Los descalabros de la cacique sindical Bernardina Lara Arguelles

8 septiembre, 20219:27 pmAutor: Elida Mendoza VillanuevaCapital Noticias

Mar√≠a de Jes√ļs Almend√°rez Prieto, jefa de departamento de la direcci√≥n de administraci√≥n y finanzas en la Secretar√≠a de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras P√ļblicas, puso al borde del precipicio a Bernardina Lara Arguelles, casi l√≠der vitalicia del sindicato mayoritario de gobierno del estado, cuando despu√©s de 8 a√Īos de presiones, fue cesado el ex delegado sindical, Juan Mart√≠n G√°tica Izaguirre, sujeto a c√°rcel condicional por los delitos de acoso y abuso sexual que cometi√≥ en su contra. Se presume que la ca√≠da de Lara es inminente. Se desfond√≥, no pudo sostener a su pupilo, √ļnico prospecto para heredarle el cargo que mantiene desde hace m√°s de 30 a√Īos. Pero adem√°s puede resultar su prestanombres, como se√Īal√≥ el organismo Ciudadanos Observando.

En el 2013, Almend√°rez Prieto promovi√≥ una denuncia penal por abuso y acoso sexual contra su compa√Īero de trabajo y delegado sindical, Juan Mart√≠n G√°tica Izaguirre, ante el ministerio p√ļblico. Previo a recurrir a la justicia, inform√≥ a Lara del caso y le pidi√≥ intervenir. La l√≠der sindical no la apoy√≥, la desde√Ī√≥. Promovi√≥ que fuera puesta a disposici√≥n ante la Oficial√≠a Mayor de gobierno del estado, luego reubicada en tres dependencias. En el 2015, por petici√≥n de Lara Arguelles, fue removida al Instituto de la Mujeres. Despu√©s de concluir su tiempo en la dependencia, se fue a la Secretar√≠a de Educaci√≥n, donde no se le admiti√≥. Luego regres√≥ a la Oficial√≠a Mayor, donde la mantuvieron debajo de las escaleras sin hacer nada. M√°s adelante la mandaron a la Secretar√≠a de Cultura, al √°rea de archivo, donde estuvo inactiva.

Sin embargo a G√°tica lo mantuvo a salvo. No lo removi√≥ de su puesto de jefe de departamento de la direcci√≥n de planeaci√≥n de la dependencia ni de la representaci√≥n sindical. Lo protegi√≥, lo sum√≥ al comit√© del sindicato, le asign√≥ la cartera de Acci√≥n Pol√≠tica. Cuando Lara fue diputada local, se lo llev√≥ al congreso como asistente. Con su anuencia, encabeza los plantones del sindicato contra el gobierno. Adem√°s, recorre las dependencias y representa al sindicato en reuniones de trabajadores, no obstante estar cesado. En junio del 2014, el juez quinto del ramo penal, Francisco Rodr√≠guez Zapata, le dict√≥ auto de formal prisi√≥n a G√°tica Izaguirre por el probable agravio de abuso sexual contra su compa√Īera, pero sali√≥ libre al pagar una fianza. Enfrent√≥ el proceso en libertad. Entonces era el encargado de licitaciones p√ļblicas de la direcci√≥n de planeaci√≥n y seguimiento de la secretar√≠a cuyo titular era su cu√Īado, Juan Gerardo Ferretiz. El funcionario p√ļblico evadi√≥ la justicia el 21 de mayo cuando hubo una orden de aprehensi√≥n en su contra, pero el juez primero del ramo penal, Jos√© Manuel Quisti√°n Espericueta, le otorg√≥ un amparo.

En el 2018, el defensor del inculpado, Oth√≥n Terrazas V√°zquez, consigue que el juez quinto del ramo penal, Jos√© Mar√≠a Ponce de Le√≥n Montes, dicte absoluci√≥n a su cliente por falta de pruebas. ‚ÄúLa denuncia sola resulta un hecho aislado, que no se corrobora por otros medios. Es insuficiente para afirmar que el enjuiciado despleg√≥ una conducta de acci√≥n traducida a excitar o satisfacer los placeres, lo que implica, realice, desarrolle o lleve a la pr√°ctica, caricias, fricciones y manejos de cualquier forma. Al no haberse probado tal extremo, no es posible condenar en sentencia definitiva al procesado‚ÄĚ. Almend√°rez cambi√≥ de abogado que dej√≥ pasar los t√©rminos y fue rebasado. Contrat√≥ al litigante Tom√°s Ricardo Z√°rate Coronado, que promueve un amparo contra la sentencia absolutoria del juez ante la quinta sala del poder judicial del estado, que ordena a Ponce de Le√≥n reponer el procedimiento y desahogo de pruebas que nunca se hizo. La defensa le pide al juez, requiera a Lara, para que de cuenta si el inculpado pertenece al sindicato como secretario de acci√≥n pol√≠tica y confirme que uno de los n√ļmeros de celulares que us√≥ G√°tica para acosar a la v√≠ctima, pertenece al gremio.

