Gabo Salazar también irrumpió con sus ofertas en el congreso local

27 mayo, 20209:11 pmAutor: Oralia Guzmán MendozaCapital Destacada Noticias

El empresario y mercadólogo potosino, Alan Gabriel  Salazar Soto, denunciado por defraudar a decenas de ciudadanos que enganchó para invertir en la firma Invercop Capital Financial, perteneciente al corporativo Infinite, del que se ostenta como presidente y accionista mayoritario, también fue un proveedor recurrente del congreso del estado. Su empresa Cano Soto y Asociados cobró en septiembre del 2017 dos cheques por un total de 144 mil 600 pesos, por servicios de “capacitación en materia de medio ambiente y su vínculo con derechos humanos” y “servicios de capacitación en materia de derechos del trabajador y prestaciones”. En tal época, presidió la Jucopo, el panista Jorge Luis Díaz Salinas. La encargada de la cartera de derechos humanos era la perredista, Dulcelina Sánchez de Lira, sujeta a proceso por manejar facturas fantasmales.

Los pagos de los cheques 6728 y 6729 de Banorte, cada uno por 72 mil 300 pesos, los autorizó la Junta de Coordinación Política, de la pasada legislatura. Salazar también ofreció sus servicios al gobierno del estado, del que recibió a través de la Secretaría de Salud, solo en el 2018, 19 millones de pesos por servicios de mantenimiento, lavandería y limpieza, como reveló una investigación de Ciudadanos Observando. También convenció y deslumbró a empresarios locales de apoyarlo en su sueño de construir el primer rascacielos en San Luis, que nunca se concretó.

Sin temor al riesgo, como lo relata en sus pláticas y conferencias a emprendedores en universidades e instituciones de educación superior, Salazar Soto a través de Cano y Asociados, promovió el 20 de marzo pasado un juicio de amparo que fue radicado ante el juzgado tercero de distrito, en contra de actos del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador y otras autoridades, para que se le condonara, eximiera o prorrogara el pago de impuestos por la emergencia sanitaria del covid 19.

El 3 de abril, el juez tercero de distrito le concedió el amparo y dictó suspensión de plano para que el ejecutivo federal se pronunciara sobre las medidas en materia de condonar impuestos, cuando existe una emergencia, como exigió Soto en el escrito de demanda. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en un comunicado del 7 de abril, calificó de ilegal el amparo concedido al empresario y anunció que lo impugnaría. El 13 abril el primer tribunal colegiado en materia civil y administrativo en San Luis, revocó la suspensión que le fue concedida a Salazar Soto. Ahora tendrá que efectuar su declaración anual 2019 y pagar impuesto por los ingresos obtenidos en el ejercicio fiscal. Su controversia con hacienda, ocurre solo unos días antes de ser acusado de fraude. El 23 de mayo anunció en redes sociales, la inminente quiebra de sus negocios.

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