El Zaragoza exigen la salida de Paloma Bravo, por reprimir al pueblo y cometer un desfalco que supera los 20 millones de pesos

5 noviembre, 20191:59 amAutor: La NoticiaDestacada Municipios Noticias

La alcalde de Zaragoza, Paloma Bravo García, podría estar implicada en un desfalco al erario que supera los 20 millones de pesos al realizar obras con infraestructura del ayuntamiento, pero cobradas luego a través de facturas de simulación que le facilitan socios o prestanombres que le garantizan ganancias hasta del 50%. Paga además mochilas, llantas, cobijas, despensas y comilonas. En un camino pendiente en el poblado de La Alberca, adquirió grava y granzón para nivelarlo con máquinas del ayuntamiento y otras privadas a las que cubrió el diésel. El monto erogado fue de 138 mil pesos. Hizo bacheos en la carretera que une la cabecera con Cerro Gordo. Compró las emulsiones. El trabajo lo hicieron empleados del municipio. Pero luego metió una factura por mantenimiento.

Son varias las empresas que la surten de documentos, como Aba Agencia de Proyectos, que tiene de representante legal a Alan Haro Bastida, que ganó las obras del Fondo Minero por 14 millones de pesos. Son acciones que debieron ejecutarse en el trienio anterior con el edil Xavier Gómez, pero el dinero llegó hasta el 2018. Hizo el pavimentado en Cerro Gordo, en la Avenida del Cerro, donde erogó 9 millones de pesos. En otra calle en el poblado de La Salitrera, gastó 4.5 millones de pesos. Los precios se estiman elevados y la calidad es mínima.

Una firma que ha facturado grandes sumas a Bravo se ubica en la capital, en Guajardo 605. Se trata de un lugar pequeño, rodeado de negocios donde se oferta oro al público abierto. Cuando asumió el cargo, sentenció al tesorero, José Alberto Sánchez Flores, no meterse al departamento de desarrollo social. Le contestó que le correspondía hacer los pagos. También se adueñó del toque administrador para dilapidar la hacienda. No se ajustó a los lineamientos ni tomó en cuenta a Sánchez. “Hice los trámites hasta la captura. Lo demás lo ejecutó la edil”. Bravo actuó con el mismo estilo en el programa Huellas de Concreto, donde cobró toda la obra por adelantado. Después contrató albañiles y compró los insumos donde más le convenía.

Hizo erogaciones a gente desconocida para cubrir compromisos de campaña, como al dueño del portal El Candidato MX, que se le conoce como El Pinky, que además le hacía perfiles falsos para atacar a sus enemigos. También benefició al reportero electrónico Omar Niño, que aún aparece en la nómina. Infló el rubro de apoyos sociales, donde cubre pagos a barrenderos, fotógrafos, los que le manejan las redes sociales y otros personajes extraños. Con Gómez osciló entre 40 a 60 mil pesos. Hasta julio del 2019 se fue a 150 mil pesos. Incrementó los gastos en gasolina. Antes los gastos superaban los 300 mil pesos al mes. Al inicio, Sánchez lo redujo en la primera quincena a 295 mil.

“Pero me quitó el manejo. En julio ya iba en 430 mil pesos. Tenemos los mismos 20 vehículos. Apenas se adquirió un Toyota Yaris. Al principio nos surtíamos en Zaragoza. Luego se fue a Villa de Pozos, a 22 kilómetros, viaje redondo. Se pierde más de una hora. Para entregar los vales, me debían entregar una bitácora. Calculé cuánto gastaba servicios municipales, agua potable, DIF, la alcalde y su madre, María de Jesús García Zavala. Iba a sacar un promedio para saber dónde estaban las fugas, pero me desplazó. Incrementó los pagos un 40%”. Aunque Bravo aseguró que metería a la cárcel a su predecesor Xavier Gómez, por los incontables desfalcos a la hacienda pública, “terminó por confabularse. Le quitó muchos golpes”.

