No hay evidencias sólidas, de que se hayan invertido 5 mil 500 millones de pesos en el sector salud, que es un desastre

15 noviembre, 202210:29 pmAutor: Oralia Guzmán MendozaCapital Destacada Municipios Noticias

En su comparecencia con los diputados, el secretario de salud, Daniel Acosta Díaz de León, evidenció la falta de  equipo y personal médico que existe en la entidad, pese a las supuestas inversiones de 5 mil 500 millones de pesos que asegura haber invertido el gobernador Ricardo Gallardo Cardona en el primer año de gestiones. El funcionario, al ser cuestionado sobre la enorme suma, no clarificó en qué tipo de infraestructura se invirtieron los recursos. Se limitó a señalar que el presupuesto de la dependencia para el año en curso, es de 4 mil 800 millones de pesos. No especificó cuánto se aplicó en acciones y nómina. Añadió que el Instituto de Salud para el Bienestar, aportó a San Luis 840 millones de pesos, que se destinarán a comprar equipo en el Hospital Central, Ignacio Morones Prieto.

Dijo que la dependencia tiene una deuda de 114 millones de pesos, con la Secretaría de Hacienda, que les heredó la pasada administración de Juan Manuel Carreras, al no pagar el Impuesto Sobre la Renta del 2020 del Hospital Central. En 131 laudos laborales que le dejaron y sentencias por cubrir, los pasivos suman más de mil millones de pesos. Además se deben 26 millones de pesos al Infonavit y al Seguro Social. Otros 45 millones de pesos de un juicio civil y mercantil que perdieron y deben pagar. Acosta expuso que hasta la fecha, la Secretaría de Finanzas no ha regresado los 22 millones de pesos que pagó la ex titular de salud, Mónica Liliana Rangel Martínez, al aceptar su culpa en los delitos de abuso de la función pública, fraude y asociación delictuosa. Pagó la cifra por la compra de químicos para combatir el dengue y otras enfermedades provocadas por mosquillos y plagas en la huasteca, los cuales nunca se entregaron.

Y de los 32 millones de pesos por los que se le acusa y encuentra recluido el segundo secretario de salud, Miguel Ángel  Lutzow Steiner, se ha regresado una parte y esperan concluya el proceso para que el dinero lo reintegren a la dependencia y destinarlo al área de Vectores, de donde se sustrajeron de manera ilegal. Informó que la Auditoria Superior del Estado y la Contraloría Estatal, ya iniciaron el proceso de cargos administrativos en contra de Rangel y los funcionarios involucrados en corruptelas, que derivaron en las denuncias penales.  

En la relatoría ante la los diputados, Acosta aseveró que de 800 casas de salud que existen en el estado, solo funcionan 494. Se cuenta con 94 unidades médicas móviles distribuidas en rutas, 184 centros de salud, 21 unidades de especialidades, 8 hospitales básicos comunitarios, 4 hospitales generales, 2 hospitales de especialidades y uno de alta espacialidad. En cuanto a la nómina, la instancia cuenta con 480 médicos, mil 138 enfermeras y 187 parteras profesionales. Aunque los 8 hospitales básicos comunitarios laboran, no cuentan con médicos especialistas, solo en los de Tamuín y Ébano tienen ginecólogo, pero carecen de anestesiólogos, lo que provoca sobrecarga a los hospitales generales.

La falta de personal no es por la carencia de recursos para contratarlos, se debe  a que  los doctores no quieren salir de las ciudades para irse a trabajar siquiera a Tamazunchale, menos a comunidades más pequeñas como Xilitla o Aquismón. Reveló que de 423 plazas que ofertó para San Luis Potosí el gobierno federal, solo se ocuparon 57. Valles tienen un déficit de ginecólogos. Para tratar de remediar el tema, se activaron con la universidad autónoma, los convenios para que todos los estudiantes que cursan carreras relacionadas con la salud, realicen sus prácticas en la dependencia. Se busca el apoyo de los colegios de médicos y alternativas con las enfermeras especialistas y parteras tradicionales, para que atiendan a la ciudadanía.

Las auxiliares médicas que manejan las casas de salud, no perciben un salario. Se les da un apoyo de 500 pesos mensuales, pero en lo que va del año, no les han pagado. No le permiten distraer recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, para cubrir el gasto. Afirmó que aún sin recibir el incentivo económico, continúan con sus labores. Tienen l6 claves o tipos de medicamento y material curativo. Admitió que atender las comunidades indígenas, representa un reto, por la lejanía, condiciones geográficas donde se encuentran y la barrera del idioma, pues no hay suficientes traductores.  

En cuanto a las carencias en equipo, el secretario de salud refirió que es necesario duplicar las 40 máquinas de hemodiálisis con las que se cuenta en todo el estado, para atender a 300 pacientes registrados por insuficiencia renal crónica. Una máquina solo puede dar 4 ó 5 sesiones por semana. A la dependencia, en forma constante, llegan amparos de un juez para que brinden el beneficio a personas que lo necesitan. “La semana anterior tuvimos 43 amparos en un solo día. Nos obligan a prestar el servicio. Es un gran problema el que tenemos”. Resaltó la importancia de trabajar para prevenir enfermedades como la hipertensión, obesidad y diabetes, que derivan después en insuficiencia renal. Si aumentan los males, no habrá dinero que alcance para su atenderlos”. 

