Salazar Soto quiebra empresa a la que usurpó identidad comercial

13 enero, 202111:17 pmAutor: Elida Mendoza VillanuevaCapital Noticias

Los due√Īos de la extinta firma de limpieza Quikshane del Potos√≠, Leonardo Mart√≠nez Acu√Īa y Olivia S√°nchez, denunciaron por la v√≠a penal ante la Fiscal√≠a General de la Rep√ļblica, al gobernador Juan Manuel Carreras L√≥pez, a la secretaria de salud, M√≥nica Liliana Rangel Mart√≠nez y al motivador Gabriel Alan Salazar Soto, por el ejercicio indebido de la funci√≥n p√ļblica, enriquecimiento il√≠cito y operaciones con recursos de procedencia il√≠cita. Tambi√©n incluyeron al ex director administrativo, Antonio Alberto Hern√°ndez por el robo de entidad, plagio, fraude, falsificar documentos y asociaci√≥n delictuosa.

Los afectados expusieron que Salazar Soto, a trav√©s de su despacho, Cano Soto y Asociados, utiliz√≥ una factura de su empresa para facturar a Rangel, 3 millones 458 mil pesos de productos m√©dicos, con mega precios inflados. Con argucias, los presion√≥ para que el dinero lo depositaran en cuentas a su nombre y de la constructora Sasga, tambi√©n de su propiedad. Refirieron que la Secretar√≠a de Hacienda y Cr√©dito Publico le instaur√≥ un cr√©dito por casi 4 millones de pesos por no declarar el movimiento. Se√Īalaron que Rangel Mart√≠nez y Salazar Soto falsificaron documentos y firmas para adjudicar el servicio.

Revelaron que Salazar les llevó la contabilidad y las tareas fiscales. Le pagaron por los servicios, pero incumplió. Usó un programa de Excel sin sustento, lo que provocó que hacienda, embarga la empresa y les congelara las cuentas. Le endosó un crédito fiscal por 18 millones de pesos, donde incluyó la factura de los 3 millones 458 mil pesos, lo que llevó a la sociedad a la quiebra inmediata.

Mart√≠nez y S√°nchez relatan que en el 2016, conocieron a Salazar por recomendaciones de la delegaci√≥n del Instituto Mexicano del Seguro Social. Subrayaron que un ejecutor de la dependencia los relacion√≥ con el despacho Cano Soto y Asociados que fund√≥ su padre biol√≥gico, Carlos V√≠ctor Cano Zuart, que manejaba muchos casos de diferentes empresas contra el Seguro Social. ‚ÄúEs como lo conocimos. Nos pusimos de acuerdo para que nos llevaran la contabilidad de la empresa‚ÄĚ. Firmaron un contrato con Cano y Asociados, representado por Gabriel Salazar Soto.

Expusieron que Quikshane del Potos√≠ se cre√≥ en el 2007. Antes realizaban la contabilidad en Monterrey, Nuevo Le√≥n, donde estaba la matriz. Pero luego buscaron mejorar el proceso contable y administrativo, por lo que se cambiaron a San Luis Potos√≠. Le entregaron a Salazar los sellos y certificados fiscales para realizar las declaraciones y generar las facturas. Supieron que atend√≠a un gran n√ļmero de empresas en la zona industrial. Nunca incursionaron en salud, donde por muchos a√Īos dio el servicio Acualimpio, que ten√≠a precios muy bajos, era imposible competirles.

A√Īadieron que Salazar abus√≥ de su confianza, ya que el 31 de marzo del 2017, les llam√≥ para avisarles que por error, una empleada gener√≥ una factura de manera incorrecta de su empresa en la que factur√≥ a la Secretar√≠a de Salud, 3 millones 458 mil pesos. Dijo que el documento debi√≥ ser de la firma Proshine, cuya raz√≥n social real es Kubal ZF Comercializadora integral. La trabajadora se equivoc√≥ porque entre Quinkshane y Proshane no hay mucha diferencia. Para evitar que el pago se retardara, les pidi√≥ ayuda y se encargar√≠a de hacer los ajustes fiscales. Asegur√≥ que no habr√≠a ning√ļn problema.

Explicaron que 6 meses antes de que ocurriera el ‚Äúerror‚ÄĚ, Salazar Soto los llam√≥ por tel√©fono para decirles que ten√≠a un cliente en su despacho contable, interesado en servicios de limpieza. Solicit√≥ una cotizaci√≥n, con an√°lisis de precios y ‚Äútodos los datos para ofrecerle el servicio a trav√©s de nuestra empresa. Como es mi cliente, es casi seguro que te van a dar el contrato‚ÄĚ. Le dieron todos los informes. Aunque Salazar pose√≠a los costos, productos, la estrategia comercial. Al llevar la contabilidad, ten√≠a acceso a los datos que

necesitaba. Pero el contrato nunca se concret√≥. Despu√©s, uno de sus ayudantes, rescat√≥ un anuncio de de Proshane. ‚ÄúEra id√©ntica en un 95% a la nuestra, es un plagio. Casi nos copi√≥ el nombre y cre√≥ Prohsane‚ÄĚ.

