La diputada local y dirigente estatal del Partido Movimiento Ciudadano, Lucila Nava Piña, solicitó juicio político en contra del gobernador Juan Manuel Carreras López, por violaciones a las leyes de adquisiciones y de obra pública del estado, en la compra y acondicionamiento del terreno que entregó a la empresa Ford, en Villa de Reyes.

En la sesión del pasado 24 de abril, Nava expuso que Carreras incurrió en serias irregularidades en el otorgamiento de obras públicas por más de 700 millones de pesos, que se entregaron para acondicionarle el terreno a la empresa automotriz, que luego canceló el proyecto de operaciones en el estado. Añadió que los errores se detectan en los convenios que se firmaron con la trasnacional.

“Todos los servidores públicos debemos darle un giro a nuestro actuar y adaptarnos a las transformaciones que se han realizado y continúan en materia de nuevas leyes�, precisó en entrevista. Expuso que existe un sistema educativo y penal reformado. Se cuentan con los mecanismos de participación social y se acaban de aprobar a nivel local una parte de las leyes que comprende el sistema anticorrupción, donde México se ubica con los más altos niveles. Los funcionarios públicos deben cumplir con ciertos requisitos conforme a las reformas.

Añadió que se cuenta con un sistema de evaluación del desempeño que involucra a todos los empleados del sector público y privado, cuya finalidad es actualizar conocimientos y capacidades del ser humano para que el servicio que se brinda sea eficiente y de calidad, para mejorar el desarrollo económico de México, que ahora «está por los suelos».

-Es inusual que un diputado local pida juicio político contra el gobernador en turno. A lo mejor porque usted es opositora. ¿Cómo hay que entenderlo?

-No, es una herramienta que está en la ley. Es un procedimiento administrativo que se puede utilizar. Es poner el acento en un momento importante de reformas, de cambios. Lo que se busca es que todos los servidores públicos actuemos con responsabilidad.

-¿Algunos dudan que su propuesta pudiera tener una base argumentativa, jurídica?

-Creo que el sustento jurídico existe. Yo lo presento porque existe la herramienta. No lo hago con el fin de sentenciar o juzgar lo indebido, es con carácter preventivo, de que se corrija, se atienda un proceso que está abierto. Existen formas y tiempos para actuar a los que se tiene que apegar como ejecutivo. Es un llamado a todos los servidores públicos para que atiendan y estudien todas las reformas y leyes que existen. Nos obligan a realizar de manera correcta el trabajo administrativo y gubernamental. Sobre todo cuando se maneja el erario. Tenemos la ley de fiscalización, existe un tribunal de justicia adminsitrativa, el sistema anticorrupción, la ley de contabilidad gubernamental, que ya es sancionadora, la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria, que nos dice cómo planear y ejercer el gasto.

La ley de disciplina presupuestal establece por ejemplo, cómo aplicar el dinero en el gasto corriente, que son los salarios y prestaciones de cada dependencia. Hoy los aumentos al salario no deben rebasar el 3%. Es un llamado a que nos actualicemos y cumplamos con las leyes. En el 2018 todo servidor público que sea parte de una nómina será evaluado, no solo el gobernador, el secretario de finanzas o el diputado. A partir de agosto todas las dependencias deberán presentar sus leyes de ingresos, presupuestos de egresos, planes de trabajo y sujetarse a todas las nuevas normas, por lo que deben actualizarse para tener un mejor desempeño

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