Los descalabros de la cacique sindical Bernardina Lara Arguelles

8 septiembre, 20219:27 pmAutor: Elida Mendoza VillanuevaCapital Noticias

María de Jesús Almendárez Prieto, jefa de departamento de la dirección de administración y finanzas en la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, puso al borde del precipicio a Bernardina Lara Arguelles, casi líder vitalicia del sindicato mayoritario de gobierno del estado, cuando después de 8 años de presiones, fue cesado el ex delegado sindical, Juan Martín Gática Izaguirre, sujeto a cárcel condicional por los delitos de acoso y abuso sexual que cometió en su contra. Se presume que la caída de Lara es inminente. Se desfondó, no pudo sostener a su pupilo, único prospecto para heredarle el cargo que mantiene desde hace más de 30 años. Pero además puede resultar su prestanombres, como señaló el organismo Ciudadanos Observando.

En el 2013, Almendárez Prieto promovió una denuncia penal por abuso y acoso sexual contra su compañero de trabajo y delegado sindical, Juan Martín Gática Izaguirre, ante el ministerio público. Previo a recurrir a la justicia, informó a Lara del caso y le pidió intervenir. La líder sindical no la apoyó, la desdeñó. Promovió que fuera puesta a disposición ante la Oficialía Mayor de gobierno del estado, luego reubicada en tres dependencias. En el 2015, por petición de Lara Arguelles, fue removida al Instituto de la Mujeres. Después de concluir su tiempo en la dependencia, se fue a la Secretaría de Educación, donde no se le admitió. Luego regresó a la Oficialía Mayor, donde la mantuvieron debajo de las escaleras sin hacer nada. Más adelante la mandaron a la Secretaría de Cultura, al área de archivo, donde estuvo inactiva.

Sin embargo a Gática lo mantuvo a salvo. No lo removió de su puesto de jefe de departamento de la dirección de planeación de la dependencia ni de la representación sindical. Lo protegió, lo sumó al comité del sindicato, le asignó la cartera de Acción Política. Cuando Lara fue diputada local, se lo llevó al congreso como asistente. Con su anuencia, encabeza los plantones del sindicato contra el gobierno. Además, recorre las dependencias y representa al sindicato en reuniones de trabajadores, no obstante estar cesado. En junio del 2014, el juez quinto del ramo penal, Francisco Rodríguez Zapata, le dictó auto de formal prisión a Gática Izaguirre por el probable agravio de abuso sexual contra su compañera, pero salió libre al pagar una fianza. Enfrentó el proceso en libertad. Entonces era el encargado de licitaciones públicas de la dirección de planeación y seguimiento de la secretaría cuyo titular era su cuñado, Juan Gerardo Ferretiz. El funcionario público evadió la justicia el 21 de mayo cuando hubo una orden de aprehensión en su contra, pero el juez primero del ramo penal, José Manuel Quistián Espericueta, le otorgó un amparo.

En el 2018, el defensor del inculpado, Othón Terrazas Vázquez, consigue que el juez quinto del ramo penal, José María Ponce de León Montes, dicte absolución a su cliente por falta de pruebas. “La denuncia sola resulta un hecho aislado, que no se corrobora por otros medios. Es insuficiente para afirmar que el enjuiciado desplegó una conducta de acción traducida a excitar o satisfacer los placeres, lo que implica, realice, desarrolle o lleve a la práctica, caricias, fricciones y manejos de cualquier forma. Al no haberse probado tal extremo, no es posible condenar en sentencia definitiva al procesado”. Almendárez cambió de abogado que dejó pasar los términos y fue rebasado. Contrató al litigante Tomás Ricardo Zárate Coronado, que promueve un amparo contra la sentencia absolutoria del juez ante la quinta sala del poder judicial del estado, que ordena a Ponce de León reponer el procedimiento y desahogo de pruebas que nunca se hizo. La defensa le pide al juez, requiera a Lara, para que de cuenta si el inculpado pertenece al sindicato como secretario de acción política y confirme que uno de los números de celulares que usó Gática para acosar a la víctima, pertenece al gremio.

