Los juicios políticos, inoperantes, instrumentos para la reyerta

26 marzo, 20207:16 pmAutor: Oralia Guzm√°n MendozaCapital Destacada Noticias

La figura de juicio pol√≠tico que se estableci√≥ en la constituci√≥n pol√≠tica en 1982, es inoperante, porque no existe voluntad de los senadores en el √°mbito federal y de los diputado locales, en el caso estatal, para aplicarla en aras de conseguir justicia y castigar los abusos de pol√≠ticos y servidores p√ļblicos, afirm√≥ el ex magistrado y ex catedr√°tico de la facultad de derecho de la Universidad Aut√≥noma de San Luis Potos√≠, Merced Ponce Blanco. Mencion√≥ que son muchas las demandas que se presentan y ninguna ha prosperado. Las que se revisan son declaradas improcedentes en su gran mayor√≠a en las comisiones. Las pocas que se llegan a dictaminar como v√°lidas, se olvidan cuando se forman comisiones jurisdiccionales que las rechazan. Otro n√ļmero importante de las querellas ni siquiera son analizadas. Terminan en los archivos muertos de las instancias legislativas.

El ex juez se√Īal√≥ que la ley de juicio pol√≠tico y la propia constituci√≥n, en los art√≠culos que contempla la figura, han sufrido varias reformas en 38 a√Īos, pero no han servido de nada, ya que no se llevan a la pr√°ctica. Se ha desacreditado tanto que se utiliza como un recurso de car√°cter pol√≠tico para atacar al contrario o defender causas partidistas. En algunas ocasiones, los promoventes o litigantes que los presentan, lo utilizan con afanes protag√≥nicos o de lucimiento profesional, cuando el objetivo es que cualquier ciudadano pueda usar el recurso y que el proceso tenga consecuencias para los sujetos implicados.

El art√≠culo 126 de la Constituci√≥n Pol√≠tica del Estado de¬† San Luis Potos√≠, se√Īala que podr√°n ser sujetos de un juicio pol√≠tico el gobernador, diputados, magistrados, consejeros de la judicatura, jueces de primera instancia, secretarios de despacho, auditor superior del estado, fiscal del estado, fiscales especializados en materia de delitos relacionados con hechos de corrupci√≥n y en delitos electorales, subsecretarios, directores o sus equivalentes en las dependencias y entidades paraestatales y paramunicipales, titulares de los organismos constitucionales aut√≥nomos, presidentes municipales, regidores y s√≠ndicos.

‚ÄúEs procedente el juicio pol√≠tico, cuando los actos u omisiones de los servidores p√ļblicos, redunde en perjuicio de los intereses p√ļblicos fundamentales o de su buen despacho‚ÄĚ, se menciona en el art√≠culo 9 de la ley estatal de juicio pol√≠tico, aprobada en el 2019. Establece 9 causales y se√Īala que el procedimiento solo podr√° iniciarse durante el periodo en el que el funcionario desempe√Īe el cargo o al a√Īo siguiente. Pueden ser llamados a cuentas por atacar las instituciones democr√°ticas. A la forma de gobierno, la organizaci√≥n pol√≠tica y administraci√≥n de los municipios. Violaciones graves a los derechos humanos y sus garant√≠as. Atentar contra la libertad de sufragio. Usurpar atribuciones de funcionarios p√ļblicos cuyos cargos sean de car√°cter constitucional. Cualquier da√Īo a la constituci√≥n pol√≠tica o leyes estatales, cuando cause perjuicios graves al estado, municipios o sociedad. Alteraciones sistem√°ticas y graves a los planes, programas y presupuesto estatal, municipal. Leyes que determinen el manejo de los recursos econ√≥micos, manejo indebido de fondos y recursos del estado, los municipios o de cualquier ente p√ļblico.

