Empresarios y políticos se reparten tierras ejidales en La Pila de manera ilegal

17 febrero, 20208:49 pmAutor: Elida Mendoza VillanuevaCapital Noticias

Por encima de la ley, el presidente del comisariado ejidal de La Pila, Pedro Adri√°n Mart√≠nez L√≥pez, junto con un grupo de empresarios y pol√≠ticos potosinos distinguidos, se reparten las tierras del n√ļcleo poblacional. Entre los beneficiarios destaca la familia Lorca Valle y el industrial H√©ctor G√≥mez Valle, ambos ligados al gobernador Juan Manuel Carreras L√≥pez. Tambi√©n¬† forman parte del grupo, el ex diputado local del PRI, Jos√© Luis Romero Calzada. Los boyantes Valladares Garc√≠a.¬† El inmobiliario y arquitecto Roberto P√©rez Centeno. El due√Īo de las gasolineras Max Store, Abraham Tob√≠as G√≥mez. El propietario de Termicentro, Jos√© Vicente Soriano Garc√≠a, que construy√≥ las peligrosas y enormes esferas de gas LP que se ubican en 40 hect√°reas del ejido.

Un grupo de quejosos, encabezados por el ex delegado de La Pila y ex l√≠der de la CNC, Eulogio L√≥pez Delgado y el ex comisariado ejidal, Tob√≠as L√≥pez Delgado, lograron obtener un informe respecto al reparto de tierras que Mart√≠nez y el grupo de poder pol√≠tico y econ√≥mico¬† enquistado en el ejido, realizaron mediante una ilegal asamblea. A los afectados los representa el litigante Carlos Covarrubias Rend√≥n. Se√Īalaron en un documento que el equipo utiliz√≥ para concretar el despojo, a los ex delegados de la Procuradur√≠a Agraria y Registro Agrario Nacional, Felipe Aurelio Torres Torres y Miguel Mart√≠nez Castro, que con el apoyo del gobierno estatal, impusieron por medio de la¬† fuerza p√ļblica, una asamblea de certificaci√≥n, el 18 de noviembre del 2018. Los ex funcionarios federales montaron un operativo policiaco al servicio de empresarios y pol√≠ticos disfrazados de ejidatarios.

Expusieron que en los acuerdos y proyectos del despojo, no son ajenos Carreras y el presidente municipal de San Luis, Xavier Nava Palacios, quienes intentan lograr a toda costa la actualizaci√≥n del Plan del Centro de Poblaci√≥n Estrat√©gico de la Ciudad. Es por lo que el 27 de marzo del 2019, llevaron a cabildo el acuerdo para que el Instituto Municipal de Planeaci√≥n¬† presente la propuesta para incluir las m√°s de 6 mil hect√°reas del ejido. Explicaron que el 17 de julio, el ex presidente del comisariado, Tob√≠as L√≥pez Delgado y otros ejidatarios de La Pila, solicitaron por escrito al Registro Agrario Nacional de San Luis¬† Potos√≠, informara la situaci√≥n¬† del ejido. El 26, mediante el oficio RAN/SLP/DA/ 920/2019, el encargado Mart√≠n Banda Reyna entreg√≥ a los demandantes un documento donde asent√≥ que se expidieron 418 certificados parcelarios y 154 certificados de uso com√ļn. Sobre los solares, inform√≥ que no se hab√≠a expedido ning√ļn t√≠tulo.

Miranda Reyna inform√≥ no tener el ‚Äúdato preciso de los sujetos agrarios beneficiados. Tampoco hab√≠a fecha de una pr√≥xima entrega de ninguna clase de documentos‚ÄĚ. Respecto a la certificaci√≥n registral, manifest√≥ que previo pago de derechos, se les expedir√°n copias certificadas. Banda habl√≥ sobre una segunda revisi√≥n del acta de asamblea de delimitaci√≥n. Dijo que no era posible llevarla a cabo en el momento, ‚Äúsalvo que una autoridad competente¬† lo ordene, debido a que es un tr√°mite interno‚ÄĚ. Sobre los derechos y documentos a favor de Pedro Adri√°n Mart√≠nez L√≥pez, actual presidente del comisariado, ‚Äúles comunico que se le entregaron 95 certificados parcelarios‚ÄĚ.