Lara envía un escrito al juez donde señala que el inculpado es solo un trabajador sindicalizado y que el número de celular no pertenece al sindicato. La defensa la requiere para que confirme el escrito. Lara se ampara y evade la justicia. Ignora que al no acudir, su declaración queda confirmada. Almendárez exhibe a Ponce de León en su intento de torcer la justicia para favorecer al agresor. Le advierte que si vuelve a hacer lo mismo, lo denunciará en lo penal. En abril del 2019, después de tres años, sin salida Ponce de León, sin desahogar una serie de pruebas, como la grafoscópica, donde se confirmó que las letras de los mensajes que envió a la víctima son de su autoría, dictó sentencia condenatoria definitiva contra Juan Martín Gática por los delitos de acoso y abuso sexual en contra de María de Jesús Almendárez Prieto. Lo condenó a cuatro años tres meses de prisión y una multa cercana a los 4 mil pesos. El encierro lo cumple en libertad condicional luego de cubrir el pago de la fianza.

Almendárez solicitó al gobernador Jun Manuel Carreras y Stevens, cesar a su agresor y cumplir con el artículo 55 de la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado, que en el apartado V1 establece: las instituciones públicas de gobierno podrán quitar al trabajador, sin incurrir en responsabilidad, cuando cometa actos inmorales durante su desempeño. Pero nunca atendieron la demanda. Lara Arguelles tenía mayor influencia, expandió sus tentáculos hasta la Comisión Estatal de Derechos Humanos para vigilar e intentar frenar otra vez a su detractora. Por encima de la ley, afilió a su sindicato a más de 70 empleados del órgano, sin considerar que se trata de un ente autónomo. Su injerencia quedó al descubierto cuando la visitadora y responsable de llevar los expedientes de quejas y recomendaciones de Almendárez, la incondicional Mónica Tenorio, se excusó de manejar el asunto y marcó copia de la decisión al sindicato mayoritario.

Almendárez utilizó la vía jurídica y política para demandar justicia. Bloqueó el acceso a la oficialía mayor donde se encadenó un mes. Logró la reinstalaran a su área de trabajo, mediante el escrito que emitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Lara Arguelles azuzó a 98 sindicalizados para evitar el regreso de la quejosa. Mediante un documento, solicitaron al entonces oficial mayor, Elías Pecina Rodríguez, que no la regresara, ya que afectaría el clima laboral estable, armónico y no volver a la intriga, escándalo y el conflicto. La acusaron de ser conflictiva en extremo, provocarle coma diabético a un ex compañero, incurrir en comportamientos inadecuados y de mentir para hacer daño. El estado simuló ayudarla, creó una oficina donde la mantuvo en un escritorio sin hacer nada.

En abril del 2019 Almendárez promovió una queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la que señaló al gobernador Juan Manuel Carreras López, Leopoldo Stevens Amaro y al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jorge Andrés López Espinosa, de permitir en el órgano, trabajadores afiliados y contravenir la ley que norma la dependencia. Refirió que Mónica Tenorio dejó su expediente y le marcó copia al sindicato, lo que le causó daño, ya que Gática lo miró. En enero del 2021, la Comisión Nacional de Derechos Humanos envió la recomendación 3/2021 a Carreras López, le solicitó pedir una disculpa pública a la afectada por ser omiso, reparar el daño integral y destituir al responsable. Además, regresar a la víctima al centro de trabajo original. Le dieron un plazo de tres meses para su cumplimiento. Las dos primeras peticiones no se cumplieron, pues se acabó el sexenio.

Carreras y Lara no pudieron detener a la combativa Almendárez, la minimizaron. En abril del 2021, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, emitió la recomendación 29/2021 dirigida al doctor en derecho y la ombudsman estatal, Giovana Iztel Arguelles, por violaciones a las garantías constitucionales, a la integridad personal, legalidad y seguridad jurídica, faltas a la debida diligencia y omisiones en agravio de la trabajadora. Exigieron investigue y en su caso, realizar acciones correspondientes para garantizar la autonomía e independencia de la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado, para que se cumpla con lo establecido, respecto a la contratación del personal de confianza. A Lara Arguelles le recomendó apegarse a la ley y contratar solo personal de confianza.

