El nuevo sistema penal acusatorio ha dejado en libertad a 50 mil delincuentes en el país

19 septiembre, 201710:05 pmAutor: Oralia Guzmán MendozaCapital Noticias

El litigante Noé Yair López García destacó que el nuevo sistema penal acusatorio, hasta la fecha, se ha convertido en un fiasco, ya que uno de los fundamentos de la reforma era evitar el hacinamiento carcelario y la sobrepoblación. Como consecuencia, 21 delitos que antes se consideraban graves, ahora son simples. Los sentenciados pueden recuperar la libertad de manera rápida, lo que viene a dar al traste con la gente. Se maneja que han sido liberados más de 10 mil delincuentes por los delitos de fraude, robo, abuso sexual y daños patrimoniales en el Distrito Federal y 50 mil en todo el país.

Se clasifican como delitos graves los de carácter político y contra la seguridad del estado como narcotráfico, crimen organizado, sabotaje, motín. Indicó que en San Luis se ha convertido en aberrante el esquema de justicia. Se tuvieron 8 años para implementarlo y las autoridades no reaccionaron. Se creó una secretaría técnica que sirvió de caja chica para las administraciones del 2008 al 2016 y los resultados son el fracaso. También se considera el desempeño de la llamada policía científica. “El sistema no respeta los usos y costumbres de las localidades. No se ha proporcionado la infraestructura necesaria. Los nuevos agentes quizás funcionen en Chihuahua y otras partes de la frontera norte. Pero en la zona centro y sur, en las regiones huastecas, su eficacia es inexistente”.

Añadió que en Villa de Arriaga y Villa de Arista, los policías son personas que no saben leer o no tienen la secundaria. Lo que les impide desempeñar el cargo como lo exige el nuevo sistema penal acusatorio. En las capacitaciones, se dieron las corruptelas y nepotismo en el poder judicial. La mayoría de los nuevos jueces certificados son cercanos a funcionarios del gobierno estatal, poder judicial o legislativo. La forma en cómo llegan a desempeñar el cargo les resta credibilidad. Lo lograron por asignaciones automáticas, por lo que carecen de capacidad y conocimiento del derecho penal. La mayoría del gremio se formó dentro de lo que pudo. Pero a veces es insuficiente mientras no haya una sala especializada con audio, video, un dibujante. Además, en todas las audiencias debe estar presente el juez de control.

“En la práctica, se notan costumbres muy arraigadas en jueces y magistrados. Por desinterés o carga de trabajo, no están en las audiencias. El sistema es una utopía, ya que no existe la capacidad, ánimo, interés de hacer el cambio cultural como sociedad. En parte porque no se capacitó al público, sólo les interesó un sector de los abogados. El fracaso lo vemos porque en la reciente asamblea de la Conferencia Nacional de Gobernadores, uno de los resolutivos es que debe haber cambios a la reforma y que a 15 años habría resultados. El sistema moderno en México va dirigido a privatizar el ejercicio de la ley en materia penal, mercantil o agraria”.

López García aseveró que en San Luis y otras partes hubo interés en los llamados juicios orales que ayudarían a resolver los conflictos. Pero sólo las personas que puedan cubrir un juicio, tendrán acceso a la justicia. Los juicios orales van acompañados de un procedimiento abreviado de las mediaciones en los conflictos. Uno de los candados que ponen las autoridades judiciales es que para llegar a un juicio oral, en las diversas materias del derecho, se tienen que agotar los centros de conciliaciones. Significa que si alguien es víctima de un robo o daño en la propiedad, puede acudir a presentar la denuncia. Para llegar a un juicio oral, debe agotar una medida conciliatoria. Tales centros son parte de la procuraduría de justicia. Pero en 10 años los absorberá la iniciativa privada. Si a alguien lo despiden del trabajo o es víctima de daños patrimoniales, debe ir primero al sitio mediador a firmar un convenio. Si se privatiza, hay que pagar el costo. Equivale a pagar dos veces, porque antes se cubrieron los servicios que debe garantizar el estado.

“Es donde está el truco de la iniciativa privada. Resulta lamentable que las autoridades no hayan puesto el interés necesario para alfabetizar a la gente en el tema. Estamos en un nuevo esquema de justicia con personeros del sistema anterior. Ahora se habla de un fiscal general y todavía existe un procurador, que ya no es propicio. Tienen un año de retraso. Como están las circunstancias actuales, llegará diciembre y no habrá cambios. En el nuevo esquema se va a revictimizar a la ciudadanía, ya que los jueces y magistrados, a la hora de resolver una sentencia, ponen en primer lugar el debido proceso. No se preocupan si el imputado es culpable o no del delito. Buscan que se le haya leído la carta de derechos, si la policía hizo su adecuado trabajo, si se respetaron los derechos humanos y garantías. Son elementos suficientes para que el juez de control lo declare absuelto”.

“A nivel nacional está el ejemplo de la francesa Florencia Cassez a la que no se le juzgó por secuestro o estar asociada en raptos. Se valoraron las violaciones al debido proceso, el montaje mediático, no se presentó de inmediato a la autoridad, no se notificó a la embajada de su país. Fue lo que ayudó a obtener la libertad. Es lo mismo que pasó con Las Abejas, un grupo paramilitar de Chiapas que asesinó a varios indígenas. A nivel local figura el crimen de una bachiller en el Salesiano a manos del sacerdote José Carlos Contreras. No se valoró si cometió el delito. Sólo que no se respetó el debido proceso. Los elementos y pruebas que presentó la procuraduría, resultaron insuficientes. Los juzgados federales dijeron que se violentó el debido proceso. Es preocupante la manera de resolver y procurar justicia. Por encima de la responsabilidad de los presuntos culpables se impone la primacía del debido proceso”.

Noé Yair López expuso que el nuevo esquema de justica es una réplica del derecho anglosajón, ajeno al estricto derecho que permeó por décadas en México. Hubo un brinco del esquema romano al que ahora prevalece. Enfatizó que las universidades privadas se han adelantado a implementar y capacitar en la nueva era del derecho. La rebasó la Universidad Tangamanga, Interamericana para el Desarrollo y Valle de México que modificaron programas y planes de estudio a nivel licenciatura y posgrado con carreras propias o dirigidas al estudio de los juicios orales en México. En la autónoma apenas tienen especialidades.

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