Explicaron que el grupo de empresarios y políticos beneficiarios de las tierras ejidales, que manifiestan haber comprado sus derechos, los encabeza el magnate de expendios de gasolinas, Abraham Tobías Gómez, que se apoderó de más de un kilómetro de frente de la carretera a México, donde suma más de 40 hectáreas. Las 16 parcelas son la 4, 11, 224, 256, 262, 263, 241, 321, 453, 490, 530, 684, 686,882, 883 y 891. Lo sigue Héctor Gómez Valle, inmobiliario con 80 hectáreas. La familia Lorca Valle posee otras 80 hectáreas, la cabeza de la familia es José Antonio Lorca Valle, sobrino político y compadre del gobernador Juan Manuel Carreras. Lorca aspiró a candidato a diputado local por el Movimiento de Regeneración Nacional. Incluso intentó dirigir el partido en el estado. También aspira a ser gobernador por las mismas siglas.

Otros empresarios que cargan la estafeta de ejidatarios son el inmobiliario Roberto P√©rez Centeno, que aparece con parcelas cercanas a las 80 hect√°reas. El ex diputado local y due√Īo de Tekmol, Jos√© Luis Romero Calzada, tiene cinco hect√°reas. El due√Īo del restaurante El Pac√≠fico,¬† Juan L√≥pez Lara, aparece con 20 hect√°reas. Fue socio del ex aspirante a edil de la capital, Jacobo Pay√°n Latuff. Aparece el presidente del consejo de administraci√≥n y casi due√Īo del Grupo Avicen, Roberto Oliva. El ex coordinador de finanzas de candidatos a gobernadores del PRI y Pay√°n tambi√©n tienen hect√°reas en el ejido. A trav√©s de prestanombres figuran los hermanos Pablo y Miguel Valladares Garc√≠a con m√°s de 50 hect√°reas. Poseen 10 parcelas, la 178, 188, 265, 266, 270, 274, 367,445, 824 y 898. Otro invasor es Jos√© Vicente Soriano Garc√≠a, principal due√Īo de la empresa Termicentro. Tiene a su nombre 40 hect√°reas, donde coloc√≥ sin observar ninguna ley ambiental, las peligrosas esferas de Gas LP.

Explicaron que Banda Reyna, como encargado de las oficinas de la delegaci√≥n del Registro Agrario Nacional, les inform√≥ que se entregaron 95 certificados parcelarios al presidente del comisariado ejidal, Pedro Adri√°n Mart√≠nez L√≥pez, de los cuales 40 est√°n a su nombre y el resto son de las personas que representa con poderes notariales. Los documentos de Mart√≠nez suman 163 hect√°reas y la de sus seguidores 200, donde aparecen Torres Torres y Mart√≠nez Castro. Revelaron que el juez octavo de distrito suspendi√≥ la expedici√≥n de t√≠tulos ap√≥crifos. Solicit√≥ la intervenci√≥n de la Procuradur√≠a Federal de Protecci√≥n al Medio Ambiente, Secretar√≠a del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Tribunal Agrario y juzgados federales. Indicaron que las contralor√≠as federales llevan a cabo varias pesquisas. Advirtieron que el proyecto de Carreras L√≥pez¬† es impulsar en lo que resta de su mandato, 100 nuevas naves industriales en el √°rea del ejido y diversos fraccionamientos, con miles de lotes de alta densidad. Adem√°s, las conexiones, ejes y libramientos que est√°n delimitados y definidos por los empresarios desde hace 8 a√Īos.

Evitar√°n que Nava concrete el proyecto de otorgar el cambio de uso de suelo de las m√°s de 4 mil hect√°reas del n√ļcleo de poblaci√≥n donde los ganones son empresarios, industriales,¬† inmobiliarios y especuladores del suelo urbano. El representante legal y los ejidatarios manifestaron que la repartici√≥n o despojo de tierras ejidales de La Pila al grupo econ√≥mico y pol√≠tico del estado, ¬†¬†son proyectos de la iniciativa privada, con un aparente barniz social. Son autorizaciones arrancadas en el ag√≥nico r√©gimen del ex presidente Enrique Pe√Īa Nieto. Son situaciones que fueron puestas al l√≠mite para que el nuevo gobierno recibiera la presi√≥n pol√≠tica y econ√≥mica. Sin embargo, el nuevo¬† gobierno federal analiz√≥ el caso y resolvi√≥ conforme a la ley. ‚ÄúSe encontraron con un desbarajuste entre las autorizaciones y t√©rminos de legalidad. Lo mismo va a pasar con la v√≠a alterna, con las autorizaciones para el cambio de uso de suelo que ten√≠an del ayuntamiento. Se van involucrar las ¬†autoridades federales, revisar√°n el despojo y otro tipo de situaciones‚ÄĚ.