Lara env√≠a un escrito al juez donde se√Īala que el inculpado es solo un trabajador sindicalizado y que el n√ļmero de celular no pertenece al sindicato. La defensa la requiere para que confirme el escrito. Lara se ampara y evade la justicia. Ignora que al no acudir, su declaraci√≥n queda confirmada. Almend√°rez exhibe a Ponce de Le√≥n en su intento de torcer la justicia para favorecer al agresor. Le advierte que si vuelve a hacer lo mismo, lo denunciar√° en lo penal. En abril del 2019, despu√©s de tres a√Īos, sin salida Ponce de Le√≥n, sin desahogar una serie de pruebas, como la grafosc√≥pica, donde se confirm√≥ que las letras de los mensajes que envi√≥ a la v√≠ctima son de su autor√≠a, dict√≥ sentencia condenatoria definitiva contra Juan Mart√≠n G√°tica por los delitos de acoso y abuso sexual en contra de Mar√≠a de Jes√ļs Almend√°rez Prieto. Lo conden√≥ a cuatro a√Īos tres meses de prisi√≥n y una multa cercana a los 4 mil pesos. El encierro lo cumple en libertad condicional luego de cubrir el pago de la fianza.

Almend√°rez solicit√≥ al gobernador Jun Manuel Carreras y Stevens, cesar a su agresor y cumplir con el art√≠culo 55 de la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado, que en el apartado V1 establece: las instituciones p√ļblicas de gobierno podr√°n quitar al trabajador, sin incurrir en responsabilidad, cuando cometa actos inmorales durante su desempe√Īo. Pero nunca atendieron la demanda. Lara Arguelles ten√≠a mayor influencia, expandi√≥ sus tent√°culos hasta la Comisi√≥n Estatal de Derechos Humanos para vigilar e intentar frenar otra vez a su detractora. Por encima de la ley, afili√≥ a su sindicato a m√°s de 70 empleados del √≥rgano, sin considerar que se trata de un ente aut√≥nomo. Su injerencia qued√≥ al descubierto cuando la visitadora y responsable de llevar los expedientes de quejas y recomendaciones de Almend√°rez, la incondicional M√≥nica Tenorio, se excus√≥ de manejar el asunto y marc√≥ copia de la decisi√≥n al sindicato mayoritario.

Almend√°rez utiliz√≥ la v√≠a jur√≠dica y pol√≠tica para demandar justicia. Bloque√≥ el acceso a la oficial√≠a mayor donde se encaden√≥ un mes. Logr√≥ la reinstalaran a su √°rea de trabajo, mediante el escrito que emiti√≥ la Comisi√≥n Estatal de Derechos Humanos. Lara Arguelles azuz√≥ a 98 sindicalizados para evitar el regreso de la quejosa. Mediante un documento, solicitaron al entonces oficial mayor, El√≠as Pecina Rodr√≠guez, que no la regresara, ya que afectar√≠a el clima laboral estable, arm√≥nico y no volver a la intriga, esc√°ndalo y el conflicto. La acusaron de ser conflictiva en extremo, provocarle coma diab√©tico a un ex compa√Īero, incurrir en comportamientos inadecuados y de mentir para hacer da√Īo. El estado simul√≥ ayudarla, cre√≥ una oficina donde la mantuvo en un escritorio sin hacer nada.

En abril del 2019 Almend√°rez promovi√≥ una queja en la Comisi√≥n Nacional de Derechos Humanos en la que se√Īal√≥ al gobernador Juan Manuel Carreras L√≥pez, Leopoldo Stevens Amaro y al presidente de la Comisi√≥n Estatal de Derechos Humanos, Jorge Andr√©s L√≥pez Espinosa, de permitir en el √≥rgano, trabajadores afiliados y contravenir la ley que norma la dependencia. Refiri√≥ que M√≥nica Tenorio dej√≥ su expediente y le marc√≥ copia al sindicato, lo que le caus√≥ da√Īo, ya que G√°tica lo mir√≥. En enero del 2021, la Comisi√≥n Nacional de Derechos Humanos envi√≥ la recomendaci√≥n 3/2021 a Carreras L√≥pez, le solicit√≥ pedir una disculpa p√ļblica a la afectada por ser omiso, reparar el da√Īo integral y destituir al responsable. Adem√°s, regresar a la v√≠ctima al centro de trabajo original. Le dieron un plazo de tres meses para su cumplimiento. Las dos primeras peticiones no se cumplieron, pues se acab√≥ el sexenio.

Carreras y Lara no pudieron detener a la combativa Almendárez, la minimizaron. En abril del 2021, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, emitió la recomendación 29/2021 dirigida al doctor en derecho y la ombudsman estatal, Giovana Iztel Arguelles, por violaciones a las garantías constitucionales, a la integridad personal, legalidad y seguridad jurídica, faltas a la debida diligencia y omisiones en agravio de la trabajadora. Exigieron investigue y en su caso, realizar acciones correspondientes para garantizar la autonomía e independencia de la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado, para que se cumpla con lo establecido, respecto a la contratación del personal de confianza. A Lara Arguelles le recomendó apegarse a la ley y contratar solo personal de confianza.