En el 2016 la registr√≥, pero la raz√≥n social verdadera es Kubal ZF Comercializadora Integral, que compr√≥ en el 2015 a los accionistas originales. La modific√≥ con otros accionistas que ser√≠an beneficiados con contratos millonarios. ‚ÄúLa empresa es casi igual a Quikshane nuestra empresa, nacimos en el 2007. Nos plagio todo el historial de 13 a√Īos de la empresa ; el tenia toda la informaci√≥n fiscal, costos proveedores, todo el historial tanto legal como contable; l tenia todo el teje y maneje de mi empresa. Es cuesti√≥n de observar entre Quikshane y Proshane son los nombres comerciales, la primera nuestra empresa la segunda la empresa de ellos pues no hay mucha diferencia‚ÄĚ.

Asentaron que Salazar Soto no se confundi√≥, actu√≥ con alevos√≠a y ventaja para obtener un recurso que no fuera rastreado en sus empresas. En la misma llamada, les adelant√≥ que ‚Äúen media hora les caer√° el dep√≥sito, pero tienen que regresarlo o tendr√≠a problemas‚ÄĚ. Explicaron que se trat√≥ de una maquinaci√≥n orquestada, todo se hizo el mismo d√≠a, la factura, contrato, pago y transferencia a las cuentas de Salazar. La factura se elabor√≥ a las 12 horas del 31 de marzo del 2017. El pago o dep√≥sito de los 3 millones, antes de las 13 horas. Las transferencias antes de las 14 horas. Subrayan que Salazar estaba desesperado, al insistir que le urg√≠a.

Actuaron de buena fe, ya que exist√≠a un trato contable de casi dos a√Īos. Le depositaron el dinero completo, con cada peso y centavo, a las cuentas de Cano Soto y Asociados y Grupo Sazga. ‚ÄúCada rato nos llamaba para que le regres√°ramos el dinero‚ÄĚ. Dijeron que la maniobra se hizo en menos de 24 horas, lo que es algo an√≥malo. Salazar minti√≥ porque la factura no cuadr√≥. No hizo los ajustes contables y entonces se gener√≥ un fraude ante hacienda, por los ingresos e iva. por m√°s de los tres millones y medio de pesos, tanto los ingresos que no se reportaron y fueron una utilidad para nosotros como por el IVA que se gener√≥. Asentaron que se dieron cuenta por un requerimiento que le llego del Sistema de Administraci√≥n Tributaria (SAT) por esa emisi√≥n de factura o movimiento anormal, porque nosotros no ten√≠amos movimientos en un solo d√≠a menos por m√°s tres millones y medio de pesos. Nuestras facturas estaban mucho, ‚Ķ mucho mas baja. El ejecutor del cr√©dito nos dijo que onda con este movimiento. Y paganos lo que nos debes‚ÄĚ.

A ra√≠z de la situaci√≥n iniciaron un proceso de investigaci√≥n y requirieron a Gabriel Salazar. Se le pidi√≥ explicar que paso, porque no se cuadro todo este movimiento en sus cuentas contables para evitarnos un problema como ‚Äúnos‚ÄĚ o dijiste el 31 de marzo del 2017, pero solo dio largas. En las pesquisas de la investigaci√≥n se dieron cuenta que se hizo de manera ama√Īada. No fue un error de su empleada al facturar de una manera incorrecta. Fue hecho con todo el dolo.

A trav√©s de la ley de transparencia, la Secretar√≠a de Salud les entreg√≥ una copia borrosa del contrato, entre la dependencia y Quikshane con sello de la Auditoria Superior del Estado el 3 de julio 2018, un a√Īo tres meses despu√©s que se hicieron las operaciones fraudulentas. Descubren que se falsific√≥ la firma del representante de la empresa, Leo Mart√≠nez Acu√Īa. Adem√°s, el documento tiene una ante firma que no usa. El contrato lo firmo el director administrativo, Antonio Alberto Hern√°ndez. En las mismas pesquisas, se anex√≥ una fianza de grupo Aserta, por el 30% del monto que se factur√≥, casi un mill√≥n 10 mil pesos. Trae una fecha de vigencia del 31 de marzo del 2018. En el proceso descubrieron que se compr√≥ y adquiri√≥ el 5 de julio 2018, dos d√≠as despu√©s que la ASE recibi√≥ la cuenta p√ļblica de salud del 2017. Los afectados no la solicitaron ni pagaron.