A√Īadieron que en ¬†La Pila, los constructores e inmobiliarios no tuvieron permiso ambiental para fraccionar. En el caso de San Juan de Guadalupe, hay un lineamiento de la Procuradur√≠a Agraria, de no permitir m√°s inmobiliarias. ‚ÄúAvanzamos, todos los frentes est√°n abiertos, damos la batalla‚ÄĚ. Agregaron¬† que hay una ofensiva social jur√≠dica para la defensa del patrimonio. Obtuvieron un informe donde el Registro Agrario Nacional hace una radiograf√≠a de lo que pasa en el ejido de La Pila, de c√≥mo se asignaron derechos al presidente del comisariado ejidal y empresarios. Expusieron que resulta curiosa la forma en que se generan derechos de t√≠tulos a menos de la mitad de los ejidatarios, c√≥mo obligan llevar a cabo las certificaciones, c√≥mo manipulan para decidir el territorio ejidal, el estado y ayuntamiento para otorgar un cambio de uso de suelo a medida de los negociadores que despojaron a los ejidatarios de sus tierras. El gobierno estatal se coludi√≥ con los hombres del poder econ√≥mico y pol√≠ticos porque busca generar un emporio industrial, que no han podido lograr en 17 a√Īos. El tiempo se les acab√≥, ya no tienen al mando federal de su parte. Buscan¬† ¬†lograr el proyecto a nivel local, al tratar de justificar la asignaci√≥n indebida de las tierras de los ejidatarios, que est√°n en condiciones de revertir el robo y abortar sus negros prop√≥sitos.

Indicaron que van a construir m√°s de 100 naves industriales en dos a√Īos, 80 menos de las 180 que ahora existen, 18 est√°n en Villa de Reyes. El gobierno estatal, coludido con el grupo de beneficiarios, busca en dos a√Īos hacer en la Pila lo que se hizo en Villa de Reyes, pero en poco tiempo, doblar el n√ļmero de naves, fraccionamientos y negocios. Sostuvieron que el grupo externo no ha podido certificar La Pila. Desde el 2001, lo intentaron bajo todas las formas, compraron derechos, dividieron al ejido, ganaron comisariados, trataron de tumbarlos y siempre se quedaron a la mitad, ya que el ejido no estaba de acuerdo. La gente no les daba el voto calificado. Lo¬† consiguen hasta que se reagrupan en el 2016, con la llegada de Carreras.

Incorporan al grupo de Termicentro, donde est√°n metidas las familias Valladares Garc√≠a, G√≥mez Valle y Pay√°n. Tra√≠an el objetivo de unas esferas en 2014-2015, pero con mayor empuje en el 2016. Termicentro llega y se instala despu√©s de que el gobierno del estado y municipal generan las autorizaciones. El principal due√Īo, Jos√© Vicente Soriano Garc√≠a, con el apoyo de sus socios y el estado, empezaron a operar de manera social y pol√≠tica dentro del ejido para lograr la certificaci√≥n, al costo que fuera. Utilizaron de carnada a Termicentro, vinculada al huachicol a nivel federal. Adem√°s de Salvador O√Īate, otros son accionistas del Banco del Baj√≠o y viven en Le√≥n. Contrataron asesores vinculados a las luchas agrarias. Sab√≠an del riesgo de no tener el respaldo del gobierno federal por lo que sacaron las autorizaciones en¬† noviembre del a√Īo pasado. Lograron el salvoconducto para regularizar la tenencia de la tierra, a√ļn cuando ya ten√≠an a√Īos operando. Es inadmisible que al presidente del comisariado, Pedro Adri√°n Mart√≠nez L√≥pez, le entregaran un certificado por¬† m√°s¬† de 150 hect√°reas, m√°s 200 de sus ¬†prestanombres. Mart√≠nez viol√≥ la ley agraria que dicta, est√° impedido para obtener tierras como representante del ejido, solo lo puede hacer por herencia.

