El congreso del estado aprobó por mayoría de votos, el pasado 13 de octubre, un incremento de 30 millones de pesos al presupuesto que maneja el auditor superior del estado, José de Jesús Martínez Loredo, para el 2017. Los recursos se destinarán en gran parte para sueldos y cubrir cuotas a la directiva de pensiones que en forma injustificada, el órgano fiscalizador retuvo a los trabajadores pero los destinó a otros rubros, se reveló durante las discusiones sobre el tema que sostuvieron los legisladores al aprobar la propuesta.

Con el aumento la ASE dispondrá para el próximo año de 220 millones 649 mil 332 pesos, contra lo autorizado para el ejercicio 2016 que fue de 183 millones 552 mil 237 pesos. La medida fue calificada por algunos diputados como violatoria de la ley y un cheque en blanco que se le otorga a Martínez Loredo para subsanar un déficit o sobregiro que tiene de 36 millones de pesos.

La legisladora de Movimiento Ciudadano, Lucila Nava Piña, que integra la cartera de vigilancia, la que dictaminó la propuesta que se discutió en el pleno, presentó un voto particular donde argumentó que la nueva ley de disciplina financiera, establece que el aumento para el rubro de servicios personales no podrá ser mayor al 3% de lo autorizado en el ejercicio inmediato anterior. Cuando el porcentaje sea mayor al 4%, de acuerdo a la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria para el estado y los municipios, debe presentarse un argumento convincente.

Nava dijo que Martínez Loredo en la propuesta que dirigió a la cartera de vigilancia señaló que tiene proyectado cerrar el ejercicio 2016 con un sobregiro que supera los 36 millones de pesos. Entonces no se justificaba aprobarle un presupuesto mayor al vigente ya que el congreso no podía asumir la pasividad del funcionario que no realizó las gestiones necesarias para que en su caso, se modificaran los montos en tiempo y forma.

«No podemos autorizar ni el presupuesto que solicitó la ASE que fue de 237 millones ni la propuesta superior a los 220 millones de pesos que presentó la cartera de vigilancia. La última cifra equivale a un 16.7% más de lo que permite la ley. El auditor tampoco cumplió con las metas y objetivos que se establecen en base a los indicadores estratégicos y de gestión».

El presidente de la comisión de vigilancia, José Guadalupe Torres, refutó los señalamientos de Nava. Aseguró respecto a la justificante que debe presentarse cuando el aumento sea del 4% o mayor, es una obligación que rige solo cuando se presenta el cierre del ejercicio, por lo que no era el caso. La ley de disciplina financiera marca un aumento del 3%, pero todavía no entra en vigor por lo que tampoco se aplica. Dijo que ante lo complicado de entregar los fondos a la ASE el próximo año, se acordó facilitarlos ahora.

Nava Piña intervino por segunda vez, reconoció que las reformas a la ley entran en vigor en el 2017. Los cambios al presupuesto son para el mismo año, por lo que ya deben aplicarse. Conminó a su compañeros a ser garantes de las leyes que aprueban. Precisó que el 93% del dinero que se autorizó a la ASE es para sueldos y prestaciones.

La diputada panista Josefina Salazar Báez aseguró que el aumento fue un acuerdo conjunto de la cartera de vigilancia y la junta de coordinación política. Los recursos aprobados son necesarios para que el órgano fiscalizador opere y cubra adeudos de pensiones. Aseguró que ya solicitaron un informe para conocer dónde quedó el dinero que se otorgó a la ASE en 2014 y 2015 para el pago de las prestaciones que no se cubrieron. Reveló que la propuesta de 237 millones de pesos que demandó Martínez Loredo, no se aceptó porque contemplaba recategorizar y homologar al personal y se decidió autorizarle solo 220 millones de pesos. Aseguró que el aumento no era un cheque en blanco pues la cartera de vigilancia le exigirá al auditor un análisis de los puestos, funciones y los indicadores de desempeño del personal para que se cumpla con lo que marca la ley. «No podemos colapsar la ASE, el año pasado dejamos pendiente lo de las pensiones. Ahora decidimos reconocer el pasivo, atender el tema para que sea un órgano que opere de manera limpia y con respeto los derechos de los trabajadores».

El dueño de Conciencia Popular, Óscar Carlos Vera Fabregat, respaldó el argumento de Lucila Nava de que la ley de disciplina financiera no les permitía aumentar el presupuesto en más de un 3% y dijo que el responsable del déficit de 36 millones de pesos en la Auditoria Superior debe estar en la cárcel. Aseguró que Martínez Loredo ya tiene un pie fuera por lo que no podían autorizarle el presupuesto a la persona que entrará en su lugar.

Exigió mayores datos del déficit que tiene la ASE y no darle un cheque en blanco. Los que aprobaran el incremento se convertirían en encubridores. Pidió esperar para saber con cuanto personal se va quedar la auditoria porque una parte se pasará al Sistema Estatal Anticorrupción. No darle más dinero por incumplir los indicadores de desempeño.

Calificó de grave que el auditor haya dispuesto del 28% de las retenciones de pensiones de los trabajadores. «El señor cometió un delito y nosotros le aprobamos un aumento, qué cómodo. Los que voten a favor serán cómplices. Si dispuso del dinero fue porque no pidió a tiempo una ampliación, ahora que se ahoga con el barco viene y dice que quiere más. Haremos algo indebido, no cometamos una blasfemia jurídica, una blasfemia legislativa»…continúa(tomado de la versión impresa, Noviembre 2016)

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