“Gómez dejó obras pagadas al 100% que no se terminaron. Como la acera Hidalgo, ubicada frente a la presidencia que Bravo concluyó. Pero quedó muy distinta a como se planteó en la maqueta. También le ayudó con una cancha deportiva en Cerro Gordo. Si en la entrega-recepción las denuncia, se considera desviación de recursos, porque ni siquiera la había iniciado. Hubo un convenio entre los dos y la edil adquirió responsabilidad”. Sánchez resaltó que en los pagos de la feria regional se emitieron facturas sospechosas donde fue contratado el grupo Tucanes de Tijuana, que cobran más de un millón 800 mil pesos. Exigen un millón 508 mil por la tocada y 348 mil del escenario. Sólo les entregaron 900 mil pesos de anticipo. El resto no se les había cubierto.

“Es raro lo que pasó, nunca se les adeuda nada. La edil administró todos los actos de la feria y hasta ahora no entregó cuentas. Su desempeño es desordenado, sin equipo, con gente de fuera. No ha tenido el valor de enfrentar los problemas, lo que ha generado el divisionismo con el pueblo, por no dar la cara. Ha complicado los temas. Se vive una crisis de inseguridad tremenda. Hubo un segundo anuncio de desalojar a los inconformes que bloquean la entrada al edificio de la presidencia. Resultó una falsa alarma. La gente se quedó toda la noche. Ya no nos van a sorprender como pasó el sábado 12 de septiembre, cuando los agentes llegaron a media noche, agresivos, con patrullas de la policía metropolitana y ministeriales, que se mantuvieron al margen”.

“Tenían la orden de un juez, de desalojo, no para restituirla en el cargo. En la trifulca resultó herida la señora Hortensia Alonso, que recibió una pedrada. Había escombros alrededor. El pleito inició cuando un uniformado la jaloneó del cabello. El esposo Ariel de la O estaba cerca y vino el desorden. Se puso feo. Ante las presiones, el policía sacó la pistola y disparó hacia arriba. Estaba muy oscuro. Tocamos las campanas y llegó la gente. Si hubieran enviado representantes de derechos humanos, se dan cuenta de los hechos, porque había mujeres, niños y ancianos. Nos replegamos y las fuerzas públicas se marcharon. Si hubiera una encuesta, Bravo saldría con un alto nivel de rechazo. Ganó porque se unieron tres ex candidatos. El del PRI, Rafael Cárdenas Govea. La del PAN, Marisela Ruiz y de Conciencia Popular, Ángeles Zavala. Apenas lograron 4 mil 700 votos, cuando Cárdenas tenía una base de 3 mil 300”.

Los problemas políticos en Zaragoza iniciaron en mayo del 2019, cuando hubo una protesta de los directores de departamentos en un acto que encabezó la presidenta estatal del DIF, Lorena Valle Rodríguez, ya que no se les facilitan las herramientas para desarrollar su trabajo. Tuvieron que bloquear el acceso al presidio para ser escuchados. Aunque hubo diferencias, se acordó seguir las pláticas más adelante para garantizar que el ayuntamiento caminara. Pero a los tres días, Bravo corrió al presidente del comité municipal del PRI, Refugio Santana. No respetó el acuerdo de transitar con orden. Luego en junio, en vez de limar las asperezas, continuó con los despidos.

Siguió en la lista la directora del Instituto Nacional para Adultos Mayores, Griselda García Salazar. El pleito inició cuando la ex funcionaria comentó en Facebook, que no le importó que la edil, no la invitara a la zona exclusiva que tuvo en la feria. La corrió sin respetar la ley orgánica del municipio que se rige por normas. En julio salió la directora de desarrollo social, Paloma Crespo. No le depositó la quincena, tampoco la notificó para llevarse a cabo la entrega-recepción. Un grupo de inconformes se manifestó. Le hizo un pliego petitorio donde establecieron que si corría a los oriundos de Zaragoza, también se fueran los colaboradores que trajo de fuera, como la directora de desarrollo social, Pilar Yesenia Sánchez.

Continuó con el secretario del ayuntamiento, Víctor Hugo Alvarado Vega. La coordinadora del DIF, Cindy Laura Pérez. La controlara Olín Citlallli Segovia y la encargada de recursos humanos, Amairani González. Todo sucedió un miércoles. Le dieron de plazo el siguiente viernes para una respuesta. Lo hace por escrito. Argumenta que la constitución no prohíbe el derecho al trabajo a todos los mexicanos, que les impida laborar en otros ayuntamientos. El 19 de julio, los quejosos se molestan, acuden al palacio y la sacan de sus oficinas. Govea y Sánchez la protegen, junto a la síndica, Maricela Ruiz Salazar. Se acordó negociar el conflicto. Pero se niega a cumplir. El 25, los inconformes bloquean la carretera 57, ya que la edil no cumple de correr a Pilar Sánchez, lo que ocurre horas después.