El litigante Ponce Blanco lament√≥ que en M√©xico que exista el coraje ni la voluntad para someter a juicio pol√≠tico a servidores p√ļblicos denunciados en cualquier nivel jer√°rquico. En Guatemala, Paraguay y Brasil, han destituido a presidentes de la rep√ļblica. Los mandatarios de Estados Unidos, Bill Clinton y Donald Trump, han enfrentado el proceso jur√≠dico. En 2016, el presidente de Guatemala, Otto P√©rez Molina, fue destituido. Lo acusaron de malversar fondos y lavado de dinero. En el 2012, el mandatario de Paraguay, Fernando Lugo, dej√≥ el cargo por el negativo desempe√Īo de sus tareas, derivado de un enfrentamiento entre polic√≠as y campesinos con consecuencias fatales. En 2016, la presidenta de Brasil, Vilma Rousseff, fue sometida a un controvertido proceso por ocultar un d√©ficit presupuestario que le ayudar√≠a a reelegirse.

En M√©xico, la figura se instaur√≥ en el sexenio de Miguel de la Madrid, cuya bandera de campa√Īa fue la renovaci√≥n moral. Se dijo que ten√≠a como destinatario al senador del¬† PRI y ex director de Pemex, Jorge D√≠az Serrano, que no fue sometido a juicio pol√≠tico, pero si fue desaforado por sus correligionarios en el senado, a petici√≥n de la Procuradur√≠a General de la Rep√ļblica, que lo acus√≥ de fraude y asociaci√≥n delictuosa. En San Luis han enfrentado denuncias similares, sin que hayan prosperado, los exgobernadores Carlos Jonguitud Barrios, Horacio S√°nchez Unzueta y Fernando Toranzo. S√°nchez Unzueta por irregularidades en la red caminera ind√≠gena. Toranzo por hostigamiento laboral y obstruir las tareas del sindicato minoritario de bur√≥cratas que encabeza Francisca Res√©ndiz. El actual mandatario Juan Manuel Carreras, 3 presidentes del Supremo Tribunal de Justicia, Francisco Jim√©nez, Juan Manuel Gonz√°lez y Juan Paulo Almaz√°n Cu√©, magistrados, jueces, diputados, presidentes municipales y sus cabildos,¬† funcionarios estatales y municipales.

En el congreso local existen sin resolver juicios pol√≠ticos presentados hace 12 y 13 a√Īos que no desahogaron las √ļltimas cuatro legislaturas, de acuerdo a datos obtenidos a trav√©s de una solicitud de informaci√≥n. En el 2007 y 2008, que corresponden a la 58 legislatura, se presentaron 31 denuncias de juicio pol√≠tico, de las cuales 11 est√°n pendientes de resolver, 17 se declararon improcedentes y solo 3 se votaron como v√°lidas en contra de los alcaldes de Cerritos, Villa de Ramos y Venado. Se agotaron sin destituir o inhabilitar a los inculpados para volver a ocupar otros cargos. Entre los juicios pol√≠ticos pendientes de 2007 y 2008 est√° el presentado el¬† 11 de abril del 2007 por el ciudadano Fidel L√≥pez Lara en contra del entonces gobernador Marcelo de los Santos Fraga, el secretario de salud, Fernando Toranzo y otros de sus ayudantes, por violaciones reiteradas a la constituci√≥n del estado. Uno en contra de servidores p√ļblicos y comisiones del ayuntamiento de San Luis Potos√≠ y dos presentados por ciudadanos en contra de integrantes de la segunda y quinta sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

Entre los pendientes se encuentra el que interpuso el 8 de julio del ¬†2008, el entonces alcalde de Ciudad Fern√°ndez, Juan Pedro Y√°√Īez Carvajal en contra del s√≠ndico. El tambi√©n contratista y ex l√≠der del comit√© municipal del PR, muri√≥ de un paro cardiaco el 31 de marzo de 2017 en M√©xico. Sin resolverse se encuentra la demanda de juicio pol√≠tico que present√≥ el herrero Rafael Aguilar Fuentes y el taxista Juan Manuel Jurado Lim√≥n, en contra del entonces presidente del Consejo Estatal Electoral, Rodolfo Aguilar Gallegos. Durante el periodo de la 59 legislatura, del 2009 al 2012, se presentaron 35 solicitudes de juicio pol√≠tico de las que est√°n pendientes 16. Se declararon improcedentes 18 y solo se aprob√≥ una. Fue contra la entonces edil¬† de Cerro de San Pedro, Rosaura Loredo Loredo. Lo interpuso el relevo en la alcald√≠a, Jos√© Santos Loredo Tenorio.

