la casa: el abuso y la corrupción. Presentaremos las denuncias que correspondan”.

Estaba en ciernes otro escándalo encubado en el mandato de Gallardo Juárez. El oficial mayor, Óscar Valle Portilla y la síndica Alicia Nayeli Vázquez, presentaron una denuncia más ante la Fiscalía General del Estado por el delito de peculado y otros contra quienes resulten responsables por pagos anómalos entre el área de recursos humanos, pagaduría y tesorería. Portilla explicó que en el periodo comprendido del 1 de abril de 2013 al 30 de septiembre del 2015, el empleado con número de nómina 13503, que pudo ser Juan Carlos Conde Solís, hijo del ex secretario de finanzas, Jesús Conde Mejía, ostentó un sueldo como “director C”, ganó una cantidad inicial de 40 mil 815 pesos al mes y al final 44 mil 358 pesos.

El 6 de octubre del 2015, la directora de recursos humanos, Cinthya Armenta Meléndez, dio el “aviso de baja” de Conde, con lo que finalizó el trato laboral. Pero en el documento se aprecia una leyenda manuscrita: “cancelar baja folio 180486. Efectivo”. Es decir, se mantuvo vigente y se procedió a hacer el pago del sueldo en efectivo. Durante dos años y medio se emitieron pagos quincenales por concepto de salario con un acumulado por la cantidad de 53 millones 910 mil 948.60 pesos. La millonaria suma equivale a lo que ganan al mes en conjunto más de 5 mil empleados del ayuntamiento.

Valle explicó que a pesar de la baja del empleado, no se materializó. Al contrario, recursos humanos giró instrucciones para que el pago, desde la primera quincena de octubre de 2015, se diera con dinero en el área de pagaduría. Al no acudir el beneficiario, su sobre era devuelto a la caja general, a la dirección de ingresos. La emisión de la siguiente quincena era la nómina no cobrada, más la correspondiente al periodo, lo que implica que cada quincena había un acumulado por sueldo no cobrado.

El funcionario detalló la ruta de la nómina no cobrada. El encargado de la pagaduría la regresaba mediante oficio al entonces tesorero municipal, Jesús Emanuel Ramos Hernández y luego al director de ingresos, Reynaldo Enrique Martínez Tovar, que enviaba copia al área de recursos humanos. El mismo documento lo manejó la dirección de ingresos, que administra la caja general y expedía un contra-recibo por la cantidad recibida.

La caja general cancelaba el contra-recibo de manera inmediata y no depositaba la nómina no cobrada lo que implica, que la plata no se recibió. No ingresó a las arcas municipales. Alguien se la llevó. Logró una bolsa acumulada superior a los 53.9 millones de pesos “a través de acciones truculentas e irresponsables en las que incurrió” el trienio encabezado por Gallardo Juárez al que también el Sistema de Administración Tributaria lo acusó de usar una empresa fantasma para facturar más de 7 millones 400 mil pesos. Nava aclaró que todas las operaciones fraudulentas corresponden al ejercicio 2015-2018.

El munícipe dijo estar comprometido en el combate a las corruptelas por lo que se investigarán más operaciones. Continuará con las denuncias penales correspondientes. “Es por justicia, la ciudadanía lo exige. En la actualidad, tales prácticas no se dan. No tenemos tratos con firmas inexistentes, como se dio antes”. Según el reporte del SAT, el ayuntamiento de San Luis Potosí se ubicó en el tercer lugar de prácticas nocivas al facturar 7.4 millones de pesos con la compañía “79 Integración Empresarial”, catalogada como Empresa que Factura Operaciones Simuladas o inexistentes, Efos.

Según el dictamen del SAT emitido el 31 de octubre de 2018, indicó que el proveedor le facturó a Gallardo Juárez 7 millones 401 mil 762.37 pesos en 11 distintas facturas, de las que sólo existen en el sistema de contabilidad gubernamental, como deuda reconocida y pagada en el trienio pasado, 5 facturas por más de 4.7 millones de pesos. Las 6 restantes por más de 2.6 millones no se encuentran en los registros, pero son documentos elaborados y activos, ya que nunca se cancelaron.

El oficial mayor, Óscar Valle Portilla, destacó entre los conceptos, el mantenimiento de subestaciones encapsuladas, papelería, impresiones de notificaciones para el pago de predial, artículos de limpieza y servicio de mensajería. Pagos que se realizaron de enero a diciembre de 2017 al negocio que tiene su domicilio en una antigua casa ubicada en avenida Reforma, justo al lado de una plomería. “Se repite la historia de pagos a un proveedor fantasma cuyo domicilio era una menudería en Zapopan, Jalisco”.

Se deslindó de operaciones o cualquier trato con la Efo. Exigió a las autoridades hacer las investigaciones correspondientes. Valle Portilla inició más indagaciones de los años 2015, 2016 y lo que corresponde al 2018. Solicitó al Organismo Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, Interapas, revisar si facturó algún bien o servicio con la compañía “79 Integración Empresarial” para interponer las denuncias respectivas ante las prácticas fraudulentas recurrentes en los tiempos de Gallardo Juárez.

Las sospechas de Valle tenían sustento. El 25 de abril, el director del Interapas, Ricardo Fermín Purata Espinosa, denunció que sus antecesores simularon pagos descomunales que generaron ganancias por más de 70 millones de pesos por servicios médicos hospitalarios al Grupo Axioma Kasuri. Expuso que derivado de una auditoría a las áreas operativas y administrativas, encontraron cuatro contratos con un sobreprecio de 335%, con lo que afectaron las finanzas de la instancia. Subrayó que la firma no cuenta con la capacidad para otorgar los servicios, por lo que se presentó una denuncia ante la Fiscalía del Estado por los delitos de peculado, fraude, robo y otros que puedan resultar.

El director de administración y finanzas, Ramón Farías, expuso que no se siguieron las reglas para arrendar los servicios médicos para casi 800 trabajadores. Existían otras propuestas mejores. “Axioma no cuenta con la infraestructura requerida, como afirmó tenerla en el contrato. Sin fundamentos legales, se aumentó el pago por trabajador, que pasó de mil 238 pesos en el 2015 a más de 5 mil 388 en el 2016, lo que representa una alza de más de tres veces, en detrimento de los egresos del Interapas. También de manera sorprendente, de un gasto que oscilaba en años anteriores al 2016 entre 15 y 18 millones, en el 2016 y 2017 se elevó a más de 55 millones de pesos. En el 2018 superó los 38 millones. Nunca existió elemento objetivo o razones justificadas para que el valor por persona se incrementara de forma arbitraria”.

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