Se establece dejar el paso libre a la alcaldía e iniciar mesas de negociaciones. Los quejosos se enteran que Bravo los demandó ante la Fiscalía General de la República, por haber entorpecido el flujo de una vía federal. La hizo en forma directa, junto con el entonces director de la policía municipal. Una prueba del caos que se vive es que en menos de un año, ha tenido 4 titulares de la policía. El primero, Manuel Suárez duró tres meses. Lo siguió Francisco Guzmán. Siguió Efraín López y ahora está otro. En asamblea de cabildo, anunció que le abrirá un juicio político a Cárdenas, por agitador. Sánchez Flores destacó que les interesaba el progreso local, por lo que se juntaron con Bravo.

“El regidor Cárdenas siempre se ha mantenido fiel al PRI, con más de 3 mil votos. Le imponen a Bravo, se disciplina y la apoya. En lugar de llevar la fiesta en paz, es del tipo de personas que avientan la piedra y esconde la mano. No respetó una tregua y nos demandó ante la fiscalía. En Zaragoza se vive un clima de ingobernabilidad. El 15 de septiembre, por primera vez en la historia, el grito lo dio el comisariado Pablo Almendárez. El único mando presente. La alcalde se fue a la plaza de toros Don Jhons Bro, donde contrató dos grupos musicales, como Senda Norteña. Aunque repartió comida, fue poca gente. Hemos ido con el secretario de gobierno, Alejandro Leal, congreso del estado, Auditoria Superior del Estado”.

“En México, a la Secretaría de la Función Pública, ya que el fondo minero es de carácter federal. Estuvimos en la Secretaría de Gobernación, donde nos dijeron que ganamos a través de comicios amañados. Bravo buscó la alcaldía en el 2015. En la contienda interna perdió con Rafael Cárdenas. Entonces divide al partido y se pasa al Verde Ecologista. Carece de ideología. Entonces nos ganó Xavier Gómez, que en un año bajó apoyos por 396 millones de pesos. En el trienio, casi 600. Hizo pavimentaciones y techos en las escuelas. Pero falta analizar si se reflejan en obras. Sobre todo en desarrollo social, donde la edil tenía todo oculto. Junto con Gómez saben cómo quedó el enjuague. A muchos financiadores que le metieron a su campaña, tampoco les cumplió”.

Por su cuenta, el regidor Rafael Cárdenas Govea comentó que la única salida al problema político que se vive en Zaragoza es que Bravo solicite licencia o desaparecer los poderes municipales. Le comentó a Leal Tobías que también su cabeza peligra. “Sería muy penoso que suceda otra tragedia al negarse las autoridades a mirar el foco rojo. La edil debe irse mientras se investigan las anómalas cuentas que se han ventilado, hasta dar con los responsables. Pero no está dispuesta a dejar el cargo. Actúa con una prepotencia desmedida. No muestra voluntad de cambio. Desde el 29 de junio no existe una junta de cabildo. Maneja el presupuesto sin un tesorero electo por los regidores. Hay que exigirle cuentas de todo lo que maneja, sin saber el destino”.

Añadió que hizo el baile del grito de independencia “por sus calzones”. Llevó dos grupos musicales, cada uno cobra hasta 200 mil pesos, más la comida y renta del lugar. Aunque siga de alcalde, el único poder que ostenta es el de las arcas municipales. Hace y deshace con las finanzas. “Cuando buscó desalojarnos con la policía, trataron de hacerlo con la arrogancia que los caracteriza. Sabemos cómo actúa una patrulla cuando detienen a alguien solo, en un camino. Le parten la madre, le quitan el dinero y el celular. La inseguridad creció al máximo. Hay asaltos a casas, transeúntes. Se registran peleas, riñas. Todo se debe al vacío de poder. En menos de un año, tuvimos 4 directores de policía. No existe orden interno, porque saben que sus jefes saldrán pronto”.