Sobre los 16 juicios pendientes, 11 fueron contra alcaldes o integrantes de cabildos de los municipios de Villa de la Paz, San Luis Potos√≠, Mexquitic de Carmona, Salinas, Rioverde y Soledad. Se encuentra pendiente tambi√©n una solicitud de juicio pol√≠tico que present√≥ un ciudadano el 30 de septiembre del 2011 en contra del ex magistrado de la primera sala del poder judicial del estado, √Ālvaro Egu√≠a Romero y la secretar√≠a de estudio y cuenta, Mar√≠a Sara de la Luz Bernal Ram√≠rez. Otro en contra del entonces magistrado Marco Antonio Aranda Mart√≠nez, que promovi√≥ el ex edil Guillermo Pizzuto Zamanillo. Entre las 18 denuncias de juicio pol√≠tico que decretaron improcedente los diputados de la 59 legislatura, destacan 4 interpuestos contra el ex gobernador Marcelo de los Santos Fraga. Los denunciaron los integrantes del colectivo de taxistas, su consuegro Pizzuto y Aguilar Fuentes.

Se desecharon tambi√©n 3 querellas de juicio pol√≠tico interpuestas por el empresario Carlos L√≥pez Medina en su car√°cter de vicepresidente de Aguas del Poniente en contra de los entonces diputados, Beatriz Eugenia Benavente Rodr√≠guez, Julio C√©sar Salinas Ter√°n e Yvete Salazar Torres. Otro lo hicieron varios actores pol√≠ticos de distintas ideolog√≠as y ciudadanos en contra de los diputados de la 59 legislatura que integraron la cartera para la reforma del estado, √ďscar Bautista Villegas, Pedro Pablo Cepeda Sierra, Alfonso Jos√© Castillo Machuca, Vito Lucas G√≥mez Hern√°ndez, √ďscar Carlos Vera Fabregat, Felipe Abel Rodr√≠guez, Tito Rodr√≠guez e Yvete Salazar. En el periodo del 15 de septiembre del 2012 al 27 de julio del 2015, que corresponde a la 60 legislatura, se presentaron 37 denuncias de juicio pol√≠tico. Siguen sin dictaminarse 17, 13 fueron votadas como improcedentes por mayor√≠a o unanimidad, 4 se archivaron y dos se aprobaron.

Los diputados votaron como procedente por unanimidad la denuncia de juicio pol√≠tico que present√≥ el 1 de julio del 2013 el ciudadano Juan Manuel Lara Lugo y otro empleados del Colegio de Bachilleres en contra del secretario de gobierno, C√°ndido Ochoa Roja y el titular de educaci√≥n, Juan Antonio Mart√≠nez. Incluyeron al director de educaci√≥n media y superior, Isidoro del Camino Ramos y al director del Cobach, M√≥nico Jim√©nez Medina. Fue hasta el 31 de julio del 2017 cuando la comisi√≥n jurisdiccional que encabez√≥ el diputado √ďscar Vera, como integrante de la 60 legislatura, cuando se dictamin√≥ declarar condenatoria la solicitud de juicio pol√≠tico, pero solo contra Jim√©nez Medina, que renunci√≥ al cargo en enero del 2016. El 24 de agosto del 2017, el pleno del congreso aprob√≥ inhabilitar por 5 a√Īos al ex funcionario, por haber ejercido el cargo sin tener t√≠tulo.

Despu√©s, los diputados acordaron reducirle la pena a un a√Īo. M√≥nico Jim√©nez combati√≥ el castigo con un amparo que le fue concedido el 9 de julio del 2018, con lo que se le revirti√≥ el castigo. El otro juicio procedente fue el que interpuesto en julio del 2013 el licenciado Miguel √Āngel Paisano, en contra del presidente municipal de Salinas, Salvador Hern√°ndez y su cabildo, donde figur√≥ como regidor el controvertido empresario, acusado de huachicolero, Jos√© Luis Romero Calzada. La comisi√≥n jurisdiccional que se integr√≥ para seguir el proceso, determin√≥ que no hab√≠a lugar para llevarlo a cabo. Entre las 17 solicitudes de juicio pol√≠tico que dej√≥ sin tocar la 60 legislatura, se encuentra el que interpuso el abogado de Tel√©fonos de M√©xico, Jorge F√©lix V√°zquez Ruelas contra la entonces presidenta municipal de San Luis, Victoria Labastida Aguirre, cuyo tesorero, Agust√≠n Sober√≥n, se meti√≥ en un l√≠o jur√≠dico cuando pretendi√≥ cobrar una suma millonaria a Telmex por uso del suelo para las casetas.

