El litigante Marco Barrera Vázquez, asesor jurídico del grupo técnico operativo que demandó al congreso del estado por no pagarles el trabajo previo que realizaron sobre la fallida consulta indígena. Calificó de antidemocrática, omisa y subdesarrollada, la reforma electoral que aprobaron los diputados el 30 de junio. “Se hizo de manera fast track para que no se discutiera en público el contenido del dictamen. Hasta ahora, los electores estamos con la incertidumbre sobre cuál es el statu quo de nuestros derechos políticos�. Indicó que a los pueblos y comunidades indígenas no se les respetó el derecho a la consulta previa en asuntos que les atañen. Desde el 2001, se estableció en la constitución de México, realizar las consultas previas, al reformarse el artículo segundo y reconocer el tratado 169 de la Organización Internacional del Trabajo. El congreso tardó 8 años en expedir la ley de consulta y ahora que la iban a aplicar, la pandemia les dio la excusa para suspenderla.

Añadió que por un cálculo de riesgos, los diputados decidieron realizar la consulta, pues existe el antecedente de tres fallos en contra, de tribunales, por no respetar la norma. No porque les haya interesado respetar la constitución, los derechos humanos de los indígenas o ser promotores de la democracia. En el 2017, la Suprema Corte de Justicia de la Nación anuló una reforma del congreso en cuestiones indígenas, por no haberlos consultado. La acción de inconstitucionalidad la promovió la Comisión Estatal de Derechos Humanos. El segundo caso aludió a un juicio de amparo contra el ejecutivo del estado, para dejar sin efecto el Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021 y reponerlo para que se incluyera la consulta a los pueblos y comunidades indígenas.

El último se dio con el ayuntamiento de San Luis. El 29 de abril del 2020, el Tribunal Estatal Electoral dejó sin efecto el nombramiento de Zenón Santiago Cervantes como director de la Unidad para la atención de los pueblos indígenas y le ordenó al alcalde, Xavier Nava Palacios, reparar el proceso. El tema lo impugnaron integrantes de los grupos indígenas Triqui y Mazahuas. Añadió que si el congreso decidió suspender la consulta indígena por la contingencia sanitaria, entonces también debió posponer la reforma electoral. Precisó que las acciones afirmativas en beneficio de los grupos, que dejó el legislativo en manos del Consejo Estatal Electoral, para cumplir con el procedimiento, se harán post reforma. La constitución señala que deben realizarse previa reforma.

“Lo más grave es que en medio de la pandemia, se agudizó la violación de los derechos humanos en Latinoamérica,  con profundas desigualdades. También sirvió para que los sistemas autoritarios se reafirmen y las personas más pobres sigan marginadas�. Barrera Vázquez refirió que ante tantas violaciones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió la recomendación 1/2020  denominada Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, que en el punto 57 pide a todos los países abstenerse de promover iniciativas legislativas y avances en proyectos productivos o extractivos en territorios de los pueblos indígenas, en virtud no poder llevarse a cabo los procesos de consulta previa, libre e informada�.

Consideró que los diputados debieron esperar para realizar las reformas y postergar el inicio del  proceso electoral como ha ocurrido en otros países. “A la luz pública aparecen las conductas individuales y corporativas de los diputados, ninguno de los 27 se opuso o defendió los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Son cómplices de la canallada o están impreparados para ejercer el cargo. Las comunidades indígenas no se van a quedar calladas. Es casi seguro que vayan interponer amparos contra la reforma electoral. Cuentan con 30 días hábiles a partir de que se publiquen en el Periódico Oficial del Estado para impugnar. El problema es que si la reforma se vicia por el tema de la consulta previa y se echa para atrás, van a comprometer la credibilidad del proceso y el resultado de las elecciones. Es lo jurídico. En lo moral, quien resulte electo, aunque sea la mejor persona del mundo, su llegada estaría manchada, porque viene de un árbol podrido, es fruto de un atropello�.

No descartó que producto de las impugnaciones, la reforma electoral pudiera quedar sin efectos y entonces llegar a manos del Consejo Estatal Electoral que puede decidir si continúa la jornada electoral con la ley anterior o la sentencia ordena al congreso reponer la reforma. Barrera aludió a otro tema que se eludió, la sobre representación de los partidos pequeños y su falta de trasparencia en el ejercicio del cargo. “En San Luis tienen mucho poder, se les permite ser parte de la Junta de Coordinación Política. Es antidemocrático, porque uno o dos legisladores, con muy poco respaldo de votos, toman decisiones que corresponden a la mayoría�. Se pronunció por reformas a la ley electoral que permitan contar con un sistema de recompensas y castigos para quienes ocupen cargos electivos, como existen en otras democracias.

