Con un monto en irregularidades que asciende a 269 millones 744 mil 906 pesos, terminó el último año del mandato del ex edil de la capital, Ricardo Gallardo Juárez. Aunque la muestra auditada es mínima, se encontraron daños al patrimonio y hacienda pública municipal. Uno de los fondos analizados abarca 12 obras, donde se exhibió el manejo irregular de los recursos. En tres años, el también comerciante pollero realizó un total de mil acciones. Casi al final, simuló hacer un puente en Fray Diego de la  Magdalena, donde canalizó un monto superior a los 160 millones y no pegó un ladrillo. Apenas se han recuperado 54 millones. La Auditoria Superior del Estado no la consideró en sus pesquisas.

La instancia apenas consideró los fondos de los recursos fiscales, el de aportaciones para la infraestructura social municipal y de las demarcaciones territoriales del distrito federal. En recursos fiscales se manejó un presupuesto por mil 75 millones 537 mil 611.40 pesos, de los cuales se ahondó en 861 millones 370 mil 98. 50 pesos, que corresponden al 80%. Hubo 16 observaciones de las cuales ninguna fue solventada. Otros 17 reclamos generaron 9 pliegos de comentarios, 6 de responsabilidad administrativa sancionatoria, 10 promociones del ejercicio de comprobación fiscal y una recomendación.

Destacan fallas en el rubro de materiales y suministros, donde se omitieron documentos en los procesos de adjudicación. Hay pagos no comprobados por 19 millones 573 mil 842 pesos en la compra de diversos insumos. Reclamaron 3 millones 231 mil 26 pesos. Se desconoce en qué fueron invertidos. Se agregan 3 millones 560 mil 876 pesos por el pago de facturas que resultaron canceladas. Los recursos no fueron remunerados.

En servicios generales, no comprobó el gasto de 41 millones 345 mil 971 pesos por el pago a dos  proveedores.  Se suma un posible daño a la hacienda pública por 91 millones 834 mil 542 pesos, por gastos sin destino ni justificado a 25 proveedores. Se hizo un gasto por 3 millones de pesos a dos proveedores. Otros 37 millones 806 mil 593 pesos a 7 proveedores que no justificaron el cobro de sus servicios.

En el concepto de penas, multas y accesorios que no estuvieron justificadas, se presume un daño al erario por más de 39 millones de pesos. En la suscripción de contratos, no se presentó evidencia documentada por un total de 614 mil 800 pesos que justifiquen el pago de servicios por concepto de asesorías legales, contables, de consultoría y capacitación.

En el rubro de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, la ASE expuso que hubo gastos por 8 millones 265 mil 718 pesos, los cuales no contaron con el soporte documental. Al revisar contratos de adquisiciones, se verificó que no se adjudicaron mediante invitación restringida. Se entregaron a dos proveedores, los cuales excedieron los montos máximos con un importe de 492 mil 150 pesos.

En el rubro de análisis financieros, se afectaron registros a cuenta de ejercicios anteriores por conceptos no pagados y no autorizados en el presupuesto financiero del 2018. Al concluir el análisis del fondo de recursos fiscales, la ASE determinó observaciones que deben ser solventadas y comprobadas por un millón 248 mil 293 pesos. Se catalogó como negativo el actuar financiero y administrativo.

El fondo de aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal tuvo 85 millones 458 mil 534 pesos. Se revisaron 79 millones 460 mil 283 pesos, que representan el 93%.

En el rubro destino de los recursos, se presume un daño a la hacienda pública por 6 millones 234 mil 166 pesos. No se ejercieron y no se acreditó el regreso a las cuentas municipales. Se determinó sancionar a los funcionarios que omitieron destinar el 70% de los fondos a proyectos denominados de “incidencia directa�.

En el rubro de transparencia del ejercicio de los recursos, se destacaron anomalías por parte de servidores públicos que omitieron adjudicar obras de acuerdo a los montos máximos y mínimos establecidos. En 7 de 12 obras auditadas, no se cumplen los requisitos normativos. Se giró una orden sancionadora a funcionaros que omitieron licitar las obras. Uno de los beneficiados no aparecía en el padrón estatal de contratistas. Se omitieron los convenios de las obras.  En dos, ocultaron el dictamen técnico del acuerdo. En 10 no presentaron documentos del acta de entrega. Se suma otra sanción más a una obra en la que no se presentó la fianza de vicios ocultos. En 3 no se presentó la validación de la dependencia normativa. En 3 se omitieron presentar las tarjetas de los precios unitarios de las obras. Se agregan sanciones por el daño a la hacienda en tres obras que presentan volúmenes pagados en exceso por un monto de 226 mil 454 pesos. Se agregan 7 obras más que tenían un sobre precio por un total de 2 millones 224 mil 263 pesos. En 4 de 12 obras se presume daño a la hacienda por un monto de 880 mil 950 pesos por concepto de documentos comprobatorios de gastos. Se agregan presuntos daños por 21 millones 505 mil 704 pesos por faltantes comprobatorios de gastos en 3 obras.

En el fondo de infraestructura municipal, la ASE exigió aclarar un monto de 21 millones 505 mil 704 pesos correspondientes a 31 observaciones de las cuales solo 12 fueron solventadas. Las 19 restantes generaron 5 pliegos de observaciones, 13 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, una recomendación y una aclaración.

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