Sostuvieron que el grupo de empresarios, industriales y pol√≠ticos, invadieron un terreno donde no tienen nada que ver los ejidatarios. Las autoridades federales en el estado, en el sexenio anterior, entregaron 418 certificados parcelarios y 154 certificados de uso com√ļn, cuando los ejidatarios son m√°s de 540. Adem√°s, el n√ļmero de parcelas suman m√°s de 2 mil y solo entregaron 418 a un grupo reducido, m√°s de la mitad en posesi√≥n de empresarios que se autonombran posesionarios y ejidatarios, plenamente identificados. Ni ¬†siquiera una tercera parte de ejidatarios fue reconocida de manera formal. Revelaron que hay un plan jur√≠dico para abortar el despojo de tierras. Se impugn√≥ la operaci√≥n de las esferas de gas LP de Termicentro. Tambi√©n la asamblea de certificaci√≥n del¬† ejido. Se ataca la autorizaci√≥n del Plan De Desarrollo Estrat√©gico de la Ciudad de San Luis Potos√≠.¬† Ya hay¬† resultados, se congelo y suspendi√≥ la expedici√≥n de nuevos t√≠tulos a favor de tales grupos. Los documentos est√°n tildados de ilegales, tienen una consigna y una anotaci√≥n marginal de que est√°n en limbo, sin una definici√≥n jur√≠dica definitiva. Sumar el tema de La Pila que se relaciona con San Juan de Guadalupe, por las consecuencias que pueda tener si la urbanizan. Informaron que un grupo de ejidatarios impugn√≥ la instalaci√≥n de las esferas con un amparo de car√°cter ambiental. ‚ÄúEl juicio de amparo que tenemos se resuelve si se sobresee, porque no se acreditaron los actos‚ÄĚ.

El grupo se fue a la revisi√≥n y un tribunal colegiado de circuito en San Luis, despu√©s de casi un a√Īo de litigio, en el expediente 81/2019, revoc√≥ la sentencia emitida. Emite otra donde ordena reponer el procedimiento, llevar a cabo una pericial¬† de car√°cter ambiental. Fue algo in√©dito para¬† San Luis Potos√≠. Indica un estudio de riesgo, que nunca se hab√≠a visto. Afirmaron que hay una orden del gobierno federal, que se emiti√≥ el primero de diciembre, donde ordena una serie de peritajes.¬† Involucra a la Universidad Aut√≥noma¬† de San Luis para que disponga de un perito. Ordena a la Fiscal√≠a General de la Rep√ļblica, notificar se ponga un perito que realice una serie de peritajes. Son 90 pasos a revisar. Es un ordenamiento que la gasera no pasar√°. Uno es el tema de la cercan√≠a con la gente. Les dice que informen, cu√°ntas personas pueden morir si existe una explosi√≥n. Los expertos tienen que hacer 50 preguntas que el grupo de ejidatarios hizo en la demanda de amparo. ‚ÄúEl secretario de gobierno, Alejandro Leal Tob√≠as, hizo los acuerdos con la gasera. Tendr√° que acatar el ordenamiento‚ÄĚ.

Los ejidatarios afirmaron que el grupo que cometi√≥ el despojo, tuvo de su lado un Tribunal Unitario Agrario corrompido. ‚ÄúA leguas se not√≥ la mala fe del magistrado. Nos regal√≥ una medida precautoria, donde se dice, debe hacerse una anotaci√≥n en la acta de asamblea, pero no dice, no se negocie. No se expida ning√ļn certificado. El mismo magistrado nos dice que tiene presiones del gobierno estatal para que se realice la certificaci√≥n. Es algo que no va a poder cumplir. La maniobra carece de formalidades especiales. Intentan certificar, pero tienen 20 faltas del acta de asamblea.¬† Con una sola, es motivo de nulidad, con 20 no van a poder construir nada. Analizamos el proyecto de denuncia contra el magistrado que incurri√≥ en corrupci√≥n‚ÄĚ.

Asentaron que el robo o despojo de las tierras involucra a 500 ejidatarios y sus familias, ya que el uso com√ļn no se lo pueden robar, como se√Īalan las certificaciones. Los certificados que expidieron, le entregan una parte al comisariado, m√°s de 150 hect√°reas que se auto-asign√≥. ‚ÄúNo tienen asesor√≠a¬† jur√≠dica. Como dijo el magistrado, se pusieron de a pechito, s√≥lo impugnen y la tumban. Es una fantas√≠a del gobierno de que nos van a robar el ejido. No lo podr√°n hacer‚ÄĚ.

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Empresarios y políticos se reparten tierras ejidales en La Pila de manera ilegal Gallardo podría terminar en alguna mazmorra del país. El también articulista de La Noticia revista slp

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