La Procuraduría Agraria, eje del robo a campesinos

21 abril, 201710:35 pmAutor: Juan Pablo MorenoCapital Noticias

Especuladores locales y foráneos, coludidos con funcionarios de la Procuraduría Agraria, se apropiaron con artimañas de 621 hectáreas de uso común del ejido Laguna de San Vicente en Villa de Reyes. Compraron el metro cuadrado a 30 pesos a través de asambleas manipuladas. Los nuevos dueños de los predios son Fernando Pablo Villarreal Ballesteros, Gustavo Alfonso Lozano Ardines, Juan Carlos y Eduardo Martín López Rodríguez, Manuel Sáinz de la Hidalga, Julio César Medina Tovar, Edgardo Antonio Meade de Zamacona, Enrique Zabal Cerdeira, José Antonio Vallarta Porras, Francisco Xavier Ponce de Léon Aguilar, Eduardo Cerillo Alemán, Ana Cecilia González Rodríguez, José Antonio Alanís Nieves y Andrés de los Santos Pizzuto, nieto del ex gobernador Marcelo de los Santos y del ex alcalde de la capital, Guillermo Pizzuto Zamanillo.

Los ventajosos compradores, coludidos con la notaria 2 de Villa de Reyes, Magdalena Sofía Foyo Mancilla, manipularon el contenido de una acta de asamblea del 10 de junio de 2016, donde presuntamente, los ejidatarios aceptaron la adopción del domino pleno, para poder vender y recibieron a los intrusos como nuevos ejidatarios y avecindados. Las víctimas firmaron hojas en blanco, porque desde hace 10 años en el ejido no se cuenta con un libro de actas. La fedataria alteró el contenido para protocolizar el documento. La asamblea fue presidida por el visitador de la Procuraduría Agraria, Ãlvaro Pineda Maldonado y otros dos sujetos. Uno se hizo pasar como funcionario de la dependencia, el ingeniero Cecilio Torres, que se encontraba asignado a la huasteca. A algunos ejidatarios le informaron que se abordaría una posible venta de tierras. Pero cuando llegaron los compradores, ya tenían los cheques elaborados, para pagarle a 199 campesinos. A cada uno le darían 900 mil pesos en tres partes. Luego con chicanas, les aplazaron los abonos. Una parte aceptó que las 621 hectáreas se cambiaran de uso común a tierras parceladas y entregarlas a los industriales. Pero hay 45 ejidatarios que se niegan a reconocer los términos del escrito, menos a vender las parcelas. Sin embargo, 5 fueron doblegados. Son ancianos que no escuchan y firmaron. Se fueron con la inercia. Los otros 40 no recibieron pago alguno.

Foyo no consignó que se trate de una compra-venta. La anotó como asignación de tierras. La asamblea determinó ceder las 620 hectáreas en parcelas a cada uno de los compradores. Un ejemplo burdo se explica con Manuel Sáinz, oriundo del Distrito Federal. Le le entregaron 53 parcelas. A la ejidataria María Martínez Maya, 22. Entre ambas personas concentran una superficie que supera las 200 hectáreas. A Sáinz se le aceptó como nuevo ejidatario, sin tener derecho. No es avecindado ni hijo de beneficiarios. Se dedicó dos años antes a visitar cada domicilio para coaccionar a los moradores. Se valió de Martínez Maya y María de Jesús Molina Rosas, quienes le indicaban las carencias de sus vecinos para atinarle al clavo de la necesidad. En la manipulada asamblea se asignaron los derechos de 14 parcelas con una superficie por más de 313 hectáreas. A Ana Cecilia González Rodríguez le tocaron 2. A Fernando Pablo Villarreal Ballesteros una. Gustavo Alfonso Lozano Ardines 2. Andrés de los Santos Pizzuto 3. Eduardo Martín López Rodríguez 1. José Antonio Alanís Nieves 2. Juan Carlos López Rodríguez 3. Se distribuyeron 6 parcelas con una superficie que supera las 90 hectáreas. A Enrique Zabal Cerdeiria le asignaron 1. A Edgardo Meade de Zamacona 1. A José Antonio Vallarta Porras 1. A Francisco Xavier Ponce de León Aguilar 2. A Eduardo Cerrillo Alemán 1. Se aceptaron en total a 15 nuevos ejidatarios y avecindados.

Otro que se coló como falso ejidatario es José Francisco Pacheco Rodríguez, que aparece desde el 2013 como el número uno del padrón. A Pacheco y Pablo Villarreal Ballesteros se les ubica con el mismo modus operandi en las franjas industriales de Nuevo León y Jalisco. Los ejidatarios rebeldes tampoco aceptan que las restantes 450 hectáreas de uso común, sean vendidas en un futuro al ayuntamiento de Villa de Reyes o gobierno estatal, como se estableció. Si se concreta el abuso, se extinguiría el ejido Laguna de San Vicente, uno de los más grandes de la zona. Foyo fue denunciada ante la procuraduría de justicia por los delitos de fraude y falsificar documentos. Los llamados inversionistas incursionaron a través del cabildero, el ex visitador de la Procuraduría Agraria y ex alcalde de Real de Catorce, Héctor Moreno Arriaga.

Es un intermediario que aparece en las primeras ventas ejidales a la firma Bachoco, Parque Logístico y General Motors. Se empezó a ligar con el ex comisariado José Carmen Guanajuato Carranza, que se convirtió en el cacique del ejido, donde impuso durante años al que más le convenía. A Moreno lo protege también el ex secretario de gobierno y diputado federal, Cándido Ochoa Rojas, lo que les ha permitido imponerse con amenazas y violencia. Moreno se ostenta desde hace 10 años como asesor legal de los ejidatarios a los que manipula con descaro. Incluso les maneja otros asuntos en su despacho privado. Los ayuda a cobrar cuentas vencidas de una carretera que hizo General Motors. Ha sido padrino de varias generaciones de estudiantes y compadre de incontables campesinos a los que controla con dádivas. Le ayuda en sus labores de engaño su asistente Guillermo Cortés de Jáuregui, ex visitador de la Procuraduría Agraria, conocido por su carácter intimidatorio. A cualquiera que se le opuso, lo confrontaba con descalificaciones. El astuto ex edil aprovechó su cargo para olfatear el crecimiento urbano e industrial y sacar ventaja. Se dedicó a cazar a ejidatarios ingenuos que se imaginaron los iba a ayudar por tratarse de un funcionario. Moreno, junto con Sáinz de la Hidalga, previo a la asamblea del 2016, aprovecharon el 10 de mayo. En el salón ejidal, con el beneplácito del comisariado José Guadalupe Gutiérrez Oliva, le entregaron electrodomésticos al grupo que habían doblegado.

Los ejidatarios que se oponen al despojo buscan revertir la ilegal asamblea. Empezar otra vez de cero para decidir de manera libre si quieren o no enajenar las tierras y las condiciones. Los que se rebelan a aceptar espejos tienen como representantes a Margarito Gaspar Martínez, Manuel Piña y Tomás Maya, que ya fue amenazado de muerte…continúa (tomado de la versión impresa, Marzo 2017)

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