“Es por lo que suceden hechos como el que se registró en el baile que organizó la alcalde el 15 de septiembre. Los uniformados golpearon a un joven de La Esperanza, para quitarle la cartera y el teléfono. Lo dejaron casi muerto. Bravo es una persona a la que la falta madurez. Ser más independiente en sus decisiones. No depender de lo que le dice la mamá. La gente me reclama haberla apoyado. Les digo que siempre estaré en el PRI y apoyaré al que nos indiquen. Nos la impuso el encargado de procesos internos, Edmundo Torres Cano, que en el conflicto, se ha dedicado a darnos atole con el dedo. Tiene intereses propios en Zaragoza. Aparece en la nómina como asesor jurídico. Cobra a través de la empresa Enfoques o de la persona física, Ricardo Preciado”.

“Le dije al secretario de gobierno, Leal Tobías, que fue un error mandar golpear a nuestra gente. Destacó que era por un mandato judicial, para restituir la entrada a la alcaldía. Lo que sucedió fue un intento de homicidio. Llegaron a las 5 de la mañana, con una fuerza descomunal. Nos defendimos o de lo contrario, terminamos en el hospital o nos fincan cargos. Cuando le marqué, nos apoyó y mandó retirar a los uniformados. Iban a cumplir una orden judicial que algún pendejo sacó para hacerse el héroe con la presidenta. O pagó, ya que quería tener libre el palacio para el grito de independencia. Nos quisieron madrugar sin medir las consecuencias”.

“Pudo ocurrir algo parecido a lo que sucedió en el Jaralito, donde un mal funcionario ordenó en la madrugada el actuar policiaco y resultó un muerto. En Zaragoza estuvimos a punto de golpear de más a un agente. O ser agredidos. En una trifulca no se sabe cómo va a terminar el asunto. Imaginen que agarran uno de nosotros, le rompen las manos y pies. Les vale madre. Es por lo que solicitamos la salida del secretario de seguridad, Ernesto Pineda. Se le suma Bravo, Leal y el propio gobernador Juan Manuel Carreras. No han sabido enfrentar el problema que dejaron crecer. La gente está dispuesta a morir antes de dejar entrar a la alcalde”.

“La edil se imagina la autoridad total. Destituyó al tesorero Alberto Sánchez. Le pedimos el acuerdo de cabildo. Asegura tenerlo, donde estaban todos, excepto yo. Dijo que lo quitaron porque le perdieron la confianza y la ley la faculta para hacerlo. Ya investigamos y deben removerlo a través de los regidores. Asegura que lo quitaron cinco, dos del PRD, Verde, Nueva Alianza, otro del PRI y la síndica. Los compañeros señalaron que todo fue como una plática. Después de la conferencia de prensa que dimos el 12 de agosto, los citó para asegurar que lo iba a quitar. Fue ilegal lo que hizo, por lo que buscamos un amparo federal. Se trata de una actitud revanchista. Es como actúa cuando tiene problemas con algún funcionario o trabajador”.

“Se pinta como la máxima figura. Es una forma absurda de gobernar. Como en una empresa o casa, para dar un servicio adecuado, se necesita una cabeza brillante y le falta mucho para ser líder. Exigimos que pida licencia mientras se investiga. Dice que yo quiero ser presidente. No me interesa. Si ambos somos el problema, pedimos licencia para que vuelva la paz a Zaragoza. El conflicto se dio porque supone que todo mundo está en su contra, ya que somos de grupos diferentes. Siempre he sido del PRI. Bravo no, se fue al PRD, Verde y regresó al PRI, dónde la imponen por razones de género. Establecimos acuerdos que no cumplió, como encabezar un mandato que rindiera cuentas claras, atender a la gente y trabajar por el municipio”.

“Ya electa, cambió de manera radical. Se puso por delante en todo. Tampoco ha bajado recursos, lo que se complicó por el cambio de gobierno. Los fondos que llegan de participaciones, se los gasta sin orden. Las obras extraordinarias que existen se hicieron con el fondo minero asignado. Pone de excusa la falta de convenios con el gobierno estatal y federal y que apenas se abren las ventanillas para la mezcla de recursos. Es la única enterada, porque no informa. No sabíamos que tenía de asesor a su compadre, amigo y padrino, Eduardo García, que coló como secretario particular a Jorge Acuña, que en lugar de ayudarla, la perjudica. Se jacta de tener el respaldo del gobernador y Leal, pero no se han visto las obras. A raíz del conflicto empezó a repartir despensas y útiles escolares, que se compran con facturas falsas”.

