(parte 2) La infame traición de los comisarios comunales en San Juan de Guadalupe

17 enero, 201912:11 amAutor: La NoticiaCapital Destacada Municipios Noticias

El 8 de noviembre del 2018, en un documento de 6 cuartillas identificado como solicitud para aportación de tierras en la comunidad de San Juan de Guadalupe y sus Anexos Tierra Blanca y San Miguelito, el proyecto inmobiliario Reserva, suscrito por Rodolfo Valdés García, Antonia Menchaca Llanas y María Martina Bravo Menchaca, en su carácter de presidente, secretaria y tesorera, propietarios del comisariado de bienes comunales, escribieron al entonces procurador agrario nacional, Cruz López Aguilar.

La opinión era un requisito para poder realizar la asamblea de formalidades especiales el 23 de diciembre del 2018, para entregar las más de 2 mil hectáreas al fraccionador  Carlos López Medina. La solicitud de opiniones es un documento desproporcionado y surrealista, es la ambición desbocada del poder fáctico local. En el texto se dice que se encuentran rentadas las tierras por 50 millones de pesos al empresario Alejandro Tamayo, socio de López Medina.

«Con fecha 22 de diciembre del 2013, la comunidad firmó un contrato de usufructo con Alejandro Tamayo Ibarra. Se pactó el otorgamiento de parte de la comunidad al rentero, sobre la superficie que corresponde a las tierras de la zona de uso común 1, 2 y 3, por lo que se le autorizó realizar toda clase de acondicionamientos, reparaciones, obras, construcciones y modificaciones a las tierras con el fin de lograr el aprovechamiento por un monto de 50 millones de pesos, entregando la posesión jurídica de las tierrasâ€. En el esquema de asociación, los comuneros aportan la tierra, la cual será puesta a disposición de los empresarios para que puedan realizar cualquier tipo de maniobra financiera. Es decir, la obtención de créditos, la ganancia será del 60% para los empresarios y el 40% dividido entre 335 comuneros. El consejo de administración será controlado por los desarrolladores.

“En relación al tema del esquema de asociación, el cual se abordará a mayor detalle en el apartado, esquema de asociación y aspectos corporativos, se encuentra en trámite la constitución de la nueva sociedad anónima de capital variable, cuya posible denominación sería Reserva San Luis. Se gestiona el nombre o denominación social en la Secretaría de Economía. En la sociedad mercantil, Espacios en el Horizonte y la comunidad de San Juan de Guadalupe, se juntan con igualdad de derechos corporativos, según lo establecido en la correspondiente legislación mercantil y agraria, bajo un porcentaje de ganancias del 60% y 40%, cuestiones que ya han sido platicadas, explicadas y acordadas con los asambleístasâ€.

Se trata de un proyecto para privilegiados sin contacto alguno con los comuneros. Es la nueva ciudad amurallada. El perfil de los compradores es para empresarios, ejecutivos y clases pudientes. “Por otra parte, se buscará dotar a la zona de todos los elementos necesarios para que funcione de manera autónoma, situación que implicaría necesariamente contar con una mezcla de usos de suelo que incorpora usos habitacionales de densidades bajas, usos comerciales mixtos y zonas de equipamiento, además de áreas verdes de amortiguamiento. Es conveniente mencionar que el desarrollo de la zona requiere de nuevas vialidades e infraestructura que, sin lugar a dudas, ayudarían al mejor funcionamiento de la ciudad.»

«La importancia que reviste el área de aplicación, desde el punto de vista del uso habitacional, es que precisamente se podrá ofertar a la población local y migrante del tipo ejecutivo que llegue a la ciudad, bajo la modalidad de usos habitacionales de baja densidad, evitando así la irregularidad y contribuyendo a lograr los objetivos que prevé el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población. Es un proyecto para proveer de grandes espacios habitacionales y paradisíacos a los grupos de poder industrial que se han asentado en San Luis Potosí en los grandes parques logísticos que existen y se proyectan en no menos de veinte años. El aprovechamiento del predio permitirá preservar e iniciar las obras de vialidad que se requieren en la zona conurbada. El bulevar Antonio Rocha Cordero puede constituir una excelente oportunidad para aprovecharlo, principalmente en la comunicación de las áreas de comercio, abasto e industria que se genera en la zona sur de la ciudad. En cuanto al suministro de energía eléctrica, cercana a la zona de desarrollo del proyecto, se encuentra infraestructura de conexión que podría utilizarse previo las modificaciones reguladas por la Comisión Federal de Electricidad para obtener la luz adecuada para las necesidades del proyecto. Los requerimientos de vivienda en la zona metropolitana de San Luis Potosí, hacen más que atractiva, necesaria la construcción de nuevos espacios para el desarrollo urbanoâ€.

La infraestructura para el uso del agua pretende ser aplicada de manera privada al contratar la controvertida empresa Aguas del Poniente, no obstante lo que implica el modelo agravioso y desleal. “La población que vive en San Luís Potosí demanda la preservación de espacios verdes y de su aprovechamiento racional. Las necesidades de agua potable para el proyecto deberían ser cubiertas con los recursos del lugar. Uno de los principales problemas que afronta el municipio es el crecimiento de asentamientos humanos irregulares, por lo que es fundamental la participación del sector tanto federal como estatal, con la finalidad de evitar el crecimiento desordenado y carente de serviciosâ€. La ofensiva de los desarrolladores para que la sociedad funcione, caiga quien caiga, cueste lo que cueste, implicó una feroz lucha por el poder político, el sometimiento del gobierno estatal, sector agrario y de las autoridades ambientales. Los opositores al proyecto han hecho lo imposible por frenarlo. El agravio a la Sierra de San Miguelito es la prueba de fuego de quienes representan al nuevo sector agrario y ambiental de la llamada Cuarta Transformación.

 

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