La Ase observ√≥ el convenio porque carec√≠a de fianza, que adquieren un a√Īo tres meses despu√©s, con fecha retroactiva del 31 de marzo del 2017. Todo se maquill√≥. Cuando se imprimi√≥, en la caratula aparecen las fechas correctas. Pero si alguien consulta la p√°gina de Aserta, descarga el PDF y el XML, que es el archivo aceptado por hacienda, aparece que se adquiri√≥ y autoriz√≥ el 5 de julio del 2018. Se erogaron m√°s de 17 mil pesos, que pudo cubrir Quichsine o Salazar aunque e nosotros nunca pagamos, aqu√≠ ser√≠a cuesti√≥n de investigar con Aserta quien gener√≥ el pago, de que cuenta, si fue en efectivo o sali√≥ de las cuentas de Gabriel

Salazar‚ÄĚ. Mart√≠nez y S√°nchez sostuvieron que hay un contubernio con la Secretar√≠a de Salud, que se prest√≥, ya que la fianza no es v√°lida. Una aseguradora no puede generarla retroactiva. Tampoco hay una carta donde la entidad beneficiada diga que todo fue entregado en tiempo y forma sin problemas. La dependencia debi√≥ emitir el documento para que pudieran emitirla. ‚ÄúSe trata de un fraude muy orquestado‚ÄĚ.

‚ÄúLa Ase termin√≥ por ponerle sello de autorizado porque en el PDF aparece muy bonito y la fecha de la fianza es el 31 de marzo del 2017. Pero en el XML se√Īala que la adquisici√≥n fue el 5 de julio del 201. Entramos al portal del SAT y encontramos una factura a nombre de Quikshane, de parte de Grupo Aserca, por 17 mil pesos. En teor√≠a, nuestra empresa la compra y paga. Pero lo hicieron los involucrados. Exigimos que se investigue qui√©n la pag√≥ y c√≥mo. Tal vez la Ase tambi√©n est√° coludida‚ÄĚ. A√Īadieron que el 3 de julio del 2018, la Ase recibi√≥ el contrato por los servicios junto con otros documentos de la a cuenta p√ļblica 2017. ‚Äú¬ŅC√≥mo generaron una p√≥liza el 5 de julio del 2015 del miso a√Īo, dos d√≠as despu√©s, si ya todo estaba vencido, se hab√≠a pagado. Era una observaci√≥n financiera que no pudo solventarse, era un hecho consumado. Tampoco los tiempos checan. En tres d√≠as recibe, revisa y detecta irregularidades‚ÄĚ.

Mart√≠nez y S√°nchez dijeron que en el 2018, envueltos en el problema, hacienda les envi√≥ un requerimiento por fallas en la contabilidad, por no hacer las declaraciones fiscales. Notificaron a Salazar para que subsanara el entuerto. Prometi√≥ arreglarlo y alistar los documentos. ‚ÄúNo hizo nada, lleg√≥ un segundo y tercer aviso. Anduvimos detr√°s en forma constante. Molestos, le dijimos entregara lo que tuviera. Le llev√≥ al SAT cajas y cajas y cajas de papeles con nada. Facilit√≥ n√ļmeros en Excel. ¬ŅD√≥nde se mira semejante anomal√≠a?‚ÄĚ. La secretar√≠a de hacienda determin√≥ que la contabilidad era deficiente. Les finc√≥ un cr√©dito fiscal por 18 millones de pesos, ya que la empresa ten√≠a solo ingresos y cero egresos. Fue lo manejado un a√Īo. Les incluyeron movimientos de diferentes rubros. La instancia determin√≥ que eran ingresos acumulables, por lo que la cifra se elev√≥. Les congelaron las cuentas, sellos fiscales y embarg√≥ bienes. Ya no pudieron facturar y quebraron.

“Perdimos todo, buscamos a Gabriel Salazar Soto. Se escondió, cambió de domicilio, fue imposible localizarlo. Nos percatamos que la factura de los 3 millones 458 mil pesos, estaba vigente, porque hacienda la certificó aron. Se dieron cuenta que el crédito ascendía a más de 4 millones de pesos. Fue el primero en ejecutar. Al mismo tiempo, surgieron manifestaciones contra Salazar de accionistas de otras de sus empresas inexistentes como Invercop. Lo acusaron de fraude. Resulto ser un gran estafador, brotó la podredumbre. En octubre del 2019, iniciaron las demandas penales en su contra y demás cómplices.

Promovieron un amparo ante el Tribunal Administrativo Fiscal para evitar otro da√Īo, ya que el d√©bito se elev√≥ a 18 millones. La secretaria de hacienda se niega a cerrar el asunto. En octubre del 2019, promovieron una denuncia penal ante la fiscal√≠a local contra Salazar. Mart√≠nez y S√°nchez manifestaron que hay varias interrogantes que aluden a M√≥nica Rangel y Salazar. No entienden por qu√© fue adjudicado el contrato de limpieza a Proshane cuando nunca dado servicios de limpieza. ‚ÄúLo decimos porque nos toc√≥ participar en varias licitaciones en Aguascalientes y otros estados, donde nunca lo vimos. Exigen capacidad econ√≥mica y experiencia en el sector m√©dico y Proshane no la ten√≠a. Y le entregan un contrato alt√≠simo, sin el soporte econ√≥mico requerido. Se necesitan m√°s de 400 elementos que ganan al a√Īo entre 70 y 90 millones de pesos‚ÄĚ.

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