“En México presentamos los documentos, ya que se habla de las cuentas claras y que habrá castigo para los que malversan los recursos federales. Creemos que el dinero del fondo minero se manejó de manera irregular. Cuando llegamos, había el compromiso de ampliar la clínica que se ubica en Salitrera. Como no existía el proyecto, metieron un pavimento y otro en Cerro Gordo, donde Xavier Gómez no hizo una plaza que había gestionado. Las obras del fondo minero son de mala calidad. No hay archivos para constatar cuándo inició, quién la gestionó y cómo es el plan ejecutivo. Desde antes del choque, alertamos a Bravo de varias fallas, que luego negó”.

“Ahora buscamos blindar al tesorero Sánchez Flores, que siempre se manejó de manera honesta. No se puede cubrir el sol con un dedo. El hecho de ser alcalde no es para cometer abusos. Se le dio la oportunidad, junto con los regidores, de administrar un bien público. Pero hace lo que se le antoja porque desconoce dónde se ubica. Es una persona manejable por la madre. En Zaragoza se vive una circunstancia parecida a la de 1992, en la etapa del alcalde panista, Alberto Sánchez Pérez, quien derrotó al del PRI, Félix Salazar Muñiz. El conflicto duró como tres semanas, ya que hubo un acuerdo”. Los grupos antagónicos de Zaragoza, se reunieron por más de tres horas con el secretario de gobierno, Alejandro Leal Tobías, sin llegar a un acuerdo viable, por las posturas radicales de los bandos. Les dijeron que se fueran por las instancias legales. Los quejosos sostienen que no pueden abandonar las presiones, para evitar los saqueos al ayuntamiento. Sánchez destacó que es un asunto de voluntades. “Les comenté los errores que existen. Es como una enfermedad, similar al alcoholismo. Bravo dijo que ya no me tiene confianza por las denuncias que hice. Cuando hay interés en resolver las trabas, los colaboradores no importan. Pero si le estorbo para sus chicanas, no coincidimos”.

Los disidentes recurrieron al diputado federal de Morena, Cuahtli Badillo Moreno, que presentó un punto de acuerdo en el congreso para exhortar a Paloma Bravo, esclarecer las presuntas irregularidades en sus gestiones y fiscalizar al ayuntamiento. Expuso que en Zaragoza prevalece un caos, derivado por el descontento de los habitantes sobre el manejo del erario, despidos injustificados de los trabajadores y gastos excesivos en combustibles. El nulo informe que se da al tesorero sobre las erogaciones. Desde el 12 de agosto, se bloqueó la entrada al edificio municipal. El escenario se complicó por la violencia política, como la que se registró el sábado 14 de agosto, cuando la policía estatal trató de desalojar a los manifestantes que se defendieron con piedras y palos. Lo que motivó que un uniformado hiciera disparos al aire, al que le abrieron un expediente, ya que hubo 6 lesionados. Indicó que es urgente encontrar una salida para que prevalezca la paz y estado de derecho. Se propicie el diálogo y aclaren las diversas denuncias contra la munícipe. Es urgente intervenga el congreso local para que haga un arqueo. Expuso que la transparencia y rendir cuentas, son esenciales para el desarrollo de un régimen democrático.

 

 

 

 

El malestar ciudadano crece por la falta de servicios básicos. Los parroquianos trazaron un paralelismo trágico que ya decidió el futuro político de Paloma Bravo: cuando la policía trató de reprimirlos, se vino la revuelta. Tocaron las campanas de la iglesia cercana para solicitar el auxilio colectivo, que se volvió masivo. Era de nuevo la imagen del cura Miguel Hidalgo que llamó a combatir a los invasores españoles. El grito del 15 de septiembre, Bravo lo dio en la alejada comunidad de Cerro Gordo, en un lienzo charro, a donde llevó grupos musicales, repartió comida y bebida, pero la asistencia fue mínima. El vacío que generó en la plaza principal, lo ocupó por primera vez en la historia, el comisariado ejidal, Pablo Almendárez, quien encabezó la fiesta protocolaria ante cientos de asistentes. La suerte de la novata funcionaria está echada.

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