Figura el que impulsaron tambi√©n en contra de Labastida e integrantes del ayuntamiento, Rafael Aguilar y Juan Manuel Jurado. Hubo otras demandas contra presidentes municipales y ex alcaldes de Salinas, Rioverde, Soledad y Santa Mar√≠a del R√≠o. En febrero del 2015, integrantes del Sindicato √önico de Trabajadores del ayuntamiento de Soledad contra la presidenta del Tribunal Estatal de Conciliaci√≥n y Arbitraje, Rosa de Guadalupe Cervantes Gamboa. Tres en contra del ex auditor superior del estado, Jos√© de Jes√ļs Mart√≠nez Loredo y dos interpuestos por Ram√≥n Esparza Olivo, en 2014, contra el ex alcalde de Soledad, Ricardo Gallardo Ju√°rez, integrantes del cabildo y funcionarios. Uno m√°s contra el edil Ricardo Gallardo Cardona.

La pasada legislatura recibi√≥ en el periodo del 15 de septiembre al 18 de julio del 2018, 51 demandas de juicio pol√≠tico, de las cuales dictamin√≥ 18 como improcedentes, dej√≥ sin resolver 24, archiv√≥ 5, determin√≥ sin materia 3 y solo una vot√≥ como procedente el 9 de julio del 2016. Fue la que interpuso con fecha 29 de octubre del 2015, el regidor Marcelino L√≥pez M√©ndez en contra del presidente municipal de Santa Mar√≠a del R√≠o, Israel Reyna Rosas, por violaci√≥n a la ley, al nombrar al contralor del municipio y no respetar las propuestas que present√≥ el PRD, como primera mayor√≠a. Sin embargo a 3 tres a√Īos 7 meses, no se integr√≥ la comisi√≥n jurisdiccional que llevar√≠a el proceso. Entre las 24 demandas de juicio pol√≠tico que dej√≥ pendientes la 61 legislatura, se encuentran dos en contra del ex procurador y actual fiscal del estado, Federico Garza Herrera, una la present√≥ el abogado Agust√≠n Castillo Guevara y la otra el Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores del Gobierno del Estado.

Dos que interpuso en 2016, el abogado Jos√© Juan Zavala en contra del diputado √ďscar Vera Fabregat y el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, de Carlos Alejandro Ponce Rodr√≠guez. Una contra el secretario de educaci√≥n p√ļblica del estado, Joel Ram√≠rez D√≠az. Se encuentra pendiente la denuncia que present√≥ en junio del 2018, la dirigente del Sindicato √önico de Trabajadores del Gobierno del Estado, Bernardina Lara Arguelles, en representaci√≥n de un grupo de agremiados, en contra del comisionado presidente de la Comisi√≥n Estatal de Garant√≠as de Acceso a la Informaci√≥n P√ļblica, Alejandro Lafuente Torres y las comisionadas numerarias Paulina S√°nchez del Pozo y Claudia Elizabeth √Āvalos Cedillo. Sin dictaminar est√° una denuncia de juicio pol√≠tico en contra de la auditora superior del estado, Roc√≠o Elizabeth Cervantes Salgado, que promovi√≥ en junio del 2018, la ex empleada de la ASE, Ana Elisa Loredo Torres.

