El feminicidio que cimbró a los potosinos

23 abril, 20199:34 pmAutor: La Noticia San LuisCapital Municipios Noticias

Diversos sectores se conmocionaron y aterrorizaron al enterarse de la violenta y despiadada muerte que sufrió la joven estudiante de mercadotecnia de la Universidad Politécnica Nacional, de 20 años, Paola Méndez Gutiérrez. Según los hechos, la hoy occisa fue vista por última vez el domingo 10 de marzo en el barrio de San Sebastián. El 12 fue reportada como desaparecida por los familiares. Señalaron que salió de la casa. Nunca regresó ni contestó las llamadas. El novio, identificado como Jonathan, dijo haber notificado a los padres desde el lunes 11 de marzo.

A los 7 días, el cuerpo fue localizado por agentes de la policía metropolitana sobre un camino de terracería que conduce a la localidad de Peñasco. Estaba en bolsas de plástico negras que son utilizadas para la basura. Sin embargo, la cabeza de la víctima fue desprendida y arrojada a varios metros de distancia. Otros restos de la muchacha terminaron devorados por animales salvajes.

El cadáver fue enviado al servicio médico forense para ser analizarlo y realizar la necropsia con la finalidad de esclarecer las causas de la muerte, aunque tenía signos de tortura y violación. El caso fue catalogado como feminicidio, por lo que las investigaciones se realizan bajo el protocolo. Jonathan declaró haber salido con su novia el 10 de marzo, cuando desapareció. La dejó en su casa. Se dio cuenta que los progenitores consumían alcohol, como cada fin de semana. Pudieron ignorar que la hija ingresó al domicilio. Al día siguiente no fue a la universidad. “Le marqué al celular alrededor de la una y media de la tarde, cuando sale de clases, pero nunca respondió. No me extrañó, porque me dijo que no había pagado. Me preocupé cuando no contestaba los mensajes de whatsapp. Le marqué a la mamá para preguntarle si sabía algo. Subió a su cuarto y me dijo que estaba dormida. Le dije que no la molestara”.

El 12 de marzo, alrededor de las 8 de la noche, Jonathan recibió una llamada de la mamá de Paola. Le preguntó si estaban juntos. Confundido, le respondió que antes le había comentado, que se encontraba dormida en su cuarto. Le aclaró que no revisó si estaban sus implementos. “La familia de Paola le dijo a mi papá que ya investigaban. No querían apoyo. Se me hizo raro, porque como padres, aceptan la mayor ayuda posible, de quién sea. Pero asumieron otra postura. A lo mejor por desesperados, no quieren que estorben. Confían en los profesionales. Tal vez es cierto”.

El 19 de marzo, las autoridades y familiares identificaron a la estudiante. La Universidad Politécnica emitió un comunicado en el que reprobaron cualquier acto de violencia que atente contra la vida o integridad física de las personas. En especial, la ejercida contra las mujeres. Señalaron estar consternados por los sucesos, aunque se hayan registrado en un entorno ajeno a las actividades académicas. Solicitaron a las autoridades esclarecer los hechos y se aplique la justicia.

Los estudiantes realizaron un pequeño homenaje luctuoso en las instalaciones donde exigieron de manera pacifica, justicia para su compañera, ya que según los reportes, fue privada de la vida por una arma blanca, para después ser decapitada por los agresores. En las primeras declaraciones el vice fiscal Aarón Edmundo Castro Sánchez señaló que no se escatimarán esfuerzos ni personal por parte de la Fiscalía General del Estado para esclarecer la muerte de la joven. Adelantó que tienen dos líneas de análisis. Esperan que a la brevedad se pueda detener a quienes resulten responsables

“Hay todo un equipo de policías investigadores que trabajan en el campo. Además, un grupo de peritos y otra cantidad importante de personal que realiza análisis de inteligencia para avanzar en las indagatorias. Buscan consolidar una de las vertientes con la que se cuenta para dar con los agresores. Se llamó a comparecer a todas las personas que tuvieron contacto con la víctima, antes que desapareciera. Hay un contacto permanente con la familia. Hasta el momento no se pueden detallar los avances para no entorpecer los trabajos”.