Condicionar lleguen personas capacitadas, con conocimientos. Dijo que en México existe todavía un sistema arcaico, donde los legisladores cobran cifras estratosféricas de dinero por un trabajo que desempeñan de manera deficiente. No corresponde a un ingreso estándar de las clases sociales a las que pertenecen. La política de partidos se ha vuelto un negocio, que no atrae a las mentes más sanas en términos psicológicos ni las personas más idóneas. Propuso que los cargos fueran  honoríficos, para que lleguen individuos con amor a la patria, instituciones, estado de derecho y al bienestar público. “Entonces tendríamos los indicados. Hay muchos mexicanos de gran valor, que luchan en otras trincheras, pero no les interesa acercarse a un partido, porque existe un sistema que no es de méritos, muy viciado. Se requieren otro tipo de atributos, muy nefastos�.

“Las candidaturas ciudadanas tienen muchos obstáculos para ser construidas. Los partidos no quisieron echarse la soga al cuello. Cuando se hizo la reforma, no quisieron arruinar el negocio de la clase política. Las caras nuevas, son puros juniors que desde el sexenio pasado empezaron a surgir para no soltar el poder. Llegan al puesto con la mira de hacerlo un negocio, no por las razones correctas�. Barrera señaló que para lograr los cambios, “la gente debe seguir el rol de no dejarse. Con tribunales cada vez más independientes, el empuje de organizaciones de derechos humanos, periodistas, luchadores sociales, la injerencia activa de los ciudadanos a través de las redes sociales y las nuevas generaciones más preparadas, se atestigua el fin de la clase política que da sus últimas expresiones tortuosas�.

Barrera Vázquez, que ha litigado más de 400 controversias constitucionales, asesora al grupo técnico operativo que reclama al congreso del estado, el pago de 900 mil pesos de honorarios y gastos que cubrieron de su bolsa para realizar los trabajos de la consulta indígena, que se suspendió por la pandemia. Aceptó representar al grupo de 18 personas, porque se cometía una injusticia en su contra y un intento de estafa. “Todos son profesionistas, vienen de comunidades muy pobres, algunos, los únicos que estudiaron en sus pueblos, constituyen la excepción de la regla. Son padres, la mayoría mujeres. Hay una persona con embarazo de alto riego. Los quieren tratar como desechos. Pretextan que no se hizo la consulta para no pagarles. Les ponen todo tipo de excusas�.

Expuso que sus representados cumplieron hasta la fase 7 de 13. Efectuaron el trabajo previo de informar y visitar a los ciudadanos en las comunidades, donde realizaron labores de convencimiento. Y de los 900 mil pesos que cobran, 145 mil son de gastos, que para solventarlos en varias ocasiones, tuvieron que pedir prestado a conocidos y familiares. Adeudan 100 mil pesos a dos proveedores y el resto es de salarios, en los que consideran el impuesto sobre la renta y el iva, porque el congreso les exige recibos de honorarios. A la mayor parte los encabeza la secretaria técnica, Marcela Sánchez Flores. Son los mismos que efectuaron con éxito la consulta 2016-2017 para el Plan Estatal de Desarrollo, del poder ejecutivo y lo pudieron socializar porque forman parte de las comunidades indígenas.

Hasta ahora a través de juicio de amparo que se interpuso, admitieron la demanda. Les concedieron la suspensión de plano para que el congreso les pague. Barrera presentó como prueba contundente, toda la consulta que el grupo realizó para el Plan Estatal de Desarrollo, donde se detalla el aspecto financiero, cómo les pagaron antes, la forma en que acreditaron los gastos, a través de recibos comunitarios, que se basan en la normatividad que expidió el Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas. La defensa del congreso, revictimiza al grupo técnico operativo al exigirles facturas de todo lo erogado. Las comunidades no expiden comprobantes ni cédulas fiscales, menos en la época actual, cuando las oficinas están cerradas.

“¿Cómo le van a pedir facturas a las personas que los trasladan de una comunidad a otra?, es absurdo. Los afectados están renumerados en términos decentes, muy inferiores a lo que le pagan a otros servidores públicos del congreso. El grupo que represento, reclama cantidades irrisorias por viáticos, no hay mala fe. En el congreso se hacen tontos, dicen que deben acreditar, cuándo les prometieron una cifra. Es una grosería, confiamos en el juicio de amparo. Estamos en manos de jueces y magistrados, tenemos fe en el estado de derecho. El juicio de amparo es lo que mantiene en pie al país. Los legisladores muestran su verdadero valor humano. Como no tienen ningún beneficio personal, no les importa saldar pendientes�.

Barrera consideró que los 4 millones 302 mil pesos que destinaría el congreso para la consulta indígena, es una cifra baja, en términos de lo que ejercen. Parte de los recursos se iban a utilizar para traducir 18 iniciativas a las lenguas originarias, convocatoria, campañas publicitarias, equipos, mobiliarios y pago de salarios. Realizar una consulta es como un proceso electoral, donde se tienen que efectuar reuniones con todos los pueblos e informales en qué consiste antes de votar. Tales acciones deben costar 18 millones de pesos, todavía una cifra razonable, si se compara con lo invertido en los comicios y lo que se destina a los partidos. En año de elecciones, el gobierno federal dilapida el 2% del presupuesto de egresos.

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