La solicitud que present√≥ Jes√ļs Sierra Acu√Īa, como representante com√ļn del Comit√© de Participaci√≥n Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupci√≥n contra los titulares de la ASE, Fiscal√≠a del Estado, Contralor√≠a Estatal, pleno del consejo de la judicatura, Cegaip y Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, por la negativa a instalar el consejo coordinador. Entre las 18 demandas de juicio pol√≠tico que los ex diputados de la 61 legislatura declararon improcedentes, destaca la de sus¬† correligionarias, Xitl√°lic S√°nchez Serv√≠n y Rebeca Ter√°n Guevara, que fueron denunciadas por el abogado y ex alcalde interino de San Luis Potos√≠, Jos√© Homero Gonz√°lez Reyes, por omisas, al no nombrar en el tiempo establecido a un titular del Tribunal Estatal de Conciliaci√≥n y Arbitraje, para el periodo del 28 de septiembre del 2014 al 27 de septiembre del 2017.

El 21 de junio del 2018, los diputados dictaminaron ¬†por unanimidad improcedente la demanda de juicio pol√≠tico en contra de sus compa√Īeras. Gonz√°lez Reyes promovi√≥ el 17 de julio un amparo en contra del dictamen y el segundo tribunal del noveno circuito en materia civil lo declar√≥ improcedente. Le orden√≥ al congreso del estado emitir otro, por lo que la actual legislatura retom√≥ el caso. El 9 de julio 2019 dej√≥ sin efecto el resolutivo del 21 de junio que emitieron sus antecesores e inician el procedimiento las comisiones unidas de gobernaci√≥n y justicia. El 6 de agosto se nombr√≥ a la comisi√≥n jurisdiccional que preside el diputado del PAN, Rolando Hervert Lara. El 19 de septiembre del 2019, por mayor√≠a, los diputados aprueban el dictamen y desechan la demanda de juicio pol√≠tico en contra de las indiciadas.

La actual legislatura recibi√≥ hasta el 29 de noviembre del 2019, un total de 29 demandas de juicio pol√≠tico, 9 solicitudes fueron declaradas improcedentes, est√°n pendientes 18, una se archiv√≥ y solo aprobaron el juicio contra el secretario de seguridad p√ļblica estatal, Jaime Ernesto Pineda Arteaga, que interpuso el 9 de enero del 2019, el diputado del Partido Verde Ecologista, Edgardo Hern√°ndez Contreras. Pero el comit√© jurisdiccional que se integr√≥ para analizar el fondo de la demanda y que presidi√≥ la diputada del PT, Paola Arreola Nieto, resolvi√≥ que no hab√≠a elementos para iniciar el procedimiento. El dictamen respetivo fue aprobado por 20 votos a favor y 4 abstenciones el 29 de junio del 2019. Hern√°ndez se√Īal√≥ que sus compa√Īeros violaron el debido proceso, al haber aceptado solo pruebas de descargo del funcionario y no las suyas.

Las razones con las que fundament√≥ la querella, se basan en la incidencia delictiva, el da√Īo que le causan a la sociedad los hechos de violencia y la omisi√≥n del secretario al respecto. Anunci√≥ que acudir√≠a a instancias federales para revertir el veredicto. Sobre Pineda est√° pendiente otra demanda de juicio pol√≠tico que present√≥ tambi√©n el legislador Edgardo Hern√°ndez y fue recibida en el congreso el 15 de abril del 2019. Otras querellas de juicio pol√≠tico sin resolver son dos contra el presidente municipal de San Luis Potos√≠, Xavier Nava palacios. Una la present√≥ el 19 de agosto del 2019, Erick Jeovany Flores Mata, que incluye adem√°s a regidores, primer y segundo s√≠ndico. Otra la interpuso el 30 de noviembre del 2019, Vicente Domingo Hern√°ndez Ram√≠rez contra Nava y regidores integrantes de las comisiones de desarrollo rural y asuntos ind√≠genas.