Para detectar el cáncer de mama, se cuenta con 7 mastógrafos, que la Secretaría de Salud federal calificó como obsoletos. El más nuevo es del 2013. Los aparatos son vigentes durante 5 años. Se tuvieron que digitalizar para mejorar la calidad de la imagen. Precisó que el Centro de Equidad y Género les prometió remplazar 4, el próximo año.

Afirmó que el actual gobierno, en el 2021, invirtió casi 100 millones de pesos en el equipamiento de hospitales, ya que no contaban con aparatos de ultrasonido ni cardiotocógrafos, que se utiliza para checar la frecuencia cardiaca de los fetos. Ahora hay en los hospitales de las jurisdicciones sanitarias. “Había un solo tomógrafo en San Luis, el del Hospital Central. Hoy lo ofrecen en el Hospital del Niño y la Mujer y Hospital de Soledad. Están en proceso de instalarse en Rioverde y Valles. Al Hospital del Seguro Social de Cerritos, le vamos a dar uno usado”.

Añadió que el gobierno estatal invirtió, no dijo cuánto, en adecuaciones a espacios del Hospital Central, porque no llegaban los recursos del Insabi. Díaz de León reveló que en el sector público, no se tiene hasta ahora una sala de Hemodinamia, para tratar pacientes que sufren un infarto. La única instancia que lo maneja es el ISSSTE, pero en los próximos días, se pondrá a funcionar la del Hospital Central, ya que compraron un equipo usado al nosocomio La Loma en 5 millones de pesos. Nuevo asciende a 38 millones de pesos. Entre los insumos que se habrán de conseguir por medio del Insabi para el Hospital Central, figura el primer aparato de resonancia magnética. Será de mucha ayuda, pero no es suficiente para atender las necesidades de la entidad.

Añadió que se cuenta con 70  ambulancias usadas para el auxilio en accidentes y traslado de pacientes. No se compraron nuevas, como pretendía el gobernador, por problemas con los chips que hay en el sector automotriz, ya que tardan hasta 8 meses en entregarlas. Pretendían adquirir 28 cada año hasta sustituir las actuales. Algunas se han distribuido en varios municipios, pero no son suficientes para cubrir la demanda.

Sobre el desabasto de medicamentos y material de curación en las casas de salud, unidades médicas y hospitales, que cuestionaron algunos diputados, Acosta afirmó que el abasto se encuentra en un 60% en promedio. La meta es llegar al 80 %. Encontró los almacenes llenos de medicamentos y material, que no se distribuyeron. Las clínicas y hospitales alcanzaron apenas el 30%. En los primeros 6 meses, se repartieron 400 toneladas, para lo que el gobierno estatal compró 8 vehículos. El Insabi, no los entrega siempre oportuno, con los medicamentos y otros insumos.

Ante la gran demanda de servicios traumatológicos, los pacientes que necesitan una cirugía, tienen que esperar tiempos largos para ser intervenidos. Han alcanzado 45 que debían ser operados en el Hospital Central, donde sólo hay dos traumatólogos. En Valles sumaron 23 en un solo día. La sobre demanda provocó un adeudo de 12 millones de pesos con el proveedor de aparatos ortopédicos. Además, enfrentan penurias para comprar implantes.

El funcionario reconoció omisiones en la muerte de una menor de 3 años, atendida en una clínica de Salinas. No la evaluaron de forma adecuada y la dieron por occisa, cuando aún estaba con vida. Dejaron que un pasante tomara decisiones solo y el expediente no se elaboró de manera adecuada. El caso se puso en manos de la fiscalía local. En cuanto a otro menor de la huasteca que falleció después de deambular por diferentes clínicas y hospitales, admitió que hubo fallas, lo que retrasó su cura. Aseguró que se tomaron medidas de inmediato, para evitar que casos similares vuelvan a ocurrir. Las recomendaciones que se reciban de derechos humanos, se acatarán y les darán cumplimiento.      

En respuesta al diputado Alejandro Leal Tovías, sobre si existe por parte de salud, un control de los centros de atención y rehabilitación contra las adicciones, Acosta reveló que hay 116 locales en el área metropolitana. Operan sin ningún control, en condiciones inadecuadas e internos hacinados. Deberían tener personal calificado en psicología, psiquiatría, trabajo social y un médico. Precisó que solo 5, incluido el Temazcalli, que es estatal, se han registrado. Para operar, deben conseguir una licencia sanitaria, que emite salud a través de la Comisión Estatal Contra Riesgos Sanitarios, que no tienen. También debe intervenir protección civil y el ayuntamiento de la capital. Existe un proyecto que trabajan en conjunto con la diputada Patricia Aradillas, para regularlos. Reconoció, es casi nulo lo que se hace para prevenir las adicciones.    

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