Carreras estuvo en la cuerda floja cuando la Comisi√≥n Nacional de Derechos Humanos pudo recomendar al senado, llamarlo a comparecer por el c√ļmulo de omisiones y permitir que una trabajadora sufriera violencia de g√©nero y laboral. Orden√≥ el despido de Juan Mart√≠n G√°tica. El 22 de junio, la Seduvop decidi√≥ actuar en cumplimiento de la recomendaci√≥n 3/2021 en la que se pidi√≥ a Carreras separarlo, por estar involucrado en abuso y acoso sexual. El cese de G√°tica se mantuvo herm√©tico, se ventil√≥ hasta la primera semana de julio del 2021. El 5 de julio, Leopoldo Stevens, mediante el oficio DT-07/062/2021, le inform√≥ al secretario de gobierno, Jorge Daniel Hern√°ndez Delgadillo, sobre el cumplimiento del octavo punto de la recomendaci√≥n, en la que ped√≠a el cese del infractor. En el documento, sin el menor detalle, asent√≥ que conforme al procedimiento, ‚Äúse acreditaron las faltas en que incurri√≥ el imputado, en perjuicio de una compa√Īera de trabajo‚ÄĚ.

Inform√≥ que se decret√≥ el cese a partir de la fecha de la resoluci√≥n, el 22 de junio. El mismo d√≠a se notific√≥ al trabajador y al representante sindical, el 28. El funcionario asever√≥ que la trabajadora afectada, ya se encuentra reinstalada en la direcci√≥n de administraci√≥n y finanzas. El veredicto toc√≥ a Lara, que apost√≥ mantenerlo en el gobierno y dejarlo como su relevo. Le encomend√≥ atender una parte de los afiliados. Desde hace tres a√Īos no se para en las instalaciones del edificio, atiende en una casa de la avenida Himalaya, fraccionamiento Lomas Cuarta Secci√≥n. G√°tica encabeza los plantones. La representa en visitas a las dependencias y reuniones con trabajadores, cuando ya est√° fuera del gobierno estatal.

La lucha sin tregua de Almend√°rez durante ocho a√Īos, donde ventil√≥ las intromisiones de Lara en su caso, debilit√≥ a la cacique sindical. Lara menospreci√≥ a la trabajadora, por encima de los estatutos, la dej√≥ desprotegida. Ni siquiera la someti√≥ a la comisi√≥n de honor y justicia del sindicato, violent√≥ sus derechos y cobij√≥ al agresor, que parece su socio o prestanombres de negocios. Pero el cese de su alfil, la tambale√≥. Luego vino otro descalabro. En cumplimiento a la recomendaci√≥n 29/2021, suspenden las prestaciones a m√°s de 70 sindicalizados, lo que provoc√≥ que el 4 de agosto, tomaran las instalaciones de derechos humanos. Los inconformes declararon a los medios que no sab√≠an las razones. En el per√≠odo de Jorge Vega Arroyo, de manera silenciosa y con la anuencia del titular, Lara afili√≥ a m√°s de 70 empleados del organismo.

Para evitar cargos por las cuotas sindicales, cambiaron el concepto a gastos varios, sobre los 50 pesos que aportan del presupuesto de la instancia, que contrata y paga de manera autónoma. Lara infringe la ley con el objetivo de tener el control del organismo, desde donde vigiló cada movimiento de Almendárez, que la descubrió. Promovió una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos donde denunció la injerencia del sindicato, lo que la dejó indefensa. Le exigieron no tener trabajadores afilados a sindicatos.

Los empleados se inconformaron al no tener prestaciones sindicales. Lara puso en riesgo la existencia del organismo, afectó su presupuesto. El gobierno federal buscó desaparecerlo y crear en su lugar la Comisión del Bienestar del Pueblo. En la misma circunstancia se encuentra la Comisión Ejecutiva de Atención a Victimas que atiende Vega Arroyo y la Fiscalía del Estado. Giovana Arguelles le quita a los trabajadores los derechos sindicales. Lara se da cuenta que tiene un pie en el aire, por proteger a Gática Izaguirre.

El presunto gobernador electo, Ricardo Gallardo, adelantó que busca despedir a más de mil trabajadores sindicalizados para sustituirlos con sus seguidores. El ejercicio ya lo hizo su padre Ricardo Gallardo Juárez en la etapa que fue alcalde de la capital. Lara apoyó al candidato de la coalición Sí por San Luis, Octavio Pedroza. También carga una denuncia penal de los maestros de tele secundarias, a los que afectó con pérdidas millonarias, al invertir sus fondos en inversiones especulativas de alto riesgo. También la investigan por enriquecimiento ilícito. El futuro inmediato de Lara se complica.

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