Sin dictaminar est√° el juicio pol√≠tico contra el ex alcalde de San Luis, Ricardo Gallardo Ju√°rez, su tesorero y actual¬† legislador, Jes√ļs Emanuel Ramos Hern√°ndez, que interpuso el 30 de noviembre del 2019, la segundo s√≠ndica del ayuntamiento, Alicia Nayeli V√°zquez Mart√≠nez, por el supuesto da√Īo al erario de mil 30 millones de pesos. Sin dictaminar siguen las demandas en contra del mun√≠cipe de Soledad, Gilberto Hern√°ndez Villafuerte y la s√≠ndica, Yolox√≥chitl D√≠az L√≥pez, que solicit√≥ el 26 de septiembre, Sandra Elizabeth Miranda Gonz√°lez. Hay uno contra el ex alcalde de Matehuala, Jos√© Everardo Nava y las s√≠ndicas Leonor Alejandra C√≥rdova S√°nchez y Mar√≠a Elena Castillo Soria. Dos contra la actual alcalde de Cerro de San Pedro, Rosaura Loredo y su antecesor, el hijo, √Āngel de Jes√ļs Nava Loredo. Hay dos querellas contra el actual edil de Tampamol√≥n Corona, Isidro Mej√≠a G√≥mez e integrantes del cabildo, por violaci√≥n a un amparo.

Mej√≠a enfrenta tambi√©n varias denuncias penales en la fiscal√≠a local por su presunta injerencia en homicidios y desapariciones. Sin analizar por parte de los diputados se encuentra la demanda de juicio pol√≠tico contra el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Juan Paulo Almaz√°n Cu√© y los consejeros de la judicatura, Diana Isela Soria Hern√°ndez y Jes√ļs Javier Delgado Sam y el ex consejero Carlos Alejandro Ponce Rodr√≠guez. La querella contra el ex alcalde de Villa de Reyes, Juan Gabriel Sol√≠s, regidores y ex funcionarios, que interpusieron jueces auxiliares y ciudadanos por presuntas irregularidades en la asignaci√≥n de obra p√ļblica. Sin resolver est√° una denuncia contra el presidente de la Comisi√≥n Estatal de Derechos Humanos, Jorge Andr√©s L√≥pez Espinosa, que se elabor√≥ en noviembre del a√Īo pasado. Otras tres querellas de juicio pol√≠tico contra los regidores del ayuntamiento de Valles, Seraf√≠n Castillo Ch√°vez, Andr√©s S√°nchez Montemayor, Ignacio Vicente Hern√°ndez e Irma Hern√°ndez Medina. Una demanda en contra del ex titular de la Secretar√≠a de Comunicaciones y Transportes estatal, Ramiro Robledo L√≥pez.

El pasado 30 de enero, en sesi√≥n privada, los diputados de la 62 legislatura aprobaron por mayor√≠a los dict√°menes de las comisiones de gobernaci√≥n y justicia, que desecharon por improcedentes 8 denuncias de juicio pol√≠tico y 6 de responsabilidad administrativa. Turnaron a la Auditoria Superior del Estado dos solicitudes para sancionar al presidente municipal, s√≠ndico y secretario del ayuntamiento de Matlapa, administraci√≥n 2015-2018 y al alcalde de Salinas, Antonio P√°ez Galv√°n, s√≠ndico y secretario. Las demandas de juicio pol√≠tico que desecharon los diputados fueron en contra de los ex diputados propietarios y suplentes de la anterior legislatura, que interpuso el abogado Juan Jos√© Fr√≠as Aguilera, el 3 de octubre del 2018. La demanda en contra de la ex oficial mayor del congreso del estado, y hoy diputada local, Beatriz Eugenia Benavente Gonz√°lez, que present√≥ tambi√©n Fr√≠as. La querella de juicio pol√≠tico contra Xavier Nava Palacios y la titular de transparencia del ayuntamiento de San Luis Potos√≠, Pamela M√©ndez Cuevas, que promovi√≥ en septiembre del 2019, Reyna Aid√© Pe√Īa Avelino.

Decretaron improcedente la demanda de juicio pol√≠tico en contra del ex alcalde de San Luis, Ricardo Gallardo Ju√°rez, que demandaron dirigentes de comerciantes y ciudadanos el 30 de octubre del 2019. La demanda en contra del ex edil de Villa de Reyes, Juan Gabriel Sol√≠s, ex regidores, ex¬† secretario, ex s√≠ndico, ex tesorero y los ex directores de desarrollo econ√≥mico y catastro. Lo promovieron jueces auxiliares y ciudadanos en noviembre del 2018. Se desech√≥ la denuncia en contra del juez s√©ptimo del ramo penal, Jos√© Godofredo Flores Zavala, que present√≥ en enero del 2019 Rafael Garc√≠a. La querella en contra de la agente del ministerio p√ļblico, Cecilia Guadalupe Cervantes Gayt√°n, adscrita a la Unidad de Atenci√≥n Temprana, con sede en Ciudad Fern√°ndez.