A través de un tatuaje se pudo identificar a la joven sacrificada. “Tenemos datos importantes. No se trata de un crimen de odio, lo clasificamos como feminicidio por ser muerte violenta. No sabemos cuándo concluya la indagatoria, pero trabajamos con mucha gente de la fiscalía en el asunto”. Aclaró además que la muchacha no fue raptada, por lo que tal vez conocía a los agresores”. Por su parte el ex comandante de la policía judicial, Julio Alfredo Ceballos Alonso, externó que el caso quedará en la impunidad como muchos otros. “El modus operandi de arrebatar la vida a la víctima previa tortura y posterior decapitación, señalan claro como responsables del feminicidio a integrantes de algún grupo del crimen organizado”.

“Todos sabemos que cuando se presentan tales circunstancias, las autoridades investigadoras y procuradoras de justicia hacen mutis y dan largas al asunto. Apuestan al olvido y envían el expediente al rincón de los archivos muertos. Dice la fiscalía que la clave del asesinato está en la jefa. Inducen de manera tácita que la víctima vivía en circunstancias de riesgo para su integridad personal. Por supuesto que es de vital importancia realizar un estudio concienzudo de la vida y conducta de la estudiante universitaria. Hay claras evidencias que apuntan hacia los probables responsables, la jefa”.

Las diputadas de la bancada de Morena, en la sesión del 21 de marzo, condenaron el aumento de la violencia de género y exigieron acciones para frenar los feminicidios en el estado. La legisladora Marité Hernández Correa pidió la salida del fiscal Federico Garza Herrera y del secretario de seguridad pública, Ernesto Pineda Vargas, por no velar por la vida de las mujeres y niñas de San Luis Potosí. Exigió “que renuncien y dejen el puesto para que a través de una convocatoria pública, su lugar sea ocupado por un hombre o mujer que de verdad vele por la seguridad y vida de los potosinos. Me sumo al sentir, a la indignación, a la rabia. Paola Guerrero, una joven alumna, universitaria, pudo haber sido nuestra hermana, alumna, vecina y amiga. Los hechos son indignantes”.

La legisladora aludió a que ya no son suficientes los llamados ni los exhortos que el congreso hace a las autoridades para que cumplan con sus tareas. Sus llamados no tienen eco. La diputada Alejandra Valdés Martínez condenó la violencia feminicida. Expuso que 9 años antes perdió a su mejor amiga, quemada, violada y torturada. Hace 3 años a una joven de nombre Elisa, después de asesinarla su verdugo, la tomó de los cabellos y la arrastró varios metros con la camioneta. “El caso de Paola Guerrero, que terminó decapitada, no debe quedar impune. Al poder legislativo le falta actuar para frenar los crímenes contra las mujeres. No queremos una hija, una sobrina, una hermana muerta, ¡Ni una menos!”. Solicitó un minuto de aplausos para la estudiante y todas las víctimas de la violencia por cuestiones de género.

La diputada Consuelo Salas, sin poder contener el llanto expuso. “Me siento indignada como ciudadana y madre. Tengo miedo a la violencia, al feminicidio. Es necesario que las autoridades reconozcan que la Alerta de Género en 6 municipios, no es suficiente para contrarresta los delitos”. Urgió a recuperar la seguridad en todo el estado. “Ya basta de autoridades incompetentes, ya no más muertas, no más violencia, no más feminicidios”.

Los legisladores Eugenio Govea Arcos y Edgardo Hernández también se sumaron a la condena por el feminicidio de la estudiante y el aumento de los indicies delictivos en San Luis Potosí, que de acuerdo al último reporte del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, se registró un aumento del 42.7%, de febrero del 2018 a febrero del 2019. Y se ubica como el sexto estado del país con más delitos. Govea remarcó que la principal causa del incremento de la violencia es la incompetencia de las autoridades. Pidió a sus compañeros legisladores que las acciones no queden solo en alzar la voz. Señaló que como congreso, tienen la competencia y capacidad para orientar la política pública en materia de seguridad.

 

 

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