Carreras estuvo en la cuerda floja cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos pudo recomendar al senado, llamarlo a comparecer por el cúmulo de omisiones y permitir que una trabajadora sufriera violencia de género y laboral. Ordenó el despido de Juan Martín Gática. El 22 de junio, la Seduvop decidió actuar en cumplimiento de la recomendación 3/2021 en la que se pidió a Carreras separarlo, por estar involucrado en abuso y acoso sexual. El cese de Gática se mantuvo hermético, se ventiló hasta la primera semana de julio del 2021. El 5 de julio, Leopoldo Stevens, mediante el oficio DT-07/062/2021, le informó al secretario de gobierno, Jorge Daniel Hernández Delgadillo, sobre el cumplimiento del octavo punto de la recomendación, en la que pedía el cese del infractor. En el documento, sin el menor detalle, asentó que conforme al procedimiento, “se acreditaron las faltas en que incurrió el imputado, en perjuicio de una compañera de trabajo”.

Informó que se decretó el cese a partir de la fecha de la resolución, el 22 de junio. El mismo día se notificó al trabajador y al representante sindical, el 28. El funcionario aseveró que la trabajadora afectada, ya se encuentra reinstalada en la dirección de administración y finanzas. El veredicto tocó a Lara, que apostó mantenerlo en el gobierno y dejarlo como su relevo. Le encomendó atender una parte de los afiliados. Desde hace tres años no se para en las instalaciones del edificio, atiende en una casa de la avenida Himalaya, fraccionamiento Lomas Cuarta Sección. Gática encabeza los plantones. La representa en visitas a las dependencias y reuniones con trabajadores, cuando ya está fuera del gobierno estatal.

La lucha sin tregua de Almendárez durante ocho años, donde ventiló las intromisiones de Lara en su caso, debilitó a la cacique sindical. Lara menospreció a la trabajadora, por encima de los estatutos, la dejó desprotegida. Ni siquiera la sometió a la comisión de honor y justicia del sindicato, violentó sus derechos y cobijó al agresor, que parece su socio o prestanombres de negocios. Pero el cese de su alfil, la tambaleó. Luego vino otro descalabro. En cumplimiento a la recomendación 29/2021, suspenden las prestaciones a más de 70 sindicalizados, lo que provocó que el 4 de agosto, tomaran las instalaciones de derechos humanos. Los inconformes declararon a los medios que no sabían las razones. En el período de Jorge Vega Arroyo, de manera silenciosa y con la anuencia del titular, Lara afilió a más de 70 empleados del organismo.

Para evitar cargos por las cuotas sindicales, cambiaron el concepto a gastos varios, sobre los 50 pesos que aportan del presupuesto de la instancia, que contrata y paga de manera autónoma. Lara infringe la ley con el objetivo de tener el control del organismo, desde donde vigiló cada movimiento de Almendárez, que la descubrió. Promovió una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos donde denunció la injerencia del sindicato, lo que la dejó indefensa. Le exigieron no tener trabajadores afilados a sindicatos.

Los empleados se inconformaron al no tener prestaciones sindicales. Lara puso en riesgo la existencia del organismo, afectó su presupuesto. El gobierno federal buscó desaparecerlo y crear en su lugar la Comisión del Bienestar del Pueblo. En la misma circunstancia se encuentra la Comisión Ejecutiva de Atención a Victimas que atiende Vega Arroyo y la Fiscalía del Estado. Giovana Arguelles le quita a los trabajadores los derechos sindicales. Lara se da cuenta que tiene un pie en el aire, por proteger a Gática Izaguirre.

El presunto gobernador electo, Ricardo Gallardo, adelantó que busca despedir a más de mil trabajadores sindicalizados para sustituirlos con sus seguidores. El ejercicio ya lo hizo su padre Ricardo Gallardo Juárez en la etapa que fue alcalde de la capital. Lara apoyó al candidato de la coalición Sí por San Luis, Octavio Pedroza. También carga una denuncia penal de los maestros de tele secundarias, a los que afectó con pérdidas millonarias, al invertir sus fondos en inversiones especulativas de alto riesgo. También la investigan por enriquecimiento ilícito. El futuro inmediato de Lara se complica.

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