Los diputados aprobaron la solicitud de juicio pol√≠tico en contra de la s√≠ndica de San Luis Potos√≠, Alicia Nayeli V√°zquez Mart√≠nez, que promovi√≥ en su contra, el 6 de febrero del 2019, el licenciado Jos√© Luis Garc√≠a S√°nchez, por pretender apresurar la designaci√≥n de Gina Maribel Rocha Pa√Īuelas como representante ante el Tribunal Estatal de Conciliaci√≥n y Arbitraje. Por no haber entregado una notificaci√≥n a la acusada, el dictamen se devolvi√≥ a comisiones. Los diputados desecharon tambi√©n por improcedentes 6 solicitudes de juicios de responsabilidad administrativa en contra de integrantes de los ayuntamientos de Santo Domingo, Tampac√°n¬† y Vanegas, administraciones 2012-2015 y 2015-2018, todos por cuestiones laborales.

El 21 de febrero, las comisiones unidas de gobernaci√≥n y justicia del congreso, dictaminaron procedente la demanda de juicio pol√≠tico contra Xavier Nava, que interpuso en su contra la ex oficial del registro civil, Mar√≠a Teresa Carrizalez Hern√°ndez, por presunta violaci√≥n a sus derechos humanos, al ser desalojada el 2 de julio del 2019 por agentes municipales de sus oficinas, despu√©s de ser¬† despedida por parte del ayuntamiento. La aprobaci√≥n gener√≥ controversia hasta en los panistas que lo apoyaron como candidato. La consejera nacional del PAN, Lidia Arguello, se√Īal√≥ que los diputados de su partido, Rub√©n Guajardo, que preside la cartera de justicia y Sonia Mendoza D√≠az, integrante de la misma, que votaron a favor del dictamen, deben ser llamados por el comit√© estatal para que expliquen su actuar.

Dirigentes de c√°maras y organismos empresariales publicaron un desplegado donde censuraron el actuar de los legisladores. Se√Īalaron que los procedimientos no deben ser tomados para el golpeteo pol√≠tico. Inquieta ‚Äúel desprop√≥sito de los diputados que declaran improcedentes juicios pol√≠ticos por actos de corrupci√≥n y aprueba, sancionar a la s√≠ndica Alicia Nayeli V√°zquez Mart√≠nez, por una causa administrativa‚ÄĚ. Los exhortaron a legislar, trabajar y dar resultados para los potosinos y dejar a un lado intereses pol√≠ticos mezquinos, que buscan desgastar y complicar el trabajo de la autoridad municipal. A los empresarios les respondi√≥ el diputado del PAN y presidente de la junta de coordinaci√≥n pol√≠tica, Rolando Hervet Lara. Lament√≥ que justificaran la golpiza a una mujer, abonan a la violencia, lo que es vergonzoso.

Les pidió exigir a la fiscalía local y no al congreso, resultados por las denuncias en contra de los ex legisladores, sobre los cuales no existen solicitudes de juicios políticos. “Al alcalde le sobra arrogancia. Xavier Nava debió castigar a los responsables de lo ocurrido y pedir disculpas. Optó revictimizar a una mujer. Están los videos para confirmarlo. Por su parte, Rubén Guajardo afirmó que al aprobar o rechazar las solicitudes, no hay simulaciones. Las decisiones son colegiadas. Los procedimientos claros, apegados a la ley.

El secretario del ayuntamiento, Sebastián Pérez, calificó como un despropósito de los legisladores, declarar procedente el juicio político contra Nava. Adelantó que no habrá de prosperar ya que buscan desvirtuar al gobierno municipal con un tema muy politizado. La actual legislatura encubre todos los desvíos y fraudes de los antecesores diputados. Carrizales celebró la decisión a través de la plataforma digital Change. Junta firmas para que el pleno del congreso vote a favor del jui

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